El Ayuntamiento de Santander, no para de perder juicios

 Ahora ante el Tribunal Supremo que, con sentencia en mano, acabado con el apetito desmesurado del ayuntamiento a cobrar impuestos entre otros a los Supermercados Lupa, a quienes quería meter mano a través del Impuesto de Actividades Económicas.

Según parece, el ayuntamiento pretendía cobrar a esta empresa impuestos por el “comercio al por menor y por despacho de pan de forma separada”. Los santanderinos que compramos en esta cadena alimenticia vemos cada día las actividades que realizan sus empleados, y por lo que afecta al pan, esta actividad queda reducida a meter en un horno barras de pan precocinado hasta convertirse en la barra de pan que consumimos.

En esa actividad básica no parece pueda ser considerada como actividad propia de los panaderos al uso, que diariamente mezclan las materias primas propias de la fabricación del pan, comprobación que debería haber hecho el “letrado” asesor municipal `para con ello no dejar en ridículo al ayuntamiento santanderino.

Dice el Tribunal Supremo que la venta del pan es una actividad mas de las que se hacen en el supermercado, por lo tanto, sujeta a los impuestos del comercio al por menor, que el transito en el uso de los hornos para calentar los panes congelados no supone la totalidad del proceso de fabricación, y ya puestos, que esta actividad no supone un trabajo que requiera, ni de grandes conocimientos especializados, ni de complejos procesos de producción.

Y mientras tanto la alcaldesa Gema Igual sigue incapaz de poner orden en los chapuceros servicios jurídicos, que buen dinero nos está costando a los santanderinos.

En definitiva, un varapalo para el Ayuntamiento de Santander y su ambición por meter la mano al bolsillo de los ciudadanos, porque al final, de prosperar esta locura municipal seriamos los santanderinos quienes acabaríamos pagando en el precio del pan el incremento del impuesto que se pretendía cobrar.

Un paso mas para la fijeza de los trabajadores interinos en España

Mi enhorabuena para Lucas Ricardo González (Responsable Dpto. Jurídico FAC - USO) por una nueva sentencia esta vez - del Juzgado de lo Social Número 11 de Bilbao – que ha reconocido lo abusivo de un contrato que llevaba en precariedad desde 2003. Reconocimiento que FIJA directamente su derecho al puesto de trabajo y no como hasta la fecha veían declarando otros juzgados, que si bien, declaran la fijeza, lo hacían sobre supuestos individuales.

Esta sentencia ganada por el letrado de Unión Sindical Obrera está muy bien fundamentada, y llena de referencias jurisprudenciales, no solo del TJUE, sino también del Tribunal Supremo (TS)…entrando a considerar la cuestión de la falta de un proceso selectivo y/u oposición, tal como establece el Artículo 103 de la Constitución Española (CE), que es lo que siempre oponen los Letrados de la Administración. 

Cuarto.- Y ello no supone vulneración de los artículos 9 y 103 de la Constitución Española, el segundo de los cuales impone el respeto a los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público, pues dichos principios y por tanto dichos preceptos constitucionales han de ser respetados por la Administración no ahora el 2021 sino cuando se accede -sea de modo temporal o definitivo- a dichos puestos, con lo que es la Administración la que debió, en 2003, fijar el proceso selectivo adecuado para ingresar en ella incluso como interino y si no lo hizo o el proceso que ideó no se estima suficiente debió haberlo modificado, no siendo el ciudadano el pagano de las inadecuadas actuaciones de dicha Administración. 

Quiero felicitar también a Chema Mateos - Secretario General de USO en el Ayuntamiento de Santander - que al igual que el sindicato a nivel nacional han apostado sin tapujos por la fijeza de los Empleados Públicos que están en situación de Fraude de Ley, o como diría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en situación de “abusibilidad”. 

Son mas de 800.000 los trabajadores que a nivel nacional han sido abandonados a su suerte por la Administración y por algunos sindicatos que dicen representarlos, que claman por su estabilidad laboral y a los que la FAC USO no piensa abandonar.

Donde están los sindicatos UGT y CCOO de Cantabria

 Donde esta la tan “cacareada concertación regional”, esta vez, incapaz de influir mínimamente en la tramitación de los presupuestos regionales del 2021. Donde están los sindicatos UGT y CCOO, que nos tenían acostumbrados a la presión política sobre los partidos del parlamento y Gobierno Regional, que, desde hace tiempo, venia concertando con ellos, cierto pacto de consenso presupuestario.

De que les sirvió la Declaración suntuosa – firmada por el presidente del gobierno, vicepresidenta, y responsables de CEOE, UGT y CCOO - por la que constituían el Consejo de Dialogo Social de carácter Institucional al amparo de la Ley 4/2009, consejo que se constituía como órgano de participación política obligatoria en el debate presupuestos entre otros derechos. Absolutamente de nada.

El Gobierno Regional una vez más, abusando de su mayoría parlamentaria, ha pasado el rodillo al debate de presupuestos, y obligado a los sindicatos, a recurrir – de forma vergonzosa - a los amigos diputados del PSOE, para meter un paquete de enmiendas - bastante testimoniales – para lavar la cara a tanta falta de influencia sindical.

Entre ellas, el incremento del Fondo de Covid en unos seis millones de euros, para complementar a trabajadores en ERTEs, y otro fondo de unos diez millones para trabajadores y familias en extrema necesidad, fondos, como decía muy testimoniales.

Donde si parece han puesto más interés, es en la Ley de Acompañamiento o de Medidas Fiscales y Administrativas, ley desde donde han pretendido modificar entre otras, el texto que regula el nuevo Consejo Económico y Social (CES) y con ello echar al sindicato USO, y al Consejo de Supervisión Continua del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) donde siguen reclamando presencia.

En una reciente concentración sindical ante la Delegación del Gobierno, hemos oído a los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, pedir - con la boca chica - al Gobierno Regional que “no dé la espalda al diálogo social”, que el presupuesto para 2021 era "una auténtica mordaza" que “no miraba a los trabajadores, que les daba la espalda”, en definitiva, que no eran ni “tan expansivos”, ni tan eficaces como se estaban vendiendo.

Pues bien, si ese es el pensamiento de los sindicatos, porque están tan escondidos entre el ruido que produce el Covid 19, porque no actúan con la fuerza reivindicativa necesaria, es que 45.000 parados en Cantabria, y el 11,8% de la población –11,9% de los hogares– en situación de exclusión social, entre otros, es poco problema para mover el animo de los sindicatos.

Si hubiera un momento para la reivindicación en favor de los ciudadanos. Para proponer e influir decisivamente, sin ninguna duda serie este, no hacerlo es y una falta de interés y una vergüenza que el movimiento obrero no debería permitir.