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4 dic 2015

Apartado 13º.- Haciendo memoria “Así empezó todo” Curtidos Pedro Mendicouague


Antigua fabrica Pedro Mendicouage Santander
La revista Cantabria Económica en febrero de 1998, publicaba un amplio reportaje de ocho sociedades industriales, que por una causa o por otra habían pasado a manos de los trabajadores. Entre ellas, Productos Dolomíticos donde se habían cedido las acciones a sus trabajadores, Cunosa donde  los operarios convertidos en acreedores habían instado la quiebra de Magefesa, y con ello quedarse con las dos plantas que tenia el grupo en la región, Trefilería y Derivados en Ramales de la Victoria, Forjas y Aceros de Reinosa, ABB, y Astander  fueron empresas en las que la participación de los trabajadores se hizo notar,  incluso en Sniace los trabajadores de aquel entonces adquirieron un paquete de acciones con la intención de influir en el consejo de administración, y por último, Curtidos Mendicuague, que cerraba la lista de sociedades que por causas diversas estaban condenadas al cierre a no ser por los trabajadores y su empeño en mantenerlas. Y fue precisamente en la empresa familiar Curtidos Mendicouague, donde con el asesoramiento de USO se haría posible que la titularidad pasara a manos de los trabajadores, no sin confrontar duramente con unos empresarios que desconocían el oficio a la postre empresarios de tercera generación.

Mendicougue elaboraba un producto de muy buena calidad fruto de profesionales de contrastada valía,  en la gerencia, dirección técnica, y trabajadores que muchos de ellos desde muy niños habían aprendido en oficio de curtir y tintar pieles en la fábrica de General Dávila de Santander. La  ubicación de la empresa totalmente cercada por viviendas y con un alto nivel de contaminación e impacto ambiental por el curtido de pieles, se vio en la obligación de  trasladarse  al  polígono industrial de Cabezón de la Sal, donde se construyo la nueva fabrica y depuradora que por desgracia pronto entraría en suspensión de pagos y posterior quiebra en apenas dos años.

Unos años antes de tan enorme descalabro, la USO había pasado a formar parte del Comité de Empresa con el compañero José Alonso Revilla. El proyecto de la nueva fabrica de Cabezón de la Sal nos fue presentado como el único posible para la pervivencia de Mendicouague y de sus puestos de trabajo - de forma paralela se recalificaron los terrenos – en definitiva un proyecto de nueva fábrica que requería consumir al menos un año de desempleo de los propios trabajadores.

No importo ningún sacrificio en este orden, colaboramos con la empresa desde el primer día para conseguir la rápida calificación de los terrenos industriales en urbanos y con ello por construir  viviendas, convencidos que con la venta de los mismos no solo se generaban recursos para las nuevas instalaciones sino para que la familia Mendicouague recibía unos muy buenos ingresos extraordinarios.

A esta nueva iniciativa enseguida se arrimaron los jóvenes – jabatos - de la familia que sin experiencia alguna y presumiendo de gestores - de la nada - apartaron a sus mayores que habían hecho posible  un imperio económico del que estaban disfrutando, y como herederos de tercera generación se pusieron a fabricar pieles a destajo.

Recuerda José Alonso Revilla “la puesta en marcha de la fabrica en octubre de 1992 fue espectacular, en apenas dos años la producción se había incrementado en un 66%, alcanzando los 2,35 millones de pies y doblar la plantilla de trabajadores”. Todo hacia presagiar un futuro muy halagüeño, que garantizaba la nueva fabrica preparada para producir 500.000 pies al año, totalmente automatizada, con maquinaria nueva, depuradora de última generación que daba estabilidad en materia de medio ambiente, una fabrica en la que se invirtió unos 360 millones de las antiguas pesetas, vamos, “todo un lujo del que se sentían orgullosos los trabajadores a pesar de tener que desplazarse unos 40 kilómetros todos los días, no importaba estaban seguros de que allí se iban a jubilar, y que el esfuerzo merecía la pena.

Pero esa espectacularidad en la producción fue precisamente uno de los detonantes para la crisis, y posterior quiebra, la mala gestión y la falta de entendimiento entre los accionistas – todos de la familia – que unido a la falta de oficio de sus gestores, provocaría que en Diciembre de 1995 se confirmara la suspensión de pagos.

A esa fecha más de la mitad de la plantilla ya estaba en el paro, consumiendo el escaso desempleo que les quedaba, y la empresa, con una lista de acreedores donde predominaba Caja Cantabria, Hacienda y Seguridad Social, sin un Plan de Viabilidad que pusiera orden a los temas económicos y de producción, en claro enfrentamiento entre los accionistas, en definitiva un barco a la derivada que necesitaba de un patrón que pusiera orden en el rumbo, y resolviera un pasivo de - 1.026.363.260 millones de las antiguas pesetas.

Javier Eraso
En ese orden, lo primero que los trabajadores reclamaron, fue la vuelta de la dirección y los técnicos anteriores, ellos habían demostrado durante muchos años, que sabían gestionar bien la empresa, pero basta que lo pidieran los trabajadores, para que se hiciera precisamente lo contrario, recuerdo que Pedro Presa, Gerente por aquel entonces me dijo que “desde cuando los trabajadores deciden en las empresas”, esta frase fue el presagio de un final muy triste y conflictivo.

La maquinaria jurídica se puso rápidamente en funcionamiento, se nombraron los interventores judiciales y comenzaron las negociaciones entre la empresa y los acreedores, negociaciones que paralelamente fueron también realizadas por el Comité de Empresa que en todos los casos se hacia acompañar de los trabajadores, como medida de presión, “teníamos en nuestras manos una fabrica totalmente nueva, por lo tanto nos jugamos mucho como para dejarlo en manos de estos inútiles”.

Paralelamente a estas reuniones, los trabajadores asesorados por la USO, iniciaron las movilizaciones que comenzaron en marzo de 1996, con un encierro en las instalaciones de la empresa como medida de presiono para que afianzaran el pasivo ante el Juzgado de Torrelavega y entrar en la insolvencia provisional que hiciera posible un acuerdo con Caja Cantabria a quien se le entrego importantes activos inmobiliarios que la familia tenía en Madrid, Barcelona y Santander.

 Por aquel entonces la fabrica estaba sin producción, los trabajadores acudían diariamente a las instalaciones con el fin de mantener la presión y la denuncia pública, a la vez que se comenzaba a mirar a la Consejería de Industria a través de Sodercan, como solución a la crisis y sobremanera para pedir su colaboración económica de 100 millones de pesetas, para poner en marcha la instalación y realizar el primer aprovisionamiento de pieles.

Sodercan a través de su presidente Javier Eraso, tenía muchas dudas sobre financiación y más si era gestionada por Pedro Presa. Recuerdo unas declaraciones de prensa que dejaba claro la falta de profesionalidad en la gestión “la empresa ha perdido 120 millones de pesetas en un año trabajando a maquila algo realmente difícil entender cuando solo ponía la mano de obra”. Con esta frase dejaba resuelta la posición de la administración que nunca concedió la ayuda, hasta que se produjo la disolución de la sociedad y la creación de una nueva.

Esta posición radical de Sodercan, coincidente con la de Caja Cantabria, provoco que el Comité de Empresa con el asesoramiento del sindicato diera un paso hacia delante, se trataba de buscar los recursos para competir en la subasta de la maquinaria, y posteriormente la del conjunto de la fábrica, objetivo difícil para los trabajadores, al solo contar con las indemnizaciones de los despidos y algunas cantidades de salarios pendientes de pago, mientras que la propia empresa concurría a través de sociedades y personas superpuestas.

Y sin abandonar el encierro en las instalaciones de la fabrica los trabajadores alcanzaron un acuerdo con el Banco Exterior de España, quien había manifestado su interés en competir en la subasta de las instalaciones para ello los trabajadores depositaron en una cuenta especial, los cuarenta millones de sus indemnizaciones por despido para que conjuntamente con los veinte de puja que el BEX tenia de crédito, se pudiera quedar el banco con la empresa y posteriormente entregársela a los trabajadores a través de un nuevo proyecto industrial Curtidos Cantabria SAL que ya habíamos elaborado y contaba con el visto bueno de la administración y las otras entidades bancaria.

Recuerdo que el día anterior una empresa de estas muertas que solo se activan para hacer negocios raros, se persono en el juzgado haciendo el depósito sobre la cantidad que se adeudaba al BEX, y por lo tanto dispuesta a concurrir en el subasta del día siguiente. En apenas una tarde pudimos descubrir que Lamswin Internacional, era una empresa fantasma con una sede social en Madrid que estaba cerrada y que solo se había activado para concurrían en nombre de Mendicouague como tapadera.

La USO descubrió la trampa pero no pudo evitar su concurrencia en la subasta del 11 de septiembre de 1997, representada por un letrado que horas antes ya se encontraba en el juzgado,  pudo concurrir y hacer una puja superior a los sesenta millones que habíamos pactado entre los trabajadores, Caja Cantabria y el BEX, aquí tengo que reconocer que  el apoderado del banco se porto como un caballero, conocía de las necesidades de los trabajadores y todavía jugándosela por su cuenta pujo con cinco millones más de lo pactado, pero por desgracia no fue suficiente, y así una entidad tapadera la del consejero delegado Pedro Presa se hizo de los activos de Mendicouague, por un millón de pesetas de diferencia.

Pero cuando las cosas no son hechas desde la legalidad, casi siempre salen mal y el sindicato pudo descubrir la vinculación de esta entidad fantasma con una importante empresa del sector ubicada en Vitoria Juan Alonso e Hijos, dedicada al curtido a la que pudimos no solo localizar sino anunciarla la imputación de un fraude por su intervención, provocando de inmediato una visita a sus oficinas centrales en Vitoria donde quedo todo perfectamente aclarado, retirando su puja y haciendo posible que los trabajadores se quedaran con las instalaciones y maquinaria.

Ahora se trataba de convencer a Sodercan que nuestro plan de viabilidad, el de una Sociedad Laboral tenia futuro, para ello los trabajadores habían puesto cada uno tres millones de pesetas - en la mayoría de los casos hipotecando su vivienda -  y después de una revisión minuciosa por parte de los técnicos, y posterior aprobación del Consejo de Administración de Sodercan, se pudo dar la tan ansiada ayuda económica de 125 millones destinados exclusivamente a la compra de pieles y a la puesta en marcha de las instalaciones.


Y lo conseguimos, la USO y los trabajadores codo a codo logramos la recuperación de una empresa que nunca debió pasar por los avatares que paso, que nunca debió quedar en manos de personas inexpertas por muy herederos que fueran de Doña María Mendicouague y que sirvió de transito para que la mayoría de los trabajadores alcanzasen la edad de jubilación.

18 nov 2015

Apartado 12º.- Haciendo memoria “Así empezó todo” Fyesa

 El 30 de Diciembre de 1986, el Comité de Empresa de Fyesa  se vio sorprendido  por la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo que pretendía dejar en 144 trabajadores una plantilla de 290. Como siempre un desalmado Plan de Viabilidad, esta vez elaborado por una empresa vizcaína IDOM, había decido, dejar en la calle a 146 trabajadores, que ya venían consumiendo parte de su propio desempleo en años anteriores.
No había pasado ni un mes  de negociaciones cuando los compañeros de USO en el Comité de Empresa, conjuntamente con UGT y CCOO, se pusieron manos a la obra, comenzando las movilizaciones sindicales de baja intensidad, conscientes de que la pelea iba a ser dura y nada fácil de negociar en un momento de crisis industrial también para un sector el de ferroaleaciones, que competía con producciones de bajo coste en países del tercer mundo.

Los compañeros de USO en el Comité de Empresa y Sección Sindical, Miguel Calva, Ramón Pérez, Miguel Diez Jañez, Joaquín Calzado, Cosme Bolado, Siro Hermana, Víctor Inchauspe, de inmediato asumieron con radicalidad la oposición a tanto despropósito, llevando a cabo una campaña de información ante la opinión publica y muy especialmente a los ciudadanos del Valle de Camargo, a la vez que se iniciaban los primeros cortes de carretera, y algún que otro bloqueo de la fabrica, como medidas de presión de una lucha sindical que no había hecho más que empezar.

La dirección Fyesa, también fue consciente desde el primer minuto de la movilización que la cosa iba para largo, y el miedo se fue apoderando lentamente de una negociación que fue sacada de la propia empresa, a otros lugares por el miedo a posibles enfrentamientos con los trabajadores, reuniones muy duras donde el Comité de Empresa, dejo muy claro - y lo cumplió - que no estaba dispuesto aceptar en ningún caso, reducciones de plantilla por vías traumáticas, en contraposición, un plan de jubilaciones anticipadas, algunas bajas voluntarias con indemnización pactada y bajas por incapacidad laboral, cerraron el acuerdo después de un año de negociaciones y con ello la viabilidad de la empresa dentro del sector de las ferroaleaciones.

Por aquel entonces Gonzalo Burgués, era el Director Provincial de Trabajo, y Ángel Arozamena Consejero de Industria del Gobierno Regional, ambos se ofrecieron en diversas ocasiones como mediadores de un conflicto difícil de resolver.

Los compañeros de USO, conjuntamente con los otros sindicatos, estaban convencidos que las palabras y los compromisos empresariales no eran mas que palabras huecas, dice Ramón Pérez “lo que querían era sacar producto y mantener una presión sobre los trabajadores”, por eso la movilización tuvo que dar un nuevo paso hacia delante, se trataba de llevarla a Maliaño, a las puertas del Banco de Santander que era el mayor accionista de la empresa, aunque en el fondo todos sabíamos que sacar la movilización del Barrio de San Camilo en Boo, era provocar a la fiera herida, la Guardia Civil que embrutecida espera a los trabajadores de Fyesa en una especie de venganza por lo que había pasado recientemente en Reinosa.
Ramon Perez

Y ese temor pronto se hizo realidad, lo que antes eran cortes de carretera, en el barrio, ahora se trasladaban a Maliaño, convertido en campo de batalla donde medirse los trabajadores de Fyesa y la Guardia Civil, que respondió con mucho material antidisturbios, y una violencia desorbitada.


Recuerda Miguel Calva y Ramón Pérez  “fueron noches muy duras, la guardia civil se paseaba con las tanquetas y disparaba a todo lo que se movía, las pelotas de goma y los botes de humo volaban, y mientras más agredían más nos llenábamos de razones para pelear, estábamos en una especie de guerra de guerrillas”. “Una barricada sustituía a otra, hasta el tren de Madrid sufrió un fuerte retraso a su paso por la estación de Boo de Guarnizo, que también se vio impactada por un artefacto explosivo de fabricación casera, que ironía”.

El Comité de Empresa, había decidido encerrarse dentro de Fyesa, las movilizaciones habían provocado los primeros despidos disciplinarios, y con ello, la negativa de la dirección a negociar hasta que no se volviera a lo que ellos llamaban normalidad, una vez mas Gonzalo Burgués, se ponía manos a la obra y propiciaba reuniones, que estaban muy lejos de resolver el problema laboral, porque de lo mas que se hablaba era de los temas de orden publico.

El 27 de abril de 1987, una fecha de triste recuerdo ingresaban en prisión por lanzar cócteles molotov, seis jóvenes que secundando a los trabajadores de Fyesa habían sido perseguidos por la guardia civil en un coche camuflado a lo largo de tres kilómetros - Ángel San Román, Pedro Alberto, Alberto Herrera, Rafael García, Ricardo Bercina y José María Campo - que sin ningún miramiento el juez de instrucción numero uno Sáez Vélez mando a prisión, poniendo si cabe más difícil, las negociaciones ahora entre los sindicatos y las administraciones políticas y judiciales.

Pero lejos de amedrentar el ánimo de los trabajadores y de los ciudadanos -  que ayudaron mucho  a la movilización - persistió la lucha  y con ello nuevas detenciones, esta vez por colocar una barricada en Boo de Guarnizo, siendo los afectados, José Nieto miembro del comité de empresa, Francisco Javier y Ángel Barriuso trabajadores de Fyesa y las vecinas de Camargo Esperanza Sancibrian y Emilia Juárez.

La Corporación Municipal de El Astillero solidaria con la causa de los trabajadores aprobó una moción que expresaba el apoyo a la lucha por los puestos de trabajo, que acompaño a los trabajadores a un nuevo encierro estaba vez, en el pabellón polideportivo municipal.

Fueron cuatro meses de movilización permanente que vieron incluso arder las oficinas de la empresa, comenta el compañero Ramón Pérez “éramos incapaces de ver el final de un túnel que se cerraba cada vez mas pero en negativo para nosotros” la empresa había comunicado a la Dirección Provincial de Trabajo su decisión de “llevar a cabo un cierre patronal” que de inmediato fue respondido por los trabajadores con su propio encierro en la planta de Tanabe a 25 metros de altura.

La totalidad de la plantilla bien pertrechados de alimentos y medios de defensa por si la guardia civil les desalojaba, se dispusieron a dar la última batalla, la empresa por su parte convoco a los  representantes sindicales entre los que me encontraba, a una reunión inextremis que duro ocho horas, pero en la que al final pudimos llegar al acuerdo. Los despidos no serian traumáticos, y todo el excedente seria pactado sin que existiera tiempo limite para ello.

Con el acuerdo en la mano a las once de la noche, llegamos a la fabrica. Unos compañeros nos subieron a Tanabe en el ascensor que quedo inmediatamente bloqueado, limitándose el acceso a una escalera de apenas un metro que ascendía por la fachada. La asamblea debatió hasta la saciedad lo que para muchos no era mas que una nueva trampa, al final pudimos convencer a todos y poco a poco con una cierta sensación de alivio se dio por finalizaba una pelea sindical que guarda recuerdo entre los trabajadores y ciudadanos del Valle de Camargo.

Justamente un año después Diciembre 1998, el Banco de Santander vendía Fyesa a Carburos Metálicos, en una operación societaria que traspasaba las acciones a precio testimonial, mientras  que la nueva empresa se hacía cargo de las deudas de la sociedad, 3.000 millones de las antiguas pesetas, operación que un poco tranquilizo a los trabajadores, al formar parte de un holding del sector de las ferroaleaciones con más de 3.000 trabajadores repartidos por Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Valencia y ahora en Cantabria.

La Sección Sindical de USO recuerdo que le dio muchas vueltas a  esta operación, el Banco de Santander estaba muy interesado en deshacerse de su división industrial, y con aliviar un paquete de deuda y confrontaciones que comercialmente no le compensaba, al final se tuvo que asumir incluso que la integración al grupo de Carburos Metálicos, se retrasase dejando a Fyesa en una especie de isla en el vació que necesito de nuevas movilizaciones para que el holding la integrase con todos los derechos de los trabajadores reconocidos.


Juan Miguel Villar Mir
En el verano de 1990, nuevos problemas, ahora con los ecologistas, de Camargo, que acusaban a la empresa de “estrechar el margen de la ría de Boo, formando una presa en su cauce, matando con ello toda la flora y fauna”, acusación grave que genero mucha inquietud entre los ciudadanos de la zona y que obligo a los representantes sindicales - principalmente a Ramón Pérez,  Presidente del Comité de Empresa y José Antonio Arce responsable de salud laboral por aquel entonces ambos de USO - a salir al paso de las acusaciones anunciando el cumplimiento escrupuloso de los controles ambientales y una importante política de inversiones para la instalación de un espesor de lodos que actuaría en circuito cerrado con agua dulce en lugar de agua salada, con ello se resolvió un grave problema ambiental que venia arrastrando la empresa desde hacia muchos años.

Pero estaba claro que los trabajadores de Fyesa, estaban condenados a seguir en la intranquilidad. En enero de 1991, unos meses después de cerrar el debate público con los ecologistas, Carburos Metálicos presento un nuevo plan de viabilidad como respuesta a una crisis comercial y de competitividad en precios, cerrando un horno y con el ello despidiendo a unos setenta trabajadores, plan que se acompaño con una OPA que Banesto planteo con el fin de hacerse cargo de la empresa, eran los momentos en los que Mario Conde pretendía ser el magnate de las finanzas y para ello apostaba por comprar todas las industrias que le salían la paso.

Para Fyesa eran momentos difíciles, la producción disminuía de forma alarmante por la irrupción en el mercado de las ferroaleaciones de China y Rusia, argumento con el que la empresa se hacia fuerte en su pretensión de despedir, mientras que el comité de alguna manera asumía esta circunstancia ofreciendo una vez mas la posibilidad de ir al paro de forma temporal a través de un expediente. Para Carburos Metálicos este ofrecimiento no fue suficiente y después de ajustar el excedente a través de jubilaciones, bajas incentivadas y alguna que otra movilidad geográfica, se quedo en cincuenta trabajadores que irremediablemente se veían en la calle. Y una vez mas la huelga y la confrontación social, - siempre con la memoria puesta en las movilizaciones de 1987 – que incluso llevo a retener durante nueve horas en las oficinas de la empresa a dos directivos, Francisco Petruss y Juan Carlos Sánchez.

La OPA de enero 1991 había dejado en manos de la división industrial de Banesto a Fyesa, y ahora, Juan Miguel Villar Mir, antiguo presidente de Electra de Viesgo compraba la empresa y anunciaba la puesta en marcha de dos líneas de producción separadas, la sección de energía a través de una nueva sociedad anónima y la de ferros, nueva estrategia empresarial que genero inquietud entre los trabajadores, - hasta la fecha ambas venían enjuagando los beneficios y las pérdidas en conjunto - preocupación que pronto se disiparía abriendo un largo periodo de tranquilidad con la actual Ferroatlantica.

A los compañeros de USO y especialmente a Miguel Calva, Ramón Pérez, Miguel Diez Jañez, Joaquín Calzado, Cosme Bolado, Siro Hermana, Víctor Inchauspe, y Javier Jimeno, ejemplo para muchos otros que han venido después, mi reconocimiento personal, ellos estuvieron durante mucho tiempo en la pelea sindical siempre convencidos de que el puesto de trabajo en aquella empresa hoy más que centenaria bien merecía la pena defender.

2 nov 2015

Apartado 11º.- Haciendo memoria “Así empezó todo” Cierre de las Clínicas Privadas de Torrelavega

Solar Sanatorio del Carmen Torrelavega
  El 25 de Octubre de 1983, unas cincuenta trabajadoras de la Clínica del Carmen de Torrelavega, entre ellas dirigentes regionales de la USO - se encerraban en las oficinas del Insalud de Santander, en señal de protesta por el impacto que sobre el empleo - 120 puestos de trabajo - se podía dar después de que el Insalud anunciara su decisión de suprimir los conciertos con los sanatorios de la comarca del Besaya, a cambio una promesa abierta en el tiempo de crear una estructura sanitaria que conjuntamente con el Hospital de Valdecilla atendiera a los ciudadanos de Torrelavega y su comarca.
 
Inmediatamente, el por aquel entonces Director del Insalud Fernando Lamata, puso en marcha una campaña de intoxicación informativa, para intentar convencer a los ciudadanos de Torrelavega, que los anuncios de pérdida de puestos de trabajo y del deterioro del servicio sanitario, solo obedecían a razones “tendenciosas y malintencionadas”, a la vez, que justificaba la retirada de los conciertos sanitarios, en el abuso que estos venían haciendo en la facturación al Insalud, por el mantenimiento de pacientes ingresados por más tiempo del necesario.

La UGT buena compañera de viaje del partido socialista de aquel entonces, fue quien primero justifico los recortes, envolviéndose en palabras grandilocuentes para  convencer de las maldades “corruptelas y despilfarros”  de las clínicas privadas, a quienes colocaba como meras empresas privadas, obviando su vinculación de muchos años con la atención sanitaria y la sustitución del Insalud en la comarca del Besaya. Como respuesta al abandono sanitario, se anunciaba la construcción de un hospital comarcal que por aquel entonces se encontraba en las antípodas, cuando lo que se necesitaba era mantener las clínicas privadas como garantía sanitaria para los 46.000 ciudadanos de la segunda población más importante de Cantabria.

Fernando Lamata Director Provincial INSALUD
Aquel encierro y sobretodo la causa por la Defensa de la Sanidad en Torrelavega, para la USO fue el inicio de una acción sindical sostenida en el tiempo y a la que se fueron uniendo otras organizaciones, sociales hasta la creación de la COORDINADORA POR LA SANIDAD, que en los siguientes años vertebraría la denuncia social contra el cierre de los establecimientos sanitarios.

Aquel encierro fue atajado de muy malas maneras por la policía, el desalojo fue extremadamente violento, sobremanera con los compañeros de USO, quienes fueron introducidos a trompicones en los furgones policiales para su detención, solo evitada por los ciudadanos que se arrojaron sobre la policía y los furgones haciendo imposible que arrancasen.

Días después la Clínica del Alba sería la primera en recibir la orden del Insalud, para trasladar los enfermos al Sanatorio del Carmen y Hospital de la Cruz Roja, constatando con ello su cierre y lo irreversible de la decisión política tomada un hecho que impulsaría todavía más la movilización, ahora de los trabajadores sanitarios de las tres clínicas, que veían en esa primera decisión administrativa su futuro a medio plazo.

En esta defensa colectiva de los trabajadores, los sindicatos al principio intentaron discutir con el Insalud aspectos de carácter técnico, que estuvo a punto de hacernos perder la referencia de lo más importante,  la defensa de la sanidad y de todos los puestos de trabajo. El Ayuntamiento de Torrelavega, con su alcalde Manuel Rotella a la cabeza, enseguida ofreció los terrenos para centro sanitario, lo que produjo un nuevo frente sindical ahora para integrar a los trabajadores de las clínicas privadas en el nuevo hospital comarcal de Sierrallana

Recuerdo que durante buena parte de las reuniones, los trabajadores estuvieron encerrados en la Parroquia de la Asunción, desde allí, sindicatos y comités de empresa se  desplazaban, para de inmediato regresar a informar de los avances y retrocesos, en las difíciles negociaciones que a finales del 1983 se llevaban a cabo entre el Insalud, Consejería de Sanidad, Gobierno Regional, sindicatos, clínicas privadas y comités de empresa, vamos un ejército de personas que nos empeñábamos en poner orden a un futuro sanitario que diera tranquilidad hasta que el hospital comarcal viera la luz.

Los sindicatos teníamos claro que el objetivo final no era otro, que la incorporación de los compañeros al Insalud, sin que para ello tendrían que realizar prueba alguna, cuestión esta que tropezaba con alguna que otra disposición legal que debimos sortear y en las que la administración sanitaria se hacia fuerte a nada que bajábamos la guardia. La solución final, el reconocimiento por del Insalud de una escala de baremos a razón de dos puntos por año de servicio en las clínicas privadas, baremo que facilito mucho la solución final del conflicto.

Esta solución fue base para una bolsa de trabajo que escrupulosamente controlada por los sindicatos sirvió para que se inscribieran los trabajadores sanitarios, procedentes de la Clínica del Alba, Sanatorio del Carmen y Hospital de la Cruz Roja, y su incorporación a la Seguridad Social en distintos lugares de Cantabria, cubriendo, bajas, vacaciones, contratos de interinidad, etc.

Ahora solo quedaba acordar la atención sanitaria en la zona mientras se construía el Hospital de Sierrallana, para ello se barajaron muchas alternativas que una y otra vez tropezaban con el Insalud empeñado en cerrar las tres clínicas, incluso proponiendo que de forma temporal quedase una abierta. Para el Insalud el futuro solo pasaba por que asumiéramos el padrón de beneficiarios, 46.000 personas y con ello los ratios de estructura personal y numero de camas necesarias – 120 -  para atender dicha población, números y mas números que no hacían mas que demostrar el excedente de al menos dos de las clínicas privadas.

Esta rigidez, diría tozudez, por parte del Insalud, fue inmediatamente contestada por el Ayuntamiento de Torrelavega y por personas muy cualificadas del sector sanitario, como los doctores Manuel Teira y Eduardo Cuevas, destacados dirigentes del PSOE, y por la propia Coordinadora que cerró filas en torno a unos datos que demostraban lo absurdo de los argumentos del Insalud.

En uno de los manifiestos que la Coordinadora - constituida inicialmente por los sindicatos USO - CCOO, partidos políticos AP, PDP, PCE, CDS y PRC y asociaciones de vecinos, Rio Indiana, Covadonga, Sierrallana, Caseríos, Santa María, Nueva Ciudad, el Consejo Municipal de la Tercera Edad y la Asamblea de Mujeres de Torrelavega - se podía leer “Este Insalud, establece que una asistencia sanitaria decente debe disponer de 3 camas por cada 1.000 habitantes. Atendiéndose a sus recursos económicos, aunque el criterio de la Organización Mundial de la Salud establece 5 camas, partiendo de este dato y para una mayor comprensión del problema, bastará observar el cuadro siguiente para comprobar la negativa evolución y constantes rebajas a las que en materia de sanidad, se esta sometiendo a Torrelavega y su comarca. Habitantes de la Comarca, mas de 180.000, camas necesarias según el Insalud, 400, camas disponibles actualmente 203, camas que el Insalud pretender darnos 120, estos datos fueron el revulsivo que provocaría la asistencia masiva a las manifestaciones y concentraciones que se dieron a lo largo del tiempo, y a las que en buena parte no acudieron al menos de forma oficial ni el PSOE ni la UGT.

Habían pasado mas de dos años y ahora le tocaba en suerte defender las posiciones del Insalud a su Director Provincial Arcadio Prieto, quien prácticamente, venia a decir lo mismo que Fernando Lamata, “las clínicas privadas deben asumir el concierto económico que diga el Insalud, con una ocupación de doscientas camas a repartirse entre el Sanatorio del Carmen y la Cruz Roja”, y así sucesivamente una y otra vez sin ofrecer alternativa al dialogo, ni con las clínicas, ni con la Coordinadora, aunque formalmente la vía de negociación nunca se cerrara.

La Coordinadora por la Sanidad de Torrelavega, también llevo la movilización al Ayuntamiento, y lo hizo en sucesivas ocasiones aunque la más importante se desarrollaría el 4 diciembre de 1985, en un pleno, al que se le obligo a incluir en su orden del día el problema sanitario, por aquel entonces el alcalde era el socialista José Gutiérrez Portilla.

La USO fue quien llevo la voz cantante de los trabajadores, e interpelo al alcalde para que se tratase el tema sanitario, una interpelación que acabo como el rosario de la aurora, con bronca, suspensión del pleno, desalojo de todos, concejales incluidos del salón de plenos, intervención directa de la policía nacional, quien se llevo por delante entre otros a Juan Carlos con cierta violencia, vamos un pleno para olvidar si no fuera por lo que estaba en juego.

El Sanatorio Nuestra Señora del Carmen en el mes de Septiembre de 1985, presento oficialmente el Expediente de Regulación de Empleo que dejaba en la calle a setenta trabajadores, para ello  argumento, pérdidas económicas derivadas del incremento de costes, imposible de asumir debió a que la Seguridad Social estaba reduciendo de forma paulatina el número de pacientes en la clínica.

Las compañeras Trinidad Fuentevilla y María Ángeles Hernández, fueron las encargadas de negociarlo y hacerlo prácticamente en la calle. Después de cada reunión se celebraban asambleas, a la vez que se informaba a los distintos miembros de la Coordinadora, y Instituciones de las propuesta del Sanatorio del Carmen que llego a ofrecer en venta sus instalaciones y negocio al Insalud, Cruz Roja Ayuntamiento de Torrelavega, Diputación Regional de Cantabria y en último extremo a los propios trabajadores.

Aquellas discusiones duraron oficialmente unos tres meses, por la mesa pasaron diversos planes y multitud de documentos justificativos de ofertas y contraofertas que de nada sirvieron, siempre tropezábamos con el mismo problema, el futuro no estaba en la mesa de negociación, el futuro estaba muy lejos de Torrelavega, alguien había tomado la decisión de cerrar las clínicas y con ello el negocio de la asistencia sanitaria contratada entre el Insalud y la medicina privada, y como cabeza de turco un Director Provincial del Insalud, Arcadio Prieto Moro que por más que le presionamos no dio para atrás ni para tomar impulso.

Y una vez mas - y era la tercera - los ciudadanos de Torrelavega, salieron a la calle, unas cinco mil personas, bajo el grito “contra  el desmantelamiento hospitalario de Torrelavega”, esta vez, reclamando viabilidad para las clínicas principalmente para el Sanatorio del Carmen que día tras día veía mas cerca su cierre, una manifestación que finalizo dejando la puerta abierta a nuevas movilizaciones, por aquel entonces ya se empezaba hablar de huelga general.

 Sin solución de continuidad unos días después la dirección del Sanatorio del Carmen, entrego definitivamente las cartas de despido a todos los trabajadores, a quienes por aquellas fechas se les adeuda cinco meses de salario, y mas de lo mismo, debates y mas debates sobre el “concierto sanitario”  y su futuro, debates que ya no tenían ningún fin ya que los trabajadores a partir del 22 de febrero de 1986 dejaron de pertenecer a la empresa.

 

Todavía vendrían  grandes palabras ahora de José Ramón Toribio, Secretario General del PSOE en Torrelavega quien llego anunciar que “El Sanatorio del Carmen abriría con un decreto de intervención”, de mano del Delegado del Gobierno García Villoslada, declaraciones grandilocuentes de un partido político que se movía entre dejar caer la sanidad y publicitar su oferta electoral, estábamos en elecciones políticas.

 El 21 de Marzo de 1986, se celebro la  huelga general secundada por toda la población, el cien por cien de los establecimientos comerciales, entidades bancarias, colegios, empresas, todos se sumaron a la convocatoria solo fue empañada mínimamente por la UGT - PSOE que no la secundaron.

Los militantes de USO siempre estuvieron al frente de aquellas movilizaciones, demostrando un valor y una claridad de ideas encomiables, militantes como Fernando Izuel, Secretario General de USO, por aquel entonces, Rufino Castañeda, Juan Carlos Gutiérrez, entre otros muchos, no duraron ni solo memento en prestar su fuerza sindical y personal que de todo hubo en aquellos largos años de confrontación social.

Luego llegaría la construcción del Hospital Comarcal de Sierrallana, el hospital de referencia que tanto y tanto costo que se hiciera, del que tanto presumió el PSOE como si fuera la obra de una pelea social por ellos conseguida, enorme mentira, la solución de ese hospital importante del que hoy disfrutan los ciudadanos del besaya, fue fruto de una movilización social que duro mas tres años.

Pero no hay dos sin tres, la Coordinadora de la Sanidad, se tuvo que poner una vez mas al frente de la movilización, ahora por la instalación de unos barracones sanitarios – el Insalud los llamaría módulos provisionales – en el Centro de Salud Dobra del barrio de la Inmobiliaria, barracones que no fueron aceptados por sus vecinos ya que su instalación podría justificar retrasos intencionados en la finalización del hospital comarcal.

Pero la instalación de esos barracones dejo algo más que confrontación social, dejo un lista de sancionados y demandas judiciales instadas por el Insalud, a Rufino Castañeda, que era miembro de la Coordinadora, Presidente de la Asociación de Vecinos de la Inmobiliaria y dirigente de USO  le costo un pleito judicial por un “supuesto delito continuado de desordenes públicos” por los que el fiscal solicito una pena de seis meses y un día de prisión menor y una indemnización entre dos y cuatro millones de de las antiguas pesetas.

Bien es cierto que sucesivamente se fueron retirando las sanciones a los diversos compañeros de la Coordinadora a José Alberto García, Ángel Francisco Ceballos, Dionisio de la Parte, Pedro Ontavilla, Herminio Ruiz, entre otros, pero con Rufino se ensañaron lo dejaron hasta el final, hasta el mes de septiembre de 1996, quisieron dejarle como ejemplo de lo que les podía pasar a los que se manifestarán en contra de las decisiones del Insalud y el Ayuntamiento, pero Rufino aguanto, y acompañado de los vecinos y militantes de USO que siempre le reconocieron su liderazgo y compromiso social pudo llevar ese mal trago y rabia contenida que te produce la injusticia cuando lo único que has hecho ha sido defender la sanidad para una comarca tan importante como la del besaya.

Seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, fue una pelea social de todo un pueblo y de muchos compañeros y amigos del sindicato que justo seria reconocerles con su nombre en este escrito, pero son muchos los que se manifestaron y se la jugaron en el Ayuntamiento de Torrelavega, por eso vaya el reconocimiento a una ejemplar actuación sindical de la USO y sus militantes. 

16 oct 2015

Apartado 10º.- Haciendo memoria “Así empezó todo” Convenio del pequeño Metal y Talleres Cervera

El Convenio Colectivo del pequeño metal – que así se llamaba de antaño - para las Industrias Siderometalúrgicas, era el convenio colectivo de referencia en Cantabria. Si el pequeño metal se movilizaba acababa marcando pauta para el resto de los convenios principalmente para el de la construcción, y con ello definir si la negociación colectiva de aquel año había sido conflictiva o no.
Ahora la cosa ha cambiado mucho, el convenio del pequeño metal ha perdido su referencia de convenio bandera, y con ello pauta para la reivindicación en materia laboral y salarial de los otros convenios.

Pero me quiero referir a este convenio del año 1977,  de una parte por ser último de los convenios colectivos que se negocio en el marco del “sindicato vertical” y de otra porque que estuvo en conflicto durante mucho tiempo, siendo reflejo de la reivindicación de los “nuevos”sindicatos libres y democráticos en la región.

Evidentemente la USO no podía estar al margen de dicha actividad y aunque éramos muy pocos por aquel entonces, nuestra obligación era hacernos notar y sobremanera asumir una labor de confrontación y de lucha para que los compañeros del metal pudieran comprobar que detrás de aquellas siglas que apenas habían hecho mas que aparecer, había compañeros comprometidos con la causa de los trabajadores y de la democracia.

Las asambleas de aquel convenio fueron verdaderos parlamentos, los trabajadores, acudían en masa a las sedes del sindicato vertical en Santander, Camargo, Reinosa, Torrelavega, no hacía falta llamarlos, sabían que la negociación del convenio era algo mas, que la reivindicación salarial, eran asambleas donde quedaba demostrada la confianza entre los negociadores sindicales y los trabajadores. Y entre ellos, los compañeros y simpatizantes de USO, Ángel Méndez, Rafael Santiago, Vicente Arce, Jeromin, Paco el ruidos, José Antonio Navarro, Paquito Aedo, Juanjo, Ángel Mazón y tantos otros, que no escatimaron esfuerzos para a la vez representar al sindicato.

La mesa negociadora estaba formada por compañeros de CCOO y de USO entre otros, algunos de ellos de contrastada lucha sindical y con cargos ejecutivos dentro del sindicato vertical, buen referente de ello el compañero Pepe Duque “Sandalio”, a el quiero referirme como compañero y amigo, y que dio la cara por mi cuando fui despedido de la empresa Electricidad Agustín, Duque no tuvo ningún reparo en acompañarme al tajo – en el edificio de la calle Vargas - y confrontar directamente con el patrón, delante de un buen numero de compañeros, haciendo posible que en ese mismo momento pudiera volver a poner el buzo, aunque unos meses después, ya sin el conflicto del convenio en marcha, me volvería a despedir el día de noche vieja, con una sola explicación “no quiero volver a pasar por la huelga en mi empresa, y para ello tengo que despedirte”.

Después de este convenio colectivo vendría otros, aunque por desgracia, también problemas entre los sindicatos - vamos como ahora – falsos protagonismos e interés en algunos casos inconfesables, provocarían más de una vez la ruptura de la unidad sindical. Las asambleas ya no eran parlamentos plurales, cada vez se hacían menos y cuando se hacían lo eran en las sedes de los sindicatos en privado y solo para sus afiliados. Por eso quiero recordar aquel último convenio del pequeño metal, que para mi fue el primero, y una buena escuela sindical.

Talleres Metalúrgicos Cervera

Si tuviéramos que poner orden a los conflictos sindicales en los que participo USO, sin duda, Talleres Cervera seria uno de los primeros. Esta empresa, fundada en el año 1912, fue uno de las primeras donde se dio de forma tendenciosa, especulación e ingeniería financiera, para liquidarla por quiebra y subasta de activos, despidiendo a sus 56 trabajadores, eso si, después de haber dejado a buen recaudo más de dos mil metros cuadrados de terreno magníficamente ubicado en la calle Castilla de Santander para construir un enorme bloque de vivienda.

La gestión de este conflicto, enseguida nos obligo a tomar decisiones de futuro, inmediatamente nos dimos cuenta de que si no poníamos remedio y fuerza sindical, cundiría el ejemplo en otras empresas y con ello mas despidos y cierres empresariales, como por desgracia así fue, dejar de pagar a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública fue el argumento que muchas empresas de Cantabria y de fuera de la región usaron como justificación de una supuesta crisis. La administración laboral y las sucesivas sentencias judiciales en las que se imputo a los dueños de las empresas por fraude y deleito contra los trabajadores, pusieron algún límite a esta forma de proceder.

Pero Talleres Cervera para la USO, fue algo mas que el cierre de una empresa, cuando llame al compañero Rafael Santiago, para volver a recordar aquel episodio pude constatar que a pesar de los años, todavía generaba cierta tristeza personal y colectiva, basto preguntarle por sus compañeros, para que de inmediato surgiera el recuerdo de aquellos que lo pasaron muy mal cuando perdieron el trabajo, compañeros que con familia, no pudieron encontrar otro, o les coste mucho hacerlo, estamos hablando del año 1981, año de fuerte recesión económica y pérdida de empleo.

Estos trabajadores artesanos  de la cerrajería, calderería, ajuste, y la forja, tenían mal encaje en las empresas de nueva creación, por eso, a un buen numero de ellos, solo les quedo el desempleo y un vía crucis taller por taller, cuando no las obras de construcción para como peones de cualquier otro oficio, encontrar trabajo para llevar a casa un sueldo de miseria.

 Rafael Santiago, recuerda la trampa se “hizo legal lo ilegal, el omnipotente director llego a los 60 años y se quería jubilar, pero  liquidando el taller, para ello armo una estrategia desconocida para los representantes sindicales que consistió en pasar  de Talleres Gerardo Cervera Zubieta, a Talleres Cervera Hermanos CB, y de esta a Cervera SA, dotada de capital social insignificante unos diez millones de las antiguas pesetas”.

La formula funciono y después de dejar a buen recaudo el solar, se auto-arrendaron entre la propia familia  la maquinaria y el alquiler de la nave, dejando a los trabajadores en la empresa Cervera SA, que al final fue la insolvente y sobre la que no fue posible cobrar ninguna indemnización por despido, y mucho menos de la subasta de los bienes instada por la Seguridad Social de la que se obtuvo escasamente dos millones de pesetas.

Como en todo conflicto siempre hay un momento donde te das cuenta que las cosas no funcionan, que hay trampa y con ello riesgo para los trabajadores, y ese momento fue el 12 de Diciembre de 1981, “la empresa había presentado un expediente de regulación de empleo que afectaba a un número limitado de compañeros pero que escondía el inicio de una larga confrontación sindical que llevaría el cierre de la empresa.
Dice Rafael Santiago que a partir de ese día “unos nubarrones negros se nos echaban encima”, y no le falta razón “se hicieron asambleas, huelgas, cortes de circulación – estos siempre por la tarde coincidiendo con la hora del autobús sus conductores afiliados a la USO ayudaban cruzando el autobús en plena carretera – se empapelo los exteriores de la empresa hasta que un buen día los bomberos los quitaron, el alcalde de aquel entonces Hormaechea mandando llamar al comité para “ponerlos firmes”, en fin, toda una acción sindical que de poco sirvió.

Se hicieron planes de viabilidad, intervino la inspección de trabajo el Delegado Provincial de Trabajo Gonzalo Burgués, apostó por la continuidad a nada que el dueño de la empresa se comprometiera a pagar la deuda, pero de nada sirvió lo tenía muy claro el bueno de Jesús Cervera y fue imposible la marcha atrás.

Pero no fue bastante perder el puesto de trabajo, sin indemnización alguna, todavía los compañeros tuvieron que pasar por el trago de un juicio que se celebro 31 de mayo de 1985, que les condenaría “como autores responsables de una falta de perturbación del orden, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena a cada uno de ellos a diez días de arresto menor y multa de 10.000 pesetas, con arresto sustitutorio de un día por cada mil pesetas en caso de impago y el pago a cada uno de ellos de una cuarta parte de las costas propias de un juicio de faltas”.

Esta fue la sentencia de un juicio a instancias del ministerio fiscal que se llevo a cabo, por defender el puesto de trabajo el día que se subastaba la maquinaria de Cervera, los compañeros Rafael Santiago, Jerónimo Carretón, Francisco García y Vicente Arce que actuaba de asesor sindical de USO, fueron condenados por “la gravedad de la perturbación del orden o la paz pública por pronunciar frases alusivas a su situación laboral en el interior de los locales de la Magistratura del Trabajo, perturbando con ello acto de celebración de la subasta y a los postores”.

Hoy situaciones como la que acabo de comentar no serian posibles, el desarrollo de la legislación laboral y las sentencias judiciales hubieran puesto orden a tanto despropósito, y no tanto por la pérdida del puesto de trabajo, sino por la indemnización que nunca cobraron a pesar del negocio que siempre fue talleres cervera y al final su pelotazo inmobiliario.

5 oct 2015

Apartado 9º.- Haciendo memoria “Así empezó todo” El primer Plan de Empleo Regional

 En el mes de abril de 1990 se firmo el primer Plan de Empleo Regional entre el Gobierno de Cantabria presidido por el siempre polémico y discutido Juan Hormaechea Cazón, los sindicatos UGT, CCOO y la patronal CEOE, un plan de empleo que nació enfrentado a una enorme polémica con los partidos políticos y con la USO, que se vio obligada a recurrir a los tribunales, entre otros, la aplicación de proporcionalidad en el reparto de las subvenciones con que estaba dotado.
Juan Hormaecha Cazon Presidente de Cantabria
y vaya que Presidente
Las relaciones políticas de aquel entonces eran de bronca diaria, por una parte, el personalismo que ejercía Hormaechea a la hora de hacer política, que traía a los partidos principalmente PSOE y PRC por la calle de la amargura, incapaces de ganarle en la batalla del voto, y por otra los sindicatos mayoritarios que hábilmente se aprovechaban de la situación apoyando con su firma, un plan de empleo que para la imagen de Hormaechea resultaba vital, evidentemente a cambio de una muy buena inyección económica.
Cuando la USO afronto esta demanda judicial, era consciente de la utilización que iban hacer los partidos políticos, y mucho más si al final se nos estimaba aunque fuera parcialmente - como así fue - pero nosotros no podíamos más que correr ese riesgo de manipulación, si no queríamos que los dineros públicos, todos los dineros, fueran a caer en manos de los sindicatos UGT, y CCOO, no hacerlo, hubiera supuesto abrirles la puerta por la que recibirían, año tras año un buen chorro de dinero.

Paralelamente a la demanda judicial pusimos en marcha un proceso de negociación con los partidos políticos del parlamento, para que fuera en ese marco donde se negociara el plan de empleo y revisara la concesión de las ayudas económicas a los sindicatos, iniciativa que enseguida fue asumida por todos, incluso por la CEOE que hasta la fecha había estado con un silencio mas que prudente.

Con la solicitud de paralización cautelar, el juzgado en apenas treinta días, lo dejo sin efecto, y con ello a la toda poderosa comisión de seguimiento que se había atribuido capacidad infinita para distribuir los recursos económicos a la carta, la oferta pública de empleo - que sin duda hubiera provocado un coladero para los afiliados a los sindicatos firmantes - y la partida económica destinada a la formación profesional y el reparto de los hogares del productor.

Jaime Blanco en nombre del PSOE, no tardo mucho en ofrecer a los sindicatos firmantes la colaboración de su partido para llevar al debate del plan de empleo a los  presupuestos regionales, bien por vía de enmiendas, o por consenso a través de un nuevo plan, ofrecimiento que fue rechazado por los sindicatos, y por el Consejero de Industria Gonzalo Piñeiro, medio escondido en la contradicción de impulsar el plan o quedarse al margen hasta que la resolución judicial saliera, al final el consejero tiro para adelante, atropellando con ello a la USO que se vio obligada a pedir oficialmente su dimisión,  ante el grupo parlamentario popular que amparaba a Hormaechea en aquel momento, dimisión que fue contestada por Piñeiro  reclamando ante los tribunales una indemnización de 100.000 pesetas diarias por cada uno de los días que el plan estuviera parado, dos millones a la fecha que el juzgado resolvió.

Gonzalo Piñeiro Consejero de Industria
La sentencia definitiva no tardo en salir y en apenas cuatro meses, el ponente del tribunal Francisco José Navarro Sanchis estimo parcialmente nuestra demanda y reconoció nuestro derecho a participar en la formación profesional, a percibir patrimonio sindical y subvenciones proporcionalmente a la representación sindical, lo que no estimo fue la participación del sindicato en la comisión de seguimiento, que como estaba previsto tomo decisiones graves que tuvimos que recurrir judicialmente con sentencias diversas.

Esta sentencia judicial, fue decisiva para la defensa de nuestros derechos, también en otras  comunidades autónomas, se trataba de la primera sentencia dictada por un Tribunal Superior de Justicia, a nuestro letrado Francisco Rosales Cuadra se le debe este magnífico triunfo sindical, que produjo un antes y un después para los temas de subvenciones económicas a los sindicatos.

Y después de tantos años de diálogo social - demasiadas veces ineficaz - por fin en Cantabria los pactos de concertación van a estar regulados por una Ley, enhorabuena por ello, y a esperar que el parlamento regional apruebe la ley que obligue al Gobierno Regional de turno a negociar la concertación con CEOE, CCOO y UGT, ley que le costo el cargo de Secretario General a mi amigo Nacho Pérez de la UGT empeñado en sacar adelante un pacto regional que pusiera fin a los condicionantes que año tras año (a la fecha más de 25 años) se daban en estas negociaciones y acuerdos.

 Ahora le toca sacar pecho a la Consejera de Investigación, Universidades, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, que tras la II Mesa de Diálogo Social, lo ha anunciado a bombo y platillo bajo la presencia del consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra; el de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín; el de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz; la de Sanidad, María Luisa Real y el de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota; los secretarios generales de CCOO y UGT, Carlos Sánchez y María Jesús Cedrún, respectivamente, y el presidente de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, todos de acuerdo y esperando pase cuanto antes la mala experiencia del último pacto acordado por el popular con Nacho Diego presidente del gobierno, hasta ahora. 

Esperemos que el acuerdo pactado para el periodo 2015 – 2019 sea de verdad fructífero para la región, y la ley que se anuncia sea lo suficientemente amplia que no deje a las otras organizaciones al margen, por lo que respecta a la USO, esta noticia la coge con los deberes hechos incluso con una propuesta de Ley elaborada y entregada si no recuerdo mal al Consejero de Presidencia Sr Mediavilla del gobierno de coalición anterior.

La conflictividad social en Cantabria, la crisis económica y la reindustrialización

Que los sindicatos teníamos problemas a la hora de ponernos de acuerdo entre nosotros no es ninguna novedad, lo es ahora y lo era antes, incluso cuando los problemas nos llegaban al cuello. Esa era la situación que vivíamos los sindicatos de Cantabria ante la convocatoria de la Huelga General del 12 Marzo de 1992, huelga general en la que todos coincidíamos, pero en la que fuimos incapaces de ponernos de acuerdo.

La USO situó perfectamente las causas que la motivaban. La necesidad de un plan industrial de ámbito regional, que resolviera la grave crisis que estábamos padeciendo principalmente en el sector de la industria, pero también en la ganadería y en el sector de los servicios, crisis que cerraba empresas sin que pareciese tuviera fin, y lo que es peor, sin alternativas y propuestas por parte del gobierno regional y los partidos políticos.

La USO intento el acercamiento a  UGT y CCOO convencido de que la huelga abría  una larga pelea sindical en el tiempo - como así fue - pero de nada sirvió, la cola de la manifestación fue lo único que nos ofrecieron - una vez más – acompañada de la consabida ración de prepotencia y soberbia de la que hacían gala los sindicatos mayoritarios, arrogancia imposible de asumir, y que a la postre provocaría la celebración de cuatro manifestaciones – dos en Santander y dos en Torrelavega – para una jornada de huelga general con propuesta similares, solo separados por el afán de protagonismo de los “mayoritarios”.

Al final USO, CSI-CSIF, SU, CGT, STEC y FSIE, convocamos unitariamente, mientras que UGT y CCOO lo hicieron por separado, aunque el esperpento donde se pudo comprobar con mas crudeza fue en las manifestaciones, por la mañana en Torrelavega, desfilando en paralelo, con evidente descontento, y por la tarde en Santander también en dos manifestaciones por el mismo itinerario con media hora de distancia, para al final unos finalizar en Plaza de Pombo y otros frente a la Delegación del Gobierno. Esta sin razón, no empaño el efecto de la huelga y  el  Gobierno Regional de Juan Hormaechea y los partidos políticos, tomaran buena nota, llevando al parlamento regional a través del PRC una interpelación que instaba la elaboración de un “plan de reindustrialización, lo mas consensuado posible”, a instancia del Consejero de Industria de aquel entonces, Francisco Pernia.

Y asi, con mucho ruido, acusaciones de oportunismo, de confrontación política, se mantuvo durante todo el año 1992, por nuestra parte apostamos muy fuerte a favor del Parlamento de Cantabria como marco de negociación, incluso llegamos a firmar un Acuerdo para la elaboración del Plan Industrial, entre los diputados José Antonio Arce Bezanilla del Partido Popular, Miguel Ángel Palacio por el PSOE, Rafael de la Sierra del PRC, Antonio Saiz Pi por USO y José Jiménez Blázquez de CSI – CSIF.

UGT y CCOO desplegaron toda su batería, escasamente diplomática, para confrontar con esta iniciativa, en primer lugar contra el PSOE a quien acusaron de tener manía persecutoria a Hormaechea, a los sindicatos especialmente a la USO y al resto de los partidos, aunque en ello les fuera perder de vista la realidad de crisis industrial y económica en que vivía la región.

Pronto las contradicciones en el Partido Popular se harían muy patentes, de una parte el Consejero de Industria Pernia, elaborando el plan de reindustrialización - que no contaba con el concurso del presidente Hormaechea -  y de otra  el Diputado José Luis Vallines, poniendo cataplasmas a una relación que ya estaba muy deteriorada, al final, el consejero de industria anuncio la inclusión de una importante partida económica en los presupuestos de aquel año 1992, condicionada al acuerdo entre el gobierno y sindicatos mayoritarios, solución final que no contento a nadie y dio carpetazo a la propuesta que USO y CSIF habíamos hecho en el parlamento con los partidos políticos.

Pero no hay dos sin tres y en el verano de 1992, visto que  Hormaechea no se ponía a la faena en la elaboración del Plan de Reindustrialización los sindicatos mayoritarios y partidos políticos de la oposición, iniciaron nuevas movilizaciones que fueron atajadas por el presidente haciendo  responsable directo de la situación al gobierno socialista central, quien a su vez recordó las atribuciones de las autonomías en materia de industrialización y la dotación del Fondo de Compensación Ínter territorial con unos 1.290 millones de las antiguas pesetas.

Y por fin se sentaron a la mesa regional, casi un año después de la huelga general todos excepto el PP y CEOE, que quedaron a la espera de un informe de la Universidad de Cantabria, decisión que no ayudo nada y que el PSOE aprovecho para hacer también mutis por el foro y vuelta a empezar,, nuestro sindicato dio por cerrado este triste episodio publicando un articulo “Una Concertación Social a la carta” en el que denunciábamos los despropósitos e incoherencias en un momento  grave de nuestra economía regional, reivindicando la puesta en marcha del Consejo Económico y Social constituido legalmente pero no dotado de medios para su funcionamiento.

Los Planes de Desarrollo Regional y la Unión Europea

Durante algún tiempo estuvo reuniéndose la “mesa de crisis” en el parlamento regional sin que alcanzara acuerdos de importancia, reuniones y pactos políticos que quedarían relegados a los Planes de Desarrollo Regional, como era de esperar, el Presidente Hormaechea se volvió a quedar solo en la elaboración de estos planes, frente al gobierno central – único legitimado para presentarlos ante la Unión Europea - y lo que debió ser propuestas unitarias de toda la sociedad Cantabria ante el gobierno central,  se convirtió una vez más en confrontación, por lo que se perdió el reconocimiento de Objetivo 1 para Cantabria y con ello pérdidas cuantiosas en nuevas inversiones.

Y vuelta a la manifestación, el 25 de noviembre 1993, con movilizaciones a nivel nacional y especialmente en Cantabria, donde la crisis económica y su repercusión en la industria se estaba llevando por delante muchas empresas, los sindicatos volvimos a marchar separados, esta vez UGT y CCOO centraron su convocatoria en Santander, mientras que USO, CSI-CSIF, FSIE y SITAS, lo hicimos en Torrelavega, saliendo a la calle para recriminar con fuerza también el comportamiento de los sindicatos mayoritarios que se permitían el lujo de manifestarse contra la política económica del gobierno regional, a la vez que le legitimaban, manteniendo operativa la mesa de la concertación social.

Especialmente activos en la convocatoria de la huelga estuvieron los compañeros de Torrelavega, especialmente Juan Carlos, escribiendo un artículo de prensa “El declive del Besaya”, que anunciaba el fuerte impacto sobre el empleo que iba a tener las reformas laborales especialmente sobre la industria. La huelga general en todo España fue un éxito, y ello a pesar de las contradicciones que el gobierno socialista metió en la convocatoria, calificándola de política incidiendo con ello sobre su sindicato “hermano” la UGT.

Cantabria se convirtió en la segunda comunidad autónoma en mayor seguimiento de la huelga con una participación del 98 por ciento, reconocido por la CEOE, aunque como era de esperar lo imputo a la “acción coactiva de los piquetes”. 25.000 ciudadanos nos dimos cita en la Plaza de Pombo donde los tres secretarios generales le pedimos al gobierno de Felipe González que rectificara su reforma laboral por inútil ante crisis económica.