A la
presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, parece servirle cualquier
argumento con tal de justificar su “no” —aunque sea temporal— a la
condonación de parte de la deuda autonómica, cifrada en 809 millones de
euros. Una decisión del Gobierno central que, en realidad,
supondría aliviar más de un 24% de la deuda total de la comunidad.
En su empeño
por no salirse de la línea marcada por Feijóo, Buruaga ha llegado a plantear
que los cántabros debemos vernos no solo como ciudadanos de Cantabria, sino
también como ciudadanos de España, para así rechazar la medida. Según su
razonamiento, la quita equivaldría a añadir 523 euros más por
habitante a los aproximadamente 33.000 euros de deuda global que
soporta ya cada ciudadano en relación con el Estado. Un argumento, cuando
menos, discutible.
El trasfondo
político: Cataluña como excusa
Detrás de
esta postura late más un motivo político que económico: la oposición
sistemática a todo lo que tenga que ver con Cataluña. Bajo la coartada del
“independentismo”, se pretende disfrazar lo que en realidad es una negativa de
partido, aunque ello perjudique directamente a Cantabria.
Conviene
recordar que Cataluña solo verá reducida su deuda en un 20%, mientras que
comunidades como Canarias o Andalucía alcanzan rebajas de hasta el 50%.
Entonces, ¿por qué rechazar una quita que objetivamente beneficiaría a los
cántabros?
Consecuencias
para los servicios públicos
Si esta
posición no se rectifica, el daño puede ser grave. Estamos hablando
de recursos imprescindibles para la sanidad, la educación y los servicios
sociales, además de la posibilidad de abrir espacio financiero para nuevas
inversiones a medio y largo plazo.
Una visión
diferente: el PRC
Algún
dirigente del PRC ya ha manifestado una posición favorable a aceptar la
condonación. Lo hace no solo por razones de necesidad social, sino también
denunciando la actitud demagógica que el PP pretende imponer con su
“no por Cataluña”. Sería importante que esta línea la hiciera suya también
Paula Fernández y la dirección del partido, ya que podría condicionar de
forma decisiva la negociación de los próximos presupuestos regionales.
El debate de
la financiación autonómica
A la
polémica se han sumado presidentes autonómicos del PP —y también el socialista
Emiliano García-Page— reclamando un modelo de financiación autonómica
basado en igualdad y solidaridad. Como si la condonación se hubiera aprobado de
forma arbitraria, al margen de criterios objetivos y proporcionales.
Pero la
cuestión no tiene por qué ser excluyente: se puede aplicar la quita
aprobada y, al mismo tiempo, abrir negociaciones en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera para consolidar un nuevo modelo de financiación que
respalde a la mayoría de comunidades.
Una
oposición visceral
En mi
opinión, la postura actual del PP, con la ayuda de García-Page, carece de
razones de peso. Responde más bien a una oposición visceral contra el
Gobierno de Pedro Sánchez. Y si para desgastarlo hay que sacrificar la
condonación de la deuda y con ello los intereses de los cántabros, parece que a
algunos no les tiembla la mano.
Ya lo dijo
en su día Cristóbal Montoro: “que fracase, ya vendremos nosotros a arreglarlo”
