17 ene 2021

Plataforma de trabajadores públicos temporales en fraude de Ley


 Estamos aquí de nuevo porque, a pesar de que intentamos por todos los medios (a nivel social, judicial, político y administrativo) que se solucione la situación laboral discriminatoria a la que nos tienen sometidos desde hace décadas, vemos peligrar inminentemente nuestros puestos de trabajo y porque consideramos que LA DEFENSA DE NUESTROS EMPLEOS ES AHORA ALGO PRIORITARIO.

Los trabajadores públicos temporales nos sentimos totalmente desprotegidos por parte de nuestro gobierno y nuestras Administraciones, mientras el resto de los empleados públicos temporales europeos están amparados frente al Abuso de temporalidad por la Directiva 1999/70, cuyo objetivo no se está cumpliendo en España, ni queriendo cumplir, en nuestros servicios públicos.

Ainoa Quiñones Delegada del Gobierno Cantabria  
Jose Mª Mateos Lopez USO

No queremos más contratos en fraude, ni que se nos eche a la calle sin derecho alguno después de años entregados al servicio público, ni que se obvie la supremacía del derecho europeo que se aplica en el resto de los estados. En definitiva, queremos que se cumpla la ley, al igual que se hace en el empleo privado, para que podamos continuar en nuestros puestos de trabajo, máxime después de haber superado procesos selectivos que acreditan mérito y capacidad e igualdad, como exige nuestra Constitución, y de haber entregado los mejores años de nuestras vidas en pro de un servicio intachable a los ciudadanos.

Basta ya de falsear y manipular la información a la opinión pública; no somos enchufados que han entrado a dedo; no somos privilegiados ni queremos serlo; no hemos accedido a la Administración por “la puerta de atrás”, sino por la principal, y con “actas” que lo atestiguan (da igual el tipo de proceso selectivo: entrevista, bolsa de trabajo, oposición...) Somos los que cubrimos los puestos que nadie quiere, los de los peores horarios y guardias, los peor localizados geográficamente y en los lugares más problemáticos a donde no quiere ir nadie… en definitiva, somos a los que recurre la Administración para evitar el coste político de reducir los servicios públicos. ¡¡¡¡ SÓLO ANSIAMOS JUSTICIA!!!

QUEREMOS QUE SE CUMPLA EL DERECHO NACIONAL Y EL DERECHO DE LA UNIÓN QUE NOS PROTEGE, Y QUE CUANDO LA ADMINISTRACIÓN EMPLEADORA INCUMPLA LA NORMA, SEA SANCIONADA COMO LO ES EL EMPRESARIO PRIVADO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN.

Los españoles de a pie no tenemos que asumir la carga de las consecuencias derivadas del INCUMPLIMIENTO DE LOS PODERES PÚBLICOS a costa del bolsillo de todos, ni tampoco los trabajadores ver burlados nuestros derechos.

REIVINDICAMOS:

Que la Administración pública cumpla el Derecho de la Unión, comprobando cada relación temporal, para determinar si incurre en Abuso de Temporalidad, y aplique como sanción al incumplimiento el mantenimiento del empleo hasta que concurran las causas generales de cese para todo trabajador público mediante una REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

Que el gobierno atienda la Resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, adoptando políticas de lucha contra el Fraude en la Contratación y contra el Abuso de la Temporalidad en el Sector Público, similares a las adoptadas en el sector privado.

En materia de no discriminación, que la Administración deje de aplicar toda norma nacional que impida garantizar la igualdad en las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales respecto a los fijos o de carrera.

EXIGIMOS:

QUE SE POSPONGA LA EJECUCIÓN DE TODA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO QUE AFECTE A NUESTRAS PLAZAS hasta que se adopten medidas para la detección del fraude en la contratación y se sancione el abuso de temporalidad para garantizar el cumplimiento de la normativa europea y nacional.

Que todas las fuerzas políticas promuevan un PACTO DE ESTADO CONTRA LA PRECARIEDAD Y EL ABUSO DE TEMPORALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO, como el que promueve este gobierno para luchar contra esta lacra en el empleo privado, que permita reducir la temporalidad fraudulenta o abusiva al 0% en el sector público, no sin antes compensar y resarcir a las víctimas de abuso que se han ido dejando por el camino.

Exigimos UNA VIA DE DIÁLOGO CON EL GOBIERNO NACIONAL que permita la participación ciudadana de nuestro colectivo en la adopción de políticas públicas, en la elaboración de la normativa que nos afecta directamente y en la puesta en marcha de las medidas propuestas.

¡HEMOS VENIDO A DEFENDER LA JUSTICIA, LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE

¡TRABAJADORES, NUESTROS PUESTOS Y EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS!

CONTIGO Y LOS TUYOS --------  FIJEZA YA…FIJEZA YA… FIJEZA YA….

 

 


16 ene 2021

El Sindicato Unitario de Cantabria denuncia a Supermercados Lupa por incumplir la orden de la Conserjería de Sanidad que obliga a instalar desfibriladores en los supermercados.

 

En los supermercados Lupa, después de más de dos años, siguen sin instalarse los desfibriladores que le obliga la Orden SAN/82/2018, de 1 de octubre, que regula la obligatoriedad de instalar desfibriladores en los espacios de uso público como son los supermercados.

Mientras que las otras grandes superficies que operan en Cantabria en el sector del comercio van cumpliendo con esta obligación legal, desde el primer momento que salió publicado en el BOC - allá por octubre del año 2018 – la dirección de Lupa parece empeñarse en su incumplimiento a pesar de los muchos requerimientos que le han hecho tanto el Comité de Empresa, como el Comité de Prevención de Riesgos Laborales.

Ante esta situación, no ha quedado más remedio que instar ante la Inspección Regional de Trabajo la denuncia pertinente para que con un poco de suerte Lupa instale desfibriladores que ayuden al tratamiento de los trabajadores y usuarios de los supermercados y almacenes ante la parada cardiaca y reanimación cardiopulmonar básica.

Esta claro que este comportamiento empresarial de LUPA, no solo es ilegal, sino que manifiesta un claro comportamiento insolidario no solo con los trabajadores de la empresa sino con los clientes que habitualmente visitan nuestras tiendas y almacenes, según los datos que recoge la estadística sanitaria los accidentes cardiovasculares son la primera causa de muerte en España con alrededor de 30.000 víctimas al año; de estos accidentes, alrededor del 80 % son fibrilaciones ventriculares, que se pueden revertir si se utiliza en los primeros minutos un desfibrilador. La velocidad es clave, ya que la posibilidad de recuperarse sin secuelas baja a cada minuto que pasa, y más allá de los 5 minutos el índice de supervivencia cae en picado.

Y no valen excusas para cumplir con una norma que define claramente cuando se han de instalar desfibriladores en nuestros supermercados, solo hace falta leer la Orden para comprobar que “ en los centros comerciales, individuales y colectivos, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y que tenga una superficie edificada superior a 500 m2” se han de instalar, salvo que la desvergüenza llegue al extremo de no cumplirla por que el coste económico de la sanción le salga a la empresa más beneficiosa que cumplir con la Orden y en ese caso Lupa demostraría la más absoluta falta de solidaridad con sus clientes de quienes dice constantemente estar cerca.

Supermercados Lupa y Top Cash dispone en la Comunidad Autónoma de Cantabria de numerosos centros que reúnen los requisitos detallados en la denuncia para la Instalación de desfibriladores entre ellos los citados sitos en:

o   CLN-634, Barrio Ontoria s/n Cabezón de la Sal

o   Barrio Hornos s/n Argoños

o   C/Parque Comercial La Madera 58 (Ganzo) Torrelavega

 Agustín García Benito, en representación del Sindicato Unitario de Cantabria como Delegado de Prevención miembro del Comité de Seguridad Salud de la empresa SEMARK A.C. Group S.A ha presentado denuncia el pasado 14 de enero ante LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA solicitando la actuación por parte de esta Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la comprobación de cumplimiento por parte de SEMARK A.C. Group S.A de la Orden SAN/82/2018, de 1 de octubre y las actuaciones que considere oportunas y ajustadas a Derecho.

El Sindicato Unitario de Cantabria esperará un tiempo prudencial transcurrido el cual iniciará una campaña de recogida de firmas entre clientes y trabajadoras, campaña que fuerce a la compañía al cumplimiento de la Orden SAN/82/2018 de 1 de octubre.

14 ene 2021

¿Será esta una legislatura perdida para Cantabria?

Recientemente el Gobierno de coalición PSOE-Podemos encargó a un grupo de expertos que hiciera una evaluación del Pacto de Gobierno de diciembre de 2019, con el fin de comprobar el grado de cumplimento que está teniendo. Y, claro, la curiosidad me ha podido: aunque solo sea a modo de «cotilleo», me he puesto a leer el correspondiente Pacto de Legislatura 2019-2023 (Acuerdo Programático) suscrito por el PSOE y el PRC para la gobernabilidad de Cantabria, un acuerdo que tiene mucho de Boo y poco de Guarnizo. Echadle un vistazo y lo comprobaréis.

Los ejes fundamentales son declaraciones de principios excesivamente genéricos cargados de voluntad política que se les presupone a todos los partidos y políticos que viven de ello. Por ejemplo, la «protección a los derechos de las personas», un «empleo de calidad donde no haya discriminación entre hombres y mujeres» o la vivienda, que más que un derecho está siendo una guerra constante —defendida de forma magnífica por la Plataforma Stop Desahucios de Cantabria—.

Esta guerra también ha afectado a otros colectivos a los que el Pacto comprometió soluciones urgentes, y solo con movilizaciones están a punto de conseguirlo: la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género (Ley LGTBI de Cantabria).

También, otros buenos deseos que nos recuerdan lo importante que es la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) y el resto de sociedades públicas —algún día hablaré de su utilidad—; el constante «empuje» del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ahora para tratamientos experimentales; las obras públicas, siempre pendientes de los dineros que nos llegan del gobierno nacional y/o Europa, porque nuestro presupuesto regional está más seco que la mojama —y más ahora que se han empeñado en no meter mano a la fiscalidad regional—, y, ya puestos, un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), como iniciativa fundamental para los años venideros. Esto de deberes para las siguientes legislaturas.

El Presidente Revilla anda estos días un poco liado recordando lo que el Pacto reclama como «compromiso prioritario», y no le falta razón, porque si fracasa en esto ya puede romper el resto de las hojas.

Cuatro son las promesas: la financiación íntegra de la obra de Valdecilla; la conexión ferroviaria Santander-Madrid, que a la fecha no se sabe ni cómo llamarla; el tren a Bilbao, que, según parece, nos va a resolver todos los males, y el «proyecto estrella» del Llano de la Pasiega. Estas cuatro iniciativas, de mucho interés, dependen del gobierno nacional. Veremos cómo se porta.

Por lo que afecta al resto del Pacto, lo dicho: «Mucho de Boo y poco de Guarnizo». En materia sanitaria y políticas sociales, otra vez Valdecilla, gestionar bien la sanidad, poner «guapa» la cartera de servicios sanitarios, desarrollar la Ley de Igualdad, ver qué se puede hacer con la brecha salarial y, ahora que estamos en momento de crisis económica y social por culpa del covid, abrir todos los espacios de ayuda económica a los sectores más desfavorecidos, para luchar contra la pobreza infantil y familias desfavorecidas, darle un achuchón a la Ley de Renta Social Básica y estudiar con los ayuntamientos la creación de escuelas infantiles de 0 a 2 años.

El pacto de gobierno en materia de empleo tampoco aportaba compromisos reales —y ahora con la crisis del covid, apaga y vámonos—, literatura difícil de valorar, a no ser con la estadística de desempleo que, al cierre de 2020, arrojaba datos muy preocupantes: 5 900 parados más que el año anterior, cifra que se eleva a 42 629 —un repunte interanual del 16 %—.

Por lo tanto, ¿de qué pueden servir las buenas intenciones del pacto de gobierno? «Promover el empleo digno y bien remunerado, recuperando derechos laborales y combatiendo el fraude», buena decisión si no fuera por los silencios que mantienen los socialistas y regionalistas ante la reversión de la reforma laboral que están pidiendo los sindicatos y otros partidos. Aunque no importa mucho: con una «hipotética colaboración de la inspección de trabajo» parece que lo van a resolver, y para los jóvenes, «un mecanismo de garantía juvenil para acompañarlos en su primera experiencia laboral». Y el «diálogo social» que no falte; es la receta para quedar bien ante los ciudadanos. No hacemos mucho pero hablamos y hablamos lo que haga falta.

Respecto a las pymes y autónomos, apenas dos líneas para anunciar que el Gobierno va a «crear nuevos incentivos, especialmente para jóvenes, parados de larga duración, mujeres mayores de 45 años, para que los puestos de trabajo que se consigan sean inclusivos y sostenibles». ¿De qué folleto abran sacado este latiguillo?


Sobre la Universidad de Cantabria, un deseo de «educación de excelencia», y para ello el Contrato-Programa de siempre. Mucho diálogo para el profesorado, alumnado y familias, darle una vuelta al tema de la interinidad —común para todos los organismos— y alguna que otra cita genérica para las escuelas rurales.

El apartado de «estrategia industrial», tan citado por todos los partidos, sindicatos, empresarios, etc., tampoco aporta compromisos de interés. Seguimos con las vagas palabras de apoyo, crecimiento, impulso, fomento, etc. Así, el Gobierno, sin mucho más que decir, se «compromete a apoyar a las empresas, a impulsar nuevos proyectos, a fomentar la industria del conocimiento» —faltaría más—. Algo más concreto para la industria de la salud, la agroalimentaria, la pesquera, la forestal y el eje logístico La Pasiega-Corredor del Besaya, que parece que están siendo desarrollados con cierto interés.

De «poner en marcha la mina de explotación de zinc» mejor ni hablar, otro fracaso, al menos por ahora. La empresa que se anunció a bombo y platillo se desinfla y, con ello, las expectativas de empleo y la rentabilidad a futuro de las instituciones locales que ya veían en ello un negocio rentable.

Toca saber si las arcas públicas se han dejado algún que otro euro en el proyecto industrial, aunque ahora con menos preocupación, al menos para los técnicos que, por parte de la Administración regional, le dieron el visto bueno. Si fueran los de Sodercan, tranquilos, la póliza de seguro millonaria —por importe de 86 000 euros— que han suscrito ya les tiene blindados ante la posible responsabilidad como gestores y la propia entidad.

Lo que sí parece que se va cumpliendo, aunque de momento se queda también en deseo, es «alcanzar el 2 % del PIB en I+D+i». Por ahora, lo previsto para el presupuesto de 2021 solo será del 1 %.

Ya puestos, qué decir de la apuesta por «desarrollar un programa de retención y atracción de talento, a la vez que propiciar el retorno de los científicos». Este apartado del pacto de gobierno converge con la CEOE en su programa Cantabria 2030.

La estrategia turística del Gobierno regional está muy lejos de la del Ayuntamiento de Santander, que, con su programa Santander a punto, al menos sobre el papel está más desarrollada. Para el pacto de gobierno, de lo que se trata es de prolongar la temporada turística más allá del periodo estival, a través de la marca España Verde; propiciar la llegada de turistas con dinero, a quienes se les incrementará el precio medio de la estancia; un Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas y meter mano a los establecimientos de hospedaje ilegal.

Con Guillermo Blanco como consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se abrió cierta expectativa por una mayor concreción en los trabajos políticos siempre residuales en la política regional. Pero el pacto de gobierno tampoco precisa mucho: un plan para luchar contra el despoblamiento, otro para los temas forestales y ley de montes, otro para la ordenación del territorio… Y un deseo: impulsar la ordenación urbana de los municipios; cómo y cuándo quedan a futuro, vaya usted a saber.

Por lo que afecta al medio ambiente, más de lo mismo: planes para la restauración de espacios degradados, reordenar la Bahía de Santander, tratar la calidad del aire y el ruido, los incendios forestales, el plumero y la avispa asiática.

Al leer el plan de gobierno, da la sensación de que estamos empezando, porque todos son nuevos planes y otros protocolos, como si hasta la fecha esta literalidad de propuestas no hubiera estado en los programas de otros gobiernos recientes.

Lo que sí parece más concreto es el apartado de infraestructuras —y las conexiones ferroviarias con Madrid y Bilbao—, condicionado en exceso a las relaciones con el Gobierno de España y a la influencia que el voto del diputado José María Mazón pueda ejercer en el Congreso de los Diputados. Veremos si al final algunas de estas infraestructuras se llevan a cabo.

¿Será esta una legislatura perdida? Así empecé y así termino, con la incógnita que genera ver al Gobierno regional gestionar en su totalidad la covid-19; al Parlamento buscar las vueltas a los fallos que de esta se están detectando; al presidente Revilla recordar al Gobierno central, una y otra vez, los compromisos firmados, mientras que la parte socialista calla fiándolo todo al futuro, y todos esperando al Plan de Recuperación económica de la UE.

4 ene 2021

Hasta cuando se tiene que esperar

Un hecho sin precedentes, así lo calificaron los medios de comunicación cuando ocho organizaciones suscribieron el “primer análisis de las prioridades regionales de Cantabria”.

Después le siguieron unos cuantos más a instancia del gobierno regional, universidad, consejo económico y social, patronal y otros frutos de la “concertación regional, desde aquel primero del año 1985. PCE, CDS, ADIC, USO, CCOO, COES – CEPYME y UNIPIMEC, fueron las organizaciones que agrupadas en la “Mesa Regional para Cantabria” trabajaron durante diez meses en torno a los problemas prioritarios de la región, que resultaron ser, el paro, las comunicaciones e infraestructuras, la política industrial y política agraria, con mayor hincapié en la ganadería.


Recuerdo que por aquel entonces también le preocupaba al gobierno de turno, representado por Angel Diaz de Entresotos, y a los partidos presentes en el parlamento – Coalición Popular, Psoe y Prc – la aportación colectiva que hacíamos a modo de listado de prioridades. Algunos como ahora entendían que se trataba de un programa de gobierno, que debían rechazar por considerarlo una intromisión en la representación legitima del parlamento.

Y nada mas lejos de nuestro objetivo, aquel trabajo colectivo entre organizaciones plurales no fue más que una aportación a la política en general de todos para un trabajo común que ayudase a salir de la situación de crisis que afectaba muy directamente a los cántabros. Han pasado muchos años, demasiados para seguir hablando de planes de reindustrialización, del paro que sino es por una causa es por otra azota a Cantabria sin piedad, de hojas de ruta para la Cantabria 2030, etc., planes que, igual que aquellos todavía están sin conseguir, acuerdos que se pactan para el papel y que solo son útiles para la campaña electoral.

Hoy volvemos hablar del desempleo y como ayer ponemos recetas que la “mesa regional del 1985” ya consideraba prioritarios. Como, por ejemplo, los fondos municipales contra el paro, las ayudas a las pymes y autónomos o la priorización para estas en la realización de las obras que pudiera ejecutar la administración regional y ayuntamientos, incluso el embrión de la concertación regional actual que por aquel entonces proponíamos como una Comisión Regional de Empleo, formada por el Inem, la consejería de empleo, sindicatos y 2 empresarios.

Y que decir de los múltiples planes de formación profesional que hoy se proponen, también ayer se fomentaban entorno a “una planificación racional de la formación profesional en las distintas especialidades de acuerdo con las expectativas del mercado de trabajo”.

La política regional de hoy una y otra vez, se tropieza con los problemas sociales de los ciudadanos, sin que parezca los pueda resolver sin la pelea reivindicativa, como ejemplo la vivienda, pues bien también la mesa regional de entonces proponía medidas de acción social ante el gobierno de turno por ejemplo el “establecer un convenio entre la administración y la caja de ahorros para financiar la vivienda y el pago del alquiler para los parados, o un fondo de ayuda para paliar las necesidades urgentes (alimentación, ropa, etc.) y/o la creación de un servicio Cooperativo para que con la mediación de la Diputación Regional no se c errase ninguna empresa sin antes ofrecerla a los trabajadores con la mínima garantía de viabilidad, propuestas entorno al cooperativismo que hoy la concertación regional también propone en su actual acuerdo sobre el empleo.

Cuando leo, los planes de reindustrialización que se han venido pactando en los sucesivos años, entre administración, sindicatos y patronal, veo enormes similitudes con los recogidos en aquellas prioridades de la “mesa regional”.

En aquellos años, también se hablaba de crisis industrial, aunque con más fundamento al estar inmersos en la famosa reconversión industrial que dejo a Cantabria fuera de las zonas de urgente reindustrialización ZUR.

Hoy igual que ayer, se habla de las grandes empresas de su financiación, de sus domicilios fiscales y de sus decisiones que se encuentran fuera de nuestra región, de la necesidad de potenciar en desarrollo tecnológico e innovación, de los polígonos industriales, de la formación profesional, de la promoción industrial para comarcas en crisis como las del saja Besaya y Campoo de la financiación siempre difícil de las pequeñas y medianas empresas de su inclusión en el Consejo Económico y Social, pendiente de constituirse, etc., planes y propuestas industriales que se repiten sin límite una y otra vez.

Y así hasta el infinito, han pasado más de treinta años, desde aquel primer análisis de “Prioridades Regionales de Cantabria”, y seguimos igual, cada año un nuevo plan que se repite en términos generales, con bronca entre el gobierno y los agentes sociales, y sin que seamos capaces de visualizar el futuro y las especialidades a las que se va a dedicar nuestra región, con un presupuesto escaso y con liderazgos políticos en los partidos que dejan mucho que desear, que pena.