23 feb 2021

Tome nota el concejal Nalda, porque no hay dos sin tres

 

No hace mucho tiempo, en un pleno municipal del Ayuntamiento de Santander, a preguntas del PSOE y PRC, se venía arriba el concejal del Partido Popular, Pedro Nalda – secundado con algarabía por la alcaldesa Gema Igual – recordando una sentencia de primera instancia que por lo visto había perdido el sindicato USO, imputándole falta de representación, para negarle el derecho acudir a las reuniones, que en representación de los funcionarios se celebran en el ayuntamiento.

Se le lleno la boca, de falsos argumentos mezclando “churras con merinas” incluso, con ciertos insultos hacia los partidos de la oposición, acusándoles de falta de “preparación y manipulación”, mientras que, a USO, de pretender ciertos derechos de representación no conseguidos en las elecciones sindicales.

Pues bien, una vez más ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a través de la sala contencioso administrativo, quien le haya tenido que poner en su sitio al Ayuntamiento, a través de una sentencia que “declara nulo el acuerdo por el que se excluía a USO de las mesas de negociación por vulnerar el artículo 28 de la Constitución Española”.

De vergüenza esta forma de proceder del concejal de personal Nalda, de la alcaldesa Gema Igual, y del letrado que les asesora. Estos políticos empeñados en acabar con el sindicato USO, no paran de poner trabas y de gastar el dinero de todos los santanderinos, en costas judiciales. Ahora 800 euros, hace unos días 9.000 euros más, y suma y sigue porque el camino que llevan hacia la prevaricación permanente no parece tener fin al menos por ahora.

Y no será por los esfuerzos, que me consta está haciendo el responsable del sindicato Jose Maria Mateos López por evitar esta “confrontación”, que no aporta nada al marco de relaciones sindicales en el Ayuntamiento, confrontación que solo puede resolverse reestableciendo la representación de USO en las diversas mesas de negociación en función al número de delegados reconocidos por la Dirección General de Trabajo de Cantabria como estima la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

16 feb 2021

Hasta cuando la desprotección legal de las Empleadas del Hogar y los Cuidados

En estos días las Asociaciones de Trabajadores del Hogar y Cuidados de todo España, se encuentran movilizadas, no solo por sus históricas reivindicaciones, sino especialmente, por el momento en el que están realizando su trabajo en domicilios, y cuidados de las personas susceptibles de Covid 19.

Con tal motivo se han dirigido por escrito al Presidente y diversos Ministros del Gobierno, recordándoles la situación en la que están trabajando “actualmente excluidas de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” y sus condiciones laborales que no están debidamente protegidas como lo están ahora para el resto de los trabajadores.

Por eso no me extraña que califiquen de “decisión criminal” el no estar incluidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Son unas 200.000 trabajadoras las que, sin contrato, “siguen cuidando - en el caso de que no haber sido despedidas – en situación de absoluta vulnerabilidad, y en demasiadas ocasiones, sin la protección necesaria para proteger y protegerse de un posible contagio de Covid”.

Al Gobierno se le ha llenado la boca con el slogan “no dejar atrás a nadie”, pues bien, si es así porque no que garantiza los derechos y la salud de estas trabajadoras, porque no que reconoce una prestación por desempleo, y pone limite al despido libre o,  establece garantías para el disfrute del cuidado de sus propias familias, en igualdad al resto de trabajadores, y ya  centrando el foco en las medidas anti-covid, porque no incluye la entrega de equipos de protección individual, entre otras medidas.

Estas son las reivindicaciones que las Asociaciones de Trabajadores del Hogar y Cuidados le “exigen” al Gobierno del PSOE – PODEMOS, la mayoría de ellas reiteradas hasta la saciedad, sin que parezca sean oídas, más allá de las buenas palabras y algún que otro gesto político, insuficientes en este momento.

Permitirme que evoque, por último, la constitución de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Cantabria, asociación constituida en el año 2002 y asesorada por  USO a través de los Departamentos de Inmigración y la Mujer, dirigidos por Augusto Ávila y Lola García, una asociación que en su inicio fue presidida por Elizabeth Marlene Charra a quien recuerdo con cariño, recuerdo que por aquel entonces, los objetivos que se marcaban eran de concienciación - eran otros tiempos - se necesitaba concienciar, en primer lugar al propio colectivo en la reivindicación de sus derechos laborales, a la inspección de trabajo para su amparo, incluso en la información a los empleadores y/o jefes de familia para que respetaran los pocos derechos que por aquel entonces tenían.

Confió que estas compañeras hoy estén mejor en su relación laboral, porque, más allá de la legislación que las tiene que amparar, hoy igual que ayer la responsabilidad del empleador y su respeto a las trabajadoras resulta imprescindible. 

10 feb 2021

El Tango en Cantabria

 A nosotros los milongueros y milongueras de Cantabria, se nos esta haciendo demasiado largo las limitaciones sociales que el Covid nos está aplicando especialmente por las restricciones que ello supone, para nuestra pasión, el baile del tango.  Para quienes, en el tango, encontramos momentos de fuerte intensidad y relación social. Estar sometidos al paseo diario, entre la calle burgos, los jardines de pereda, puerto chico y … sin tener como referencia la celebración de la “Milonga”, no deja de ser un mal rollo, que vamos soportando con paciencia franciscana, eso sí, con la disciplina debida y siempre atentos al Presidente Revilla que entre una de cal y otra de arena, difícil de saber cuándo vamos a volver a bailar.

Y así, mientras el Covid esté presente, siempre nos quedaran las redes sociales, los encuentros en Facebook, los blogs de diverso contenido, la última moda de clases de tango online, algún que otro comentario con más o menos acierto, e incluso colectivos de profesores y aficionados que una y otra vez no dejan de tener encendida la llama del tango.

Hasta cuando, difícil de saberlo, - incluso con las vacunas -, un tiempo largo que espero no haya desanimado a los promotores de las cuatro milongas de Santander, la Milonga La Capillita, el Centro Social y Cultural La Encina, Centro Cultural Montaraz y la Sala Black brid Club y que podamos disfrutar cuanto antes de nuestra pasión el tango.

Y mientras tanto la PACIENCIA con mayúsculas, la salud por encima de todo, los tangueros somos conscientes de que este momento es el momento de todos para la solidaridad y el cumplimiento riguroso de las medidas anti Covid y a ello nos hemos obligado sin ninguna limitación.

PACIENCIA el tango de 1937 letra Francisco Gorrindo y música de Juan `D Arienzo, interpretado por El Tito Héctor Maure

Anoche, de nuevo te vieron mis ojos;
anoche, de nuevo te tuve a mi lao.
¡Pa qué te habré visto si, después de todo,
fuimos dos extraños mirando el pasao!
Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. .
¡Los años! ... ¡La vida!... ¡Quién sabe lo qué!...
De una vez por todas mejor la franqueza:
yo y vos no podemos volver al ayer.

Paciencia...
La vida es así.
Quisimos juntarnos por puro egoísmo
y el mismo egoísmo nos muestra distintos.
¿Para qué fingir?
Paciencia...
La vida es así.
Ninguno es culpable, si es que hay una culpa.
Por eso, la mano que te di en silencio
no tembló al partir.

Haremos de cuenta que todo fue un sueño,
que fue una mentira habernos busca o;
así, buenamente, nos queda el consuelo
de seguir creyendo que no hemos cambiao.
Yo tengo un retrato de aquellos veinte años
cuando eras del barrio el sol familiar.
Quiero verte siempre linda como entonces:
lo que pasó anoche fue un sueño no más.

6 feb 2021

Siempre es de agradecer que las noticias que den los políticos a la opinión pública, sea veraz, y ajustada a un relato de hechos ciertos

 

En Santander, a 04/02/2021.

En relación al
comunicado emitido el pasado 02/02/21 por la Sra. Alcaldesa respecto a la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ratificando la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 5 condenando al Ayuntamiento, y que trae causa de una denuncia del Sindicato USO, en el que se expone (literal)

“Gema Igual ha aclarado que la sentencia se refiere única y exclusivamente al Comité de Seguridad y Salud en la que USO no tiene representatividad y a la que su delegado puede asistir con voz pero sin voto pero “ninguno de los delegados sindicales lo aceptó, por lo que tuvo que abandonar la reunión”, los abajo firmantes, en representación de los Sindicatos CSIF y CC.OO, que ostentan la MAYORÍA de la representatividad de los trabajadores del Ayuntamiento de Santander en la MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE ASUNTOS COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, EXPONEN:

     Primero.- Que, tal y como nos ha sido trasladado por nuestros respectivos Delegados de Prevención, asistentes en su condición de tal a la reunión de Comité de Seguridad y Salud donde se desarrollaron los hechos objeto de la Sentencia, fue el Presidente del Comité, D. Pedro José Nalda Condado, Concejal de Personal y Protección Ciudadana, quien personalmente expulsó de la reunión al Delegado Sindical de USO, sin ni siquiera consultar en ningún momento a cualquiera de los Técnicos Municipales ni recabar la opinión de los Delegados de Prevención (que no representantes sindicales) presentes.

Segundo.- Que, la “aclaración” de la Sra. Alcaldesa, no sabemos si mal aconsejada, deliberada o erróneamente, parece trasladar la responsabilidad de los hechos acaecidos al resto de los Sindicatos y, por ende, a CSIF y CC.OO (refiriéndose a “delegados sindicales”), cuando en ningún caso, estos tuvieron nada que ver con el desarrollo de los hechos objeto de la Sentencia; es más, como parece desconocer la Sra. Alcaldesa, los Delegados de Prevención en ningún caso tienen legitimación legal, capacidad o poder alguno para negar la asistencia o expulsar a un Delegado Sindical de una reunión del Comité de Seguridad y Salud.


Tercero.- Que, en ningún caso, vamos a consentir que se nos intente inculpar de unos hechos en los que no hemos tenido absolutamente nada que ver y menos de unos que han sido calificados en Sentencia firme como una “conculcación del derecho fundamental a la libertad sindical”.


Cuarto.- Que, ahondando en el comunicado, la defensa por parte de la Sra. Alcaldesa de la actuación del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, señalando (textual) “no ha habido ningún acto reprochable porque el ejercicio de la libertad sindical corresponde a los delegados sindicales elegidos por los empleados municipales para que los representen y no corresponde al concejal de Personal designarlos” raya en lo grotesco, en lo absurdo, puesto que tal afirmación nada tiene que ver con los hechos objeto de la Sentencia que, insistimos, trae causa precisamente de una vulneración de los derechos de un Delegado Sindical por parte, y solo por parte, de D. Pedro José Nalda Condado, calificados como “una ratificación municipal en su comportamiento antijurídico” y que ha supuesto la condena al Ayuntamiento por “conculcación del derecho fundamental a la libertad sindical declarando la nulidad radical de la conducta llevada a cabo” y al pago de una indemnización de 9.000 €, indemnización cuyo pago recae, al fin y al cabo, en los vecinos de Santander.

Por supuesto que no corresponde al Concejal de Personal designar a los representantes sindicales, ¡qué más quisiera quién ha calificado las legítimas críticas a su trabajo como conductas “antidemocráticas”! y, ¡por supuesto! que el Ayuntamiento debe acatar la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, pero eso no resuelve la responsabilidad política en que incurre quien ha dado lugar con “su comportamiento antijurídico” a una Sentencia de tal naturaleza y calibre.

Quinto.- Que, esta Sentencia no viene más que a reforzar a los Sindicatos firmantes en su convicción de la necesidad de que se produzca un relevo inmediato en la titularidad de la Concejalía de Personal y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, de forma que se supere la actual inoperancia e incapacidad que viene demostrando día tras día, D. Pedro José Nalda Condado; sus ya largos casi seis años al frente del Área de Personal lo han ido erosionando y, finalmente, lo han deslegitimado como interlocutor válido ante la parte social; no lo decimos nosotros solos, sino la mayoría de los Sindicatos, representantes de los  empleados municipales.

 Por todo lo expuesto anteriormente, en el ejercicio de sus responsabilidades sindicales, EXIGEN:

Que la Sra. Alcaldesa proceda a CESAR al actual Concejal-Delegado de Personal y Protección Ciudadana, tal y como ya solicitamos conjuntamente el pasado 26/01/21.

  

Fdo. D. Manuel Ángel Pérez Solís.

Fdo.: D. Eugenio Caballero Helguera.

En representación de CSIF.

En representación de CC.OO.

 

 

 

 

 

 

 


1 feb 2021

Al que no quiere caldo, la taza llena

Concejal Pedro Nalda, ya tiene usted resuelto su recurso de súplica, esta vez por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Resuelve la reclamación de tutela de los Derechos Fundamentales que le instó el delegado sindical de USO del Ayuntamiento de Santander, José María Mateos, por su empeño en marginar al sindicato en materia de prevención de riesgos laborales, en concreto por causa del covid-19.

Como ya le dijo el Juzgado de lo Social n.º 5, la ley esta para cumplirla, y no vale intentar escamotearla usando a la alcaldesa como instrumento para sacarle las castañas del fuego. Usted no permitió al sindicato participar en una reunión de máxima importancia a la que sí fueron convocados CC. OO., UGT, CSIF y SIEP, y en la que se les trasladó el protocolo por el servicio de prevención de riesgos, costes previstos por las medidas allí contempladas, teletrabajo, permisos, adaptaciones de horarios y dotación de material, entre otros. Estos sindicatos pudieron informar del protocolo, con todo detalle, a sus afiliados.

No estaría de más que tomara nota también de esta sentencia el letrado que, de forma torticera, pretendió liar todo intentando llevar el pleito al ámbito del Contencioso Administrativo y, con ello, demorar la reclamación, cuando lo que estaba a debate eran protocolos de actuación en materia de covid-19.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia le ha desmontado todos y cada uno de sus argumentos. A saber:

    - «Es a la orden jurisdiccional de lo social, al que se atribuye la competencia para conocer sobre la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas sobre el cumplimiento de las obligaciones legales o convencionales sobre Prevención de Riesgos Laborales, de forma plena, tanto si afecta a funcionarios como laborales 

    - Totalmente ilegal la expulsión del delegado sindical de USO de la reunión del Comité de seguridad y salud laboral, que se celebró en el Salón de Plenos, de donde le echaron al no estar convocado por no formar parte del Comité.

Concejal, se vino muy arriba en las explicaciones que dio en el pleno municipal, cuando el PSOE y el PRC le pidieron cuentas por su forma de proceder. Y no solo usted, también la alcaldesa, Gema Igual, que cerró filas en su defensa declarando que contaba con su «confianza plena».

Ahora toca dar marcha atrás, asumiendo, por un lado, que, por el camino que llevan contra USO —marginando a la organización y a sus dirigentes—, lo único que van a conseguir será la judicialización de todas las agresiones a las que nos sometan; y, por otro lado, la «declaración de la conculcación del derecho fundamental y libertad pública a la libertad sindical, declarar la nulidad radical de la conducta llevada a cabo el 5 de mayo de 2020, condenando al Ayuntamiento de Santander a indemnizar por ello al sindicato USO en la cantidad de 6 000 euros y al Sr. Mateos en la cantidad de 3 000 euros».

Y, por último, alcaldesa Gema Igual, ¿quién va a abonar estas indemnizaciones?, ¿lo hará el concejal Pedro Nalda o a pachas entre ustedes?

Espero que los grupos municipales les demanden la responsabilidad política que tiene este asunto, pero también la cuestión crematística, que 9 000 euros no son cosa de echar en el olvido. 

31 ene 2021

La exclusión social y “no vamos a dejar atrás a nadie”


El Covid, con vacuna o sin vacuna, está claro va a presidir durante mucho tiempo la vida de todos nosotros. La crisis sanitaria, económica, social y todas las demás crisis que se nos puedan ocurrir, van a tener las culpas y las disculpas, en esta maldita pandemia, así que no estaría mal que las administraciones y ciudadanos en general nos empezáramos a preocupar - digamos con más interés – de las personas y familias que con cierta ligereza llamamos excluidos sociales.

Hasta la fecha, la frase más escuchada por todos españoles es “no vamos a dejar atrás a nadie”, frase que no dejan de repetir los gobiernos, partidos políticos y administraciones varias, y que se ha convertido en un latiguillo fácil de pronunciar, de buenos réditos políticos y electorales.

Todos los días se anuncia, como las administraciones libran cantidades para ayudar a las empresas, ertes, autónomos, sectores especialmente machacados por ausencia de clientes, aplazamientos en el pago de impuestos, tributos y especialmente llamadas a los ciudadanos a la colaboración, entre personas, consumo, etc.

Y todo eso está muy bien,  el Covid por lo visto, no ha enseñado la cara más dura de la necesidad, y ha provocado la actuación eficaz del gobierno que en buena medida - por las ayudas de la Unión Europea - va a poder cumplir, en buena medida, con el slogan de que “no vamos a dejar a nadie atrás”, y yo me pregunto si en esa buena “voluntad” también se encuentra los excluidos sociales, las personas y familias que tienen dificultades para tratar con funcionarios y normas, con los incapaces de articular solicitudes de ayuda y/o justificarla correctamente.

El Informe sobre la Exclusión y desarrollo social en Cantabria 2019 de la Fundación Foessa, nos ha vuelto a poner en la pista de la necesidad, y aunque lo hace entre números, no debemos olvidar que detrás de ellos están personas que antes del Covid y después del Covid lo están pasando muy mal. A ellos me voy a referir, como llamada para los que con cierta “alegría”, nos recuerdan una y otra vez que no piensan dejar atrás a nadie.

Algunos dirán que son datos marginales incluso irremediables para una economía global, para con ello  justificar comportamientos insolidarios, pero la realidad se abre paso  y nos recuerda que el 11,8% de la población –11,9% de los hogares– de Cantabria está en situación de exclusión social, que unas 68.000 personas se mueven entre una exclusión moderada y/o severa, o que viven angustiados por problemas  con la vivienda, o ese 30% de cántabros que se están viendo obligados a reducir el gasto en electricidad, agua, gas entre otros servicios esenciales para una vida digna en familia.

En este repaso estadístico, me ha sorprendido el perfil de las personas que soportan, como responsable principal, al 40% de los hogares en situación de exclusión, se trata de varones de entre 45 y 60 años, adultos /mayores, sin estudios en un 57%, o con nivel educativo bajo, personas que necesitan formación acorde con empleos determinados, y de mucho compromiso por parte de las administraciones y empresas para afrontar esta situación.

Según el Informe Foessa, Cantabria, aporta anualmente 3.559 euros por persona necesitada, un gasto un poco superior a la media española que se reparte entre el 85% de la seguridad social, el 7,5% de la administración autonómica, el 5,8% por la Adminsitracion central y escasamente el 2% de la local, aportaciones que resultan insuficientes – a pesar de que el 82,5% de los cántabros es partidario a pagar más impuestos destinados a prestaciones y servicios sociales - y que responde a situaciones puntuales de necesidad, pero que no resuelven el problema cíclico de la exclusión social.

Y no será por estudios e informes sobre la exclusión, basta mirar en internet para visualizar como año tras año, el gobierno regional se afana en dibujar sobre el papel, las bolsas de la pobreza y la exclusión social, informes que no varían sustancialmente desde hace años. Es cierto, que, sobre estadísticas de medias, Cantabria no está especialmente mal en la dotación económica para tal fin, pero la situación es muy reiterativa, las bolsas de exclusión se repiten sin que la administración haga más que afrontar la necesidad puntualmente, pero sin implementar medidas eficaces que resuelvan los problemas reales.

26 ene 2021

¿Sera esta una legislatura perdida para Cantabria ¿y 2

En la entrevista concedida al Diario.es por Joaquin Perez, Presidente del Parlamento de Cantabria, me ha llamado la atención, las preguntas relativas al trabajo que sus señorías han desarrollado en lo que va de legislatura, caracterizada por la epidemia del Covid 19.

Para el presidente, según recoge la entrevista “se han dado pasos de gigante, aunque pareciese que no se ha hecho nada”. Destaca la aprobación de doce leyes, entre ellas la de LGTBI y la que sigue pendiente sobre la Memoria Histórica”, y yo añado, a pesar de que el parlamento ha estado suspendido durante más de seis meses de trabajo, aunque para nada de cobrar, según parece, ninguno de los 35 diputados ha renunciado, tan siquiera, a las indemnizaciones por asistencia a su actividad política - 1.099,69 euros mensuales - según han recogido los medios de comunicación.

Pero bueno, dejemos por un momento el asunto crematístico, para conocer el supuesto esfuerzo parlamentario, que según el presidente han realizado sus señorías, y que se  ha hecho especialmente en la Comisión de Seguimiento del Covid, - constituido a los pocos días de decretarse el Estado de Alarma -, y por la que pasaron diversos expertos y agentes sociales entre otros, iniciativa,  que abra servido para que los diputados se enteren bien que es el Covid 19 y su repercusión en la región, para fundamentar al menos tres leyes dedicadas a regular las ayudas económicas.

Otras leyes digamos administrativas, que con razón no se citan en la entrevista tales, como la de espectáculos públicos y recreativos, colegio profesional de periodistas, fundaciones, urbanismo y la del fondo de cooperación municipal, seguro porque fueron despachadas sin excesivo ruido y debate.

En mi comentario anterior, revise el Pacto de Legislatura 2019-2023 que firmo el PSOE y PRC, y a pesar de ser demasiado genérico e inconcreto, recogía iniciativas políticas que sin ninguna duda no van a poder ejecutarse por mucho que se afanen sus señorías.

Algunos por problemas de gestión en relación con el gobierno central y unión europea, y otros según mi opinión, por dejadez de compromiso político, por la ejecución de unos presupuestos escasos en materia de recaudación y, porque el gobierno regional en su totalidad esta únicamente pendiente del Covid y sus derivadas en el mejor de los casos, porque parece que la parálisis de un buen número de consejerías se ha apoderado de ellas.

Así que no es de extrañar que el parlamento se haya contagiado de esta parálisis y su presidente haya resuelto, - para lo que queda de legislatura – solo tener buenos deseos y escasos compromisos políticos, únicamente depositar en “la esperanza de las vacunas, todas las soluciones para la política nacional y regional”.

Eso es lo que nos brinda la política que sale del parlamento regional, alguna que otra ley de vanguardia como la de Memoria Histórica, los debates de pleno a Proposiciones no de Ley, donde cebarse en alguna que otra bronca y parecer que se hace algo, y poco más.


22 ene 2021

Extracto del documento oficial, Estrategia de vacunación COVID – 19 en España

 Políticos varios, militares, ejecutivos, funcionarios aprovechados, etc, sinvergüenzas en general. Que parte de esta estrategia no entendéis, porque os aprovecháis de vuestra posición favorable, para vacunaros por delante de los que tienen legitima preferencia, porque no respetáis a nuestros mayores, sanitarios, personas con discapacidad, sois unas malas personas que no merecéis respeto alguno.

La norma legal está más que clara. “La priorización de los grupos a vacunar en cada una de las etapas se ha realizado una evaluación en función de los siguientes criterios: riesgo de morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de impacto socioeconómico y de transmisión, además de criterios de factibilidad y aceptación. En base a esta evaluación se ha establecido la siguiente priorización de grupos para la primera etapa: 

1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad.

2. Personal sanitario de primera línea.

3. Otro personal sanitario y sociosanitario. 

4. Personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida (grandes dependientes no institucionalizados).