Esto de los sobresueldos en las empresas públicas de
Cantabria, ya viene de lejos. Tanto con el Partido Popular como ahora con el
Gobierno de coalición PRC-PSOE parece que abonar sobresueldos sin justificación
alguna, se ha convertido en una práctica habitual.
En marzo del 2018 el partido político Ola Cantabria que capitaneaba
Juan Ramon Carrancio, nos anunciaba la investigación judicial del abono de
sobresueldos a cinco empleados de la Sociedad Regional SOGIESE por importe de
90.000 euros, investigación que a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria según me cuentan “apreciara causa para ello“ no se pudo culminar
por las cantidades abusivas que se pedían (6.000 euros) imposibles de abonar
para un partido de reciente creación”, y lo que es peor, el silencio del resto
de los partidos políticos, que conociendo la documentación del presunto delito,
silenciaron la causa haciéndose coparticipes de ello.
Luego vendría el Tribunal de Cuentas,
para sacarnos los colores con su Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad
Autónoma de Cantabria correspondiente al Ejercicio 2014, recordando que “se
abonaban sobresueldos, a trabajadores y altos cargos, en empresas públicas como
SOGIESE, Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte (SRECD), CANTUR,
MARE, ICAF, Fundación Campus Comillas, Festival Internacional de Santander,
según nos contó el periódico digital El Faradio.
El ICAF tampoco se libró del reproche social por los
sobresueldos, que percibieron el gerente y otras dos
responsables del organismo, cantidades que rápidamente se justificaron
amparándose en un supuesto incremento de funciones e interpretación laxa del límite
salarial - que por aquel entonces se aplicaba a todos los funcionarios públicos
de España – justificaciones que también le sirvieron al consejero de Economía
Juan Jose Sota del PSOE, aun a costa de confrontar, con la propia Intervención
General de Cantabria, que no dudo en desestimar las discrepancias que presentó
el ICAF.
Y
nuevamente, a pesar de coincidir la denuncia pública con el debate de
Presupuestos Regionales, el silencio se abrió paso en el parlamento regional y
oposición y gobierno se callaron a la espera de que se devolviera los
sobresueldos cobrados y/o un nuevo informe fiscal determinara el delito por la
no devolución.
Pero
tampoco sirvieron de mucho los informes de fiscalización, estos volvieron a
quedar sepultados en los cajones ocultos de los gobiernos regionales de turno y
de los tribunales, que a pesar de conocer los detalles de los sobresueldos, no
obligaron a las entidades correspondientes actuar destapando estas
situaciones.
Y
luego llego CCOO quien a bombo y platillo nos dijo que iba a pedir al gobierno
de coalición la “intervención inmediata de MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía)
para acabar con la corrupción laboral y el clientelismo”
En
aquella rueda de prensa el bueno de Carmelo Renedo se despachó a gusto denunciando prácticas de corrupción, en
diversas empresas y fundaciones públicas en las que "no solo estaban
implicados cargos políticos, sino directores de departamentos, que bien
merecían comisiones de seguimiento nombradas por el Parlamento Regional”.
Pero pronto de desinflo la diatriba de Carmelo, por lo
visto lo que quería no era tanto criticar y controlar la gestión de MARE, sino
poner trabas a la reclamación que se estaba haciendo a un grupo de trabajadores
que habían cobrado 374.004 euros indebidamente.
Y como no hay mejor defensa, que un buen ataque, el
representante sindical no dudo en pedir a las que mandaban por aquel entonces -
Tezanos y Rosa Inés García – que "antes de pedir a un trabajador los euros
que tuviera que devolver, se imputaran las responsabilidades precisas, a quienes
en el tiempo lo estuvieran permitiendo” y se quedó tan tranquilo, consiguió
callar a todos - Parlamento incluido – hasta ahora, que el DM vuelve a sacar en
el periódico que MARE “ha pagado 1,3 millones en sobresueldos irregulares pese
al aviso de la intervención”.
Y ahora que, volverá CCOO a denunciar corrupción,
volverá a pedir al Parlamento comisiones de control, o tomara nota del informe
de la Intervención General y obrara en consecuencia, asumiendo que la corrupción
no tiene justificación alguna venga de donde venga.
Y mientras tanto la dirección actual de
MARE, según parece, seguirá empeña en hacernos creer, que están ejecutando las
42 recomendaciones que en su día hizo la Auditoria para resolver los problemas
de gestión y de recursos humanos, aunque esto es más que dudoso a la luz de lo
publicado en prensa que vuelve a poner en evidencia los sobresueldos.
