Si la
escasez de vivienda, la lentitud administrativa, la falta de suelo disponible y
la insuficiencia de vivienda pública son factores determinantes de la situación
actual, resulta difícil entender por qué el editorial evita cualquier
referencia a la gestión del Gobierno regional. Un análisis serio debería
evaluar todas las administraciones implicadas y no únicamente aquellas que
encajan en una determinada narrativa política.
La vivienda
es un problema complejo que no puede explicarse mediante un único responsable.
Reducir ocho años de dificultades de acceso a la vivienda a la actuación del
Gobierno central supone ignorar competencias autonómicas y municipales
esenciales. Más que un ejercicio periodístico de análisis, el texto parece un
alegato político orientado a señalar culpables previamente seleccionados.
Precisamente
por ello, la ausencia de cualquier crítica al Ejecutivo cántabro alimenta una
percepción cada vez más extendida entre muchos lectores, que ALERTA actúa en
ocasiones más como un boletín de apoyo al Partido Popular que como un medio
dispuesto a someter a escrutinio a todas las administraciones con el mismo
nivel de exigencia.
La
credibilidad de un periódico no se mide por la contundencia de sus opiniones,
sino por su capacidad para aplicar el mismo criterio crítico a todos los
poderes públicos. En esta ocasión, el editorial no supera esa prueba.
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