Cortiguera o la vergüenza cultural de Santander, cuando la iniciativa privada tapa el vacío público

 

Hay noticias que, más que celebrar, obligan a preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí. El anuncio del delegado del Gobierno en Cantabria de que Okuda San Miguel impulsará la transformación del Palacete de Cortiguera en un centro cultural de referencia ha caído como un jarro de agua fría… pero no por el proyecto en sí, sino por lo que deja en evidencia.

Durante años, el Palacio de Cortiguera - propiedad del Ministerio del Interior - ha estado al alcance del Ayuntamiento de Santander. Bastaba voluntad política, capacidad de diálogo y una mínima ambición cultural para haberlo recuperado. No ha ocurrido. Y el resultado ha sido visible para cualquiera que haya pasado por la calle José Ramón López-Dóriga, abandono, deterioro y una imagen impropia de una ciudad que presume de vocación cultural.

Mientras tanto, los santanderinos hemos asistido con resignación a la degradación de un edificio singular en un entorno privilegiado, sin que el Ayuntamiento ni el Gobierno central hayan sido capaces de articular una solución, convirtiendo a Cortiguera en un símbolo incómodo, el de la inacción institucional.

Paradójicamente, ha tenido que ser una iniciativa vinculada al ámbito privado la que reactive el futuro del espacio. Una operación que, además, encaja con otras apuestas recientes como Faro Santander o el Centro Reina Sofía – Archivo Lafuente, impulsadas con entusiasmo por las administraciones locales y autonómicas, proyectos relevantes, sí, pero que comparten un patrón, el protagonismo de actores privados frente a la falta de una estrategia pública sólida.

A los responsables políticos de Cantabria se les llena la boca hablando de cultura, pero el relato se sostiene - en demasiadas ocasiones - sobre iniciativas ajenas, mientras que entre tanto, espacios como Cortiguera - quizá menos mediáticos, pero fundamentales para construir un tejido cultural amplio y diverso - se dejan morir lentamente. No es una excepción, es el síntoma de una política cultural que ha brillado más por su ausencia que por su planificación.

Ahora que surge una oportunidad real para devolver la vida a Cortiguera, conviene decirlo sin rodeos, no es el Ayuntamiento quien lidera el cambio, es quien llega tarde, y llegar tarde en cultura tiene un coste elevado, porque el tiempo perdido rara vez se recupera.

La posible implicación de Okuda no solo aporta visibilidad internacional, sino algo que ha faltado durante años, contemporaneidad, capacidad de conexión con nuevos públicos y una visión abierta del hecho cultural justo al contrario de la inercia que ha marcado la gestión municipal en este ámbito.

Por eso, la noticia es doble, por un lado, una buena noticia para Santander, la recuperación de un espacio olvidado y su transformación en un proyecto vivo, y por otra, un espejo incómodo para quienes han tenido la responsabilidad de evitar que Cortiguera llegara a este punto.

Quizá estemos ante la última oportunidad para corregir el rumbo, porque si algo deja claro este episodio es que el problema no era la falta de espacios, sino la falta de voluntad. Y si el Ayuntamiento no toma nota, volverá a confirmarse un modelo ya demasiado conocido, dejar pasar las oportunidades hasta que otros las convierten en realidad.

El Bocal tiene responsables con nombres y apellidos

 

Lo ocurrido en la pasarela de El Bocal, de Santander, ya no admite eufemismos. El informe pericial ha desmontado cualquier intento de presentar la tragedia como un accidente inevitable. No lo fue.

 Fue el resultado directo de la negligencia acumulada de varias administraciones públicas que, durante años, miraron hacia otro lado mientras una infraestructura se degradaba a ojos de cualquiera. 

 El dictamen técnico es demoledor: corrosión avanzada, materiales inadecuados para un entorno marino, ausencia de mantenimiento estructural y un diseño incapaz de resistir el fallo de un solo elemento. En otras palabras, una estructura condenada si nadie intervenía, y nadie intervino.

 Aquí es donde hay que dejar de hablar en abstracto y empezar a señalar responsabilidades concretas.

 La Demarcación de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) no puede eludir su papel. Si la infraestructura estaba bajo su ámbito competencial - como ocurre en buena parte del litoral - su obligación era clara, inspeccionar, mantener o, en su defecto, cerrar. No hizo ni una cosa ni la otra.

 El Ayuntamiento de Santander, por su parte, tampoco puede esconderse, aunque no fuera titular directo, sí era la administración más cercana al ciudadano, conocedora del estado de la pasarela y responsable de velar por la seguridad en su municipio. La inacción, en este contexto, también es responsabilidad.

 El Gobierno de Cantabria tampoco queda al margen, su papel de supervisión, coordinación y garantía de la seguridad en infraestructuras públicas no puede reducirse a una presencia institucional tras la tragedia, porque la prevención es también una obligación política.

 Y junto a las administraciones, surge otra cuestión incómoda la de preguntarse ¿Dónde estaban los controles técnicos?.

La corrosión que describe el informe no aparece en semanas, sin ninguna duda, es el resultado de años de abandono. Años en los que nadie - o quienes debían hacerlo - decidieron mirar hacia donde no convenía.

 Lo más grave no es solo el fallo técnico. Es el fallo del sistema, un sistema en el que se inauguran infraestructuras, pero no se mantienen. En el que las competencias se fragmentan hasta diluir la responsabilidad, en el que nadie actúa… hasta que ocurre una tragedia.

 Y entonces, como siempre, llegan las declaraciones, los minutos de silencio y las promesas de investigación.

 Pero esta vez no debería bastar, porque el informe pericial es claro: ERA INEVITABLE, y cuando algo es evitable y aun así ocurre, deja de ser un accidente para convertirse en una responsabilidad.

 Ahora toca algo más que explicaciones, toca depurar responsabilidades hasta el final toca saber quién decidió no actuar, toca asumir que la omisión también mata.

 El Bocal no puede cerrarse en falso, porque si no hay consecuencias, el siguiente fallo estructural no será una sorpresa, será una repetición.

Las vallas de Santander tapan años de dejadez

 

Santander se está llenando de vallas, cintas de precinto y señales de “prohibido el paso”, que dibujan una ciudad que ha pasado de la normalidad, a la sospecha sobre sus propios espacios públicos.                        

Hoy el mapa urbano puede leerse a través de sus cierres, paseos interrumpidos, pasarelas clausuradas, accesos restringidos, zonas emblemáticas bajo revisión - como los bajos de Sardinero – permitiendo que la valla, deje de ser un elemento provisional para convertirse en un mensaje claro de que algo no se revisó a tiempo. 

Todo se aceleró tras lo ocurrido en El Bocal, pero el problema venía de antes. El mantenimiento, esa política silenciosa que no se ve, ha fallado, y cuando falla lo hace de golpe.                                                                                                                                     

Las inspecciones y cierres actuales son necesarios, incluso obligados, pero también evidencian un cambio brusco, el de no haber actuado hasta que el riesgo ya es evidente, a cerrar ante la mínima duda, y ese giro, aunque correcto, tiene un coste, la pérdida de confianza.  Hoy el ciudadano mira distinto su ciudad, donde antes había rutina, ahora hay preguntas: “¿desde cuándo estaba esto así?”.                                                                 

Las vallas caerán y los espacios se reabrirán, pero Santander debería quedarse con una lección clara, el mantenimiento no puede ser reactivo, porque cuando llega tarde, no solo se cierran espacios, también se resiente la confianza.

Alcaldesa, narrar el dolor no basta, la verdad exige hechos

Llevamos más de un mes desde que seis jóvenes murieron en el Bocal de la senda costera de Santander. Seis. Y ha tenido que pasar todo este tiempo para que la alcaldesa, Gema Igual, publique en el Diario Montañés un artículo en el que nos habla de dolor y verdad.

Dice que cada día se asoma al precipicio del dolor. Yo la recuerdo, con todo el respeto que merece el cargo que ocupa, que el precipicio real fue el del Bocal, y que quienes cayeron por él, no lo hicieron metafóricamente.

Dice que cada mañana empieza pidiendo serenidad y reclamando que se conozca la verdad, y lo dice como si esa verdad fuera algo ajeno a ella, algo que está ahí fuera esperando a ser descubierto, como si el Ayuntamiento que preside no fuera parte fundamental de la historia que hay que explicar.

Porque la verdad, alcaldesa, no está tan lejos. Está en el estado en el que se encontraba esa pasarela, en los materiales con los que fue construida, en los años que pasaron sin que nadie le dedicara la atención, el tiempo y el presupuesto que necesitaba una infraestructura junto al mar, sometida a condiciones climatológicas exigentes que sin duda alguna requería un mantenimiento serio y continuado, que no lo tuvo.

En las últimas semanas hemos leído muchas páginas de periódico con referencias a la Confederación Hidrográfica del Norte. Puede que la Confederación tenga también responsabilidades que responder, y los tribunales lo determinarán. Pero señalar hacia otro lado no es buscar la verdad, es precisamente, alejarse de ella.

La verdad que las familias merecen no es la que más convenga políticamente. Es la que explique, sin eufemismos, qué falló, cuándo empezó a fallar, quién lo sabía y qué se hizo al respecto. Esa verdad incluye al Ayuntamiento, incluye a quienes tuvieron responsabilidad en el mantenimiento de la senda costera durante estos años. Y apelar ahora al compromiso con las familias, después de semanas de relato institucional, suena a poco si no va acompañado de una transparencia real y sin condiciones.

No hace falta esperar a las sentencias judiciales para reconocer lo evidente, hubo un fallo de mantenimiento grave, con consecuencias irreparables, los juzgados pondrán blanco sobre negro las responsabilidades penales y civiles. Pero la responsabilidad política no necesita sentencia, se ejerce, o no se ejerce, cada día desde el cargo.

Santander lleva semanas llenándose de vallas, pasarelas clausuradas, miradores cerrados, - el Sardinero precintado - y en cada caso siempre surge la misma pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba esto así?, y si alguien lo sabía.

Lo que ha cambiado no es solo el estado de las infraestructuras, es la confianza de los vecinos, en quienes tienen la obligación de cuidar los espacios de todos, esa confianza que no se recupera con columnas en el periódico, se recupera con hechos, con transparencia y con la honestidad de asumir lo que corresponde asumir

 

Alguien avisó, la tragedia de la pasarela del Bocal que pudo evitarse

Antes de cualquier análisis, lo primero es lo primero: mis más profundas condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en la senda del litoral, en la maldita pasarela del Bocal. Nadie puede imaginar el dolor que están atravesando. Y precisamente por respeto a ese dolor, lo ocurrido no puede quedar reducido a un simple intercambio de declaraciones políticas. Porque lo que sabemos hasta ahora es profundamente inquietante.

Un ciudadano alertó del peligro. No se trataba de una sospecha vaga, advirtió que la pasarela se movía y que podía caerse. Es decir, alguien vio el riesgo y lo comunicó. El sistema fue advertido.

Cuando un ciudadano llama para avisar de un posible colapso estructural, el principio de precaución debería activarse automáticamente. El 112 no es solo un teléfono, es el centro neurálgico de la respuesta ante emergencias. Desde allí, los protocolos deberían permitir activar simultáneamente a la Policía Local, a los servicios técnicos municipales y, especialmente, al Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos son los especialistas en evaluar riesgos de derrumbe en primer lugar, son quienes pueden determinar si una estructura es segura o si debe cerrarse de inmediato. Y aquí surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, si la zona se hubiera cerrado a tiempo, ¿estaríamos hoy hablando de víctimas mortales?

Porque impedir el acceso a la pasarela habría sido una medida sencilla si el riesgo se hubiese considerado con la gravedad que merece cualquier aviso de este tipo. Además, la coordinación entre servicios no debería terminar con la simple transmisión del aviso. Un sistema de emergencias eficaz no solo comunica, también verifica que el mensaje ha sido recibido y que el recurso correspondiente ha sido activado. En situaciones de riesgo, cada eslabón de la cadena importa.

Ahora corresponde al juzgado esclarecer lo ocurrido. Será necesario revisar registros informáticos, escuchar las grabaciones de la llamada y analizar toda la cadena de decisiones. Habrá que determinar si hubo una mala valoración del riesgo, un fallo de comunicación entre el 112 y los servicios municipales, una ausencia injustificada de bomberos o incluso un incumplimiento de los protocolos de emergencia. En definitiva, si estamos ante un error humano, un fallo del sistema o una negligencia.

Pero mientras la justicia investiga, hay algo que no admite demora,  revisar y mejorar de inmediato los protocolos de coordinación entre los servicios de emergencia y las administraciones responsables.

Y, por supuesto, dejar de lado el espectáculo político que suele seguir a cada tragedia. Los ciudadanos no necesitan ver a responsables públicos cruzándose reproches en rueda de prensa.

Necesitan saber qué falló y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Cuando las instituciones fallan en algo tan básico como prevenir un riesgo que había sido advertido, la confianza pública se resquebraja, y recuperar esa confianza exige algo más que explicaciones. Exige responsabilidades.

Entre ellas, la dimisión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Porque gobernar también significa asumir las consecuencias cuando los sistemas que dependen de la administración no funcionan como deberían.

Santander 2026: promesas en conserva

 

El pasado 7 de enero, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, decidió que dos páginas de El Diario Montañés eran el espacio adecuado para recordar a la ciudadanía todo lo que, supuestamente, piensa hacer… algún día. A mitad de mandato, eso sí. Un detalle menor.

El ejercicio fue el de siempre: mezclar proyectos locales con iniciativas regionales y estatales, agitarlo todo bien y presentarlo como gestión propia. Así, aparecieron en el mismo saco el Reina Sofía–Archivo Lafuente, el Faro de Santander del Banco de Santander o el Parque Científico, como si el presupuesto municipal hubiera pagado algo más que licencias y trámites administrativos.

También hubo sitio para las obras “eternas”: Gamazo, Puerto Chico, la Horadada, REMA… esas que se anuncian en bucle porque nunca terminan de llegar. Obras necesarias, sin duda, pero tan aplazadas que ya forman parte del paisaje electoral.

No faltaron las promesas imprecisas: el PGOU, el recinto ferial con fecha aplazada a 2027, Mataleñas y su conflicto permanente con los vecinos de Cueto, viviendas sociales en El Alisal, la integración ferroviaria, el Racing y, como novedad, un aparcamiento disuasorio en la S-20 del que no se sabe nada, salvo que queda muy bien en un titular.

En resumen, un catálogo de promesas en conserva, recicladas legislatura tras legislatura, que sirven más para llenar páginas de prensa que para transformar la ciudad. A mitad de mandato, la alcaldesa no presentó un balance de gestión, sino un avance de campaña. Otra vez.

La Marea Vecinal Despierta: Santander exige ser escuchada

La marea vecinal de Santander ha dicho “basta” al modelo de ciudad que, según denuncian, la alcaldesa Gema Igual y su equipo están imponiendo sin diálogo ni participación ciudadana. Con esta contundencia,numerosas asociaciones de vecinos han anunciado una campaña de movilizaciones y denuncias, que ya ha comenzado a tomar forma con dos conflictos recientes, el intento municipal de habilitar un aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, y la instalación de un McDonald’s en Puerto Chico, que los vecinos consideran incompatible con el compromiso previo de respetar la identidad histórica de La Plazuca del Pescado durante la rehabilitación del mercado.

No es la primera vez que el movimiento vecinal se une ante decisiones municipales que afectan de lleno al urbanismo y al turismo. Las asociaciones lamentan enterarse por la prensa de proyectos que transforman sus barrios, cuando —recuerdan— tienen derecho a ser informadas y consultadas antes de que los hechos estén consumados.

A ello se suma una lista cada vez más larga de quejas que los vecinos consideran olvidadas: problemas de limpieza en los barrios, presencia de ratas, inundaciones recurrentes con lluvias moderadas, desigualdades en el trato entre zonas de la ciudad o los desencuentros del Ayuntamiento con otras administraciones por asuntos como La Horadada, La Remonta o los Galeones de Vital Alsar. Todo ello conforma un panorama de asuntos sin resolver que, a juicio de los vecinos, requieren consenso político y participación ciudadana real.

El sentimiento de abandono también se acentúa en lugares como el Cabildo de Arriba o el Sardinero, donde el paso del tiempo no trae soluciones, sino actuaciones puntuales que, según denuncian los residentes, no abordan los problemas estructurales: un derribo aislado, una mano de pintura en una verja… y poco más.

Resulta llamativo que un movimiento ciudadano que durante décadas fue ejemplo de participación activa en el Ayuntamiento, hoy se vea obligado a recurrir a la movilización para hacerse escuchar. Las asociaciones señalan otras ciudades —como Barcelona— como ejemplo de que es posible gobernar teniendo en cuenta la opinión de los vecinos en materias tan decisivas como las viviendas turísticas, la movilidad, el urbanismo, el espacio público o las terrazas.

Comparto plenamente la reivindicación de estas asociaciones: esta movilización no nace de intereses partidistas, sino del deseo legítimo de que los barrios y sus habitantes tengan voz. Los partidos —también los de la oposición— deben atender ese clamor ciudadano. Pero es la alcaldesa Gema Igual, y el Partido Popular tras tantos años en el gobierno municipal, quienes más deben garantizar que Santander no se gobierne de espaldas a los santanderinos.

No sale de una cuando se mete en otra

 La alcaldesa de Santander parece empeñada en tropezar una y otra vez con la misma piedra. Ahora, su última cruzada consiste en oponerse con uñas y dientes a que el recinto de La Magdalena sea reconocido como Lugar de Memoria Histórica, concretamente las Caballerizas, que durante la Guerra Civil funcionaron como campo de concentración para más de 4.000 personas.

El argumento con el que trata de justificar su negativa no puede ser más insultante: que esta iniciativa “confronta a los ciudadanos de Santander”. Una excusa tan pobre como peligrosa, que pretende ocultar el verdadero motivo: negar el reconocimiento a las víctimas y borrar una parte incómoda de la historia.

Y, como si no bastara, la alcaldesa sigue empeñada en cerrar el diálogo. Lo demuestra también su negativa a que el Proyecto de Reforma de los Campos de Sport de El Sardinero sea analizado junto a los partidos de la oposición y otras entidades vinculadas al fútbol. Todo apunta a un intento de monopolizar el futuro negocio del Racing y rentabilizarlo políticamente en exclusiva.

Mientras tanto, los trabajadores municipales continúan movilizándose una y otra vez, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados hace tiempo. La respuesta del equipo de gobierno del PP: el silencio. Ni diálogo, ni soluciones.

A ello se suma la gestión cuestionada del SMTU, que incluso ha sido puesta bajo la lupa de la Agencia Española de Protección de Datos. Y el tiempo pasa, sin que la alcaldesa mueva un dedo.

El Ayuntamiento de Santander, bajo el mandato del Partido Popular, se ha convertido en una hacienda particular, donde solo vale su palabra. Se impone el autoritarismo político, el desprecio al diálogo y la falta de respeto democrático.

No solo con la oposición, sino también con los movimientos vecinales y sociales, que se ven obligados a recurrir a la movilización en la calle para que sus propuestas sean escuchadas.

Y no será porque no haya problemas urgentes. La limpieza viaria y la recogida de basuras, servicios públicos esenciales, llevan tres años bajo contratos de emergencia plagados de sobrecostes e incumplimientos, para acabar ahora en otro contrato temporal de 230 millones de euros y 10 años de duración. Una gestión que huele —y no precisamente a limpio—.

A ello se suma la deuda en parques y jardines, cifrada en siete millones de euros según el PSOE, y la continua falta de planificación en la renovación de contenedores soterrados. La ciudad acumula baches, deudas y un deterioro evidente de los servicios públicos.

Mientras tanto, el PP ya anuncia los presupuestos del próximo año sin consenso político alguno, en una línea continuista que perpetúa los mismos errores: falta de diálogo, improvisación y una gestión orientada más a la foto que a las soluciones.

Esa es la realidad del Santander de hoy: una ciudad gobernada por Gema Igual, más preocupada por salir en la foto que por gobernar con sentido común. Una alcaldesa entregada al fasto y al negocio, incapaz de ofrecer políticas serias en turismo, vivienda o empleo, más allá de las soflamas de siempre y las campañas de autopromoción.

El tiempo pasa, los problemas se agravan… y la ciudadanía sigue esperando un gobierno que escuche, dialogue y gobierne para todos.

La alcaldesa de Santander avanza gracias al colchón de Vox

 

El pasado domingo, el periodista Jesús Serrera, en su habitual editorial en El Diario Montañés, trazaba con acierto una relación de los muchos asuntos que siguen pendientes en la gestión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Una lista amplia, reflejo de problemas políticos mal-resueltos que, lejos de reforzar su imagen, amenazan con restarle reconocimiento ciudadano y, en consecuencia, generar cierto estancamiento de cara a las próximas elecciones.

Conviene precisar que Serrera no fue más allá: se limitó a exponer esos asuntos y a insinuar, con la elegancia que le caracteriza, la posibilidad de que el futuro de Igual pudiera orientarse hacia espacios políticos de ámbito nacional de la mano del presidente Feijoo.

Lo cierto es que la falta de eficacia en el Ayuntamiento tiene una raíz evidente: la ausencia de diálogo real entre el PP y el resto de formaciones políticas. Existe una mayoría tácita, tejida entre PP y Vox, que sin ser explícita opera como un colchón de seguridad para la alcaldesa. Igual sabe bien que, sobre todo en los momentos críticos, Vox no la dejará caer. Esa dinámica, sin embargo, ha desactivado en buena medida el frente común que en su día pudieron articular PSOE, PRC e IU, debilitando así su capacidad de propuesta y fiscalización.

El resultado es un escenario en el que el PP gobierna con relativa comodidad, amparado en esa alianza implícita, pero al precio de asumir un riesgo político calculado: avanzar sin consenso y con la oposición cada vez más fragmentada.

Desde esa posición de tranquilidad, no extraña que Santander esté como está: con retrasos alarmantes en materia de limpieza pública, denunciados una y otra vez no solo por la oposición sino también por movimientos sociales; con actitudes soberbias en asuntos como la rehabilitación de los Galeones de Vital Alsar; con decisiones polémicas como el aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, rechazado por vecinos de Cueto; o con el malestar de los residentes del Sardinero, que denuncian tanto el retraso en obras como los Jardines de Piquio como la degradación de la zona, convertida —según ellos— en una ruina de cemento. A ello se suma la reciente postura vergonzosa frente a la propuesta de convertir La Marinera en un himno reconocido por todos los santanderinos.

No se trata solo de una gestión ineficaz: pesan también los silencios. Silencios incómodos como diputada regional, un cargo que Igual parece ocupar más como reclamo electoral que como compromiso político real. En cuestiones clave como la vivienda, el turismo —con un crecimiento preocupante— o la revisión de impuestos vinculados a las basuras, su actitud ha sido de un silencio que muchos califican de vergonzoso.

El tiempo corre y nada apunta a un cambio de rumbo. La corporación municipal permanece prácticamente paralizada, mientras la oposición se limita a gestos de cara a la galería: el PRC con vídeos y el PSOE apuntándose tantos al margen del consenso, como en el caso de La Marinera.

Jesús Serrera, sin querer o queriendo, ha marcado la pauta de lo que podría ser un auténtico programa de acción municipal. A la oposición le convendría repensar estos asuntos si de verdad aspira a disputarle al Partido Popular el gobierno de Santander.

Del metrobús a la pista de hielo en las cocheras municipales

La sección sindical de USO en el Servicio Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Cantabria por "una serie de accidentes" ocurridos en las cocheras ubicadas en Peñacastillo, que atribuye al "alto grado de deslizamiento" del pavimento colocado en las instalaciones.

Según el sindicato, el "defectuoso" suelo empeora cuando se moja, bien por la lluvia o por el lavado de los vehículos, a lo que se suman restos de aceite u otras sustancias. "Es una auténtica pista de hielo", ha lamentado USO en un comunicado.

El sindicato, que tiene representación tanto en el comité de empresa como en el comité de Seguridad y Salud, asegura que ha habido diversos accidentes que "por fortuna" solo han provocado lesiones leves a los afectados.

Y ha subrayado que lleva "años" denunciando la situación ante la dirección del SMTU para que ponga solución, pero "solo ha recibido por respuesta la instalación de carteles de limitación de velocidad máxima a 10 kilómetros por hora".

Algo que "no solo es echar culpa a que los conductores van rápido, sino que es tapar el evidente problema que ellos han generado desde la misma construcción de la nave, pues no se tiene conocimiento que en otro lugar en toda España este problema sea fruto de debate", ha sentenciado USO.

Además, ha criticado que la dirección "alarga el problema con experimentos de rallado en pequeños trozos de la nave mientras los accidentes se siguen produciendo", cuando en su opinión "solo se ha de copiar la solución que en otros servicios similares han adoptado".

eldiariocantabria.es 

El Juzgado de lo Social suspende cautelarmente los caprichos de UGT

 

En el Ayuntamiento de Santander no se van a repetir las elecciones sindicales - celebradas el 29 de marzo - acabando por ahora con la “fantasía” de UGT, que, de forma necia, ha pretendido enredar a la Junta de Personal, solo por el mero hecho de haber cedido el primer puesto

Según informa la sección sindical de USO, la UGT en un alarde de interés exageramente paritario, ha pretendido aplicar, para la  confección de las listas electorales, los criterios de igualdad al que se someten las elecciones generales, autonómicas en algunos casos municipales, para asi enredar a la mesa electoral, - incluso amenazándola con demandas judiciales - y siempre con el amparo del árbitro , quien no ha tenido el menor escrúpulo de dictar laudos, que por ahora, solo han quedado en la basura.   

La UGT se había empeñado en que todas las candidaturas electorales que concurrieron a las elecciones de todos los sindicatos – menos la suya – eran ilegales, por lo que se tenían que repetir, y hacerlo solo con la única candidatura que supuestamente guardaba los criterios de paridad que exigía la ley, vamos la suya casi en exclusividad, pleno para la UGT, y viva la democracia.

Menos mal que la mesa electoral no se ha dejado liar, y con buen criterio “La normativa legal no impone obligación de presentación de candidaturas equilibrada…” ha esperado a conocer el auto judicial que devuelve al corral el laudo arbitral, quedando a la espera de posibles sentencias judiciales en el caso que persista el empecinamiento de la UGT.

Ahora, lo que es de nota, es la doble vara de medir que tiene este sindicato a la hora de aplicar los criterios de igualdad que dice defender. En el Ayuntamiento de Santander paridad solo pero solo en la junta de personal, en laborales pasaron de igualdad, y no conforme con ello, como quedo demostrado en el juzgado, el sindicato socialista viene presentando candidaturas en Cantabria a diestro y siniestro sin guardar el criterio alguno de igualdad.

Y mientras tanto la Junta de Personal sin constituirse y a la espera de que el ayuntamiento convoque a los representantes sindicales electos para iniciar la mucha faena que queda por hacer en este recién mandato sindical que debió iniciarse el pasado mes de marzo.

Desde la supuesta información a la propaganda electoral solo hay un paso

 Y es el que da la alcaldesa Gema Igual, con la carta que hace unos dias nos ha mandado a todos los santanderinos, anunciándonos una bajada fiscal, como si tal iniciativa fuera una cosa de ella, - y como diría el otro, por consiguiente - del Partido Popular.

Por mas que esta carta se disfrace “supuestamente informativa”, lo que nos dice es que votando a la alcaldesa se garantiza una “bajada de la presión fiscal para las familias numerosas y colectivos más desfavorecidos”, una soflama genérica

, que por si cuela, deja a la carta, con un cierto olor a política social, y con ello un lavado de cara de un partido que en su ideología y práctica política, no hace mas que favorecer a los que más tienen y recortar derechos a todos los niveles, a nada que consiguen el poder.

Y ahora cabe preguntarse, si este afán solidario no tiene que ver con decisiones de toda la corporación, de todos los partidos políticos, que someten a votación, en este caso la política presupuestaria. Perdón me olvidaba que en el ayuntamiento llevan tiempo sin aprobar los presupuestos municipales por el mal rollo entre el PP y Ciudadanos.

Entonces si la corporación municipal no esta hablando de dineros, como es posible anunciar para el año 2023, bajadas de IBI, reducciones impositivas en tasas para locales, abonos TUS, congelaciones de precios para cursos, la OLA entre otros. 

Eso sí, el palo de las subidas, para el agua y el alcantarillado que según Gema Igual no van a dejar de subir tampoco este año. Para estas tasas, solo el beneficio para Aqualia y un anuncio de limosna municipal para ayudar en el gasto de familias con escasos ingresos.

Conclusión una carta ridícula, llena de propaganda del PP, e inútil para los santanderinos.

Al Ayuntamiento de Santander le corre prisa pintar y de paso hacerlo barato

 

Pinta rápido que vienen los turistas. Eso es lo que ha debido pensar la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual cuando ha encargado pintar las barandillas y pilares del Sardinero, aunque el resultado haya sido una soberana chapuza de tomo y lomo.

Dale que se echa el tiempo encima, y el escaparate de las playas tiene que lucir bonito para el turista, y de paso, servir de propaganda electoral del próximo 28 de mayo, que no vamos muy sobrados en el Partido Popular.

Esta parece haya sido la conclusión de un trabajo encargado por el ayuntamiento, que según me cuentan los representantes sindicales se viene realizando desde hace muchos años. Trabajos encargados como complemento de otros, y que son realizados al margen de la plantilla del personal municipal fijo, aunque en este caso, el diario montañés lo haya situado en una chapuza de operarios municipales, y no, con trabajadores de alguna de las empresas que contratan con el ayuntamiento, como compensación por un contrato millonario.

De esta forma de proceder, se desprende la nula profesionalidad de estos trabajadores, que no son pintores profesionales, y que sustituyen a los trabajadores municipales, que durante años han venido realizando esta función con plena solvencia.

Y visto lo visto, los representantes sindicales le han puesto deberes a la alcaldesa, para que aclare.

Primero que no son los trabajadores del ayuntamiento quienes han hecho semejante chapuza, segundo, explique porque encarga a otras empresas los trabajos que bien pudieran hacer los del propio ayuntamiento, a no ser que quiera deshacerse del servicio de talleres, privatizando todo por oscuros intereses, tercero quien controla el trabajo que pagamos todos los  santanderinos cuando este se privatiza, cuarto porque se permite el uso de anagramas y logotipos propios del ayuntamiento en ropa de trabajo y furgonetas otras empresas privadas que realizan el trabajo encargado por el ayuntamiento -como en este caso – generando las dudas y criticas ciudadanas ante trabajos de muy baja calidad, y por ultimo declare con voz bien alta, que los trabajadores municipales son magníficos profesionales y de muy alta cualificación profesional.

Donde dije digo, digo diego, y Urbaser vuelve al negocio de los parques y jardines con nuevo nombre ahora Légamo Infraestructura Verde SL.

En agosto pasado se decía en la prensa que el Ayuntamiento de Santander había aprobado una reclamación por daños y perjuicios de 3.272.405 euros a la UTE Jardines Santander (formada por Urbaser y Contratas Piñera) por el incumplimiento de las condiciones del contrato del mantenimiento de parques y jardines. Reclamación fruto de una revisión de la Interventor General del Ayuntamiento de Santander al contrato de servicios correspondiente al periodo 2012 – 2018.

Pero según parece eran otros tiempos, qué más da, que la Intervención General denunciase en su día, “opacidad interesada de Urbaser” a la hora de entregar la documentación requerida, o lo que es peor, la ausencia de la misma en las dependencias del Servicio, o que fuera el Jefe de Servicio quien elaborase el pliego técnico por importe de 8.704.107 millones de euros, y a la vez emitiera el informe técnico de valoración de las ofertas y supervisara las facturas, o que colocara a la Directora General de Medio Ambiente como invitada de piedra, ante la supervisión de este contrato tan importante.

A nada que echamos la vista atrás en este asunto, no se hace mas que recoger problemas y mas problemas a la hora de gestionar este servicio. Son muchos los problemas recogidos y a todos los niveles, organizativos, de plantilla donde se ha llegado a decir, que los “empleados que trabajaban en el servicio era menor que el número de trabajadores ofertados en régimen de jornada completa”, económicos vinculados a los costes salariales, en equipamiento, imposible según la intervención justificar lo ejecutado entre otros en  la renovación de vehículos, maquinaria, equipamiento informático, todo ello perfectamente comprometido en el pliego de condiciones por cantidades muy importantes y valorado en mas de d0s millones de euros.

Pues nada de esto parece importante a la hora de volver a contratar el nuevo “Servicio integral de conservación, limpieza y mantenimiento de los parques públicos y en general de la infraestructura verde del Ayuntamiento de Santander”, porque si no se remedia, este contrato tan importante en sus cantidades volverá a recaer en el Grupo Urbaser a través de la empresa “Légamo Infraestructura Verde SL”.

Según me cuentan la mesa de contratación se ha reunido hace unos dias, y ya tiene valorado para esta empresa de Urbaser la máxima puntuación con 93,98 puntos, y con un presupuesto de casi 39 millones de euros, una puntuación que deja muy lejos a las otras cinco empresas que finalmente concurrieron a la contrata.

En fin, otro lio más para la alcaldesa Gema Igual, de la que a estas alturas poco se puede esperar, no asi, de la oposición que esperemos tome riendas en este asunto y ponga orden en esta nueva contratación. 51 millones de euros para cuatro años, prorrogable por uno más, bien merecen la atención más allá   de los trámites administrativos. 

El concejal Nalda no hace más que de “celestina” para UGT, CCOO y CSIF

 

Dicen los sindicatos UGT, CCOO y CISF que “están satisfechos con la sentencia” del tribunal supremo, que excluye la presencia de APLB - USO a la mesa de Asuntos Comunes, exclusión que aísla la voz del 20% de unos 250 empleados públicos del Ayuntamiento de Santander, que representan ambos sindicatos y que en su día fue aceptada por el Tribunal Superior de Cantabria y la Dirección General de Trabajo.

Sentencia dictada en apenas tres meses, que confronta con otras decisiones jurídicas y políticas, como las otorgadas, entre otras, a la UGT que se apropiaron de la representación de los sindicatos minero SOMA y de ACAIP de prisiones, conservando ambos la representación a efectos de una posible reversión.

Dice el Tribunal Supremo que no es posible aceptar la fusión de ambos sindicatos, a los efectos de establecer el computo de representación, porque desvirtuaría el resultado electoral al haber concurrido por separado a las elecciones. Y yo me pregunto sino se desvirtúan las elecciones, políticas y municipales cuando una vez celebradas, se prestan diputados y concejales entre los partidos, a efectos de constituir grupos políticos, para con ello obtener fuertes prebendas económicas y de representación. ¿Eso no es desvirtuar el resultado electoral?

Porque tanto agravio comparativo, porque se empeña el tribunal en cerrar la voz a los sindicatos minoritarios, porque no se pone orden, a los temas de representación sindical, actualmente basada en la Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 1985, en su día pactada entre el PSOE y la UGT.

La conjura de los necios 

Hoy aplaude el concejal Nalda esta sentencia, como si hubiera obtenido un triunfo jurídico de importancia. Y se equivoca una vez más, porque lo único que esta consiguiendo es hacer de celestina de estos sindicatos, y especialmente de algún que otro representante sindical, que a la postre, competirá con él, si al final lo meten en la lista del Partido Popular.

Pero no estaría demás, que el Ayuntamiento le diera una vuelta al conjunto de las demandas y resoluciones judiciales, más allá de esta sentencia. El Ayuntamiento ha sido advertido, por parte de la USO, que ante una nueva composición de la mesa general que excluya a APLB - USO, el sindicato volvería a demandar por incumplimiento de sentencia, en este caso, por la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 68/2022 de 18 de febrero, por cierto no recurrida ni anulada, incluso aceptada por Resolución firme del propio concejal Nalda. Sentencia que el pasado seis de junio volvió a ratificar el TSJC a través de un Auto “declarando el derecho de USO a asistir con plenitud de derechos a las mesas de negociación de asuntos comunes, de personal laboral y funcionarios”

Y mientras tanto va pasando el tiempo, que es lo que parece le interesa al contubernio sindical y municipal representado por Nalda, aunque la USO no parece vaya a cejar en su empeño de representar a los empleados públicos, aunque para ello tenga que volver a demandar los agravios que le están dando.

Hasta cuándo va a durar la desvergüenza en la gestión municipal del Ayuntamiento de Santander

Por más que se empeñe el Partido Popular en tapar sus vergüenzas en el Ayuntamiento de Santander, siempre le van a seguir, al menos en esta legislatura. Son demasiados los problemas que estamos padeciendo los santanderinos sin que a la fecha ninguno de sus concejales – alcaldesa incluida – haya asumido alguna responsabilidad.

La lista tremenda, y el coste económico enorme como se ha demostrado en las revisiones de las cuentas municipales. A saber:

El consabido y muy discutido asunto de las basuras que le tiene temblando al propio ayuntamiento, por si ASCAN ganase el pleito y les metiera un buen meneo a las cuentas municipales, y mientras tanto CESPA afanándose en limpiar la ciudad, con un éxito relativo, pidiendo y más pidiendo recursos de todo y tipo, haciendo bueno uno de los argumentos de ASCAN. La licencia de limpieza fue concedida a precio de ganga. Y junto a esta situación esperpéntica, la cacareada Comisión de Investigación, como si con ella se pudiese a corto plazo con tanto desatino.

Las reiteradas reclamaciones – especialmente del PRC - para que se haga público el famoso informe de los “técnicos” sobre el mini zoo de la magdalena, - ahora en duda de que este encargado – mientras que las condiciones de salubridad, en las que viven los animales siguen y siguen deteriorándose. Y en este orden de limpieza los reiterados avisos que, desde Unidas por Santander, viene denunciando por la formación de nuevos vertederos incontrolados de basura.

La falta de constitución del tribunal económico administrativo de apelación de reclamaciones, tribunal que debió estar constituido en 2003 y reclamado por el exconcejal Mantecón en el año 2017, un tribunal que ahora, intentan constituir a toda prisa, no vaya a tener problemas el ayuntamiento con las reclamaciones por impuestos entre otras.

Los problemas entorno a la gestión del Servicio de Parques y Jardines, problemas añejos para un contrato nada despreciable de más de 12 millones de euros, que se mueve en la mesa de contratación a merced del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que según parece ha suspendido el proceso de adjudicación hasta que se aclare la licitación, Problemas administrativos a los que se unen la falta de control municipal, en amortizaciones, compra de materiales y herramientas, de personal, etc.

Qué decir del embrollo en las playas de la Magdalena y Los Peligros, por los espigones y acceso a los arenales, barullo que está confrontando al ayuntamiento con la confederación hidrográfica, y que al final pagaremos los santanderinos. O las broncas en torno a la rehabilitación del Museo de Arte de Santander MAS con incendio incluido, o las escaleras y rampas mecánicas que se rompen con demasiada frecuencia, y solo contestada por el concejal Javier Ceruti a través de una estadística fría, que en nada resuelve las dificultades de movilidad a los ciudadanos especialmente a las personas mayores. O el retraso insoportable en la ejecución del Plan General para la Zona del Cabildo de Arriba, favorecedor del negocio urbanístico y la especulación.

Y qué decir de los 623 millones de euros perdidos, que ahora pretenden recuperar, con motivo de una nueva convocatoria nacional, y que, en nada, ha sido explicado por la alcaldesa por miedo a romper la coalición del PP y Ciudadanos, y ya puestos, las broncas reiteradas de los representantes de los trabajadores, USO “por persecución sindical” colectivo de bomberos, incluso de la Junta de Personal que en reiteradas ocasiones está pidiendo la dimisión del concejal Pedro Nalda.

Y ya puestos, que decir de los presupuestos 2022, imposible de aprobarlos, salvo se pongan de acuerdo la coalición municipal PP – Ciudadanos y Vox, y hagan posible un presupuesto, al que según parece han renunciado todos los concejales, de uno y otro partido, que no hacen más que esperar a que Ciudadanos le dé una patada a la coalición, que al paso que va no le va a quedar ni tiempo.

En fin, un desastre lo que está pasando en nuestro Ayuntamiento de Santander.

 

Al concejal Nalda le gusta “disparar con pólvora del rey”

Esto es lo que hace el bueno de Pedro Nalda, a la hora de ejecutar, de una vez por todas, la “Sentencia  del Juzgado Contencioso – Administrativo N.º 1 de Santander  que desestimaba la vía de hecho del Ayuntamiento de Santander por no convocar a la sección sindical de USO a la mesa de negociación  de funcionarios, y por impedirle  entrar  con plenitud de derechos, con voz y voto, declarando asi que se ha vulnerado el derecho de USO a la libertad sindical del artículo 28 de la Constitución Española” 

Este es el argumento con el que el ayuntamiento, se dispone a dar marcha atrás, en su empecinamiento de dejar fuera de las mesas de representación sindical, a la USO – APLB que con un 20% de los votos en las últimas elecciones, se han encontrado fuera de las Mesas General de funcionarios y Sectoriales y la de Asuntos Comunes que engloba a funcionarios y Laborales, que han venido operando desde el pasado 18 de febrero de 2019. Tres años en los que se han tomado acuerdos y se han favorecido los otros sindicatos, sin que la USO – APLB hayan podido defender sus propuestas y representar debidamente a los funcionarios y laborales que les votaron.

Nunca es tarde para resolver este asunto de legalidad. Pero lo que sí es una vergüenza, es hacerlo cargando sobre el presupuesto municipal - dinero de todos los santanderinos – la solución a tanto desatino y me explico.

Hasta la fecha el concejal Nalda con el concurso de los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y SIEP se habían repartido el “negocio”, repartiéndose los 11 miembros en sendas mesas de negociación, sino las horas sindicales y/o liberaciones entre otras, usurpando los derechos de los sindicatos USO – APLB, que se vieron obligados a recurrir, al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que por fin hasta en dos sentencias han puesto orden, obligando al Ayuntamiento a incorporar a estos sindicatos.

Pues bien, que ha hecho el bueno de Nalda para no molestar a los sindicatos amigos, pues incrementar el número de miembros de las mesas de negociación y asi, donde hasta ahora eran 11 miembros, por “birlibirloque” ahora son 14 en la Mesa General de Funcionarios y 15 en la Mesa General de Asuntos Comunes, dejando contento a todos. Y todo estaría bien, si no fuera porque detrás de estos representantes sindicales, existe un crédito de horas que al final pagamos todos los santanderinos.

Confió que el concejal Nalda tan generoso con sus sindicatos amigos, lo sea también para con la USO – APLB, y le resarza de sus derechos dejados de percibir en estos tres años de ardua lucha sindical, revisando los acuerdos tomados y por supuesto abonando el crédito horario no percibido por estos sindicatos.     

En el Ayuntamiento de Santander “Las horas extras, en el filo de la navaja”

Hace unos dias me llego un comunicado de la Sección Sindical de USO del Ayuntamiento de Santander - Las horas extras, en el filo de la navaja” según parece provocado por la primera de las instrucciones del año del preclaro Pedro Nalda concejal de personal.

Parece que el ayuntamiento pretende resolver los incumplimientos de la jornada de trabajo por parte de “algunos funcionarios”, dando un puñetazo a todos incluyendo aquellos que rigurosamente cumplen con la jornada.

Según parece este concejal es incapaz de enfrentarse a los funcionarios que no cumplen, o lo hacen abusando del horario flexible y/o abandonando su puesto de trabajo durante la jornada, elevando el agravio a todos a través de esta instrucción.

Para ello, y a modo de aviso, el ayuntamiento está mandando cartas y correos electrónicos, avisando que bloqueara la percepción de las horas extras, para aquellos que en su cuadro horario no cumplan con su jornada ordinaria, medida que según parece, ha molestado a bastantes funcionarios que cumplen con su jornada laboral, siempre ajustándose a las normas previstas en el Acuerdo de funcionarios y en el Convenio Colectivo del Personal Laboral.

Una y otra vez el concejal Nalda no hace mas que enfrentarse con todo y con todos, ahora reescribiendo la norma a su gusto, y donde dice que “La realización de horas extraordinarias tendrá como contraprestación, a opción del trabajador, el pago o la compensación en tiempo de descanso”  decir ahora en un alarde de cobardía para con los que no cumplen “la mayoría de ellos jefes” cambiar la norma para decir que “Para generar el derecho a percibir gratificaciones por servicios extraordinario deberá haberse realizado la totalidad de la jornada del mes correspondiente (tanto la parte del horario fijo como del flexible)”.

No es extrañar que el sindicato USO le haya recordado al concejal y a la alcaldesa que no estaría demás, revisaran el Acuerdo de Funcionarios en el apartado de Servicios Extraordinarios, para concluir que cualquier intento, por reinterpretar la norma, debe de ir precedido por una negociación con la Junta de Personal, y que las horas extraordinarias tienen como contraprestación, siempre a opción del trabajador, el pago o la compensación en tiempo de descanso, y cuando alguno de esos funcionarios incumplidores de la jornada, siempre le quedara al ayuntamiento la deducción proporcional de haberes.

Todo menos meter la mano en la cartera de los trabajadores, que cumplen su jornada rigurosamente y que por orden del propio del ayuntamiento hacen trabajos extras después de su jornada. En esa orden no cabe distinguir el horario ordinario y flexible con el extraordinario y mucho menos condicionar su pago.

Javier Ceruti Concejal del Ayuntamiento de Santander por CIUDADANOS

Leo con atención la entrevista que el Diario.es, le ha hecho a Javier Ceruti, en una especie de puesta al día, de su gestión personal y la de su partido Ciudadanos, entrevista, en la que reconoce muchos problemas con el Partido Popular prácticamente desde el inicio de la legislatura en el ayuntamiento de Santander.

 Este concejal según mi opinión está inmerso en una especie de autoafirmación personal, que le lleva a pensar, que sin el, en el ayuntamiento nada es posible, para lo bueno y quiero creer que para lo malo.

 Esta confianza exagerada ensimismo, le lleva a reafirmarse que solo con sus propuestas por ejemplo, será posible que el Plan de Urbanismo rompa con el diseño histórico del PP, que según declara  “reunía a los promotores para diseñar la ciudad como si fuera un pastel a repartir”, o el asunto de la Remonta, que sigue a la espera de que el Ministerio de Defensa conceda su utilidad, una vez se aclare el ayuntamiento, entre hacer muchas viviendas, y/o dedicarlo a un gran pulmón verde, o ambas cosas,  o el Museo de Arte Contemporáneo del que Ceruti no acaba de aclararse, para situarle a la altura del Reina Sofía, o el Proyecto Pereda del Banco de Santander ”, vamos, un  campeón de campeones si no fuera porque otra política municipal es posible, simplemente apoyando una moción de censura .

 Pero vamos con los detalles, por ejemplo, los presupuestos municipales para este año. Según Ceruti “el PP no tiene intención de sacarlos, incluso duda para los siguientes por ser año electoral” y se queda tan tranquilo, cuando este comportamiento político del PP no solo es criticable sino de obligada actuación política por parte de “todos” los partidos del ayuntamiento, incluso de Ciudadanos por más que gobierne en coalición. 

 Frente a esto alguna que otra frase de disculpa bochornosa, por ejemplo, que “seguimos a la espera de que nos llamen” “tratamos solo con técnicos municipales” “nosotros pedimos lo justo y los otros hacen lo injusto”, estamos apoyando, según mi opinión - con la boca chica – la creación de la Comisión de Investigación del asunto Ascan, y a modo de ridículo, su impotencia para pintar la raya del carril - bus”,  todo para concluir que, siguen a la espera de que algún que otro partido de la oposición presente la moción de censura, que él  preguntara al bueno de Felisuco si puede o no puede votarla. 

 Una pena, las elecciones municipales siempre se caracterizan por tener entre sus candidatos, personas muy comprometidas con la ciudadanía, incluso algunos cuando pasan por el ayuntamiento ganan prestigio y reconocimiento social, mientras que otros muchos, pasan sin pena ni gloria, incluso rechazados socialmente.

 De los asuntos del Puerto, después de llorar un poco sobre su utilidad personal de haber sido nombrado del Consejo de Administración en representación del ayuntamiento, nada que aportar, a no ser el tiempo que pide para que el Puerto elabore un plan portuario y luego, con un poco de suerte llamar al ayuntamiento, aunque ya será tarde. Y de las concertinas la tontería más grande, resulta que son ineficaces y de fácil superación para los emigrantes, porque solo hace falta que vayan con una manta.

 La recuperación del Cabildo de Arriba, como dice en la entrevista, es un asunto perdido. Según parece todavía le quedan asuntos administrativos previos, concursos de ideas, etc., justificaciones para un barrio que sigue sufriendo, mientras que el concejal de urbanismo se limita a pedir tiempo del que ya no le queda mucho. 

Conclusión una entrevista que aporta poco a la política municipal del Ayuntamiento de Santander, por más que presuma de tener la “llave”.