Cortiguera o la vergüenza cultural de Santander, cuando la iniciativa privada tapa el vacío público

 

Hay noticias que, más que celebrar, obligan a preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí. El anuncio del delegado del Gobierno en Cantabria de que Okuda San Miguel impulsará la transformación del Palacete de Cortiguera en un centro cultural de referencia ha caído como un jarro de agua fría… pero no por el proyecto en sí, sino por lo que deja en evidencia.

Durante años, el Palacio de Cortiguera - propiedad del Ministerio del Interior - ha estado al alcance del Ayuntamiento de Santander. Bastaba voluntad política, capacidad de diálogo y una mínima ambición cultural para haberlo recuperado. No ha ocurrido. Y el resultado ha sido visible para cualquiera que haya pasado por la calle José Ramón López-Dóriga, abandono, deterioro y una imagen impropia de una ciudad que presume de vocación cultural.

Mientras tanto, los santanderinos hemos asistido con resignación a la degradación de un edificio singular en un entorno privilegiado, sin que el Ayuntamiento ni el Gobierno central hayan sido capaces de articular una solución, convirtiendo a Cortiguera en un símbolo incómodo, el de la inacción institucional.

Paradójicamente, ha tenido que ser una iniciativa vinculada al ámbito privado la que reactive el futuro del espacio. Una operación que, además, encaja con otras apuestas recientes como Faro Santander o el Centro Reina Sofía – Archivo Lafuente, impulsadas con entusiasmo por las administraciones locales y autonómicas, proyectos relevantes, sí, pero que comparten un patrón, el protagonismo de actores privados frente a la falta de una estrategia pública sólida.

A los responsables políticos de Cantabria se les llena la boca hablando de cultura, pero el relato se sostiene - en demasiadas ocasiones - sobre iniciativas ajenas, mientras que entre tanto, espacios como Cortiguera - quizá menos mediáticos, pero fundamentales para construir un tejido cultural amplio y diverso - se dejan morir lentamente. No es una excepción, es el síntoma de una política cultural que ha brillado más por su ausencia que por su planificación.

Ahora que surge una oportunidad real para devolver la vida a Cortiguera, conviene decirlo sin rodeos, no es el Ayuntamiento quien lidera el cambio, es quien llega tarde, y llegar tarde en cultura tiene un coste elevado, porque el tiempo perdido rara vez se recupera.

La posible implicación de Okuda no solo aporta visibilidad internacional, sino algo que ha faltado durante años, contemporaneidad, capacidad de conexión con nuevos públicos y una visión abierta del hecho cultural justo al contrario de la inercia que ha marcado la gestión municipal en este ámbito.

Por eso, la noticia es doble, por un lado, una buena noticia para Santander, la recuperación de un espacio olvidado y su transformación en un proyecto vivo, y por otra, un espejo incómodo para quienes han tenido la responsabilidad de evitar que Cortiguera llegara a este punto.

Quizá estemos ante la última oportunidad para corregir el rumbo, porque si algo deja claro este episodio es que el problema no era la falta de espacios, sino la falta de voluntad. Y si el Ayuntamiento no toma nota, volverá a confirmarse un modelo ya demasiado conocido, dejar pasar las oportunidades hasta que otros las convierten en realidad.

Huracán Tango, cuatro días de abrazos aprendizaje y pasión tanguera

 

La primera vez que acudía al encuentro de Huracán Tango en Peñíscola lo hacía con la curiosidad de quien busca compartir abrazos, música y aprendizaje en torno a una pasión común.

Hoy, después de cuatro días intensos de tango, regreso con el convencimiento de haber participado en uno de los encuentros más importantes y cuidados del panorama tanguero.

El decimotercer encuentro de Huracán Tango ha estado cargado de expectativas y emociones, especialmente por la presencia de Hermanos Macana y Giovanna Dan, figuras que han aportado al evento un extraordinario nivel artístico e internacional.

Los Hermanos Macana representan una referencia mundial del tango contemporáneo, bailarines, coreógrafos y maestros argentinos que han llevado el tango escenario y social a los teatros y festivales más prestigiosos del mundo, fusionando tradición, técnica y una interpretación moderna sin perder la esencia porteña. Su presencia en Peñíscola ha supuesto un verdadero privilegio para quienes amamos esta danza.

Con la milonga como especialidad, los asistentes hemos podido disfrutar además de un magnífico complemento formativo, gracias a las tres sesiones impartidas por los maestros, centradas especialmente en la milonga de traspié. Una enseñanza explicada e interpretada de manera cercana, accesible y pedagógica para todos los presentes, independientemente del nivel de cada bailarín. Esa capacidad de hacer sencillo lo complejo es, precisamente, una de las virtudes de los grandes maestros.

Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este importante encuentro, Elvira, Nati, Gloria y Marcel, este último integrante del grupo de musicalizadores, por habernos facilitado cuatro días de tango de altísimo nivel humano y artístico.

Deseo hacer una mención muy especial a Marcel Fabra, a quien tuve el honor de conocer en la Milonga de la Encina en Santander y con quien pude dialogar sobre sus iniciativas musicalizadoras y su manera de entender la animación de las milongas.

Marcel cuida la pista de baile con sensibilidad y conocimiento, construyendo tandas que recorren los tangos clásicos desde la guardia vieja de los años cuarenta hasta la guardia nueva, sin renunciar tampoco a los tangos actuales. Una visión musical abierta, elegante y profundamente respetuosa con quienes bailan.

Muchas gracias por vuestro aporte al mundo del tango. Estoy seguro de que no será la última vez que pase por Peñiscola, ni por el encuentro de Huracán Tango. Porque encuentros así no solo se disfrutan, también dejan huella.

Del debate al insulto, cuando la opinión deja de ser periodismo

 

Confieso que hacía tiempo que no leía a Federico Jiménez Losantos. Y, tras su último comentario del pasado 6 de mayo en El Mundo, probablemente vuelva a tomar distancia durante una buena temporada. No por discrepancia ideológica - que es mucha - sino por algo bastante más básico, la ausencia total de un mínimo respeto en la forma de argumentar.

 Me cuesta entender en qué momento el insulto pasó a convertirse en género periodístico. Lo que uno encuentra ya no es una crítica política - dura, si se quiere - sino una sucesión de descalificaciones, insinuaciones y expresiones de brocha gorda que poco o nada aportan al debate público.

 Cuando el lenguaje se llena de términos como “puterío”, “puteros” o similares, aplicados además de forma indiscriminada, lo que se degrada no es solo a quien va dirigido, sino al propio texto.

 El caso de Ábalos y Pedro Sánchez es paradigmático, más allá de las responsabilidades que puedan o no demostrarse - que para eso están los tribunales - lo que se ofrece no es análisis, sino una especie de relato construido a base de excesos verbales, donde todo parece valer.

 Se sugieren tramas, se trazan paralelismos y se reparten culpas con una ligereza que inquieta, sobre todo cuando no van acompañadas de pruebas.

 Tampoco ayuda la tendencia a generalizar, pasar de casos concretos a etiquetas que engloban a todo un partido político no solo simplifica la realidad, sino que la distorsiona deliberadamente, convirtiéndola, en recurso fácil, pero profundamente empobrecedor.

 Quizá lo más llamativo es esa contradicción constante, mientras se reivindican valores como la honradez o la dignidad, el propio discurso se desliza una y otra vez hacia el terreno de la descalificación personal. Y ahí es donde, al menos para mí, se rompe cualquier posibilidad de tomar en serio lo que se dice.

 No se trata de pedir suavidad ni corrección política, se trata, simplemente, de exigir un mínimo de rigor y respeto en el uso de la palabra. Porque cuando eso desaparece, lo que queda ya no es periodismo, ni siquiera opinión, es ruido, y de eso, sinceramente, ya vamos bastante sobrados.

Altamira, el gran campus tecnológico de Cantabria, entre la ambición y la incertidumbre.

 

El llamado Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos - y a la vez más cuestionados - del actual Gobierno de Cantabria. Presentado como un símbolo del salto de la región hacia la economía digital, hoy permanece atrapado en una fase administrativa sin avances visibles, envuelto en tensiones políticas y dependiente de decisiones externas clave.

 El proyecto fue anunciado con gran despliegue institucional por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, como la mayor inversión privada en la historia de Cantabria, estimada en 3.600 millones de euros, un plan que, de salir bien, afectara una superficie a repartir entre Piélagos y Villaescusa de 637.000 metros cuadrados.

 Su objetivo, posicionar a Cantabria en la primera división digital europea, aprovechando la conexión con infraestructuras como el cable submarino transatlántico, y con ello nuevos empleos de alta cualificación.

 El promotor principal es Stoneshield Capital, cofundado por Javier Ibáñez y Felipe Morenés, a través de su filial XDC Properties, encargada del desarrollo, según nos contó la presidenta Buruaga, que, por cierto, hasta la fecha guardan un escrupuloso silencio.

 El Ejecutivo autonómico, con muy buen criterio declaró Altamira como Proyecto Empresarial Estratégico y con ello, el inicio de la compra de terrenos - o eso se pensaba - para la tramitación urbanística mediante un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

 Sin embargo, este trámite, que estaba prevista su ejecución entre finales del 2025 y primeros del 2026 no se ha puesto en marcha, incluso la compra de terrenos se ha convertido en una mera opción de compra, lo que está provocando cierta inseguridad, entre los diputados regionales.

 El principal obstáculo, según ha comentado el diputado del PP Alejandro Liz no es urbanístico, sino energético, al requerir hasta 500 MW de potencia eléctrica, lo que obliga a reforzar la red de transporte eléctrico, una competencia que depende de decisiones estatales y de Red Eléctrica de España.

 EL debate político y presión parlamentaria, no se han hecho esperar, y el pasado 4 de mayo a pregunta del diputado Hernando del PRC se ha puesto en evidencia los retrasos y las dificultades, a las que, en sesión parlamentaria, el PP ha sido incapaz de responder, acudiendo a los tópicos de siempre  atribuyendo los retrasos al Gobierno central por no incluir el proyecto Altamira en la planificación de nuevos centros tecnológicos hasta 2030.

 Esta posición ha sido cuestionada por los grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox. que han exigido explicaciones más precisas, de hecho, han otorgado un plazo de dos meses al Ejecutivo regional para presentar avances tangibles y la documentación pendiente, tras constatar retrasos de más de seis meses en la primera fase.

 En esta situación, no cabe más, y siendo muy generosos, que calificar Altamira como una gran promesa en transición, y esto siempre que exista, el inversor privado, y se vayan dando pasos en el desarrollo administrativo, y aun asi, imprescindible se vaya pronunciando el delegado del gobierno.

 Porque después del debate parlamentario, mucho me temo que el Campus Altamira, a lo que más pueda llegar, para el gobierno regional, sea su rentabilidad como activo político en expectativa que como una infraestructura en construcción.

Cantabria, el mito del bienestar frente a la realidad de la pobreza laboral

 

Durante años se ha instalado en el discurso político e institucional la idea de que Cantabria es una comunidad con altos niveles de bienestar y pobreza relativamente baja. En parte, las estadísticas parecen respaldar ese relato, los indicadores AROPE sitúan la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en torno al 22 %, varios puntos por debajo de la media nacional.

Sin embargo, limitar el análisis a esa comparación resulta engañoso. Hoy más de 120.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Cantabria, y alrededor del 42 % de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Esto revela una amplia franja de población que, sin estar bajo el umbral estadístico de pobreza, vive con una economía extremadamente ajustada.

El último informe de la Fundación FOESSA señala que más de 80.000 personas se encuentran ya en situación de exclusión social - cerca del 14 % de la población - y que esta cifra ha crecido un 30 % desde 2018.

La estructura económica regional tampoco ayuda. Cantabria presenta una renta media por hogar inferior a la media nacional y un modelo productivo muy dependiente del sector servicios, con empleos precarios, salarios bajos y alta temporalidad. De ahí una paradoja cada vez más visible, tener trabajo no siempre protege frente a la pobreza. Una parte importante de quienes viven en exclusión, trabajan o buscan empleo activamente.

La pobreza infantil alcanza ya a cerca de uno de cada cuatro menores, lo que condiciona las oportunidades de toda una generación, las mujeres presentan tasas de pobreza superiores, especialmente en hogares monoparentales o en empleos precarios, y el envejecimiento demográfico añade presión, muchas familias dependen de pensiones bajas que deben sostener a varios miembros del hogar.

A esto se suma el encarecimiento del alquiler de la vivienda, los suministros y el coste de vida en general, que reduce el margen económico de miles de hogares. Cada vez más familias viven en una economía de subsistencia donde cualquier imprevisto - una avería, un gasto sanitario, la pérdida de empleo - puede desencadenar una situación de pobreza.

El verdadero reto de Cantabria no puede limitarse a mantener indicadores ligeramente por debajo de la media. El desafío real es reducir la desigualdad, mejorar los salarios y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la mayoría. Porque detrás de las cifras que hablan de bienestar existe otra realidad, la de miles de personas que trabajan, cotizan y sostienen la economía regional, pero siguen teniendo dificultades para vivir con dignidad.

Unidad Sindical para defender lo conquistado frente a Vox y el PP

 

Lo que hoy plantea Vox en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León no es una simple diferencia ideológica. Es un proyecto estructurado de desmantelamiento del modelo laboral y sindical construido durante décadas de lucha democrática, y si el Partido Popular decide ser cómplice de este camino, la confrontación social será inevitable.

El esquema que impulsa Vox rompe de raíz con el papel de los sindicatos democráticos, pretendiendo sustituirlos por estructuras dóciles creadas a su medida, debilitando la representación real de los trabajadores. El objetivo es evidente, dejar al trabajador solo frente al poder empresarial, eliminando la fuerza colectiva que equilibra la relación laboral.

La ofensiva contra los convenios colectivos - sectoriales, autonómicos o estatales - busca precisamente ese objetivo la fragmentación de la clase trabajadora. Bajo el discurso de la “flexibilidad”, imponiendo un modelo donde cada empresa fije sus reglas, generando desigualdad y competencia entre trabajadores.

Abaratar el despido, reducir indemnizaciones, recortar cotizaciones empresariales y debilitar las prestaciones por desempleo forman parte del mismo paquete, el de trasladar el riesgo al trabajador a la vez que se vaya consolidando un mercado laboral basado en la inseguridad.

Y para ello se ataca al sindicalismo y su derecho de protesta, por ejemplo, recortando su financiación y cuestionando la concertación social, limitando el derecho de huelga y la protesta sindical, provocando un ataque directo a los instrumentos de defensa de los trabajadores.

Y es precisamente en el marco laboral y sindical, donde con mas crudeza, se pretende aplicar la propuesta de Vox, “prioridad nacional” que pretende fracturar a la clase trabajadora aplicando medidas insolidarias, regresivas y contraria a los principios fundamentales del derecho laboral.

Ante este escenario, no basta con resistir por separado, es imprescindible que el conjunto de los sindicatos democráticos abra un espacio real de diálogo entre ellos, superando diferencias y estrategias parciales, para avanzar hacia una unidad sindical efectiva.

Unidad que no sea solo declarativa, sino operativa, capaz de articular movilizaciones sostenidas, respuestas coordinadas, en la defensa común de los derechos laborales, porque frente a un proyecto organizado de regresión social, la división sindical es una debilidad que no nos podemos permitir.

Si el Partido Popular avanza junto a Vox en este modelo, el sindicalismo debe responder con firmeza, organizándose para movilización y confrontación democrática, porque lo que está en juego no es una reforma más, es el modelo de sociedad, y dignidad del trabajo.

Extremadura, el laboratorio de la desigualdad que amenaza con extenderse

 

La presidenta de Extremadura, ha vuelto a tragarse su correspondiente dosis de sapos para ser investida de nuevo gracias al pacto de gobierno entre el PP y Vox. Un acuerdo que no es un simple trámite institucional, sino un experimento político con vocación de réplica en otros territorios como Aragón  y Castilla y León, por tanto, ante un banco de pruebas donde se ensayan las bases de futuros pactos.

Entre los elementos más preocupantes destaca la llamada “prioridad nacional”, un concepto que pretende favorecer a ciudadanos españoles en el acceso a ayudas públicas y vivienda. Este planteamiento introduce un cambio de paradigma político al abrir la puerta a criterios de preferencia por nacionalidad o arraigo en derechos que, hasta ahora, se han construido sobre principios de universalidad e igualdad.

Lo más llamativo es que esta idea ha sido cuidadosamente suavizada en la puesta en escena pública de Guardiola, pero no por ello pierde su carga de profundidad, al contrario, supone una confrontación directa con la legislación vigente, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, donde el principio de igualdad ante la ley no es negociable. 

Ahora vendrán las justificaciones, los matices y los habituales dimes y diretes de que en política no todo acuerdo está para cumplirse, argumento que a estas alturas resulta irrelevante.

Lo verdaderamente peligroso no es si se ejecuta o no cada punto, sino el marco discursivo que se consolida, y que tensiona principios básicos, a la vez que normaliza la idea de que los derechos pueden ser condicionados.

El propio acuerdo, de hecho, deja entrever sus límites al remitirse constantemente al “marco legal vigente” y a las competencias restringidas de una comunidad autónoma. Sin embargo, eso no impide que se planteen restricciones en ayudas, endurecimiento de políticas migratorias o exclusión de determinados colectivos, medidas ya cuestionadas por su posible ilegalidad o invasión de competencias estatales.

El resultado es un escenario inquietante, gobiernos autonómicos impulsando iniciativas de dudosa constitucionalidad, abriendo conflictos institucionales con el Estado y la Unión Europea, y fomentando una judicialización constante de la acción política. Se corre así el riesgo de legislar no para gobernar, sino para provocar recursos y alimentar una estrategia de confrontación permanente.

Mientras tanto, en Aragón ya se mira este pacto como referencia directa en las negociaciones en curso. Y en Castilla y León, donde la experiencia de gobierno compartido entre PP y Vox ya es una realidad, el precedente extremeño puede endurecer aún más el marco ideológico, especialmente en materias sensibles como inmigración o políticas sociales.

Paso a paso, este modelo puede consolidarse hasta convertirse en norma. Lo que hoy se presenta como una concesión puntual podría transformarse mañana en una condición estructural de gobernabilidad para el liderazgo de Rajoy.

El precio de gobernar a cualquier coste plantea un dilema de fondo, ¿hasta dónde puede llegar un partido para asegurar el poder?. 

Hasta claro que cuando conceptos como la igualdad, la universalidad de los derechos o la neutralidad institucional se convierten en moneda de cambio, dejamos de estar ante una disputa política ordinaria para entrar en un terreno mucho más profundo y estructural. 

Por lo tanto Extremadura ya no es solo un gobierno, es un precedente y cuando además se cuestiona el papel de los sindicatos o se intenta limitar su capacidad de acción, la gravedad es aún mayor. No estamos ante una opinión política más, sino ante un ataque directo a la libertad sindical, protegida por la ley y por organismos internacionales.

Ante este escenario no cabe la equidistancia. El sindicalismo no puede limitarse a observar. Tiene la responsabilidad de confrontar, de denunciar y de movilizar. Porque cada retroceso que se normaliza —como el que hoy se ensaya en Extremadura— es un derecho que puede tardar décadas en recuperarse.