ADSIS, solidaridad frente al discurso de la exclusión

 

En tiempos en los que determinados sectores políticos de la derecha intentan imponer el mensaje de “los españoles primero” como una consigna que termina señalando y marginando a quienes llegan de otros países buscando una oportunidad, conviene detenerse a observar el trabajo silencioso y esencial que realizan muchas organizaciones sociales en favor de las personas más vulnerables.

 Frente al discurso del rechazo, la realidad social demuestra que la solidaridad sigue siendo una de las herramientas más poderosas para construir convivencia, igualdad y dignidad. Y en ese camino destaca el trabajo desarrollado por la Fundación Adsis, una organización que durante 2024 acompañó a 65.605 personas en situación de vulnerabilidad en España y América Latina mediante programas de educación, empleo, inclusión social y cooperación al desarrollo.

 ADSIS no distingue entre españoles e inmigrantes. Atiende a quienes necesitan apoyo. Esa es precisamente la diferencia entre la política del señalamiento y la acción social basada en los derechos humanos. Mientras algunos intentan convertir la inmigración en un problema político permanente, organizaciones como trabajan cada día para evitar que miles de personas caigan en la exclusión social.

Los datos hablan por sí solos. La organización atendió el pasado año a 42.802 personas en España y a otras 22.803 en América Latina, demostrando que la solidaridad no entiende de fronteras ni nacionalidades. Buena parte de su actividad se centra en la infancia, adolescencia y juventud, colectivo que representa el 71 % de las personas beneficiarias en España.

 Entre sus principales objetivos destacan la prevención del abandono escolar, el refuerzo educativo, la formación y el acceso al empleo mediante itinerarios personalizados. Gracias a estos programas, el 79 % del alumnado en situación de exclusión social logró superar el curso escolar, mientras que el 72 % de quienes participaron en programas de cualificación profesional continuaron su formación.

 Especial relevancia tienen también los procesos de inserción laboral impulsados por ADSIS. El 42 % de las personas atendidas consiguió empleo y el 72 % de quienes participaron en programas de atención a las adicciones avanzaron en autonomía personal y recuperación de sus proyectos de vida.

 Pero la labor de ADSIS va mucho más allá de la juventud. La organización mantiene líneas de intervención dirigidas a personas adultas, migrantes, familias, personas con adicciones y personas privadas o ex - privadas de libertad, apostando siempre por un acompañamiento integral adaptado a cada realidad personal.

 Actualmente desarrolla proyectos sociales en más de 30 centros distribuidos en Araba, Asturias, Barcelona, Bizkaia, Las Palmas, Gipuzkoa, Madrid, Navarra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Todo ello con un presupuesto superior a los 22 millones de euros, cerca de 500 profesionales contratados y 565 personas voluntarias.

 ADSIS recuerda además una realidad que algunos prefieren ignorar: en España existen más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Una cifra que debería obligar a reforzar las políticas sociales y las iniciativas solidarias, en lugar de alimentar discursos de enfrentamiento entre pobres.

 Por eso organizaciones como ADSIS son hoy imprescindibles. Porque representan una forma de entender la sociedad basada en la igualdad de oportunidades, la integración y el acompañamiento humano. Y porque frente a quienes intentan dividir entre “los de aquí” y “los de fuera”, su trabajo diario demuestra que la dignidad no tiene nacionalidad.

La inmigración y las cinco mentiras de la "prioridad nacional"

En Cantabria, como en otros lugares, el debate sobre inmigración se ha llenado de consignas políticas que poco tienen que ver con la realidad. La llamada "prioridad nacional", impulsada por Vox y asumida por algunos gobiernos del PP, se apoya en una serie de afirmaciones que no resisten el contraste con los datos

 Primera mentira. Los inmigrantes acaparan las ayudas sociales, ayudas que siempre se conceden por nivel de renta y no por nacionalidad. La mayoría de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son españoles – el 55% -  y las personas en situación irregular no pueden acceder a esta prestación. En el caso Cantabria el verdadero problema es que miles de personas siguen en riesgo de exclusión social, y no precisamente quién recibe las ayudas.

 Segunda mentira, el colapso de la sanidad. La población extranjera utiliza la sanidad pública en una proporción inferior a su peso demográfico, por lo tanto, hablar de colapso sanitario provocado por la inmigración, no se sostiene con los datos.

Tercera mentira, reciben vivienda antes que los españoles. No existe ninguna norma que priorice a extranjeros sobre nacionales, el acceso a la vivienda pública depende de criterios económicos y sociales, el problema real en Cantabria y en España es la escasez de vivienda asequible para todos.

 Cuarta mentira, los inmigrantes saturan la educación y los servicios sociales. Los menores extranjeros representan una parte reducida del sistema educativo 10,7% y de protección, basta escuchar a los profesionales para destacar, además, sus altos niveles de integración y motivación.

 Quinta mentira, no aportan, solo reciben, una mentira que se cae por su peso, a nada que se comprueben los miles de trabajadores extranjeros que están sosteniendo sectores esenciales como la hostelería, la construcción o los cuidados, además en Cantabria una cuarta parte de la población tiene más de 65 años, por lo que su aportación es clave para la economía y para el mantenimiento de los servicios.

 Conclusión, las cinco afirmaciones que sustentan el discurso de la llamada "prioridad nacional" comparten un mismo denominador común, no se apoyan en los datos, sino en prejuicios y percepciones interesadas. La realidad demuestra que los inmigrantes no reciben más ayudas, no colapsan la sanidad, no tienen prioridad en el acceso a la vivienda, no saturan los servicios públicos y, lejos de ser una carga, contribuyen de forma decisiva al sostenimiento de la economía y del Estado del bienestar.

 En una comunidad envejecida como Cantabria, donde los grandes desafíos son la vivienda, la precariedad laboral, la exclusión social o la sostenibilidad de los servicios públicos, señalar a la inmigración como responsable de estos problemas no solo es injusto, sino que desvía la atención de las verdaderas soluciones. Un debate público serio debe construirse sobre hechos y evidencias, no sobre consignas destinadas a enfrentar a quienes comparten las mismas dificultades y aspiraciones. 

Vender el futuro como si fuera presente, las medias verdades del último discurso de Buruaga

El último debate sobre el Estado de la Región nos ha dejado una intervención de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cargado de anuncios, cifras millonarias y promesas de futuro, un discurso cuidadosamente construido para transmitir la imagen de una comunidad en plena transformación y de un gobierno que habría cumplido prácticamente todos sus compromisos. Sin embargo, una lectura crítica permite comprobar que muchas de las afirmaciones realizadas descansan más sobre expectativas que sobre realidades, más sobre propaganda que sobre resultados tangibles.

La presidenta se ha regocijado en sucesivas ocasiones durante su intervención, que Cantabria está hoy "infinitamente mejor" que, en 2023, afirmación que puede servir como eslogan político, pero que difícilmente resiste un análisis riguroso.

Si bien algunos indicadores económicos han evolucionado favorablemente, los principales problemas que preocupan a los cántabros siguen plenamente vigentes, problemas como el acceso a la vivienda, las listas de espera sanitarias, las infraestructuras ferroviarias que permanecen estancadas y el envejecimiento demográfico, entre otros que continúan avanzando sin una estrategia claramente eficaz para revertirlo.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta forma de presentar la realidad es la política de vivienda. Mientras que la presidenta nos anunciado la construcción de miles de viviendas protegidas, ha omitido en su exposición que gran parte de esas cifras corresponden a proyectos, previsiones urbanísticas o actuaciones todavía pendientes de desarrollo, una situación que confronta con una realidad machacona, entre una vivienda anunciada y una vivienda entregada. Los jóvenes cántabros no viven en promesas, necesitan viviendas reales, construidas y accesibles.

Algo similar ocurre con las grandes inversiones empresariales que se citan una y otra vez. Los más de 7.000 millones de euros de inversión anunciados corresponden en buena medida a proyectos que aún dependen de autorizaciones administrativas, disponibilidad energética, financiación privada o decisiones empresariales futuras. Presentar esa cartera de proyectos como si fuera riqueza ya generada constituye, cuando menos, una exageración interesada.

La presidenta también ha afirmado que Cantabria lidera el empleo en España, y se ha quedado tan tranquila, cuando ella bien sabe que esta afirmación depende del indicador que se utilice, Cantabria puede ocupar posiciones destacadas en determinados momentos, pero de ninguna manera lidera estructuralmente el mercado laboral nacional, por lo tanto, más prudencia a la hora de convertir un dato puntual, en una conclusión general.

Especialmente llamativa resulta la insistencia en atribuir los problemas pendientes al Gobierno de España o a la herencia recibida. El retraso ferroviario, las infraestructuras energéticas, la financiación de la dependencia o las dificultades industriales han aparecido constantemente vinculadas a decisiones ajenas.

No seré yo quien niegue responsabilidades estatales evidentes, pero son ya tres años de gobierno del partido popular, como para imputar todos los problemas en los otros. Gobernar implica también asumir responsabilidades sobre aquello que no se ha conseguido resolver.

En sanidad encontramos otro ejemplo de relato triunfalista, cuando se afirma que Cantabria dispone de la mejor sanidad pública de España y que el sistema ha sido reconstruido tras encontrarse al borde del colapso, sin embargo, se pasa por alto, las movilizaciones médicas, las dificultades para cubrir determinadas especialidades y sobre todo las listas de espera que nos muestran una realidad bastante más perversa para los cántabros.

Tampoco ha sido como para tirar cohetes, los anuncios permanentes a los proyectos estrella de la legislatura, la mayoría de ellos en fase de planificación, redacción, estudio, licitación o tramitación, proyectos como el Parque de Innovación en Salud, los desarrollos industriales asociados a Altamira, los nuevos hospitales, los grandes proyectos turísticos o muchas actuaciones de vivienda que a la fecha no pasan de ser meras expectativas.

El problema de fondo no es que un gobierno anuncie proyectos o marque objetivos ambiciosos - eso forma parte de la acción política - el problema aparece cuando se presentan como logros consumados, actuaciones que aún están pendientes de ejecución, con el claro interés de mandar soflama electoral, cuando la realidad es la de rendir cuentas, en un debate abierto a la política en general y con carácter propositivo.

El balance de estos tres años no es tan brillante como pretende el discurso oficial, y probablemente tan negativo como sostendrá la oposición, pero si algo ha dejado claro la intervención de la presidenta es que el Gobierno de Buruaga sigue apoyándose en una estrategia basada en vender el futuro como si ya hubiera llegado.

Y los ciudadanos de Cantabria saben distinguir perfectamente entre una promesa, una maqueta y una realidad.

Presupuestos prorrogados y gestión política, cuando la realidad contradice el discurso

 

Un año más, Pedro Sánchez anuncia su intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, esta vez los de 2027. Y lo hace después de varios intentos fallidos que han llevado a España a funcionar con presupuestos prorrogados desde 2023.

Reconozco que, a estas alturas, cuesta creer en una nueva promesa, son demasiados los anuncios incumplidos y cada vez son más las voces, incluso entre los socios del Gobierno, que ponen en duda la estabilidad de la legislatura.

No voy a negar que gobernar sin presupuestos es una anomalía, que limita la capacidad de planificar inversiones, dificulta el debate parlamentario y no es, desde luego, la situación ideal para ningún gobierno. Lo lógico sería que cada año se contara con unas cuentas públicas aprobadas.

Pero también creo que conviene mirar los hechos, y los hechos dicen que, aun sin nuevos presupuestos, el Gobierno no ha estado parado. Durante estos años se han aprobado medidas importantes como la reforma laboral, las subidas del Salario Mínimo, la mejora de las pensiones vinculadas al IPC o el nuevo sistema de cotización de los autónomos, medidas que han tenido un impacto directo en la vida de millones de personas.

También se actuó frente a la crisis energética y la inflación con ayudas al transporte público, rebajas fiscales sobre productos básicos y medidas para contener el coste de la energía, sumando a ello leyes sociales como la de eutanasia, la ley trans o la ampliación de derechos para el colectivo LGTBI.

Por eso, aunque preferiría que hubiera presupuestos, tampoco comparto el discurso de quienes presentan estos años como una etapa de parálisis política, porque sencillamente, no ha sido así.

Por lo que respecta a Cantabria, la situación no parece haber tenido consecuencias inmediatas especialmente graves. La financiación autonómica siempre estuvo garantizada - como ahora - aunque es cierto que algunas inversiones estatales pendientes, especialmente en infraestructuras, pudieron verse afectadas.

Ojalá esta vez el Gobierno consiga aprobar los presupuestos de 2027, sería una buena noticia para la estabilidad institucional, pero si finalmente no lo logra, mi juicio seguirá dependiendo de algo mucho más importante, que continúe desarrollando políticas útiles y dando respuesta a los problemas reales de la ciudadanía.

Blindar el franquismo como patrimonio, la peligrosa doble vara de medir del Parlamento de Cantabria

Hace unos dias el Parlamento de Cantabria respaldo la declaración de Bien de Interés Cultural al monumento dedicado a Luis Carrero Blanco de Santoña, abriendo con ello un debate político que supera con mucho al pretendido cultural, y que muestra como algunas instituciones interpretan de forma selectiva la memoria democrática y el cumplimiento de la ley.

La PNL promovida por Vox y apoyada por PP, PRC - y un diputado escindido de Vox - pretende blindar el monumento levantado durante la dictadura franquista en uno de los espacios más representativos de Santoña.

Entre los defensores de esta protección monumental, el PRC argumentando que Carrero Blanco fue un supuesto benefactor de la villa, aunque cuando se intenta concretar cuáles fueron esas aportaciones extraordinarias, las afirmaciones se diluyen en generalidades. A estas alturas lo único que cabe para su justificación, pudiera ser su estrecha vinculación personal con Santoña y que proyectó el nombre de su localidad natal desde las más altas responsabilidades del régimen franquista.

Pero al menos en lo que yo conozco, no existe constancia de grandes infraestructuras, inversiones estratégicas o transformaciones económicas impulsadas directamente por él que justifiquen la magnitud del reconocimiento monumental que ahora se pretende preservar.

Resulta revelador que quienes apelan a una supuesta deuda histórica con Carrero Blanco el PP y Vox principalmente, traten ahora de desplazar el debate desde la memoria democrática, hacia una presunta relevancia arquitectónica o artística del monumento, solo por estar incluido en un catálogo del patrimonio cultural de Cantabria.

Sin embargo, esa valoración difícilmente puede desligarse de la posición ideológica desde la que se formula. No estamos ante una obra neutral ni ante una pieza artística desprovista de significado histórico, todo lo contrario, el monumento fue concebido expresamente para ensalzar a uno de los principales dirigentes de la dictadura franquista.

Pero quizá lo más grave es lo que se pretende con la PNL, la reinterpretación de la historia como argumento para eludir la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática, y se haya hecho en el Parlamento Regional, que supuestamente nos representa a todos, mientras seguimos a la espera del reconocimiento y adecuada señalización del campo de concentración instalado en las Caballerizas del Palacio de La Magdalena durante la Guerra Civil.

El Parlamento de Cantabria no debería actuar como intérprete interesado de la ley en función de afinidades ideológicas. Su obligación es garantizar su cumplimiento. Porque una democracia sólida no se construye seleccionando qué parte de la memoria merece protección y cuál puede seguir siendo ignorada.

Cantabria no merece este desprecio, la sanidad atrapada entre excusas y silencio político

Una vez más, el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, César Pascual, comparece ante la opinión pública para anunciar que la huelga médica provocará un nuevo incremento de las listas de espera, cifrado ahora en otras 500 operaciones suspendidas. Una noticia que, lejos de sorprender, se ha convertido en una rutina para los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

Lo verdaderamente preocupante no es solo el aumento de las listas de espera, sino la incapacidad demostrada por el Gobierno regional para afrontar un conflicto que se prolonga durante meses. La justificación es siempre la misma, trasladar la responsabilidad al Ministerio de Sanidad y al Gobierno central, como si la sanidad no hubiese sido transferida hace décadas a las comunidades autónomas y como si la Consejería de Sanidad careciera de competencias para negociar y gestionar los problemas de su propio sistema sanitario.

A estas alturas, la gestión del consejero debería estar siendo objeto de una profunda reflexión política. Durante los últimos seis meses se han acumulado más de 160.000 actos médicos suspendidos, una cifra que representa miles de pacientes esperando consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Detrás de cada número hay una persona, una familia y una necesidad sanitaria que no puede seguir siendo ignorada.

Resulta inevitable preguntarse qué ha ocurrido con el acuerdo firmado en 2024 entre el Gobierno de Cantabria y el sindicato médico. Aquel pacto incluía incentivos de productividad de 400 euros mensuales para los facultativos con el objetivo de retener talento, mejorar el rendimiento y reducir las listas de espera. Posteriormente, el Ejecutivo amplió el esfuerzo presupuestario destinando otros seis millones de euros a mejorar las condiciones de los médicos internos residentes (MIR).

Si aquellas medidas se presentaron como la solución para mejorar la asistencia sanitaria, los resultados actuales evidencian que el problema no solo persiste, sino que se ha agravado. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué balance hace el Gobierno de aquellos acuerdos y por qué los objetivos comprometidos no se han cumplido.

También resulta llamativo el silencio de quienes deberían ejercer una oposición firme. El Partido Regionalista de Cantabria y su portavoz, Paula Fernández, parecen haber optado por esperar a que pase la tormenta antes que asumir una posición clara en defensa de los pacientes. Da la impresión de que algunos prefieren no incomodar a determinados colectivos profesionales por miedo a perder apoyos electorales.

Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos de Cantabria. Pacientes que ven retrasadas sus operaciones, familias que esperan diagnósticos durante meses y profesionales sanitarios que trabajan en un clima de conflicto permanente. La sensación de abandono crece cada día que pasa sin una solución efectiva.

La realidad es que el consejero César Pascual ha fracasado en uno de los principales compromisos que asumió al llegar al cargo, reducir las listas de espera. La situación de la sanidad se suma además a las dificultades que atraviesa otra consejería estratégica como Educación, ofreciendo la imagen de un Gobierno que gestiona sin rumbo, arrastrando los pies ante los problemas más importantes de la comunidad.

Los cántabros merecen algo mejor. Merecen responsables públicos que asuman sus competencias, afronten los conflictos con determinación y rindan cuentas por los resultados de su gestión. Lo que no merecen es un Gobierno que, ante cada problema, busque excusas en lugar de soluciones.

Lo que León XIV dijo en las Cortes, y merece la pena escuchar

 La intervención del Papa León XIV en las Cortes Generales ha dejado mensajes que trascienden el ámbito religioso y se adentran de lleno en el terreno de la reflexión política, social y humana. Más allá de las opiniones que pueda suscitar su presencia en el Parlamento, resulta difícil negar la relevancia de algunas de las cuestiones planteadas.

 El primero, y probablemente el más importante de todos, fue la defensa de la dignidad de la persona como fundamento de toda acción política. En un momento en que con frecuencia predominan los intereses económicos, las estrategias partidistas o los cálculos electorales, León XIV les recordó a sus señorías que la política solo encuentra su sentido cuando se pone al servicio de las personas, especialmente las más vulnerables.

 Otra de las reflexiones más destacadas fue el llamamiento al diálogo y a la superación de la polarización. En una sociedad cada vez más dividida, en un clima político marcado por la confrontación permanente, la apelación al respeto, al encuentro y a la búsqueda del bien común adquiere una relevancia especial siempre dentro del respeto democrático a la pluralidad de ideas.

 Pero la cita más esperada resonó en el hemiciclo con voz poderosa, los migrantes. Personas que se ven obligadas a abandonar sus países por la guerra, la pobreza o la falta de oportunidades. Personas concretas, con historias, esperanzas y derechos que no pueden ser ignorados, y mucho menos reducidos a un dato estadístico situado al final de la lista de prioridades.

 Relevante fue también su defensa de la paz en un momento internacional especialmente complejo. Frente a la lógica de los bloques, la escalada de tensiones y el aumento del gasto militar, reivindicó la diplomacia, la cooperación y el diálogo como instrumentos imprescindibles para la convivencia entre los pueblos.

 Por último, León XIV puso sobre la mesa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Su mensaje fue claro: el progreso técnico solo será verdaderamente humano si va acompañado de principios éticos que garanticen el respeto a la libertad, la dignidad y los derechos de las personas.

 En conjunto, su discurso dejó una idea de fondo que merece ser tenida en cuenta por creyentes y no creyentes por igual, una sociedad fuerte no es aquella que impone una única visión, sino la que es capaz de convivir en la diversidad, proteger a los más débiles y construir espacios de encuentro. Quizá ese haya sido, en última instancia, el mensaje más valioso de su intervención en las Cortes.