¿Y si el problema de las agendas médicas fuera mucho más amplio?

La investigación relacionada con María Luisa Real, exconsejera socialista de Sanidad de Cantabria, sobre el uso de las agendas y los cupos médicos abre una cuestión que merece una respuesta clara, ¿se controla de la misma manera la actividad asistencial en todos los centros sanitarios de Cantabria?

Porque, más allá de un caso concreto, lo verdaderamente importante es saber cómo funciona el sistema, quién lo supervisa y si los recursos públicos se utilizan con criterios homogéneos, transparentes y eficaces.

La Consejería de Salud y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) establecen las normas de organización de la actividad médica. Pero una cosa es lo que dicen las instrucciones y otra, comprobar cómo se aplican diariamente.

¿Cómo se asignan los cupos de pacientes? ¿Quién decide cuántas citas se ofrecen? ¿Qué margen tiene cada facultativo para modificar su agenda? ¿Quién autoriza los huecos bloqueados y las citas reservadas para libre disposición? Y, sobre todo, ¿cómo se verifica que la jornada laboral se corresponde con la actividad realmente realizada?

Son preguntas legítimas que afectan a la organización sanitaria, a los profesionales y, especialmente, a los pacientes. En 2024 se contemplaba un modelo de agenda de 35 huecos diarios, 24 gestionados por admisión y 11 bajo responsabilidad del médico. Habrá que comprobar qué instrucciones estaban vigentes en cada periodo y cómo se aplicaban en la práctica.

La cuestión de fondo es sencilla, ¿existe un control efectivo sobre las citas ofrecidas, los pacientes atendidos, los horarios cumplidos y las modificaciones de las agendas? ¿Se conocen las posibles diferencias entre la actividad prevista y la realizada?

Estas preguntas adquieren todavía más importancia cuando la Administración destina recursos extraordinarios a reducir las listas de espera, no basta con anunciar medidas o negociar mejoras laborales, es necesario evaluar sus resultados mediante datos verificables sobre actividad, demoras y pacientes atendidos.

Por eso, la solución no debería limitarse a investigar un caso particular, debería extenderse a todos los centros sanitarios dependientes del SCS. Una revisión general permitiría comprobar si las normas se cumplen por igual, si los mecanismos de supervisión son suficientes y si existen diferencias que deban corregirse, todo ello sin prejuzgar responsabilidades ni atribuir incumplimientos a profesionales concretos.

El Parlamento de Cantabria tiene aquí una oportunidad para impulsar una actuación rigurosa y exigir explicaciones a la Administración sanitaria. Entre las medidas posibles figuran solicitar las instrucciones que regulan los cupos y las agendas, conocer los sistemas de control horario, examinar la autorización de citas bloqueadas y evaluar los resultados de los recursos destinados a reducir las listas de espera.

También sería conveniente publicar información estadística comparable entre centros, respetando la protección de datos y la confidencialidad clínica. La sanidad pública necesita profesionales respetados, reglas claras y controles eficaces, por lo tanto, no se trata de sembrar sospechas, sino de evitar que la falta de información impida conocer cómo funciona realmente el sistema.

La pregunta que Cantabria debería hacerse es esta, si todo está correctamente organizado y supervisado, ¿por qué no realizar una comprobación general que permita demostrarlo?

Una revisión objetiva, común a todos los centros y basada en documentación verificable contribuiría a reforzar la confianza ciudadana, mejorar la gestión y garantizar que cada recurso público se traduzca en una atención sanitaria efectiva.

Porque, al final, lo importante no es quién ocupa una agenda médica, sino que el sistema funcione, que los controles sean iguales para todos y que los pacientes no paguen las consecuencias de una organización deficiente. La transparencia no debería ser una respuesta a un escándalo, debería ser una garantía permanente de la sanidad pública.

Intervenir una federación no es suspender la democracia sindical

Lo ocurrido en la Federación de Industria de USO Cantabria empieza a adquirir una dimensión preocupante. Después de suspender a su Ejecutiva y sustituirla por una Comisión Gestora, la dirección estatal pretende ahora convertir una asamblea de delegados en un instrumento limitado, con un orden del día cerrado y funciones específicas para designar la representación de Cantabria al IV Congreso. Una decisión que plantea serias dudas sobre el respeto a los procedimientos congresuales y a la participación democrática de la afiliación. 

La respuesta de la Federación Estatal a la solicitud presentada el 16 de octubre para incorporar al orden del día un punto sobre la propuesta de sanción a Fernando Rey resulta especialmente reveladora. Se rechaza la petición alegando que la Federación está intervenida, que la asamblea no es un órgano estatutario de decisión y que, por tanto, no puede adoptar acuerdos vinculantes.

Pero esta argumentación elude la cuestión fundamental, ¿por qué la intervención de una federación debe servir para cerrar el debate colectivo y limitar la capacidad de sus delegados para expresar una posición común?

La situación resulta todavía más cuestionable si recordamos que, en la asamblea celebrada anteriormente, los propios asistentes solicitaron incorporar otros puntos al orden del día para abordar la crisis abierta en Cantabria y el expediente disciplinario contra el secretario general de la Federación, hoy sancionado. No estamos, por tanto, ante una ocurrencia sobrevenida, sino ante una demanda de participación que ya se había expresado y que vuelve a ser rechazada.

La dirección estatal invoca el carácter cerrado del orden del día como si se tratara de una razón suficiente para impedir el debate. Sin embargo, una cosa es que una asamblea carezca de competencias para adoptar acuerdos orgánicos vinculantes y otra muy distinta que se le niegue incluso la posibilidad de debatir y votar propuestas que reflejen la opinión de los delegados. La ausencia de capacidad decisoria formal no puede convertirse en una excusa para vaciar de contenido la participación sindical.

Hay, además, una contradicción que exige explicaciones. La Federación Estatal sostiene que la asamblea no es un órgano de decisión, pero le atribuye la función de designar la representación de Cantabria al IV Congreso. Si los procedimientos de elección están regulados por las normas estatutarias y congresuales de la fase precongresual, deben respetarse escrupulosamente. No resulta aceptable utilizar un procedimiento asambleario excepcional para asumir funciones que deben ajustarse a las reglas establecidas, mientras se niega a los mismos asistentes la posibilidad de abordar la crisis que afecta a su propia Federación.

Si la asamblea puede intervenir en la designación de representantes, la dirección debe explicar qué norma lo permite y bajo qué garantías. No basta con invocar los estatutos de manera selectiva, las reglas deben aplicarse con coherencia y sin convertir una convocatoria excepcional en un mecanismo para controlar la representación.

También se afirma que las secciones sindicales podrán votar libremente en el Consejo Regional de USO Cantabria, precisamente por ello, resulta difícil justificar que se impida a sus representantes debatir previamente una posición común, aunque esta no tenga carácter vinculante.

Intervenir una organización no significa otorgar a la dirección estatal un poder ilimitado sobre la vida sindical de sus afiliados. La sustitución de una Ejecutiva puede tener consecuencias orgánicas, pero no debería servir para restringir innecesariamente el debate, impedir la expresión colectiva de discrepancias o eludir las cuestiones que han provocado la crisis.

La democracia sindical no consiste en convocar asambleas para informar de decisiones ya tomadas, cerrar el orden del día y reservar a los asistentes el papel de meros espectadores, consiste en garantizar que los delegados puedan debatir, discrepar y expresar su posición dentro de las reglas estatutarias.

Lo que está en juego en Cantabria no es únicamente una sanción o una elección congresual, es el modelo de sindicato que se pretende imponer, uno en el que la participación se reconoce formalmente, pero se limita cuando puede resultar incómoda para la dirección.

Una Comisión Gestora puede sustituir temporalmente a una Ejecutiva, pero no debería convertirse en la coartada para silenciar el debate sindical.

 

Una Ejecutiva en funciones, un Congreso que no llega y una trabajadora Sheila Rozas despedida

Hay situaciones que obligan a detenerse y preguntarse qué está ocurriendo dentro de una organización que presume de defender a los trabajadores. El despido de Sheila Rozas en USO Cantabria es una de ellas.

No escribo estas líneas como un observador indiferente, lo hago como exsecretario general de USO Cantabria, que conoce el valor de una organización sindical, el esfuerzo de quienes la construyen y la responsabilidad que asumen quienes reciben de la afiliación el encargo de dirigirla, y es precisamente por eso, que me preocupa lo que está sucediendo.

Un sindicato existe para defender a quien trabaja frente al poder de quien manda, pero cuando es el propio sindicato quien despide, tiene la obligación de demostrar que sus decisiones respetan los mismos principios que exige cumplir a los demás, y la dirección de USO Cantabria tiene hoy demasiadas preguntas pendientes para pretender que este despido se examine de forma aislada.

La Ejecutiva Regional agotó su mandato de cuatro años en mayo de 2026 y continúa en funciones. El X Congreso Regional, que debería renovar la dirección y devolver la palabra a la afiliación, sigue sin celebrarse. Mientras tanto, según los hechos denunciados por la Federación de Industria de Cantabria ante la Ejecutiva Confederal, existen cuestiones pendientes relacionadas con la democracia interna, la falta de convocatoria del Consejo Regional, el retraso congresual y la negativa a facilitar el acceso al Libro Mayor de contabilidad.

Y es en ese escenario donde se produce el despido de Sheila Rozas. ¿Es una coincidencia? ¿Responde exclusivamente a los motivos laborales que alegue la dirección? ¿O puede tener relación con la disputa interna que atraviesa la organización y con la posibilidad de que surjan alternativas a quienes hoy la dirigen?

Mi preocupación es que el despido pueda interpretarse como una represalia o como una advertencia dirigida a quienes cuestionan la gestión actual. No afirmo que esa intención esté judicialmente acreditada; afirmo que el contexto obliga a despejar esa sospecha con hechos, documentos y explicaciones convincentes.

Porque hay algo que la dirección regional no debería olvidar, los sindicatos llevan décadas denunciando las represalias contra trabajadores que reclaman sus derechos, cuestionan decisiones empresariales o ejercen su libertad de expresión y participación, defendiendo la garantía de indemnidad y la protección frente a actuaciones que puedan castigar el ejercicio legítimo de derechos.

Esos principios no pueden quedarse en las puertas de las empresas, también deben respetarse dentro de las organizaciones sindicales. La defensa de los derechos laborales pierde credibilidad cuando no se aplica con el mismo rigor a quienes trabajan en la propia casa.

Y hay otra cuestión que considero fundamental, USO Cantabria no pertenece a su Ejecutiva, pertenece a su afiliación. La dirección administra una organización colectiva; no es propietaria de ella ni puede convertir un mandato temporal en una posición de poder sin control efectivo.

Si el Congreso se aplaza, hay que explicar por qué, si se cuestiona la transparencia contable, hay que responder con documentación, si una federación denuncia irregularidades internas, hay que escucharla y examinar sus argumentos, y si se despide a una trabajadora en medio de esa crisis, hay que ofrecer explicaciones suficientes para que nadie tenga motivos fundados para sospechar que detrás de una decisión laboral se esconde una disputa por el control de la organización.

Por eso considero imprescindible exigir explicaciones documentadas sobre las causas del despido de Sheila Rozas, la convocatoria del X Congreso Regional, con garantías democráticas y sin nuevas dilaciones injustificadas, transparencia contable, facilitando el acceso a la información económica, y la intervención efectiva de la Ejecutiva Confederal, para investigar las denuncias presentadas y evitar que la crisis se prolongue sin respuesta.

No se trata de defender a una persona al margen de los hechos ni de anticipar una sentencia, se trata de exigir que una organización sindical actúe con la ejemplaridad que reclama a los demás.

La afiliación tiene derecho a elegir a sus representantes en tiempo y forma, a conocer cómo se administra su organización y a participar sin temor a que discrepar de la dirección tenga consecuencias laborales. Ese es el sentido de la democracia sindical, y no una concesión de quienes ocupan temporalmente los puestos de responsabilidad.

Me duele especialmente que una organización construida con el esfuerzo de tantas personas pueda verse atrapada en una situación en la que la renovación democrática y la transparencia parecen quedar subordinadas a la supervivencia de quienes dirigen.

Una Ejecutiva en funciones, un Congreso que no llega y una trabajadora despedida constituyen una combinación que merece una explicación seria. No basta con invocar la autonomía sindical para cerrar el debate, la autonomía protege al sindicato frente a las injerencias externas, pero no puede utilizarse como escudo frente a la rendición de cuentas ante sus propios afiliados.

Mi posición es clara, primero, los derechos; después, las responsabilidades; y siempre, la democracia interna, ninguna dirección sindical está por encima de esos principios. 

Hay decisiones que explican mejor una crisis, que cualquier comunicado oficial.

Lo ocurrido en USO Industria Cantabria el pasado 2 de octubre es una de ellas. Lo que debía haber sido la celebración del Consejo Regional de Industria acabó convertido en una asamblea de delegados, un cambio aparentemente formal, pero con profundas consecuencias sindicales y democráticas.

Un Consejo Regional no es una simple reunión, es el órgano donde se debaten las discrepancias, se examinan las decisiones y se adoptan acuerdos, es el espacio en el que los representantes elegidos por la afiliación pueden analizar una situación extraordinaria y pronunciarse sobre ella, precisamente lo que algunos parecen empeñados en evitar.

La crisis abierta desde hace meses entre la Federación de Industria y la Unión Regional de Cantabria continúa sin resolverse, lejos de abrir espacios de participación y transparencia, la respuesta ha sido intervenir estructuras elegidas democráticamente y apartar de sus funciones a representantes respaldados por la afiliación.

Ni siquiera la presencia del secretario de Organización Confederal, David Díaz Vílchez, acompañado por representantes de la Federación Estatal de Industria, junto a la secretaria general regional y otros responsables, consiguió despejar las incógnitas.

La pregunta sigue siendo tan sencilla como incómoda, ¿a quién molestaba que se celebrara el Consejo Regional?

Nadie ofreció, según lo expuesto en la reunión, una explicación convincente de por qué se sustituyó el Consejo previsto por una asamblea sin la misma capacidad decisoria, y más aún, cuando se impide que un órgano competente debata y se pronuncie, a no ser que sus acuerdos pudieran incomodar a determinadas direcciones.

La exigencia de transparencia volvió a ocupar un lugar central. Se reiteraron viejas reclamaciones, como el acceso al Libro Mayor del sindicato en Cantabria y aclaraciones sobre cuestiones económicas pendientes, incluidas las dudas planteadas sobre posibles complementos abonados a colaboradores jubilados, al igual que la reclamación a convocar el X Congreso Regional de USO Cantabria, pendiente desde mayo.

Una organización sindical puede soportar discrepancias, pero difícilmente puede justificar indefinidamente el bloqueo del principal espacio democrático para renovar o ratificar a su dirección.

La asamblea expresó también su rechazo a las actuaciones disciplinarias contra Fernando Rey, secretario general de la Federación de Industria de Cantabria, y Sheila Rozas, secretaria de Igualdad y Afiliación, cuyo despido se ha vinculado a una supuesta pérdida de confianza, y la de otros integrantes de la ejecutiva elegida en el III Congreso Regional de Industria, celebrado en Puente Viesgo en octubre de 2023.

¿Cómo se puede defender la democracia interna mientras se aparta de sus funciones a una ejecutiva elegida por los afiliados sin que estos hayan podido pronunciarse colectivamente sobre el conflicto?

Especialmente preocupante resulto la presencia de José Vía Iglesias, Presidente de la Comisión de Garantías de USO Cantabria y vinculado a la representación sindical de Solvay, en una reunión enmarcada en esta crisis. La cuestión adquiere mayor relevancia ante las denuncias sobre supuestas convocatorias privadas a distintas secciones sindicales, aprovechando el reconocimiento y la posición orgánica que ostenta, para promover una determinada orientación en el conflicto.

Si estas reuniones se están utilizando para influir en favor de una posición partidista, al margen de los cauces democráticos y de la voluntad expresada por la afiliación de Industria, la situación exige explicaciones claras. Las secciones sindicales no pueden convertirse en instrumentos de presión para condicionar una decisión colectiva que corresponde a los afiliados.

Y hay una cuestión institucional que no puede eludirse: ¿cómo se preserva la apariencia de imparcialidad de la Comisión de Garantías cuando su presidente participa en actuaciones que pueden interpretarse como una toma de posición en el mismo conflicto sobre el que eventualmente podría tener que pronunciarse? No se trata de prejuzgar su actuación, sino de exigir transparencia, prudencia y una separación inequívoca entre las opiniones personales y las responsabilidades orgánicas.

Mientras tanto, los representantes de la Federación Estatal de Industria continúan, a juicio de los críticos con su gestión, respaldando decisiones disciplinarias e intervenciones sin ofrecer una salida que permita recuperar la normalidad democrática.

Porque la verdadera crisis no comenzó con los expedientes ni con las suspensiones, comenzó cuando los órganos dejaron de reunirse, los congresos quedaron pendientes, las preguntas incómodas dejaron de obtener respuesta y la discrepancia empezaron a tratarse como una amenaza. Y es precisamente con estos mimbres, que se está trasladando un mensaje profundamente preocupante, a las secciones sindicales, que están exigiendo transparencia, defensa de autonomía para los órganos elegidos y su derecho a participar en el interno del sindicato.

Quienes hoy ocupan responsabilidades deberían recordar algo elemental, las ejecutivas pasan, los secretarios generales pasan, los responsables confederales pasan y los conflictos terminan pasando, lo que permanece es la credibilidad de la organización.

Cuando la democracia interna deja de ser un principio y empieza a considerarse un obstáculo, la crisis ya no pertenece únicamente a una federación, alcanza a todo el sindicato. 

USO aun esta a tiempo de estar donde debe, junto a quienes luchan por una vivienda digna

 

La decisión de la Unión Sindical Obrera de no respaldar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre me produce una profunda discrepancia. No hablo en nombre de la organización, lo hago como sindicalista y como ex secretario general de USO Cantabria, después de muchos años defendiendo que la independencia sindical solo tiene sentido cuando sirve para defender los intereses de la clase trabajadora.

El comunicado difundido por la organización sostiene que la coincidencia entre la convocatoria de la huelga y el proceso electoral aconseja esperar a que las urnas hablen, obviando que la realidad social no espera, los alquileres no se congelan durante las campañas electorales, las hipotecas no dejan de subir porque haya elecciones, los jóvenes no encuentran vivienda asequible por el hecho de que las Cortes estén disueltas, y las familias trabajadoras continúan destinando una parte cada vez mayor de sus salarios a mantener un techo bajo el que vivir.

La vivienda se ha convertido en el principal conflicto social de nuestro tiempo. Miles de trabajadores, aun teniendo empleo no pueden acceder a una vivienda digna, otros viven atrapados en alquileres abusivos, y muchos jóvenes, a estas alturas han renunciado a emanciparse. Por otra parte, pensionistas con ingresos modestos, ven cómo cada año aumenta el coste de la vida, mientras se reduce su capacidad económica, por lo tanto hablar de salarios sin hablar de vivienda, es hoy una forma de ignorar la realidad.

Por eso me cuesta comprender que un sindicato considere que este no es el momento de movilizarse. Si existe una causa que afecta de manera directa a la clase trabajadora es precisamente la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones razonables, es por lo tanto, que el problema no es electoral, sino estructural, y quienes lo padecen lo sufren gobierne quien gobierne.

La independencia sindical nunca significó neutralidad frente a las injusticias, mas bien al contrario, la independencia, de que hace gala la USO, nació también para permitir que los sindicatos pudieran enfrentarse a cualquier gobierno, a cualquier partido y a cualquier poder económico cuando los derechos de los trabajadores estuvieran en peligro. Esperar a que finalice una campaña electoral para decidir si se combate una emergencia social supone invertir el sentido de esa independencia.

La huelga general del 11 de noviembre no debe interpretarse como una adhesión a ninguna candidatura ni a ninguna sigla política, debe entenderse como una exigencia colectiva dirigida a todos los responsables públicos y a quienes han convertido la vivienda en un negocio extraordinariamente rentable para unos pocos, e inalcanzable para una parte creciente de la sociedad.

La historia del movimiento obrero está llena de ejemplos en los que los trabajadores tuvieron que actuar antes de que las instituciones estuvieran dispuestas a escuchar. Ninguno de los grandes avances sociales llegó porque alguien esperó pacientemente el momento perfecto, llegaron porque hubo personas dispuestas a movilizarse cuando la situación era injusta e insostenible.

Por eso creo que la USO todavía está a tiempo de rectificar, todavía está a tiempo de abrir un debate con su afiliación y de situarse junto a quienes reclaman una vivienda digna como un derecho y no como un privilegio, todavía está a tiempo de entender que la vivienda es hoy una reivindicación sindical tan importante como el salario, la jornada laboral o la seguridad en el trabajo.

El sindicalismo de la USO no puede limitarse a observar cómo una generación entera ve frustradas sus expectativas de futuro, todo lo contrario, debe estar presente allí donde se libra la batalla por unas condiciones de vida dignas.

El próximo 11 de noviembre no solo se hablará de viviendas, se hablará de salarios, de precariedad, de desigualdad y de la posibilidad de construir un futuro para quienes trabajan, y en esa conversación, movilización y lucha, creo sinceramente que la USO debería estar.

Cuando trabajar ya no basta para vivir, razones para una huelga general

Cada vez que escucho a los responsables políticos hablar de Santander como una ciudad próspera, moderna y llena de oportunidades, no puedo evitar preguntarme de qué ciudad están hablando. Porque la Santander que yo veo cada día poco tiene que ver con esa imagen triunfalista que se difunde desde las instituciones.

Es cierto que algunos indicadores económicos presentan cifras positivas, también es verdad que las pensiones medias de jubilación se sitúan entre las más altas del país, sin embargo, detrás de esos datos existe una realidad mucho más dura, la de miles de trabajadores, jóvenes, mujeres y pensionistas tienen serias dificultades para llegar a fin de mes.

La principal contradicción de Santander es que la riqueza que se exhibe en los discursos oficiales no se refleja en la vida cotidiana de una gran parte de la población. Mientras el alquiler medio de la vivienda supera ya los 1.000 euros mensuales, los salarios de muchos trabajadores apenas permiten afrontar los gastos básicos, el resultado es que tener empleo ya no garantiza una vida digna.

La situación de la juventud es especialmente preocupante, a quienes se les exige formación, esfuerzo y flexibilidad se les niega algo tan básico como la posibilidad de emanciparse. Con salarios precarios y alquileres desorbitados, construir un proyecto de vida propio se ha convertido en una carrera de obstáculos. Muchos jóvenes se ven obligados a abandonar su ciudad para encontrar oportunidades que aquí se les niegan.

Tampoco podemos ignorar una realidad que sigue golpeando con fuerza: la feminización de la pobreza. Las mujeres continúan soportando importantes diferencias salariales y pensiones más bajas, una desigualdad que se arrastra durante toda la vida laboral y que termina condenando a muchas de ellas a una vejez marcada por la precariedad. No es casualidad que buena parte de las personas mayores que viven solas sean mujeres con ingresos insuficientes.

Mientras tanto, entre un 20 % y un 22 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, uno de cada cinco vecinos vive en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, estas cifras rara vez ocupan espacio en los discursos institucionales. Resulta más cómodo vender una imagen de éxito que reconocer que una parte importante de la ciudadanía no participa de sus beneficios.

A mi juicio, el problema tiene un nombre claro, la vivienda. Décadas de políticas insuficientes han permitido que el mercado se convierta en una máquina de expulsar a trabajadores, jóvenes y familias de ingresos modestos, cada subida del alquiler supone una transferencia directa de riqueza desde los salarios hacia quienes especulan con un derecho básico.

Por eso considero que ha llegado el momento de dejar de aceptar esta situación como algo normal. No estamos ante problemas individuales ni ante casos aislados, estamos ante un conflicto social de primer orden. Cuando trabajar no garantiza vivir con dignidad, cuando los salarios no permiten acceder a una vivienda y cuando la precariedad se convierte en la norma, la respuesta debe ser colectiva.

Creo que existen razones más que suficientes para impulsar una gran movilización social y sindical, UNA HUELGA GENERAL que sitúe en el centro del debate el derecho a una vivienda accesible y a salarios dignos. Las conquistas sociales nunca fueron regalos del poder, siempre fueron fruto de la organización y de la lucha colectiva.

Santander necesita menos propaganda institucional y más justicia social. Porque una ciudad donde miles de personas trabajan y siguen siendo pobres no puede considerarse una ciudad próspera, podrá ser una ciudad con riqueza, pero también una ciudad profundamente desigual.

Cuando los menores migrantes se convierten en votos

Hay momentos en los que la política deja de buscar soluciones y empieza a buscar culpables, el debate sobre la acogida de menores migrantes es uno de ellos.

Los mecanismos de derivación de menores desde Ceuta y Canarias hacia otras comunidades autónomas no son una novedad, forman parte del marco legal español, que desde hace años se viene utilizando bajo gobiernos de distinto signo político. Responden a una lógica sencilla, cuando un territorio fronterizo soporta una presión asistencial superior a su capacidad - como actualmente en Ceuta - el resto del país debe compartir la responsabilidad.

Sin embargo, determinados discursos políticos presentan esta realidad como si se tratara de una situación excepcional. Lo que durante años fue una obligación administrativa y legal aparece ahora como una imposición o una amenaza, mientras que la realidad es mucho menos dramática, de lo que se trata es cumplir la ley y garantizar la protección de menores de edad.

Lo más preocupante es que la inmigración se haya convertido en un instrumento de confrontación política. PP y Vox han situado esta cuestión en el centro de su estrategia de oposición al Gobierno, compitiendo por ocupar el espacio del discurso más duro, y en esa dinámica, los menores migrantes han dejado de ser personas para convertirse en cifras, símbolos y argumentos de campaña.

La consecuencia es evidente. Niños y adolescentes que deberían ser considerados sujetos de protección pasan a ser presentados como un problema político. Se habla de ellos constantemente, pero rara vez se habla de ellos desde la perspectiva de sus derechos, de sus necesidades o de su futuro, situando la discusión alrededor de competencias, costes o enfrentamientos partidistas, mientras los menores desaparecen del centro del debate.

La presión electoral ha contribuido además a endurecer posiciones políticas que en otros momentos fueron más pragmáticas. La búsqueda de acuerdos entre administraciones – habitual hasta ahora – está cediendo a una lógica de bloques cada vez más rígida, en la que el problema, importa cada vez menos, a no ser para justificar el desgaste político del gobierno central.

La influencia creciente de Vox sobre el debate migratorio ha empujado al Partido Popular hacia posiciones más duras en numerosos territorios, abriendo una especie de competición permanente por demostrar quién se opone con mayor firmeza a los sistemas de reparto y acogida. Se debate mucho sobre rechazo y muy poco sobre integración, protección de la infancia o cooperación institucional.

Mientras tanto, los menores en Ceuta, siguen siendo los grandes olvidados. Se han convertido en protagonistas involuntarios de una batalla política en la que sus derechos quedan relegados a un segundo plano. Su situación sirve para movilizar votantes, alimentar polémicas y reforzar discursos partidistas, pero rara vez para impulsar soluciones estables.

La democracia necesita discrepancias y debates intensos, pero lo que no necesita ni de lejos, es convertir a menores vulnerables en munición electoral. Cuando una sociedad acepta que el sufrimiento de niños y adolescentes puede utilizarse para obtener ventajas políticas, el problema deja de ser exclusivamente migratorio para convertirse también en una cuestión ética.

La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia, coherencia y honestidad, pero también tiene derecho a denunciar la utilización política de quienes menos capacidad tienen para defenderse.

Los menores migrantes no son una amenaza ni una herramienta de campaña, son seres humanos, y una sociedad se define, en gran medida, por la forma en que trata precisamente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.