Mientras España vuelve a enfrentarse a incendios forestales de enorme magnitud en Madrid, Ávila y otras comunidades, con miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones masivas, pueblos confinados y la declaración de situaciones de emergencia extraordinaria, la política continúa atrapada en un debate tan estéril como irresponsable.
Hace apenas unos meses fueron las inundaciones de Valencia las que dejaron decenas de víctimas, miles de damnificados y pérdidas multimillonarias. Hoy son los incendios los que obligan a movilizar a centenares de efectivos de emergencias para evitar nuevas tragedias. Mañana será una sequía extrema, una ola de calor o una nueva riada. Lo único seguro es que volverá a ocurrir.
Sin embargo,
cada vez que una catástrofe golpea España, el debate público se divide en dos
trincheras. Por un lado, quienes explican cualquier desastre exclusivamente a
través del cambio climático, y por otro, quienes reducen todo a una cuestión de
gestión política, mientras que el Partido Popular intenta navegar entre los
compromisos climáticos europeos y la presión de quienes cuestionan las
políticas ambientales, sin terminar de definir una posición clara.
La realidad
es mucho más compleja. El cambio climático constituye un factor determinante en
el incremento de muchos riesgos naturales y cada vez resulta más difícil
ignorar las evidencias científicas. Pero también influyen el abandono del medio
rural, la acumulación de combustible forestal, la ocupación de zonas
inundables, la falta de mantenimiento de cauces, la escasa gestión de los
montes, infraestructuras envejecidas y una coordinación administrativa que
continúa mostrando importantes deficiencias.
El problema
es que España sigue abordando cada desastre como un episodio aislado. Se actúa
cuando llega la emergencia, se buscan responsables durante unas semanas y, una
vez desaparecen las cámaras, todo vuelve a la normalidad hasta la siguiente
tragedia.
Lo
verdaderamente preocupante es que el cambio climático ya no puede contemplarse
como una hipótesis futura. Sus efectos están presentes y seguirán
intensificándose si no se adoptan medidas globales capaces de reducir sus
impactos. Pero incluso aceptando esta realidad, existe una cuestión igual de
urgente, preparar al país para convivir con fenómenos extremos cada vez más
frecuentes.
Por ello
resulta imprescindible abrir un gran debate nacional que desemboque en una
auténtica Ley Integral de Emergencias Naturales. Una norma que unifique
criterios defina competencias, refuerce la coordinación entre administraciones,
impulse sistemas de alerta temprana, fomente inversiones en infraestructuras
resilientes y convierta la prevención en una verdadera política de Estado.
Lo que falta
no son profesionales. España cuenta con algunos de los mejores especialistas en
protección civil, emergencias, meteorología y gestión ambiental de Europa. Lo
que falta es voluntad política para construir un marco legal estable, coherente
y permanente que permita actuar antes de que se produzcan las tragedias y no
únicamente cuando ya es demasiado tarde.
Los
incendios de Madrid y Ávila, las inundaciones de Valencia y tantas otras
catástrofes recientes deberían servir como una llamada de atención definitiva.
No podemos seguir instalados en el enfrentamiento ideológico mientras el
territorio se vuelve más vulnerable y los ciudadanos asumen las consecuencias.
Las emergencias naturales no distinguen entre votantes de izquierdas o de derechas. Tampoco deberían hacerlo las soluciones. España necesita abandonar el ruido político y comenzar a construir una estrategia nacional basada en la prevención, la planificación y la resiliencia. Porque mientras los partidos discuten quién tiene la culpa, los bosques siguen ardiendo, los pueblos siguen inundándose y los ciudadanos continúan pagando el precio de la inacción.
