Del debate al insulto, cuando la opinión deja de ser periodismo

 

Confieso que hacía tiempo que no leía a Federico Jiménez Losantos. Y, tras su último comentario del pasado 6 de mayo en El Mundo, probablemente vuelva a tomar distancia durante una buena temporada. No por discrepancia ideológica - que es mucha - sino por algo bastante más básico, la ausencia total de un mínimo respeto en la forma de argumentar.

 Me cuesta entender en qué momento el insulto pasó a convertirse en género periodístico. Lo que uno encuentra ya no es una crítica política - dura, si se quiere - sino una sucesión de descalificaciones, insinuaciones y expresiones de brocha gorda que poco o nada aportan al debate público.

 Cuando el lenguaje se llena de términos como “puterío”, “puteros” o similares, aplicados además de forma indiscriminada, lo que se degrada no es solo a quien va dirigido, sino al propio texto.

 El caso de Ábalos y Pedro Sánchez es paradigmático, más allá de las responsabilidades que puedan o no demostrarse - que para eso están los tribunales - lo que se ofrece no es análisis, sino una especie de relato construido a base de excesos verbales, donde todo parece valer.

 Se sugieren tramas, se trazan paralelismos y se reparten culpas con una ligereza que inquieta, sobre todo cuando no van acompañadas de pruebas.

 Tampoco ayuda la tendencia a generalizar, pasar de casos concretos a etiquetas que engloban a todo un partido político no solo simplifica la realidad, sino que la distorsiona deliberadamente, convirtiéndola, en recurso fácil, pero profundamente empobrecedor.

 Quizá lo más llamativo es esa contradicción constante, mientras se reivindican valores como la honradez o la dignidad, el propio discurso se desliza una y otra vez hacia el terreno de la descalificación personal. Y ahí es donde, al menos para mí, se rompe cualquier posibilidad de tomar en serio lo que se dice.

 No se trata de pedir suavidad ni corrección política, se trata, simplemente, de exigir un mínimo de rigor y respeto en el uso de la palabra. Porque cuando eso desaparece, lo que queda ya no es periodismo, ni siquiera opinión, es ruido, y de eso, sinceramente, ya vamos bastante sobrados.

Altamira, el gran campus tecnológico de Cantabria, entre la ambición y la incertidumbre.

 

El llamado Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos - y a la vez más cuestionados - del actual Gobierno de Cantabria. Presentado como un símbolo del salto de la región hacia la economía digital, hoy permanece atrapado en una fase administrativa sin avances visibles, envuelto en tensiones políticas y dependiente de decisiones externas clave.

 El proyecto fue anunciado con gran despliegue institucional por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, como la mayor inversión privada en la historia de Cantabria, estimada en 3.600 millones de euros, un plan que, de salir bien, afectara una superficie a repartir entre Piélagos y Villaescusa de 637.000 metros cuadrados.

 Su objetivo, posicionar a Cantabria en la primera división digital europea, aprovechando la conexión con infraestructuras como el cable submarino transatlántico, y con ello nuevos empleos de alta cualificación.

 El promotor principal es Stoneshield Capital, cofundado por Javier Ibáñez y Felipe Morenés, a través de su filial XDC Properties, encargada del desarrollo, según nos contó la presidenta Buruaga, que, por cierto, hasta la fecha guardan un escrupuloso silencio.

 El Ejecutivo autonómico, con muy buen criterio declaró Altamira como Proyecto Empresarial Estratégico y con ello, el inicio de la compra de terrenos - o eso se pensaba - para la tramitación urbanística mediante un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

 Sin embargo, este trámite, que estaba prevista su ejecución entre finales del 2025 y primeros del 2026 no se ha puesto en marcha, incluso la compra de terrenos se ha convertido en una mera opción de compra, lo que está provocando cierta inseguridad, entre los diputados regionales.

 El principal obstáculo, según ha comentado el diputado del PP Alejandro Liz no es urbanístico, sino energético, al requerir hasta 500 MW de potencia eléctrica, lo que obliga a reforzar la red de transporte eléctrico, una competencia que depende de decisiones estatales y de Red Eléctrica de España.

 EL debate político y presión parlamentaria, no se han hecho esperar, y el pasado 4 de mayo a pregunta del diputado Hernando del PRC se ha puesto en evidencia los retrasos y las dificultades, a las que, en sesión parlamentaria, el PP ha sido incapaz de responder, acudiendo a los tópicos de siempre  atribuyendo los retrasos al Gobierno central por no incluir el proyecto Altamira en la planificación de nuevos centros tecnológicos hasta 2030.

 Esta posición ha sido cuestionada por los grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox. que han exigido explicaciones más precisas, de hecho, han otorgado un plazo de dos meses al Ejecutivo regional para presentar avances tangibles y la documentación pendiente, tras constatar retrasos de más de seis meses en la primera fase.

 En esta situación, no cabe más, y siendo muy generosos, que calificar Altamira como una gran promesa en transición, y esto siempre que exista, el inversor privado, y se vayan dando pasos en el desarrollo administrativo, y aun asi, imprescindible se vaya pronunciando el delegado del gobierno.

 Porque después del debate parlamentario, mucho me temo que el Campus Altamira, a lo que más pueda llegar, para el gobierno regional, sea su rentabilidad como activo político en expectativa que como una infraestructura en construcción.

Cantabria, el mito del bienestar frente a la realidad de la pobreza laboral

 

Durante años se ha instalado en el discurso político e institucional la idea de que Cantabria es una comunidad con altos niveles de bienestar y pobreza relativamente baja. En parte, las estadísticas parecen respaldar ese relato, los indicadores AROPE sitúan la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en torno al 22 %, varios puntos por debajo de la media nacional.

Sin embargo, limitar el análisis a esa comparación resulta engañoso. Hoy más de 120.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Cantabria, y alrededor del 42 % de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Esto revela una amplia franja de población que, sin estar bajo el umbral estadístico de pobreza, vive con una economía extremadamente ajustada.

El último informe de la Fundación FOESSA señala que más de 80.000 personas se encuentran ya en situación de exclusión social - cerca del 14 % de la población - y que esta cifra ha crecido un 30 % desde 2018.

La estructura económica regional tampoco ayuda. Cantabria presenta una renta media por hogar inferior a la media nacional y un modelo productivo muy dependiente del sector servicios, con empleos precarios, salarios bajos y alta temporalidad. De ahí una paradoja cada vez más visible, tener trabajo no siempre protege frente a la pobreza. Una parte importante de quienes viven en exclusión, trabajan o buscan empleo activamente.

La pobreza infantil alcanza ya a cerca de uno de cada cuatro menores, lo que condiciona las oportunidades de toda una generación, las mujeres presentan tasas de pobreza superiores, especialmente en hogares monoparentales o en empleos precarios, y el envejecimiento demográfico añade presión, muchas familias dependen de pensiones bajas que deben sostener a varios miembros del hogar.

A esto se suma el encarecimiento del alquiler de la vivienda, los suministros y el coste de vida en general, que reduce el margen económico de miles de hogares. Cada vez más familias viven en una economía de subsistencia donde cualquier imprevisto - una avería, un gasto sanitario, la pérdida de empleo - puede desencadenar una situación de pobreza.

El verdadero reto de Cantabria no puede limitarse a mantener indicadores ligeramente por debajo de la media. El desafío real es reducir la desigualdad, mejorar los salarios y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la mayoría. Porque detrás de las cifras que hablan de bienestar existe otra realidad, la de miles de personas que trabajan, cotizan y sostienen la economía regional, pero siguen teniendo dificultades para vivir con dignidad.

Unidad Sindical para defender lo conquistado frente a Vox y el PP

 

Lo que hoy plantea Vox en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León no es una simple diferencia ideológica. Es un proyecto estructurado de desmantelamiento del modelo laboral y sindical construido durante décadas de lucha democrática, y si el Partido Popular decide ser cómplice de este camino, la confrontación social será inevitable.

El esquema que impulsa Vox rompe de raíz con el papel de los sindicatos democráticos, pretendiendo sustituirlos por estructuras dóciles creadas a su medida, debilitando la representación real de los trabajadores. El objetivo es evidente, dejar al trabajador solo frente al poder empresarial, eliminando la fuerza colectiva que equilibra la relación laboral.

La ofensiva contra los convenios colectivos - sectoriales, autonómicos o estatales - busca precisamente ese objetivo la fragmentación de la clase trabajadora. Bajo el discurso de la “flexibilidad”, imponiendo un modelo donde cada empresa fije sus reglas, generando desigualdad y competencia entre trabajadores.

Abaratar el despido, reducir indemnizaciones, recortar cotizaciones empresariales y debilitar las prestaciones por desempleo forman parte del mismo paquete, el de trasladar el riesgo al trabajador a la vez que se vaya consolidando un mercado laboral basado en la inseguridad.

Y para ello se ataca al sindicalismo y su derecho de protesta, por ejemplo, recortando su financiación y cuestionando la concertación social, limitando el derecho de huelga y la protesta sindical, provocando un ataque directo a los instrumentos de defensa de los trabajadores.

Y es precisamente en el marco laboral y sindical, donde con mas crudeza, se pretende aplicar la propuesta de Vox, “prioridad nacional” que pretende fracturar a la clase trabajadora aplicando medidas insolidarias, regresivas y contraria a los principios fundamentales del derecho laboral.

Ante este escenario, no basta con resistir por separado, es imprescindible que el conjunto de los sindicatos democráticos abra un espacio real de diálogo entre ellos, superando diferencias y estrategias parciales, para avanzar hacia una unidad sindical efectiva.

Unidad que no sea solo declarativa, sino operativa, capaz de articular movilizaciones sostenidas, respuestas coordinadas, en la defensa común de los derechos laborales, porque frente a un proyecto organizado de regresión social, la división sindical es una debilidad que no nos podemos permitir.

Si el Partido Popular avanza junto a Vox en este modelo, el sindicalismo debe responder con firmeza, organizándose para movilización y confrontación democrática, porque lo que está en juego no es una reforma más, es el modelo de sociedad, y dignidad del trabajo.

Extremadura, el laboratorio de la desigualdad que amenaza con extenderse

 

La presidenta de Extremadura, ha vuelto a tragarse su correspondiente dosis de sapos para ser investida de nuevo gracias al pacto de gobierno entre el PP y Vox. Un acuerdo que no es un simple trámite institucional, sino un experimento político con vocación de réplica en otros territorios como Aragón  y Castilla y León, por tanto, ante un banco de pruebas donde se ensayan las bases de futuros pactos.

Entre los elementos más preocupantes destaca la llamada “prioridad nacional”, un concepto que pretende favorecer a ciudadanos españoles en el acceso a ayudas públicas y vivienda. Este planteamiento introduce un cambio de paradigma político al abrir la puerta a criterios de preferencia por nacionalidad o arraigo en derechos que, hasta ahora, se han construido sobre principios de universalidad e igualdad.

Lo más llamativo es que esta idea ha sido cuidadosamente suavizada en la puesta en escena pública de Guardiola, pero no por ello pierde su carga de profundidad, al contrario, supone una confrontación directa con la legislación vigente, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, donde el principio de igualdad ante la ley no es negociable. 

Ahora vendrán las justificaciones, los matices y los habituales dimes y diretes de que en política no todo acuerdo está para cumplirse, argumento que a estas alturas resulta irrelevante.

Lo verdaderamente peligroso no es si se ejecuta o no cada punto, sino el marco discursivo que se consolida, y que tensiona principios básicos, a la vez que normaliza la idea de que los derechos pueden ser condicionados.

El propio acuerdo, de hecho, deja entrever sus límites al remitirse constantemente al “marco legal vigente” y a las competencias restringidas de una comunidad autónoma. Sin embargo, eso no impide que se planteen restricciones en ayudas, endurecimiento de políticas migratorias o exclusión de determinados colectivos, medidas ya cuestionadas por su posible ilegalidad o invasión de competencias estatales.

El resultado es un escenario inquietante, gobiernos autonómicos impulsando iniciativas de dudosa constitucionalidad, abriendo conflictos institucionales con el Estado y la Unión Europea, y fomentando una judicialización constante de la acción política. Se corre así el riesgo de legislar no para gobernar, sino para provocar recursos y alimentar una estrategia de confrontación permanente.

Mientras tanto, en Aragón ya se mira este pacto como referencia directa en las negociaciones en curso. Y en Castilla y León, donde la experiencia de gobierno compartido entre PP y Vox ya es una realidad, el precedente extremeño puede endurecer aún más el marco ideológico, especialmente en materias sensibles como inmigración o políticas sociales.

Paso a paso, este modelo puede consolidarse hasta convertirse en norma. Lo que hoy se presenta como una concesión puntual podría transformarse mañana en una condición estructural de gobernabilidad para el liderazgo de Rajoy.

El precio de gobernar a cualquier coste plantea un dilema de fondo, ¿hasta dónde puede llegar un partido para asegurar el poder?. 

Hasta claro que cuando conceptos como la igualdad, la universalidad de los derechos o la neutralidad institucional se convierten en moneda de cambio, dejamos de estar ante una disputa política ordinaria para entrar en un terreno mucho más profundo y estructural. 

Por lo tanto Extremadura ya no es solo un gobierno, es un precedente y cuando además se cuestiona el papel de los sindicatos o se intenta limitar su capacidad de acción, la gravedad es aún mayor. No estamos ante una opinión política más, sino ante un ataque directo a la libertad sindical, protegida por la ley y por organismos internacionales.

Ante este escenario no cabe la equidistancia. El sindicalismo no puede limitarse a observar. Tiene la responsabilidad de confrontar, de denunciar y de movilizar. Porque cada retroceso que se normaliza —como el que hoy se ensaya en Extremadura— es un derecho que puede tardar décadas en recuperarse.

El Bocal tiene responsables con nombres y apellidos

 

Lo ocurrido en la pasarela de El Bocal, de Santander, ya no admite eufemismos. El informe pericial ha desmontado cualquier intento de presentar la tragedia como un accidente inevitable. No lo fue.

 Fue el resultado directo de la negligencia acumulada de varias administraciones públicas que, durante años, miraron hacia otro lado mientras una infraestructura se degradaba a ojos de cualquiera. 

 El dictamen técnico es demoledor: corrosión avanzada, materiales inadecuados para un entorno marino, ausencia de mantenimiento estructural y un diseño incapaz de resistir el fallo de un solo elemento. En otras palabras, una estructura condenada si nadie intervenía, y nadie intervino.

 Aquí es donde hay que dejar de hablar en abstracto y empezar a señalar responsabilidades concretas.

 La Demarcación de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) no puede eludir su papel. Si la infraestructura estaba bajo su ámbito competencial - como ocurre en buena parte del litoral - su obligación era clara, inspeccionar, mantener o, en su defecto, cerrar. No hizo ni una cosa ni la otra.

 El Ayuntamiento de Santander, por su parte, tampoco puede esconderse, aunque no fuera titular directo, sí era la administración más cercana al ciudadano, conocedora del estado de la pasarela y responsable de velar por la seguridad en su municipio. La inacción, en este contexto, también es responsabilidad.

 El Gobierno de Cantabria tampoco queda al margen, su papel de supervisión, coordinación y garantía de la seguridad en infraestructuras públicas no puede reducirse a una presencia institucional tras la tragedia, porque la prevención es también una obligación política.

 Y junto a las administraciones, surge otra cuestión incómoda la de preguntarse ¿Dónde estaban los controles técnicos?.

La corrosión que describe el informe no aparece en semanas, sin ninguna duda, es el resultado de años de abandono. Años en los que nadie - o quienes debían hacerlo - decidieron mirar hacia donde no convenía.

 Lo más grave no es solo el fallo técnico. Es el fallo del sistema, un sistema en el que se inauguran infraestructuras, pero no se mantienen. En el que las competencias se fragmentan hasta diluir la responsabilidad, en el que nadie actúa… hasta que ocurre una tragedia.

 Y entonces, como siempre, llegan las declaraciones, los minutos de silencio y las promesas de investigación.

 Pero esta vez no debería bastar, porque el informe pericial es claro: ERA INEVITABLE, y cuando algo es evitable y aun así ocurre, deja de ser un accidente para convertirse en una responsabilidad.

 Ahora toca algo más que explicaciones, toca depurar responsabilidades hasta el final toca saber quién decidió no actuar, toca asumir que la omisión también mata.

 El Bocal no puede cerrarse en falso, porque si no hay consecuencias, el siguiente fallo estructural no será una sorpresa, será una repetición.

La Remonta, el símbolo de cómo PP, PRC y PSOE han fallado a la vivienda en Cantabria

Cantabria ya no puede esconder su problema de vivienda detrás de diagnósticos repetidos. La situación es clara, acceder a una vivienda digna es cada vez más difícil y los responsables tienen nombre. Durante años, el Partido Popular (PP), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han sido incapaces - o no han querido - dar una respuesta eficaz a un problema que hoy es central para miles de cántabros.

El crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas en Santander no es casualidad, es consecuencia de años de permisividad política. Ninguno de los gobiernos – nacionales, municipales ni autonómicos - han querido afrontar el coste de regular de verdad este fenómeno, el resultado, menos vivienda residencial, y precios disparados.

Y frente a esta situación, la existencia de más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria, que retratan el fracaso colectivo, con el que solo cabe preguntarse, dónde han estado las políticas para movilizarlas, y que han hecho el PP, PRC y PSOE más allá de anunciar medidas que nunca llegan. La respuesta no puede ser otra, que la inacción prolongada, que está convirtiendo este problema en algo más que técnico, para convertirlo también en una responsabilidad política compartida.

La regulación del alquiler turístico sigue siendo insuficiente porque, sencillamente, no ha sido una prioridad real para quienes gobiernan o han gobernado. Se ha legislado a medias, se ha controlado poco y se ha permitido que la situación derive en un modelo insostenible.

Pero si hay un símbolo que concentra décadas de ineficacia política es La Remonta, en Peñacastillo.

Más de 25 años, gobiernos de distinto color, alternancias políticas, y promesas reiteradas, han tenido el mismo resultado, cero viviendas construidas en uno de los suelos más estratégicos de Santander.

El listado de planes es tan extenso como estéril, desde finales de los 90, proyectos estatales, acuerdos entre administraciones, planes parciales, propuestas de parques, anuncios de vivienda social, comisiones técnicas… todos ellos impulsados, en distintos momentos por PP, PRC o PSOE, pero ninguno ejecutado. La Remonta se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo funciona la política regional cuando falla, todos han pasado por el problema, pero ninguno ha asumido la solución.

Mientras tanto, más de 1.300 viviendas sociales potenciales, siguen sin construirse, mientras que, jóvenes, familias y trabajadores siguen sin acceso a vivienda, y a la espera de que las administraciones – autonómicas, nacionales y locales - se pongan de acuerdo.

Y todo ello en paralelo a un proceso creciente de gentrificación, que transforma Santander en una ciudad cada vez más orientada al visitante y menos al residente.   

La conclusión es incómoda, pero inevitable, el problema de la vivienda en Cantabria no es solo económico o urbanístico, es profundamente político.

Las soluciones están encima de la mesa desde hace años, regular de forma efectiva las viviendas turísticas movilizar la vivienda vacía con medidas reales, apostar decididamente por vivienda pública y desbloquear de una vez suelos estratégicos como La Remonta.

Por lo tanto, lo que falta no es información, ni capacidad técnica, incluso ni diagnóstico, lo que falta es decisión política y asumir los costes correspondientes, porque mientras el PP, PRC y PSOE sigan utilizando la vivienda como argumento y no como prioridad real, Cantabria seguirá avanzando hacia un modelo en el que vivir será cada vez más difícil… y la política, cada vez menos creíble.