El regreso del PRC como fuerza bisagra

Durante meses parecía políticamente imposible que el Partido Regionalista de Cantabria fuera apoyar los presupuestos del Gobierno del Partido Popular. Las condiciones iniciales del PRC eran duras y su discurso público mantenía una clara distancia respecto al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga. Sin embargo, el acuerdo finalmente ha llegado, sorprendiendo a buena parte de los cántabros.

Más allá de las medidas concretas del pacto, la clave parece estar menos en la gestión inmediata – a la que se venía agarrando con uñas y dientes el partido - y más en la estrategia política de cara a las elecciones autonómicas de 2027 y al futuro del liderazgo regionalista tras décadas marcadas por Miguel Ángel Revilla.

El movimiento, según mi opinión, pudiera interpretarse como un intento del PRC de recuperar su papel tradicional como partido bisagra en la política cántabra. Durante años, esa posición le permitió pactar con fuerzas de distinto signo ideológico y reforzar su imagen de partido pragmático, centrado en los intereses de Cantabria por encima de los bloques políticos.

Tras un largo periodo de gobierno junto al PSOE, los regionalistas parecen querer marcar distancias y reconstruir una identidad política propia, y para ello pactar ahora con el PP les puede permitir lanzar un mensaje claro, el de un partido que quiere presentarse de nuevo como una fuerza independiente, y a la vez dispuesto a negociar con quien fuera necesario, si con ello se beneficia a la comunidad autónoma.

Después de perder el Gobierno en 2023, el partido pasó a la oposición, en una situación muy difícil de asumir, por lo que este acuerdo presupuestario, pudiera permitirle mantener, cierta capacidad de influencia política sin asumir el desgaste del pacto presupuestario. Además, ofrece la posibilidad de presentar resultados concretos ante su electorado, especialmente en comarcas donde su implantación es fuerte, al mismo tiempo que suaviza la radicalidad expresada por algunos de los alcaldes regionalistas.

El pacto también se produce en un momento clave para el partido: la transición generacional. Con el horizonte del relevo de Revilla – con un poco de suerte a manos de Paula Fernández Viaña - el PRC necesita mantener presencia institucional, visibilidad y capacidad de negociación para consolidar nuevos liderazgos.

Visto así, el acuerdo no es solo una decisión coyuntural. Es también un movimiento dentro de una estrategia más amplia para llegar a 2027 reforzando tres ideas claves, su utilidad política, la independencia ideológica – que algunos vinculaban actualmente al partido socialistas - y capacidad de negociación.

El tiempo dirá si la jugada resulta eficaz. Pero lo que parece claro es que este acuerdo presupuestario marca el inicio de un nuevo movimiento en el tablero político cántabro.

 

Alguien avisó, la tragedia de la pasarela del Bocal que pudo evitarse

Antes de cualquier análisis, lo primero es lo primero: mis más profundas condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en la senda del litoral, en la maldita pasarela del Bocal. Nadie puede imaginar el dolor que están atravesando. Y precisamente por respeto a ese dolor, lo ocurrido no puede quedar reducido a un simple intercambio de declaraciones políticas. Porque lo que sabemos hasta ahora es profundamente inquietante.

Un ciudadano alertó del peligro. No se trataba de una sospecha vaga, advirtió que la pasarela se movía y que podía caerse. Es decir, alguien vio el riesgo y lo comunicó. El sistema fue advertido.

Cuando un ciudadano llama para avisar de un posible colapso estructural, el principio de precaución debería activarse automáticamente. El 112 no es solo un teléfono, es el centro neurálgico de la respuesta ante emergencias. Desde allí, los protocolos deberían permitir activar simultáneamente a la Policía Local, a los servicios técnicos municipales y, especialmente, al Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos son los especialistas en evaluar riesgos de derrumbe en primer lugar, son quienes pueden determinar si una estructura es segura o si debe cerrarse de inmediato. Y aquí surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, si la zona se hubiera cerrado a tiempo, ¿estaríamos hoy hablando de víctimas mortales?

Porque impedir el acceso a la pasarela habría sido una medida sencilla si el riesgo se hubiese considerado con la gravedad que merece cualquier aviso de este tipo. Además, la coordinación entre servicios no debería terminar con la simple transmisión del aviso. Un sistema de emergencias eficaz no solo comunica, también verifica que el mensaje ha sido recibido y que el recurso correspondiente ha sido activado. En situaciones de riesgo, cada eslabón de la cadena importa.

Ahora corresponde al juzgado esclarecer lo ocurrido. Será necesario revisar registros informáticos, escuchar las grabaciones de la llamada y analizar toda la cadena de decisiones. Habrá que determinar si hubo una mala valoración del riesgo, un fallo de comunicación entre el 112 y los servicios municipales, una ausencia injustificada de bomberos o incluso un incumplimiento de los protocolos de emergencia. En definitiva, si estamos ante un error humano, un fallo del sistema o una negligencia.

Pero mientras la justicia investiga, hay algo que no admite demora,  revisar y mejorar de inmediato los protocolos de coordinación entre los servicios de emergencia y las administraciones responsables.

Y, por supuesto, dejar de lado el espectáculo político que suele seguir a cada tragedia. Los ciudadanos no necesitan ver a responsables públicos cruzándose reproches en rueda de prensa.

Necesitan saber qué falló y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Cuando las instituciones fallan en algo tan básico como prevenir un riesgo que había sido advertido, la confianza pública se resquebraja, y recuperar esa confianza exige algo más que explicaciones. Exige responsabilidades.

Entre ellas, la dimisión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Porque gobernar también significa asumir las consecuencias cuando los sistemas que dependen de la administración no funcionan como deberían.

Entre Vivencias y Senderos: la poesía inesperada de Jesús Echezarreta

 

Jesús Echezarreta es, ante todo, un santanderino de siempre, como a él mismo le gusta sentirse. Aunque la vida lo llevó lejos de su tierra para echar raíces en Zaragoza, hay identidades que nunca se abandonan del todo y que siguen latiendo en la memoria, en la mirada y, quizá también, en los versos.

Entre la medicina, ejercida como profesión, y el sindicalismo en Comisiones Obreras asumido con compromiso militante, nunca pensé que la poesía pudiera convertirse en el reposo de un hombre de izquierdas con cierto ramalazo de radicalidad. Tal vez por eso me sorprendo -y en buena medida me alegro - de tener un amigo capaz de expresarse en verso.

De “Vivencias” a “Senderos” hay un camino por el que pasea la poesía de Jesús. Dos poemarios que, en el tiempo, terminan por fundirse en una misma trayectoria de versos y poemas. En ellos va creciendo un poeta recién estrenado, pero cargado de experiencias, de emociones sentidas en lo personal y proyectadas hacia los demás, hacia ese otro que siempre completa el todo.

En su primer poemario, Vivencias, prologado por Belén Mateos, se define a Jesús como “un poeta que ama la vida lucha por ella, sueña y muere en el verso”. Desde mi humilde desconocimiento de la métrica y de los secretos técnicos de la poesía, añadiría algo más, es también un hombre profundamente comprometido con la justicia social, alguien que ha participado activamente en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Por eso su poesía tiene también un punto de transgresión y de militancia. No se limita a la contemplación o al lirismo íntimo, sino que a menudo se convierte en una forma de denuncia social, en una manera de hacer visibles los múltiples problemas que hoy seguimos padeciendo también en España.

Pablo Delgado, prologuista de su segundo poemario, Senderos, vuelve a revelarnos otra faceta del poeta. En sus palabras, Jesús avanza “jaleando por un dulce y suave sendero el amor reflexivo, con sutiles matices del tiempo en perfecta armonía”, en contraste con una sociedad “anegada de ruido y estímulos vulgares”. Ese sendero es capaz de abrir caminos diversos: el amor entendido como algo que pertenece a todos y para todos, y al mismo tiempo la denuncia social que nunca desaparece en quien ha vivido la militancia de izquierdas como parte de su identidad.

Por todo ello, a mi amigo Jesús Echezarreta solo puedo decirle: felicidades por este nuevo poemario. Y gracias, porque, sin proponértelo quizá, tus versos me están ayudando cada vez más a entender la poesía.

Sumar: algunas conclusiones necesarias

La experiencia de Sumar permite extraer lecciones relevantes sobre las dificultades de la izquierda a la izquierda del PSOE para consolidar proyectos políticos estables. Su aparición generó expectativas comprensibles: recomponer un espacio fragmentado tras el desgaste del ciclo de Podemos y construir una herramienta con mayor capacidad de incidencia institucional. 

En su fase inicial, Sumar logró atraer a sectores diversos del electorado progresista, incluyendo perfiles del ámbito social, sindical y político. Esa confluencia alimentó la expectativa de un espacio más amplio, capaz de conectar acción institucional, movilización social y agenda laboral.

Con el tiempo, esas expectativas se debilitaron. La indefinición organizativa, la ausencia de estructuras claras de participación y la dificultad para articular una dirección colectiva sólida limitaron su arraigo social y su capacidad de proyección electoral.

El paso atrás de Yolanda Díaz en el liderazgo político no es un hecho aislado, sino la confirmación de esos límites: un proyecto excesivamente dependiente de una figura concreta, sin un marco colectivo consolidado que lo sostuviera en el tiempo.

Mientras el debate vuelve a centrarse en términos abstractos —“ideas”, “proceso”, “proyecto”—, el problema de fondo persiste: la política transformadora requiere organización, tiempos claros y capacidad real para disputar poder. Cuando eso falla, otros ocupan el espacio.

En este contexto, el PSOE aparece para parte del electorado como una opción más previsible en términos de gestión, reforzada por los avances del gobierno de coalición. La lección es clara: sin estructuras sólidas y arraigo social, la ilusión no basta.

Las listas de espera en Cantabria como excusa: el negocio oculto de la externalización sanitaria

 
Hace unos días publiqué en este blog una primera reflexión sobre el acuerdo singular entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital San Juan de Dios –Santa Clotilde–. Entonces aún no se conocía un dato clave: la verdadera beneficiaria económica del convenio no es el hospital, sino la empresa privada HT Médica, a la que se subcontratan los servicios.

Lo que se presentó con opacidad como una solución técnica para reducir las listas de espera es, en realidad, un nuevo paso en la externalización encubierta de la sanidad pública. Un modelo impulsado por el Partido Popular que convierte un problema estructural del sistema sanitario en una oportunidad de negocio financiada con dinero público.

El consejero de Sanidad omitió que Santa Clotilde actúa únicamente como intermediario económico. La atención sanitaria la prestará HT Médica, en muchos casos con los mismos profesionales que ya trabajan en el sistema público regional. El resultado es un esquema tan sencillo como opaco: fondos públicos que acaban en una empresa privada sin contrato público, sin licitación y sin control parlamentario o ciudadano, pero que podría gestionar hasta 256 millones de euros.

Aunque el modelo pueda ser formalmente legal, es democrática y socialmente inaceptable. La subcontratación expulsa del control público información esencial: precios reales, criterios de elección, beneficios empresariales y destino final de los recursos comunes.

No es un modelo nuevo. Ya se ha aplicado en comunidades como Madrid o Valencia, generando un círculo vicioso que debilita lo público y justifica nuevas derivaciones al sector privado. Las listas de espera no se solucionan privatizando, sino invirtiendo en recursos públicos, plantillas, infraestructuras y medios propios.

La sanidad pública está para prestar servicios, no para ser intermediaria de negocios privados. Todo lo demás es un retroceso que acabamos pagando trabajadores y pacientes.

La reforma laboral de Milei: un ataque frontal a los derechos conquistados por la clase trabajadora

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei pretende imponer a las trabajadoras y trabajadores argentinos representa un retroceso histórico en derechos laborales. Si no logra ser frenada por la movilización y la lucha del movimiento sindical, supondrá una transformación profunda del mercado de trabajo en favor exclusivo de las empresas, debilitando las protecciones laborales y habilitando la imposición unilateral de condiciones en materia de jornadas, despidos, negociación colectiva y acción sindical.

No es casual que esta reforma se haya convertido en uno de los principales focos de conflicto político y social en Argentina. Su aprobación en el Senado y el actual debate en la Cámara de Diputados ya han provocado protestas masivas y una huelga general, expresión clara del rechazo popular y sindical a un proyecto que pretende barrer décadas de conquistas obreras.

Entre los puntos más graves se encuentra la ampliación de la jornada laboral hasta las 12 horas diarias, liquidando la histórica jornada de 8 horas. A esto se suma una nueva trampa patronal: el llamado “banco de horas”, un mecanismo que permitirá a las empresas exigir horas extra sin pagarlas, compensándolas con descansos futuros cuando convenga al empleador.

El ataque no termina ahí. La reforma también reduce las indemnizaciones por despido, modificando su cálculo y excluyendo conceptos y bonificaciones, lo que abarata el despido y deja a los trabajadores en una situación de mayor desamparo. Para completar el cuadro, se impulsa un Fondo de Asistencia Laboral, financiado por las propias empresas, cuyo objetivo real no es proteger al trabajador despedido, sino reducir aún más el costo de echar gente.

Los derechos vinculados al descanso y la salud también quedan bajo amenaza. Las vacaciones pasarán a depender de la conveniencia empresarial, fragmentadas y flexibilizadas, mientras que las licencias por enfermedad o accidente sufrirán fuertes reducciones salariales, castigando a quien se enferma o sufre un accidente laboral.

En el terreno sindical, la reforma avanza directamente sobre el derecho a huelga, imponiendo por ley servicios mínimos del 75 % sin negociación alguna. Las reuniones sindicales en los lugares de trabajo quedarán sujetas a la autorización de la empresa y se establecen sanciones severas, calificadas como infracciones graves, para quienes se organicen o protesten.

La negociación colectiva tampoco escapa al ajuste. Los convenios perderán vigencia automáticamente al vencer su plazo, eliminando la ultraactividad, y se priorizarán los convenios de empresa por encima de los sectoriales o nacionales, fragmentando la fuerza colectiva y debilitando cualquier derecho común que aún pudiera sostenerse.

Pese al discurso oficial que intenta presentar esta reforma como “moderna” y necesaria para reducir costos y generar empleo, la realidad es otra. En un país con más del 40 % de empleo precario, esta reforma no crea trabajo digno, precariza aún más, debilita a los sindicatos y consolida un modelo laboral basado en el miedo, la inestabilidad y la pérdida de derechos.

No sorprende, entonces, que el movimiento sindical y social haya respondido con confrontación y lucha. Lo que está en juego no es una simple reforma técnica, sino el futuro de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas.

El relato oficial del éxito del S.M.T.U y sus sombras

En los últimos tiempos, el Ayuntamiento de Santander, a través de la concejalía de movilidad, insiste en proyectar ante la opinión pública la imagen de un S.M.T.U en pleno auge, atribuyendo este supuesto “buen momento” casi exclusivamente a una eficaz gestión administrativa. Este discurso, sin embargo, tiende a invisibilizar el papel fundamental de los trabajadores del servicio, auténticos responsables del funcionamiento diario del sistema y principales artífices de la valoración positiva obtenida en la encuesta recientemente realizada.

El último argumento esgrimido para reforzar esta narrativa es la cifra estimada de unos 22 millones de viajeros, presentada como una clara muestra de confianza ciudadana en el transporte público. No obstante, este dato se expone de forma parcial, obviando un factor clave: la subvención estatal destinada al transporte urbano.

Gracias a estas ayudas, el Ayuntamiento puede afrontar costes estructurales como el combustible, el personal o los gastos de explotación, y al mismo tiempo aliviar el precio final del billete, beneficiando especialmente a estudiantes, personas mayores y trabajadores con menor poder adquisitivo. Sin este respaldo económico, el volumen de uso y la percepción del servicio serían previsiblemente muy distintos.

Detrás de estas cifras optimistas persisten, además, problemas recurrentes que afectan de manera directa a la experiencia cotidiana de muchos usuarios. En redes sociales y en comentarios directos se repiten las denuncias por retrasos frecuentes, incumplimientos de horarios y una saturación constante en horas punta.

A ello se suma la falta de refuerzos prometidos, anunciados en numerosas ocasiones pero que rara vez se materializan, lo que alimenta la sensación de desorganización y abandono.

En conclusión, el S.M.T.U puede considerarse un servicio razonablemente bien valorado en términos generales, pero dista mucho de ser un modelo sin fisuras. Las cifras récord de uso y los mensajes triunfalistas no deberían servir para ocultar carencias estructurales ni para eludir una reflexión profunda sobre la calidad real del servicio. Solo afrontando estos problemas será posible transformar una valoración simplemente “aceptable” en una experiencia verdaderamente satisfactoria para toda la ciudadanía.