Cuando trabajar ya no basta para vivir, razones para una huelga general

Cada vez que escucho a los responsables políticos hablar de Santander como una ciudad próspera, moderna y llena de oportunidades, no puedo evitar preguntarme de qué ciudad están hablando. Porque la Santander que yo veo cada día poco tiene que ver con esa imagen triunfalista que se difunde desde las instituciones.

Es cierto que algunos indicadores económicos presentan cifras positivas, también es verdad que las pensiones medias de jubilación se sitúan entre las más altas del país, sin embargo, detrás de esos datos existe una realidad mucho más dura, la de miles de trabajadores, jóvenes, mujeres y pensionistas tienen serias dificultades para llegar a fin de mes.

La principal contradicción de Santander es que la riqueza que se exhibe en los discursos oficiales no se refleja en la vida cotidiana de una gran parte de la población. Mientras el alquiler medio de la vivienda supera ya los 1.000 euros mensuales, los salarios de muchos trabajadores apenas permiten afrontar los gastos básicos, el resultado es que tener empleo ya no garantiza una vida digna.

La situación de la juventud es especialmente preocupante, a quienes se les exige formación, esfuerzo y flexibilidad se les niega algo tan básico como la posibilidad de emanciparse. Con salarios precarios y alquileres desorbitados, construir un proyecto de vida propio se ha convertido en una carrera de obstáculos. Muchos jóvenes se ven obligados a abandonar su ciudad para encontrar oportunidades que aquí se les niegan.

Tampoco podemos ignorar una realidad que sigue golpeando con fuerza: la feminización de la pobreza. Las mujeres continúan soportando importantes diferencias salariales y pensiones más bajas, una desigualdad que se arrastra durante toda la vida laboral y que termina condenando a muchas de ellas a una vejez marcada por la precariedad. No es casualidad que buena parte de las personas mayores que viven solas sean mujeres con ingresos insuficientes.

Mientras tanto, entre un 20 % y un 22 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, uno de cada cinco vecinos vive en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, estas cifras rara vez ocupan espacio en los discursos institucionales. Resulta más cómodo vender una imagen de éxito que reconocer que una parte importante de la ciudadanía no participa de sus beneficios.

A mi juicio, el problema tiene un nombre claro, la vivienda. Décadas de políticas insuficientes han permitido que el mercado se convierta en una máquina de expulsar a trabajadores, jóvenes y familias de ingresos modestos, cada subida del alquiler supone una transferencia directa de riqueza desde los salarios hacia quienes especulan con un derecho básico.

Por eso considero que ha llegado el momento de dejar de aceptar esta situación como algo normal. No estamos ante problemas individuales ni ante casos aislados, estamos ante un conflicto social de primer orden. Cuando trabajar no garantiza vivir con dignidad, cuando los salarios no permiten acceder a una vivienda y cuando la precariedad se convierte en la norma, la respuesta debe ser colectiva.

Creo que existen razones más que suficientes para impulsar una gran movilización social y sindical, UNA HUELGA GENERAL que sitúe en el centro del debate el derecho a una vivienda accesible y a salarios dignos. Las conquistas sociales nunca fueron regalos del poder, siempre fueron fruto de la organización y de la lucha colectiva.

Santander necesita menos propaganda institucional y más justicia social. Porque una ciudad donde miles de personas trabajan y siguen siendo pobres no puede considerarse una ciudad próspera, podrá ser una ciudad con riqueza, pero también una ciudad profundamente desigual.

Cuando los menores migrantes se convierten en votos

Hay momentos en los que la política deja de buscar soluciones y empieza a buscar culpables, el debate sobre la acogida de menores migrantes es uno de ellos.

Los mecanismos de derivación de menores desde Ceuta y Canarias hacia otras comunidades autónomas no son una novedad, forman parte del marco legal español, que desde hace años se viene utilizando bajo gobiernos de distinto signo político. Responden a una lógica sencilla, cuando un territorio fronterizo soporta una presión asistencial superior a su capacidad - como actualmente en Ceuta - el resto del país debe compartir la responsabilidad.

Sin embargo, determinados discursos políticos presentan esta realidad como si se tratara de una situación excepcional. Lo que durante años fue una obligación administrativa y legal aparece ahora como una imposición o una amenaza, mientras que la realidad es mucho menos dramática, de lo que se trata es cumplir la ley y garantizar la protección de menores de edad.

Lo más preocupante es que la inmigración se haya convertido en un instrumento de confrontación política. PP y Vox han situado esta cuestión en el centro de su estrategia de oposición al Gobierno, compitiendo por ocupar el espacio del discurso más duro, y en esa dinámica, los menores migrantes han dejado de ser personas para convertirse en cifras, símbolos y argumentos de campaña.

La consecuencia es evidente. Niños y adolescentes que deberían ser considerados sujetos de protección pasan a ser presentados como un problema político. Se habla de ellos constantemente, pero rara vez se habla de ellos desde la perspectiva de sus derechos, de sus necesidades o de su futuro, situando la discusión alrededor de competencias, costes o enfrentamientos partidistas, mientras los menores desaparecen del centro del debate.

La presión electoral ha contribuido además a endurecer posiciones políticas que en otros momentos fueron más pragmáticas. La búsqueda de acuerdos entre administraciones – habitual hasta ahora – está cediendo a una lógica de bloques cada vez más rígida, en la que el problema, importa cada vez menos, a no ser para justificar el desgaste político del gobierno central.

La influencia creciente de Vox sobre el debate migratorio ha empujado al Partido Popular hacia posiciones más duras en numerosos territorios, abriendo una especie de competición permanente por demostrar quién se opone con mayor firmeza a los sistemas de reparto y acogida. Se debate mucho sobre rechazo y muy poco sobre integración, protección de la infancia o cooperación institucional.

Mientras tanto, los menores en Ceuta, siguen siendo los grandes olvidados. Se han convertido en protagonistas involuntarios de una batalla política en la que sus derechos quedan relegados a un segundo plano. Su situación sirve para movilizar votantes, alimentar polémicas y reforzar discursos partidistas, pero rara vez para impulsar soluciones estables.

La democracia necesita discrepancias y debates intensos, pero lo que no necesita ni de lejos, es convertir a menores vulnerables en munición electoral. Cuando una sociedad acepta que el sufrimiento de niños y adolescentes puede utilizarse para obtener ventajas políticas, el problema deja de ser exclusivamente migratorio para convertirse también en una cuestión ética.

La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia, coherencia y honestidad, pero también tiene derecho a denunciar la utilización política de quienes menos capacidad tienen para defenderse.

Los menores migrantes no son una amenaza ni una herramienta de campaña, son seres humanos, y una sociedad se define, en gran medida, por la forma en que trata precisamente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

A las puertas del Consejo Federal de Industria de USO, la intervención que nadie explica

 

Hay decisiones que, por mucho que se intenten presentar como meros trámites organizativos, terminan generando más preguntas que respuestas. La intervención cautelar de la Federación de Industria de USO Cantabria por parte de la dirección estatal de USO Industria es una de ellas. 

La medida llega cuando faltan apenas unos días para la celebración del Consejo Federal del 2 de octubre. Un Consejo en el que los representantes de Industria Cantabria debían participar, debatir y posicionarse sobre asuntos que afectan directamente al presente y al futuro de la organización.

 Y es precisamente esa coincidencia temporal la que resulta imposible ignorar. La dirección estatal sostiene que la intervención responde a la existencia de expedientes disciplinarios y a la situación creada tras la suspensión cautelar de dirigentes de la federación cántabra. Sin embargo, la pregunta que muchos afiliados se hacen es tan sencilla como incómoda: ¿por qué ahora?

 Porque existe un precedente que merece una explicación. El pasado 21 de julio, según ha denunciado públicamente la propia Federación de Industria de Cantabria, se trasladó a la dirección confederal una denuncia por una supuesta vulneración de la democracia interna. Aquella denuncia, siempre según la versión de quienes la presentaron, quedó sin respuesta efectiva.

 Hoy, dos meses después, la organización que denunció una situación irregular termina intervenida por las estructuras superiores del sindicato.

 Puede que exista una explicación razonable. Puede que haya hechos que la afiliación todavía desconozca. Puede incluso que las medidas adoptadas estén plenamente justificadas. Pero precisamente por eso resulta imprescindible la transparencia.

Porque cuando las denuncias desaparecen en los despachos y las intervenciones aparecen justo antes de que se reúna un órgano de decisión, la sospecha se instala inevitablemente entre quienes observan los acontecimientos desde fuera.

 Lo preocupante no es únicamente el expediente abierto a Fernando Rey o la propuesta de expulsión que, según se ha informado, todavía estaba pendiente de resolución por los órganos competentes. Lo preocupante es que la intervención afecta a toda una federación y, por extensión, a la representación de cientos de afiliados que ven cómo otros decidirán ahora quién habla en su nombre.

 La cuestión de fondo ya no es disciplinaria. Es democrática.

 ¿Quién representará a Industria Cantabria en los órganos donde se tomarán decisiones trascendentales? ¿Con qué mandato? ¿Con qué legitimidad, se garantizara, que la voz de la afiliación seguirá escuchándose con plena libertad?

 Las organizaciones sindicales suelen denunciar con razón los abusos de poder en empresas e instituciones. Exigen transparencia, participación y respeto a los procedimientos. Pero esas mismas exigencias deben aplicarse puertas adentro. Con la misma firmeza. Con el mismo rigor.

 La democracia interna no puede convertirse en un eslogan que se exhibe cuando conviene y se aparca cuando resulta incómodo. Tampoco puede funcionar a golpe de intervención, expediente o suspensión cada vez que surge un conflicto político u organizativo.

 Porque si algo enseña la historia del movimiento sindical es que la concentración del poder siempre acaba debilitando a las organizaciones, mientras que la participación y el debate las fortalecen.

 El próximo 2 de octubre debería servir para aclarar muchas cosas. La afiliación tiene derecho a conocer qué ocurrió con la denuncia del 21 de julio, cuáles son los motivos concretos de la intervención, qué efectos tendrá sobre la representación de Cantabria y qué garantías existen para que los procedimientos se desarrollen con imparcialidad.

No se trata de defender personas. Se trata de defender principios. No se trata de proteger cargos. Se trata de proteger la democracia interna.

 Porque cuando una organización comienza a generar más preguntas que respuestas, el problema deja de ser disciplinario y pasa a ser de confianza. Y la confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que cualquier mayoría orgánica o cualquier puesto de dirección.

 El sindicalismo necesita dirigentes, pero necesita todavía más transparencia. Y cuando la transparencia desaparece, lo que queda no es autoridad, es pura sospecha.

 La afiliación merece conocer toda la verdad, sin excepciones, sin silencios, sin atajos. Porque el poder sindical, solo tiene legitimidad cuando acepta ser fiscalizado por quienes le dieron ese poder.

El artículo que explica el auge de Vox sin nombrar a Vox

Leí el artículo de Manuel Ángel Castañeda publicado el sábado 13 de septiembre en El Diario Montañés, «Las razones del crecimiento de la ultraderecha», con la curiosidad de quien busca un análisis y con la sensación, al terminar, de haber leído más bien una defensa. Una defensa hecha, además, con el truco más viejo del oficio, explicar minuciosamente el fenómeno sin decir nunca su nombre. Vox, el partido que más crece de todos, sin aparecer en ninguno de los párrafos, y además sin recoger ni una sola propuesta concreta.  Se nos describe el incendio con detalle forense, pero se evita señalar quién sostiene la cerilla.

Esa omisión no es casual, es el método, porque el artículo reparte las culpas del ascenso de la extrema derecha con una balanza que solo pesa, por un lado, en la izquierda progresista – PSOE – que recorriendo el texto se le declara responsable directo, y el PP que lo atraviesa de puntillas, sin que se le nombre siquiera, dibujado como mucho como un partido «incapaz» de frenar la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias o de «presentar programas ilusionantes» - una mediocridad amable, nunca una responsabilidad política. Mientras tanto, quienes de verdad quieren desmontar derechos sociales conquistados en cuatro décadas de democracia no reciben ni una línea de crítica ni una sola cita de sus propuestas.

Y de paso, sumándose a la crítica generalizada contra la izquierda y disfrazándola de diagnóstico neutral, el texto reproduce sin valorar frases que son, literalmente, discurso de la propia extrema derecha. «La falta de programas de la izquierda, que se ha encerrado en un integrismo ecológico», escribe Castañeda, devaluando con esa sola etiqueta cualquier política ambiental seria, siguiendo con una «fiscalidad casi confiscatoria» colgada sin matiz ni fuente contra el Gobierno, como si repetir el eslogan bastara para convertirlo en análisis.

El tratamiento de la inmigración es donde el artículo pierde ya cualquier pretensión de objetividad. Se la describe en bloque como «ilegal», como personas que «no pagan impuestos» y que «deterioran la capacidad de los españoles con menor preparación, al ser ellos quienes ocupan sus empleos».

Ninguna de esas tres afirmaciones se sostiene con un dato, y las tres son, línea por línea, el argumentario que Vox repite en cada mitin. Y llega el turno de la vivienda, quizá el pasaje más revelador de todos, para Castañeda era «un asunto menor» hasta que, según deja caer sin necesidad de decirlo del todo, llegaron los inmigrantes y los precios se dispararon, una correlación insinuada como causa, sin una sola cifra que la sostenga.

El artículo tampoco podía prescindir de la corrupción como explicación del giro del voto, y aquí el truco es distinto, la simetría impostada. Primero, con nombre y apellido, los casos socialistas - Ábalos, Cerdán, Koldo, Zapatero, para después, casi como compensación obligada y con menos aire, los del otro lado - Bárcenas, Rato, Zaplana, Correa. Un «café para todos» que iguala en el papel lo que el resto del artículo nunca trata igual, y que deja intacta la conclusión que interesa, la culpa es sobre todo de un lado.

No falta tampoco el trato del Gobierno a los presos de ETA, invocado en cuanto se cumplen sentencias - sean las que sean, aunque las condenas ya se hayan cumplido - como una razón más para justificar el voto a la extrema derecha, sin hacer falta nombrar a Vox por ningún lado.

Un pequeño apunte económico cierra el argumentario, la subida del salario que según nos dice el articulo «se la come la inflación», para concluir que solo se resolverá - tanto desatino - con una especie de pacto imposible entre los dos partidos mayoritarios. Una conclusión que exime, otra vez, a quien más se beneficia de que ese pacto nunca llegue.

¿Qué pretende Castañeda con este artículo? Puede que solo quisiera hacer un listado de agravios, sin más pretensión que la de enumerar. Pero el efecto de un texto no depende de la intención declarada, sino de lo que reafirma en quien lo lee, y este artículo reafirma, punto por punto, la crítica que la extrema derecha hace habitualmente de todo y de todos, sin necesidad de firmarla con su nombre. Se puede escribir sobre el auge de Vox sin escribir la palabra Vox. Lo que no se puede es fingir después que eso es análisis y no lo que en realidad es, un editorial de la ultraderecha con firma prestada.

Astures y cántabros, hermanos de puertas abiertas.

 

Quiero dejar constancia, en este espacio que dedico a la política y a la cultura de Cantabria, de mi reconocimiento personal a Felipe Antonio Díaz-Miranda Macías, pregonero este año en el Centro Asturiano de Cantabria con motivo del Día de la Virgen de Covadonga, la Santina. No es un reconocimiento protocolario. Es el de quien escuchó un pregón y salió de él con la sensación de que algo importante se había dicho en voz alta, algo que muchos pensamos pero que pocas veces se pronuncia con esa claridad.

Nacido en Grado (Asturias) en 1958, Díaz-Miranda es arquitecto, urbanista y gestor cultural, una trayectoria que explica en buena medida el pregón que ofreció. Quien ha dedicado su vida profesional a pensar el territorio y la ciudad —a entender cómo se construyen los espacios donde convivimos— trae también, casi de forma natural, una mirada especial sobre cómo se construyen los espacios donde convivimos como pueblos. Su vinculación con la vida cultural de Oviedo y con la Sociedad Ovetense de Festejos no es un dato biográfico secundario: es la prueba de un compromiso sostenido con la cultura popular, con esa trama de asociaciones, fiestas y tradiciones que mantienen viva la identidad de un lugar sin encerrarla en sí misma. Un arquitecto que además ha sido gestor cultural sabe, mejor que nadie, que los pueblos se levantan con los mismos principios que las ciudades: cimientos firmes y puertas abiertas.

Díaz-Miranda logró lo que pocos pregones consiguen: una simbiosis perfecta entre Asturias y Cantabria. No habló de dos regiones vecinas que se toleran con cortesía administrativa, sino de un sentimiento fraterno que atraviesa personas, modelos de vida, acontecimientos culturales, gastronomía y territorio. Habló, en definitiva, de por qué nos consideramos hermanos sin dejar por ello de sostener, cada uno, su propia identidad. Porque ahí está la clave: no se trata de diluirse el uno en el otro, sino de reconocerse en el otro sin perderse.

Los Picos de Europa no entienden de fronteras

Hay una imagen que se queda grabada después de oírle: la de los Picos de Europa como lugar de encuentro que no distingue de fronteras ni de demarcaciones, ni siquiera administrativas. La montaña no sabe de límites autonómicos. Lleva siglos siendo el mismo macizo para quien sube desde Cantabria y para quien sube desde Asturias, y esa terquedad geológica dice más sobre lo que nos une que cualquier discurso institucional.

Dos tierras que conocen la emigración, con sus éxitos y sus heridas

Asturias y Cantabria son territorios que saben de emigración. La conocen desde dentro: la de los éxitos que se cuentan con orgullo en las plazas de los pueblos, y la de las dificultades que casi nunca se cuentan, esas que se quedaron en el silencio de quienes no volvieron o volvieron sin nada. Ese pregón puso nombre a algo que rara vez se dice con tanta honestidad: que el reconocimiento a nuestros emigrantes no puede quedarse en la nostalgia. Exige memoria activa, la de recordar lo que sufrieron quienes se fueron para, ahora, abrir nuestras puertas a quienes llegan. Que tengan las oportunidades que tuvieron —y que muchas veces no tuvieron— los nuestros cuando cruzaron el océano o la frontera en busca de un futuro.

Astures y cántabros sabemos reconocer también los espacios culturales y las aportaciones económicas de quienes se fueron y volvieron con fortuna, y el acogimiento debido a quienes no tuvieron esa suerte. Ambas historias, la del éxito y la del fracaso, forman parte de la misma memoria colectiva y merecen el mismo respeto.

Modernidad sin renunciar a la historia

Lo que planteó el pregonero no es un ejercicio de nostalgia complaciente. Es la constatación de que Asturias y Cantabria son dos comunidades que abren sus puertas al futuro desde la modernidad, sin renunciar a su historia en el sentido más amplio de la palabra. Dos tierras capaces de reconocerse de igual a igual, sin más distinción que la que marcan los hechos y las acciones culturales que cada una ha ido construyendo con el tiempo.

Ese fue, en el fondo, el mensaje central: mirar al futuro desde un espacio de igualdad y de puertas abiertas, buscando espacios de trabajo y de hermandad donde no quepan discriminaciones ni excesos de sentimiento patrimonialista. Porque el patrimonio, cuando se convierte en propiedad excluyente, deja de ser cultura y se convierte en muro.

Un pregón que merece quedar en la memoria

Mi reconocimiento, por tanto, va para un pregonero que llevó al Centro Asturiano de Cantabria la voz y el pensamiento fraterno de dos comunidades que conocen bien las dificultades, pero que eligen mirar el futuro desde la solidaridad hacia quienes hoy nos necesitan. En un tiempo en que tantos discursos públicos se construyen sobre la desconfianza hacia el que llega, escuchar un pregón que reivindica la hermandad, la igualdad y las puertas abiertas es, sencillamente, necesario.

Gracias, Felipe Antonio Díaz-Miranda Macías, por recordarnos que Asturias y Cantabria no son solo vecinas. Son hermanas.

El derecho del Consejo Regional de USO Cantabria a conocer el Libro Mayor antes de aprobar las cuentas y los presupuestos

La discusión abierta en torno al acceso a la información económica de USO Cantabria no es un asunto técnico ni una cuestión reservada a especialistas en contabilidad. Estamos hablando de algo mucho más importante, el derecho de los órganos de representación a ejercer el control democrático sobre la gestión de la organización.

Varios miembros del Consejo Regional han solicitado acceder a información económica detallada antes de pronunciarse sobre la aprobación de las cuentas de 2025 y de los presupuestos de 2026. Entre la documentación solicitada figura el Libro Mayor, una herramienta que permite conocer con detalle los movimientos económicos que dan origen a las cifras reflejadas en balances e informes contables.

La solicitud ha sido rechazada y, hasta el momento, no se ha ofrecido una explicación suficientemente clara que permita entender las razones de esa decisión. 

El Consejo Regional de USO no está para levantar la mano y ratificar decisiones previamente adoptadas. Su función es analizar, debatir, supervisar y, en su caso, aprobar o rechazar las propuestas que se someten a su consideración. Para cumplir esa responsabilidad necesita disponer de información suficiente, completa y verificable.

Cuando un consejero solicita documentación económica no está pidiendo un privilegio, está cumpliendo con la obligación que le corresponde como representante de la organización. Aprobar unas cuentas o unos presupuestos sin conocer adecuadamente su contenido supondría renunciar a una de las funciones esenciales de cualquier órgano de control.

La transparencia no puede limitarse a presentar unas cifras resumidas y pedir un voto de confianza, la transparencia exige que quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar la gestión puedan comprobar, contrastar y formular las preguntas que consideren necesarias.

Los afiliados deben saber que este debate no gira en torno a nombres ni a personas concretas. Se trata de defender un principio fundamental de funcionamiento democrático, quien debe controlar tiene que disponer de la información necesaria para hacerlo.

A lo largo de la historia del movimiento sindical hemos reclamado transparencia a las administraciones públicas, a las empresas y a los poderes económicos, hemos exigido información cuando estaban en juego los derechos de los trabajadores. Por coherencia, esos mismos principios deben aplicarse también dentro de nuestras propias organizaciones.

La fortaleza de un sindicato no se mide por la cantidad de información que reserva, sino por la confianza que genera entre sus afiliados, y la confianza solo puede construirse sobre la base de la participación, la transparencia y la rendición de cuentas.

Negar información a quienes tienen la responsabilidad estatutaria de supervisar la gestión económica no fortalece la organización. Al contrario, alimenta la desconfianza, debilita los mecanismos de control interno y proyecta una imagen incompatible con los valores democráticos que el sindicalismo debe defender.

Nadie debería sentirse incómodo porque se solicite información económica. Lo verdaderamente preocupante sería que quienes tienen la obligación de controlar dejaran de hacerlo.

Por eso, la reivindicación es clara, antes de aprobar unas cuentas o unos presupuestos, los miembros del Consejo Regional deben disponer de toda la información necesaria para estudiarlos con rigor, y no para obstaculizar la gestión, sino para garantizar que las decisiones económicas se adopten con transparencia, responsabilidad y respeto a la democracia interna.

Porque sin información no existe control, y sin control democrático, la participación de los órganos de representación corre el riesgo de convertirse en una simple formalidad.

Proyecto Altamira, una inversión histórica que exige transparencia

El debate sobre el Proyecto Altamira ha entrado en una nueva fase. A la controversia política e institucional sobre su tramitación y sobre el cumplimiento de la resolución aprobada por el Parlamento de Cantabria se suma ahora la presentación pública de un estudio que atribuye al proyecto un impacto económico extraordinario para nuestra comunidad. Y precisamente por la magnitud de esas cifras, la exigencia de transparencia debería ser todavía mayor.

El pasado 4 de mayo, el Parlamento de Cantabria aprobó, con los votos favorables de PRC, PSOE y Vox, una iniciativa que comprometía políticamente al Gobierno regional a poner a disposición de la Cámara la documentación existente sobre el PSIR del Proyecto Altamira. El plazo establecido era de dos meses y concluyó a comienzos de julio.

Desde entonces han transcurrido semanas sin que se haya producido un cumplimiento efectivo de la resolución ni una explicación pública suficientemente clara sobre las actuaciones realizadas para atender el mandato parlamentario.

Mientras tanto, Altamira sigue ganando protagonismo. Durante la presentación del estudio económico, el consejero de Industria defendió la necesidad de que Cantabria compita por atraer inversiones estratégicas y señaló que el proyecto se encuentra entre los mejor posicionados para acceder a la capacidad eléctrica prevista para centros de datos. Altamira requeriría aproximadamente 500 megavatios, alrededor del 13 % de los 3.800 megavatios contemplados en la planificación nacional.

Las cifras económicas anunciadas son, sin duda, relevantes. Según el estudio presentado, la inversión superaría el 20 % del PIB de Cantabria, situándose entre las mayores operaciones económicas planteadas en la región en las últimas décadas, destacando también la creación de empleo, los puestos de trabajo cualificados y la posibilidad de generar efectos indirectos mediante un nuevo clúster tecnológico, mayor productividad, formación de capital humano y atracción de nuevas inversiones.

Todo ello merece ser analizado con rigor. Pero precisamente aquí aparece una cuestión que no debería quedar enterrada bajo las grandes cifras económicas.

La oposición, y especialmente el PRC, no puede conformarse con un estudio económico, no basta con conocer cuánto se va a invertir, cuántos empleos se anuncian o qué impacto puede tener Altamira sobre la economía regional. Hay que conocer también toda la documentación existente, cómo se ha desarrollado el proyecto, qué decisiones se han adoptado y por qué continúa sin cumplirse una resolución aprobada por el Parlamento.

El PRC tiene, además, una responsabilidad política añadida, votó a favor de aquella resolución, por tanto, ahora debería ser el primero en exigir su cumplimiento. Si una resolución parlamentaria se aprueba con sus votos, no puede convertirse después en una simple declaración de intenciones. El Parlamento no puede exigir información y, semanas después, aceptar que esa información siga sin llegar.

Un estudio económico no sustituye a la documentación administrativa, una previsión de empleo no sustituye al control parlamentario, y una promesa de inversión no sustituye al cumplimiento de una resolución democrática.

Si Altamira representa realmente una oportunidad histórica para Cantabria, como sostienen sus promotores, debería ser también un ejemplo de transparencia, información pública y respeto institucional. Cuanto mayor sea la inversión y mayores sean las expectativas, mayor debe ser el control.

Por eso, el debate de fondo ya no consiste únicamente en determinar cuánto puede aportar Altamira a la economía cántabra, la pregunta es mucho más incómoda, ¿por qué, transcurrido ampliamente el plazo establecido, sigue sin cumplirse una resolución del Parlamento de Cantabria?

Y ante esa pregunta, la oposición no puede conformarse con las cifras, tiene que exigir respuestas, documentación y responsabilidades. Especialmente el PRC, que apoyó el acuerdo parlamentario, debe demostrar ahora que su voto no fue simplemente una posición política puntual, sino un verdadero compromiso con el control democrático de una de las actuaciones económicas más importantes que se plantean para el futuro de Cantabria.