Los jardines de Piquio sin proa, la reforma que borra la identidad de un lugar

Los Jardines de Piquio están a punto de abrir sus puertas después de años de obras, retrasos, sobrecostes y una interminable sucesión de anuncios institucionales. El Ayuntamiento de Santander ha puesto el acento en la recuperación de barandillas, pavimentos, pérgolas, fuentes y elementos históricos como la Bola del Mundo o la mesa circular de piedra. Sin embargo, hay una pregunta que sigue sin respuesta y que muchos santanderinos comienzan a hacerse: ¿dónde está la histórica Proa de Piquio?

Durante décadas, aquella singular pieza cerámica formó parte de la identidad visual de uno de los lugares más emblemáticos de Santander, era un elemento perfectamente reconocible para generaciones de vecinos y visitantes, sin embargo, con la reapertura de los jardines, la proa ha desaparecido sin que exista explicación pública alguna sobre su paradero.

Lo más llamativo es que el Proyecto de Renovación y Acondicionamiento de los Jardines de Piquio y su entorno, redactado en marzo de 2022 por dos ingenieros, entre ellos el Ingeniero Civil del Servicio de Vialidad, no contemplaba ninguna retirada definitiva de este elemento patrimonial, que contaba con un presupuesto de 1.742.642,48 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

La realidad, una vez más, ha sido muy distinta. El coste definitivo de la remodelación se sitúa en torno a los 2,61 millones de euros, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento al finalizar las obras en julio de 2026, cifra que supone un incremento cercano al 92% respecto al presupuesto de adjudicación de 2024, fijado entonces en 1.360.128 euros.

Y aquí es donde surgen las dudas razonables. He revisado la información pública disponible sobre las obras y la reapertura de Piquio, los comunicados municipales que detallan con precisión actuaciones sobre muros, barandillas ornamentales, fuentes, pavimentos, pórticos, vigas de pérgolas y otros elementos históricos recuperados, sin que aparezca ni una sola referencia pública que explique lo qué ha ocurrido con la Proa de Piquio, dónde se encuentra actualmente o si existe intención de reinstalarla.

Resulta sorprendente que se informe hasta del pintado de los faldones inferiores de las barandillas perimetrales y, sin embargo, nada se diga sobre un elemento tan característico y simbólico para la ciudad.

Por ello, sería conveniente que los grupos de la oposición municipal revisaran con detalle la documentación de la obra, cruzando el proyecto inicial con la justificación final de los gastos. Porque hasta la fecha, las explicaciones conocidas sobre el incremento presupuestario no dejan de ser una enumeración genérica de trabajos que, en gran medida, ya figuraban recogidos y valorados en el proyecto original.

Los santanderinos tienen derecho a saber qué ha pasado con cada euro invertido y también con cada elemento patrimonial que formaba parte de este espacio público.

Salvo que algún listo - y no sería la primera vez que ocurre algo parecido en esta ciudad - haya decidido apropiarse de lo que pertenece a todos, la alcaldesa Gema Igual debería aclarar de inmediato cuál es la situación de la Proa de Piquio.

Si la pieza está siendo restaurada, explíquese públicamente. Si se encuentra almacenada, dígase dónde y en qué condiciones. Y si se ha tomado la decisión de no reinstalarla, la ciudadanía merece conocer los motivos de una decisión que afecta directamente al patrimonio urbano de Santander.

Porque no estamos hablando simplemente de un elemento decorativo, estamos hablando de una parte de la memoria sentimental de la ciudad, de un símbolo que ha acompañado durante décadas a quienes han paseado por Piquio, han contemplado desde allí el Sardinero y sus playas o simplemente han crecido identificando aquel rincón con una imagen singular e irrepetible.

La Proa de Piquio no pertenece a ningún gobierno municipal, pertenece a la memoria colectiva de Santander, y precisamente por eso, los santanderinos tienen derecho a saber dónde está.

CEOE Cantabria pone bajo sospecha a los trabajadores enfermos

 

La campaña lanzada por CEOE-CEPYME Cantabria bajo el lema "Mientras unos no están, otros esperan" pretende presentarse como una iniciativa contra el absentismo laboral. Sin embargo, detrás de esa aparente preocupación por la productividad se esconde una estrategia mucho más preocupante, trasladar a la opinión pública la idea de que buena parte de los problemas que sufren empresas, usuarios y servicios tienen su origen en los trabajadores que no acuden a sus puestos de trabajo.

Y esa afirmación es, sencillamente, falsa. La patronal cántabra ha intentado matizar posteriormente que su campaña se dirige únicamente contra el absentismo injustificado y que no cuestiona las bajas médicas. Pero el problema no está en las explicaciones posteriores, sino en el mensaje que recibe la ciudadanía.

Cuando se difunden eslóganes como "Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca", "Esperar una hora a que te traigan el segundo plato" o "Que tu abuela no reciba la medicación a su hora", la conclusión que se induce es evidente, si los servicios fallan es porque los trabajadores no están trabajando.

Se trata de una simplificación interesada que evita analizar las verdaderas causas de muchos de los problemas que afectan al mercado laboral y a la actividad económica, entre otros la falta de personal que existe en numerosos sectores, de las plantillas ajustadas al límite, las cargas excesivas de trabajo, la precariedad laboral, la insuficiente inversión en prevención de riesgos laborales o de los accidentes de trabajo y tampoco del deterioro de la sanidad pública, provocadora de las listas de espera que retrasan diagnósticos y tratamientos, y mucho menos de determinadas decisiones empresariales que priorizan la reducción de costes sobre la calidad del empleo o la adecuada organización de los recursos humanos.

La campaña parte además de una confusión deliberada entre dos realidades completamente distintas. El absentismo injustificado que constituye una infracción laboral que las empresas pueden sancionar, y las bajas médicas, que son situaciones reconocidas por profesionales sanitarios, amparadas por la Seguridad Social y protegidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, cuando se instala en el debate público la idea de que el absentismo es uno de los grandes problemas de la economía, inevitablemente se proyecta una sombra de sospecha sobre quienes se encuentran de baja médica. Porque la mayoría de la ciudadanía no distingue siempre entre una ausencia injustificada y una incapacidad temporal reconocida por un médico.

Y es precisamente ahí donde reside el verdadero problema de esta campaña, en la de buscar culpables sencillos para problemas complejos, aunque para ello se tengan que estigmatizar a las personas enfermas, y con ello a los profesionales sanitarios que valoran la enfermedad causa de la baja, porque, la idea que esconde esta campaña es la de presionar al trabajador para que vaya a trabajar incluso cuando no se esté en condiciones físicas o psicológicas de hacerlo.

Y eso supone un evidente retroceso social, por el que las organizaciones sindicales, han tenido que reaccionar con contundencia, lo que está en juego no es únicamente una campaña publicitaria, lo que está en juego es la defensa de un principio básico, el derecho de los trabajadores a proteger su salud sin ser señaladas ni convertidas en sospechosas.

Si Enrique Conde presidente de la patronal en Cantabria, quiere debatir seriamente sobre el absentismo injustificado, seguro encontrará interlocutores sindicales entre otros dispuestos a hacerlo, pero lo que no puede hacer es el uso de una campaña publicitaria como coartada para trasladar a los cántabros la idea de que las bajas médicas son parte del problema. La enfermedad no es absentismo, ni fraude y mucho menos los trabajadores enfermos, responsables de los problemas estructurales de la economía cántabra.

España arde, se inunda y la política sigue mirando hacia otro lado.

Mientras España vuelve a enfrentarse a incendios forestales de enorme magnitud en Madrid, Ávila y otras comunidades, con miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones masivas, pueblos confinados y la declaración de situaciones de emergencia extraordinaria, la política continúa atrapada en un debate tan estéril como irresponsable.

Hace apenas unos meses fueron las inundaciones de Valencia las que dejaron decenas de víctimas, miles de damnificados y pérdidas multimillonarias. Hoy son los incendios los que obligan a movilizar a centenares de efectivos de emergencias para evitar nuevas tragedias. Mañana será una sequía extrema, una ola de calor o una nueva riada. Lo único seguro es que volverá a ocurrir.

Sin embargo, cada vez que una catástrofe golpea España, el debate público se divide en dos trincheras. Por un lado, quienes explican cualquier desastre exclusivamente a través del cambio climático, y por otro, quienes reducen todo a una cuestión de gestión política, mientras que el Partido Popular intenta navegar entre los compromisos climáticos europeos y la presión de quienes cuestionan las políticas ambientales, sin terminar de definir una posición clara.

La realidad es mucho más compleja. El cambio climático constituye un factor determinante en el incremento de muchos riesgos naturales y cada vez resulta más difícil ignorar las evidencias científicas. Pero también influyen el abandono del medio rural, la acumulación de combustible forestal, la ocupación de zonas inundables, la falta de mantenimiento de cauces, la escasa gestión de los montes, infraestructuras envejecidas y una coordinación administrativa que continúa mostrando importantes deficiencias.

El problema es que España sigue abordando cada desastre como un episodio aislado. Se actúa cuando llega la emergencia, se buscan responsables durante unas semanas y, una vez desaparecen las cámaras, todo vuelve a la normalidad hasta la siguiente tragedia.

Lo verdaderamente preocupante es que el cambio climático ya no puede contemplarse como una hipótesis futura. Sus efectos están presentes y seguirán intensificándose si no se adoptan medidas globales capaces de reducir sus impactos. Pero incluso aceptando esta realidad, existe una cuestión igual de urgente, preparar al país para convivir con fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

Por ello resulta imprescindible abrir un gran debate nacional que desemboque en una auténtica Ley Integral de Emergencias Naturales. Una norma que unifique criterios defina competencias, refuerce la coordinación entre administraciones, impulse sistemas de alerta temprana, fomente inversiones en infraestructuras resilientes y convierta la prevención en una verdadera política de Estado.

Lo que falta no son profesionales. España cuenta con algunos de los mejores especialistas en protección civil, emergencias, meteorología y gestión ambiental de Europa. Lo que falta es voluntad política para construir un marco legal estable, coherente y permanente que permita actuar antes de que se produzcan las tragedias y no únicamente cuando ya es demasiado tarde.

Los incendios de Madrid y Ávila, las inundaciones de Valencia y tantas otras catástrofes recientes deberían servir como una llamada de atención definitiva. No podemos seguir instalados en el enfrentamiento ideológico mientras el territorio se vuelve más vulnerable y los ciudadanos asumen las consecuencias.

Las emergencias naturales no distinguen entre votantes de izquierdas o de derechas. Tampoco deberían hacerlo las soluciones. España necesita abandonar el ruido político y comenzar a construir una estrategia nacional basada en la prevención, la planificación y la resiliencia. Porque mientras los partidos discuten quién tiene la culpa, los bosques siguen ardiendo, los pueblos siguen inundándose y los ciudadanos continúan pagando el precio de la inacción. 

Santander y la Semana Grande de los problemas, una ciudad que se llena de vallas, ruido y abandono

 

Santander vive estos días su momento de mayor proyección turística. Miles de visitantes llenan hoteles, playas, terrazas y espacios festivos. Sin embargo, la imagen que ofrece la ciudad durante este verano está muy lejos de la excelencia que debería caracterizar a la capital de Cantabria.

Lo que los santanderinos contemplan cada día es una ciudad marcada por las vallas, las obras interminables, los espacios cerrados y una preocupante sensación de deterioro urbano.

Los Jardines de Piquío, uno de los símbolos más reconocibles de Santander, han acumulado sucesivos retrasos que han impedido su disfrute durante buena parte de la temporada turística. Lo que debía ser una actuación de mejora se ha convertido en un ejemplo de cómo una obra puede eternizarse y privar a vecinos y visitantes de uno de los enclaves más emblemáticos del Sardinero.

A ello se suma el cierre de la Plaza de Pombo, corazón histórico y social de la ciudad. El precinto de este espacio, motivado por los problemas estructurales detectados en el aparcamiento subterráneo, ha transformado uno de los lugares más representativos del centro en una gran zona vallada. Las previsiones municipales apuntan incluso a que las obras podrían prolongarse durante muchos meses, afectando a residentes, comercios y visitantes.

Pero los problemas no terminan ahí. En Puertochico, Castelar y otros espacios céntricos proliferan vallados, restricciones y actuaciones provisionales que trasladan una imagen de ciudad en obras permanentes. Santander parece haberse acostumbrado a convivir con cierres, precintos y limitaciones en algunos de sus espacios más emblemáticos.

Mientras tanto, numerosos vecinos denuncian una limpieza insuficiente en determinadas zonas, especialmente tras los eventos multitudinarios de la Semana Grande. Papeleras desbordadas, restos de botellones, suciedad acumulada y basura dispersa por calles y jardines generan una imagen impropia de una ciudad que aspira a ser referencia turística del norte de España.

La convivencia vecinal tampoco atraviesa su mejor momento. El ruido nocturno, la concentración de actividades festivas y la falta de control efectivo sobre determinadas conductas incívicas provocan cada verano un aumento de las quejas de los residentes. Las fiestas son necesarias, pero no pueden convertirse en una excusa para ignorar el derecho al descanso de quienes viven en la ciudad durante todo el año.

A estas dificultades se añaden las tensiones existentes en la Policía Local. Los conflictos laborales y la falta de acuerdo con los agentes han generado preocupación sobre la capacidad operativa del servicio en una de las épocas de mayor actividad y afluencia de personas. Aunque el Ayuntamiento asegura que la seguridad está garantizada, la existencia misma del conflicto evidencia problemas de gestión que deberían haberse resuelto mucho antes del inicio de las fiestas.

La sensación que queda es preocupante. Santander dispone de un entorno privilegiado, una oferta turística de primer nivel y una Semana Grande consolidada. Sin embargo, la acumulación de retrasos, cierres, problemas de mantenimiento, suciedad, ruido y conflictos de gestión está deteriorando la percepción de muchos ciudadanos.

La ciudad no necesita más campañas de promoción. Necesita una gestión más eficaz de los espacios públicos, una planificación rigurosa de las obras, una mejora visible de la limpieza y una apuesta decidida por la convivencia vecinal.

Porque cuando los jardines más emblemáticos permanecen cerrados, cuando la plaza más representativa aparece vallada, cuando la basura se acumula tras las celebraciones y cuando los vecinos perciben que sus problemas cotidianos no encuentran respuesta, el balance de una corporación municipal no puede calificarse de satisfactorio.

La Semana Grande debería ser el escaparate de la mejor Santander. Hoy, para muchos santanderinos, se está convirtiendo en el reflejo de sus carencias.

El Emboque de Oro en el alambre, cuando los méritos dejan de importar

 

Actualización 17/07/2026: Habiendo aparecido recientemente en los medios de comunicación noticias relativas a uno de nuestros galardonados, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se describen en ellas, la Casa de Cantabria en Madrid, de forma preventiva, no entregará el Emboque de Oro el día 13 de agosto al Teniente General Luis Antonio del Castillo en el acto que tendrá lugar en el Gran Casino Sardinero de Santander, como anteriormente se había informado.

Pues ahora resulta que Luis del Castillo ya no tiene arraigo en Cantabria. Tampoco cuenta su infancia en Santander, donde residió desde los dos años, ni parece importar que ejerciera como coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria entre 2016 y 2022. Mucho menos que alcanzara el empleo de teniente general o que fuera designado para dirigir el Mando de Operaciones (MOPS) de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad de la institución.

Todos esos méritos sirvieron para concederle el Emboque de Oro. Hoy, sin embargo, parecen haber desaparecido de un plumazo.

Basta una polémica interna entre guardias civiles, para que la Casa de Cantabria de Madrid haya decidido – según el Diario Montañés - retirarle de forma preventiva una distinción que le fue otorgada precisamente por su trayectoria personal y profesional. Y, para completar la operación, la decisión se haya aireado públicamente con una rapidez que contrasta con la prudencia que debería exigirse cuando todavía existen numerosas incógnitas sobre lo sucedido.

Lo más sorprendente es que nadie parece preguntarse si los méritos que justificaron el premio han cambiado. Porque si siguen siendo los mismos, la cuestión no es Luis del Castillo, sino la consistencia de quienes conceden y retiran reconocimientos según sopla el viento.

En el origen de esta historia aparece una controversia relacionada con el cumplimiento de órdenes y la asistencia a un acto institucional. Una discrepancia que algunos han transformado rápidamente en un conflicto político y mediático. Como tantas veces ocurre, antes de que se conozcan todos los detalles ya se han dictado sentencias en tertulias, despachos y redacciones.

Mientras tanto, la Casa de Cantabria en Madrid, guarda una explicación que sigue sin convencer, la de si existen razones objetivas y suficientemente graves para retirar el galardón.

Pero si la decisión responde a presiones, intereses particulares o al deseo de evitar incomodidades, entonces quien queda en entredicho no es el galardonado, sino la propia institución que concede el premio.

Porque los reconocimientos tienen valor cuando distinguen trayectorias y méritos. Cuando se utilizan para contentar a unos o castigar a otros, dejan de ser reconocimientos y se convierten en simples herramientas de conveniencia.

La Casa de Cantabria haría bien en aclarar qué ha cambiado exactamente. Porque si los méritos de Luis del Castillo siguen siendo los mismos que el día en que recibió el Emboque de Oro, la retirada preventiva no degrada al premiado. Degrada al premio.

Y un premio que pierde credibilidad acaba convirtiéndose en poco más que una pieza decorativa sin prestigio ni representatividad.

Regularizar extranjeros para crecer también en Cantabria, no para dividir

La información publicada por El Diario Montañés sobre las 8.767 solicitudes de regularización presentadas en Cantabria debería servir para abrir un debate serio y alejado de los tópicos. Hablamos de una cifra importante para una comunidad de poco más de 590.000 habitantes, marcada desde hace años por el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

Los datos muestran que la mayoría de los solicitantes son personas jóvenes, en edad de trabajar, con una presencia equilibrada de hombres y mujeres y con niveles formativos nada despreciables: cerca del 70% cuenta con estudios de bachillerato, formación profesional o universitarios.

Desde una perspectiva sindical, la conclusión es evidente. Cantabria necesita trabajadores. Sectores como la hostelería, los cuidados, la construcción, la industria o el transporte llevan tiempo denunciando dificultades para cubrir puestos de trabajo. La incorporación de estas personas supone más empleo, más cotizaciones a la Seguridad Social, más recursos para sostener las pensiones y los servicios públicos y menos espacio para la economía sumergida.

Estamos hablando además de una importante aportación de capital humano. Jóvenes formados que pueden contribuir al crecimiento económico de la región y ayudar a afrontar uno de nuestros principales problemas: la falta de relevo generacional.

Sin embargo, mientras la realidad económica y demográfica apunta en una dirección, parte del debate político sigue instalada en la demagogia. El PP justifica las regularizaciones porque estas personas ya viven y trabajan aquí, pero evita hablar de solidaridad, integración y derechos humanos. Vox, por su parte, insiste en los discursos de expulsión y rechazo, ignorando la realidad de un mercado laboral que necesita trabajadores y de una sociedad que necesita población joven.

Resulta paradójico que en una tierra de emigrantes como Cantabria algunos pretendan negar hoy a otros las oportunidades que miles de españoles buscaron durante décadas fuera de nuestras fronteras.

La regularización no es solo una cuestión administrativa. Es una cuestión de justicia social, pero también de sentido común. Quienes alimentan el miedo deberían observar los datos, Cantabria gana trabajadores, gana cotizantes, gana talento y gana futuro.

Por mucho que algunos se empeñen en convertir la inmigración en un problema, la realidad demuestra que una inmigración regulada e integrada forma parte de la solución.

Olucas Surf Center: el PSIR como atajo para urbanizar lo que no se puede urbanizar

 

Hay anuncios políticos que parecen cuidadosamente diseñados para generar titulares antes que debates. El presentado por la presidenta María José Sáenz de Buruaga durante el Debate sobre el Estado de la Región sobre el proyecto Olucas Surf Center reúne precisamente todas esas características.

De repente, sin apenas información pública previa ni un debate social o territorial conocido, aparece sobre la mesa un complejo de surf artificial en suelo rústico de Villaverde de Pontones. Una iniciativa privada que promete una inversión de 40 millones de euros, cientos de empleos durante la construcción, decenas de puestos de trabajo permanentes y la llegada de turistas durante todo el año. La receta es conocida, grandes cifras, grandes expectativas y una presentación política que invita a pensar que quien se oponga al proyecto está en contra del progreso.

Pero la realidad es bastante más compleja, primero porque el proyecto no puede desarrollarse con el planeamiento urbanístico actualmente vigente, y segundo porque para hacerlo posible se necesita la declaración de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), una figura excepcional concebida para actuaciones estratégicas de alcance supramunicipal.

Y aquí surge la pregunta que el Gobierno parece querer evitar: ¿qué tiene de interés regional un complejo turístico-deportivo privado que no podría construirse sin recurrir a una herramienta extraordinaria?

Porque si el criterio para obtener un PSIR es simplemente prometer inversión y empleo, entonces cualquier gran proyecto empresarial podría aspirar al mismo tratamiento, la consecuencia sería evidente, convertir una figura excepcional en un mecanismo habitual para sortear las limitaciones urbanísticas y territoriales establecidas por los municipios.

La experiencia demuestra que detrás de muchas de estas iniciativas no solo existe una actividad principal, alrededor suelen aparecer hoteles, alojamientos turísticos, restauración, comercio y otros aprovechamientos económicos que multiplican el valor de los terrenos afectados. Nada de ello es ilegítimo, pero precisamente por eso exige una explicación transparente y un debate público serio.

Mientras el Gobierno destaca los beneficios económicos, otras voces advierten sobre cuestiones que apenas aparecen en la propaganda institucional, el impacto paisajístico de una actuación de alrededor de 100.000 metros cuadrados en un entorno rural característico de Trasmiera, el consumo de agua y energía en una comunidad que conoce bien los problemas de abastecimiento durante los meses de verano, y la incertidumbre sobre unas previsiones económicas que todavía están lejos de haberse demostrado.

Más preocupante aún es el precedente político que puede establecerse. Si un complejo privado de ocio puede ser considerado de interés regional, ¿Qué impedirá que mañana otros proyectos reclamen idéntico tratamiento? ¿Dónde se situará entonces el límite entre la protección del suelo rural y los intereses económicos de determinados promotores?

Cantabria necesita inversión, empleo y oportunidades. Lo que no necesita es vaciar de contenido las herramientas de planificación territorial creadas para proteger el interés general. Porque el verdadero debate no consiste en estar a favor o en contra del surf artificial. El verdadero debate es decidir si las normas se adaptan al territorio o si el territorio debe adaptarse a los intereses de quien presenta el proyecto más llamativo del momento.

Antes de hablar de olas artificiales, convendría aclarar si estamos ante una apuesta estratégica para Cantabria o ante un nuevo intento de utilizar el interés regional como coartada para hacer posible lo que, de otro modo, nunca podría construirse.