La conciencia obrera también defiende la historia de una comunidad

 Las recientes declaraciones del periodista Paco Gómez Nadal sobre las negociaciones del ERE de Nestlé, en su articulo “La Nestle nunca ha sido tu empresa” publicada en eldiario.es han abierto una discrepancia que considero necesario abordar. Desde el respeto a su opinión, considero que ese análisis carece de algunos matices esenciales y de una comprensión suficiente de la realidad social, laboral e histórica de territorios como el valle del Pisueña y de la relación que durante generaciones han mantenido miles de familias con la fábrica de La Penilla.

 Hace unos días, el periodista Paco Gómez Nadal publicaba en eldiario.es, un artículo sobre las negociaciones del ERE en Nestlé S.A., calificando la situación como un "drama" y llegando a definir como "enfermiza" la relación que muchos trabajadores y la mayoría de los sindicatos mantienen con la empresa. 

Se trata de una valoración que resulta excesivamente radical y, en cierta medida, arrogante. Especialmente cuando califica de ingenuos a quienes consideran la empresa como algo propio o cuando cuestiona la conciencia sindical y obrera de los trabajadores, concluyendo que solo "armados de conciencia de clase" pueden defenderse eficazmente sus derechos. 

La realidad demuestra precisamente que los trabajadores de Nestlé y sus representantes sindicales están defendiendo sus puestos de trabajo mediante movilizaciones, concentraciones y acciones colectivas. Están confrontando las decisiones de una dirección empresarial que parece considerar el despido colectivo como la solución más cómoda ante los desafíos de una reconversión técnica, productiva o económica.

Sin embargo, la defensa sindical de los derechos laborales no es incompatible con el respeto a los sentimientos y experiencias de quienes han dedicado décadas de su vida a una empresa. Especialmente entre los trabajadores de mayor antigüedad existe una fuerte vinculación emocional con la fábrica y con el entorno social y económico que se ha construido a su alrededor.

Durante décadas, la actividad industrial no solo generó empleo directo, también articuló la vida económica y social de toda una comarca. Los ganaderos suministraban la leche a la fábrica, los hijos sustituían a sus padres en los puestos de trabajo y la empresa colaboraba en el sostenimiento de numerosas actividades culturales, deportivas y sociales promovidas por los ayuntamientos de la zona, entre otros.

Ese arraigo ha generado un sentimiento de pertenencia e identificación con la empresa que algunos, desde una visión simplista, podrían comparar con una especie de "síndrome de Estocolmo", pero esa comparación resulta injusta. Lo que existe es el resultado de décadas de convivencia, de dependencia mutua y de construcción compartida de riqueza y bienestar, un sentimiento perfectamente comprensible y que merece respeto. 

Los trabajadores han demostrado precisamente esa implicación durante el conflicto actual. Su lucha no responde únicamente a la defensa de un salario o de unas condiciones laborales, también están defendiendo un modelo económico y social que ha proporcionado estabilidad y cohesión a generaciones enteras de familias.

Esta realidad no es exclusiva de Nestlé, ocurrió anteriormente en Sniace, en Nueva Montaña Quijano, Sidenor, en comarcas de los Valles Pasiegos, en el sector de la conserva y en tantas otras industrias que marcaron – y están marcando - la identidad y el desarrollo económico de sus comarcas.

Cuando una empresa se convierte durante décadas en la principal referencia económica y social de un territorio, resulta difícil aceptar que decisiones adoptadas en despachos de multinacionales, a cientos o miles de kilómetros del centro de trabajo, puedan poner en riesgo empleos, proyectos de vida y el futuro de toda una comunidad. 

Por eso, cuando se anuncian recortes de plantilla, cierres o procesos de deslocalización, la reacción de los trabajadores no puede interpretarse como una simple resistencia al cambio. Es la respuesta legítima de quienes ven amenazado no solo su empleo, sino también el tejido social y económico que ellos mismos han contribuido a construir con su esfuerzo, compromiso y trabajo durante décadas. 

La conciencia de clase no se mide por el grado de desapego hacia una empresa, se demuestra organizándose, movilizándose y defendiendo colectivamente los derechos laborales, y eso es exactamente lo que están haciendo hoy los trabajadores de Nestlé.

Las víctimas invisibles del nuevo Santander

 

Santander corre el riesgo de convertirse en una ciudad pensada más para quien la visita que para quien la vive. Mientras se habla de turismo, modernidad y proyección exterior, muchos vecinos se enfrentan a una realidad marcada por el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de servicios, el deterioro de algunos barrios y una creciente sensación de inseguridad.

La expansión de las viviendas turísticas y la reducción del alquiler residencial están dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes, familias y trabajadores. Cada vez son más quienes destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler o se ven obligados a abandonar la ciudad.

A ello se suman las quejas vecinales por la falta de atención en determinados barrios, el desgaste de los servicios públicos y la percepción de que muchas decisiones urbanísticas se toman sin suficiente participación ciudadana.

El problema no es el turismo en sí, sino la ausencia de un equilibrio que garantice que el desarrollo económico no se haga a costa de quienes sostienen la vida cotidiana de la ciudad.

La cuestión es sencilla: ¿queremos una Santander convertida en escaparate para visitantes e inversores o una ciudad que siga siendo habitable para sus vecinos? Porque una ciudad que expulsa poco a poco a quienes viven y trabajan en ella acaba perdiendo aquello que la hace única, su comunidad y su identidad

Cortiguera o la vergüenza cultural de Santander, cuando la iniciativa privada tapa el vacío público

 

Hay noticias que, más que celebrar, obligan a preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí. El anuncio del delegado del Gobierno en Cantabria de que Okuda San Miguel impulsará la transformación del Palacete de Cortiguera en un centro cultural de referencia ha caído como un jarro de agua fría… pero no por el proyecto en sí, sino por lo que deja en evidencia.

Durante años, el Palacio de Cortiguera - propiedad del Ministerio del Interior - ha estado al alcance del Ayuntamiento de Santander. Bastaba voluntad política, capacidad de diálogo y una mínima ambición cultural para haberlo recuperado. No ha ocurrido. Y el resultado ha sido visible para cualquiera que haya pasado por la calle José Ramón López-Dóriga, abandono, deterioro y una imagen impropia de una ciudad que presume de vocación cultural.

Mientras tanto, los santanderinos hemos asistido con resignación a la degradación de un edificio singular en un entorno privilegiado, sin que el Ayuntamiento ni el Gobierno central hayan sido capaces de articular una solución, convirtiendo a Cortiguera en un símbolo incómodo, el de la inacción institucional.

Paradójicamente, ha tenido que ser una iniciativa vinculada al ámbito privado la que reactive el futuro del espacio. Una operación que, además, encaja con otras apuestas recientes como Faro Santander o el Centro Reina Sofía – Archivo Lafuente, impulsadas con entusiasmo por las administraciones locales y autonómicas, proyectos relevantes, sí, pero que comparten un patrón, el protagonismo de actores privados frente a la falta de una estrategia pública sólida.

A los responsables políticos de Cantabria se les llena la boca hablando de cultura, pero el relato se sostiene - en demasiadas ocasiones - sobre iniciativas ajenas, mientras que entre tanto, espacios como Cortiguera - quizá menos mediáticos, pero fundamentales para construir un tejido cultural amplio y diverso - se dejan morir lentamente. No es una excepción, es el síntoma de una política cultural que ha brillado más por su ausencia que por su planificación.

Ahora que surge una oportunidad real para devolver la vida a Cortiguera, conviene decirlo sin rodeos, no es el Ayuntamiento quien lidera el cambio, es quien llega tarde, y llegar tarde en cultura tiene un coste elevado, porque el tiempo perdido rara vez se recupera.

La posible implicación de Okuda no solo aporta visibilidad internacional, sino algo que ha faltado durante años, contemporaneidad, capacidad de conexión con nuevos públicos y una visión abierta del hecho cultural justo al contrario de la inercia que ha marcado la gestión municipal en este ámbito.

Por eso, la noticia es doble, por un lado, una buena noticia para Santander, la recuperación de un espacio olvidado y su transformación en un proyecto vivo, y por otra, un espejo incómodo para quienes han tenido la responsabilidad de evitar que Cortiguera llegara a este punto.

Quizá estemos ante la última oportunidad para corregir el rumbo, porque si algo deja claro este episodio es que el problema no era la falta de espacios, sino la falta de voluntad. Y si el Ayuntamiento no toma nota, volverá a confirmarse un modelo ya demasiado conocido, dejar pasar las oportunidades hasta que otros las convierten en realidad.

Huracán Tango, cuatro días de abrazos aprendizaje y pasión tanguera

 

La primera vez que acudía al encuentro de Huracán Tango en Peñíscola lo hacía con la curiosidad de quien busca compartir abrazos, música y aprendizaje en torno a una pasión común.

Hoy, después de cuatro días intensos de tango, regreso con el convencimiento de haber participado en uno de los encuentros más importantes y cuidados del panorama tanguero.

El decimotercer encuentro de Huracán Tango ha estado cargado de expectativas y emociones, especialmente por la presencia de Hermanos Macana y Giovanna Dan, figuras que han aportado al evento un extraordinario nivel artístico e internacional.

Los Hermanos Macana representan una referencia mundial del tango contemporáneo, bailarines, coreógrafos y maestros argentinos que han llevado el tango escenario y social a los teatros y festivales más prestigiosos del mundo, fusionando tradición, técnica y una interpretación moderna sin perder la esencia porteña. Su presencia en Peñíscola ha supuesto un verdadero privilegio para quienes amamos esta danza.

Con la milonga como especialidad, los asistentes hemos podido disfrutar además de un magnífico complemento formativo, gracias a las tres sesiones impartidas por los maestros, centradas especialmente en la milonga de traspié. Una enseñanza explicada e interpretada de manera cercana, accesible y pedagógica para todos los presentes, independientemente del nivel de cada bailarín. Esa capacidad de hacer sencillo lo complejo es, precisamente, una de las virtudes de los grandes maestros.

Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este importante encuentro, Elvira, Nati, Gloria y Marcel, este último integrante del grupo de musicalizadores, por habernos facilitado cuatro días de tango de altísimo nivel humano y artístico.

Deseo hacer una mención muy especial a Marcel Fabra, a quien tuve el honor de conocer en la Milonga de la Encina en Santander y con quien pude dialogar sobre sus iniciativas musicalizadoras y su manera de entender la animación de las milongas.

Marcel cuida la pista de baile con sensibilidad y conocimiento, construyendo tandas que recorren los tangos clásicos desde la guardia vieja de los años cuarenta hasta la guardia nueva, sin renunciar tampoco a los tangos actuales. Una visión musical abierta, elegante y profundamente respetuosa con quienes bailan.

Muchas gracias por vuestro aporte al mundo del tango. Estoy seguro de que no será la última vez que pase por Peñiscola, ni por el encuentro de Huracán Tango. Porque encuentros así no solo se disfrutan, también dejan huella.

Del debate al insulto, cuando la opinión deja de ser periodismo

 

Confieso que hacía tiempo que no leía a Federico Jiménez Losantos. Y, tras su último comentario del pasado 6 de mayo en El Mundo, probablemente vuelva a tomar distancia durante una buena temporada. No por discrepancia ideológica - que es mucha - sino por algo bastante más básico, la ausencia total de un mínimo respeto en la forma de argumentar.

 Me cuesta entender en qué momento el insulto pasó a convertirse en género periodístico. Lo que uno encuentra ya no es una crítica política - dura, si se quiere - sino una sucesión de descalificaciones, insinuaciones y expresiones de brocha gorda que poco o nada aportan al debate público.

 Cuando el lenguaje se llena de términos como “puterío”, “puteros” o similares, aplicados además de forma indiscriminada, lo que se degrada no es solo a quien va dirigido, sino al propio texto.

 El caso de Ábalos y Pedro Sánchez es paradigmático, más allá de las responsabilidades que puedan o no demostrarse - que para eso están los tribunales - lo que se ofrece no es análisis, sino una especie de relato construido a base de excesos verbales, donde todo parece valer.

 Se sugieren tramas, se trazan paralelismos y se reparten culpas con una ligereza que inquieta, sobre todo cuando no van acompañadas de pruebas.

 Tampoco ayuda la tendencia a generalizar, pasar de casos concretos a etiquetas que engloban a todo un partido político no solo simplifica la realidad, sino que la distorsiona deliberadamente, convirtiéndola, en recurso fácil, pero profundamente empobrecedor.

 Quizá lo más llamativo es esa contradicción constante, mientras se reivindican valores como la honradez o la dignidad, el propio discurso se desliza una y otra vez hacia el terreno de la descalificación personal. Y ahí es donde, al menos para mí, se rompe cualquier posibilidad de tomar en serio lo que se dice.

 No se trata de pedir suavidad ni corrección política, se trata, simplemente, de exigir un mínimo de rigor y respeto en el uso de la palabra. Porque cuando eso desaparece, lo que queda ya no es periodismo, ni siquiera opinión, es ruido, y de eso, sinceramente, ya vamos bastante sobrados.

Altamira, el gran campus tecnológico de Cantabria, entre la ambición y la incertidumbre.

 

El llamado Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos - y a la vez más cuestionados - del actual Gobierno de Cantabria. Presentado como un símbolo del salto de la región hacia la economía digital, hoy permanece atrapado en una fase administrativa sin avances visibles, envuelto en tensiones políticas y dependiente de decisiones externas clave.

 El proyecto fue anunciado con gran despliegue institucional por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, como la mayor inversión privada en la historia de Cantabria, estimada en 3.600 millones de euros, un plan que, de salir bien, afectara una superficie a repartir entre Piélagos y Villaescusa de 637.000 metros cuadrados.

 Su objetivo, posicionar a Cantabria en la primera división digital europea, aprovechando la conexión con infraestructuras como el cable submarino transatlántico, y con ello nuevos empleos de alta cualificación.

 El promotor principal es Stoneshield Capital, cofundado por Javier Ibáñez y Felipe Morenés, a través de su filial XDC Properties, encargada del desarrollo, según nos contó la presidenta Buruaga, que, por cierto, hasta la fecha guardan un escrupuloso silencio.

 El Ejecutivo autonómico, con muy buen criterio declaró Altamira como Proyecto Empresarial Estratégico y con ello, el inicio de la compra de terrenos - o eso se pensaba - para la tramitación urbanística mediante un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

 Sin embargo, este trámite, que estaba prevista su ejecución entre finales del 2025 y primeros del 2026 no se ha puesto en marcha, incluso la compra de terrenos se ha convertido en una mera opción de compra, lo que está provocando cierta inseguridad, entre los diputados regionales.

 El principal obstáculo, según ha comentado el diputado del PP Alejandro Liz no es urbanístico, sino energético, al requerir hasta 500 MW de potencia eléctrica, lo que obliga a reforzar la red de transporte eléctrico, una competencia que depende de decisiones estatales y de Red Eléctrica de España.

 EL debate político y presión parlamentaria, no se han hecho esperar, y el pasado 4 de mayo a pregunta del diputado Hernando del PRC se ha puesto en evidencia los retrasos y las dificultades, a las que, en sesión parlamentaria, el PP ha sido incapaz de responder, acudiendo a los tópicos de siempre  atribuyendo los retrasos al Gobierno central por no incluir el proyecto Altamira en la planificación de nuevos centros tecnológicos hasta 2030.

 Esta posición ha sido cuestionada por los grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox. que han exigido explicaciones más precisas, de hecho, han otorgado un plazo de dos meses al Ejecutivo regional para presentar avances tangibles y la documentación pendiente, tras constatar retrasos de más de seis meses en la primera fase.

 En esta situación, no cabe más, y siendo muy generosos, que calificar Altamira como una gran promesa en transición, y esto siempre que exista, el inversor privado, y se vayan dando pasos en el desarrollo administrativo, y aun asi, imprescindible se vaya pronunciando el delegado del gobierno.

 Porque después del debate parlamentario, mucho me temo que el Campus Altamira, a lo que más pueda llegar, para el gobierno regional, sea su rentabilidad como activo político en expectativa que como una infraestructura en construcción.

Cantabria, el mito del bienestar frente a la realidad de la pobreza laboral

 

Durante años se ha instalado en el discurso político e institucional la idea de que Cantabria es una comunidad con altos niveles de bienestar y pobreza relativamente baja. En parte, las estadísticas parecen respaldar ese relato, los indicadores AROPE sitúan la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en torno al 22 %, varios puntos por debajo de la media nacional.

Sin embargo, limitar el análisis a esa comparación resulta engañoso. Hoy más de 120.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Cantabria, y alrededor del 42 % de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Esto revela una amplia franja de población que, sin estar bajo el umbral estadístico de pobreza, vive con una economía extremadamente ajustada.

El último informe de la Fundación FOESSA señala que más de 80.000 personas se encuentran ya en situación de exclusión social - cerca del 14 % de la población - y que esta cifra ha crecido un 30 % desde 2018.

La estructura económica regional tampoco ayuda. Cantabria presenta una renta media por hogar inferior a la media nacional y un modelo productivo muy dependiente del sector servicios, con empleos precarios, salarios bajos y alta temporalidad. De ahí una paradoja cada vez más visible, tener trabajo no siempre protege frente a la pobreza. Una parte importante de quienes viven en exclusión, trabajan o buscan empleo activamente.

La pobreza infantil alcanza ya a cerca de uno de cada cuatro menores, lo que condiciona las oportunidades de toda una generación, las mujeres presentan tasas de pobreza superiores, especialmente en hogares monoparentales o en empleos precarios, y el envejecimiento demográfico añade presión, muchas familias dependen de pensiones bajas que deben sostener a varios miembros del hogar.

A esto se suma el encarecimiento del alquiler de la vivienda, los suministros y el coste de vida en general, que reduce el margen económico de miles de hogares. Cada vez más familias viven en una economía de subsistencia donde cualquier imprevisto - una avería, un gasto sanitario, la pérdida de empleo - puede desencadenar una situación de pobreza.

El verdadero reto de Cantabria no puede limitarse a mantener indicadores ligeramente por debajo de la media. El desafío real es reducir la desigualdad, mejorar los salarios y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la mayoría. Porque detrás de las cifras que hablan de bienestar existe otra realidad, la de miles de personas que trabajan, cotizan y sostienen la economía regional, pero siguen teniendo dificultades para vivir con dignidad.