Piquio, la inauguración no cierra el debate, lo abre

La reapertura de los Jardines de Piquio pretendía ser una fotografía de éxito para el Ayuntamiento de Santander. Una obra terminada, una imagen renovada y un mensaje político sencillo, recuperar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad respetando su esencia.

Sin embargo, apenas unas horas después de la inauguración, quedó claro que el debate seguía abierto, la ausencia de la histórica proa cerámica ha terminado convirtiéndose en el verdadero símbolo de la rehabilitación.

La alcaldesa defendió durante la presentación que los nuevos jardines serían "más nuevos, pero iguales", cuando la realidad es que una parte importante de la ciudadanía no percibe esa continuidad al desaparecer la proa, uno de los elementos más reconocibles del jardín, lo que hace muy difícil sostener que todo sigue igual.

El problema ya no es urbanístico, ni técnico, es político. La cuestión no es si existían informes que aconsejaban la retirada de la proa, la cuestión es quién tomó la decisión definitiva y por qué motivo se consideró que el valor histórico, sentimental y simbólico acumulado durante décadas era secundario frente a una interpretación estricta del proyecto original de 1925.

La política democrática exige asumir las decisiones propias, sin  embargo, cada vez es más frecuente observar una tendencia preocupante, la de convertir los informes técnicos en escudos políticos, presentando una decisión como inevitable porque lo “hayan dicho los técnicos”, cuando en realidad los técnicos asesoran y los gobiernos deciden.

Y precisamente por eso la polémica de Piquio trasciende la desaparición de una estructura cerámica. Lo que muchos ciudadanos perciben es una forma de gobernar donde las decisiones se adoptan desde los despachos y se comunican como hechos consumados.

Resulta especialmente llamativo que el Ayuntamiento promoviera procesos participativos para cuestiones menores de la remodelación y, sin embargo, no impulsara un debate ciudadano sobre la desaparición de uno de los elementos más identificables del parque. Se pidió opinión para elegir detalles estéticos, pero no para decidir sobre un símbolo que formaba parte de la memoria colectiva de Santander.

La reacción ciudadana posterior a la inauguración demuestra que la cuestión no era anecdótica. Las redes sociales, los comentarios vecinales y las comparaciones fotográficas han puesto de manifiesto que la proa formaba parte del imaginario sentimental de la ciudad. Quizá no aparecía en los planos originales, pero sí estaba presente en la memoria de varias generaciones.

Y una ciudad no se construye únicamente con proyectos y expedientes, lo hace también con recuerdos. La paradoja es evidente. La rehabilitación de Piquio perseguía recuperar la identidad histórica del lugar y ha terminado generando un debate sobre la pérdida de una parte de esa identidad. No porque desaparezca un elemento arquitectónico de gran valor artístico, sino porque desaparece un símbolo que los ciudadanos habían incorporado como propio.

Por eso la inauguración no ha cerrado la discusión, al contrario, ha puesto sobre la mesa preguntas que el Ayuntamiento sigue sin responder: ¿era imposible restaurar la proa?, ¿se estudiaron alternativas?, ¿se valoró el impacto emocional de su desaparición?, ¿por qué no se consultó a los vecinos? Son preguntas legítimas en una democracia local.

Porque el verdadero patrimonio de una ciudad no son únicamente sus piedras, sus planos o sus documentos históricos, también lo son los símbolos que la ciudadanía reconoce como parte de su historia.

La proa de Piquio ya no está, lo que queda por saber es si el Ayuntamiento ha comprendido por qué tantos santanderinos siguen hablando de ella después de la inauguración.

Tome buena nota la alcaldesa Gema Igual. Cuando una administración deja de escuchar a la ciudad real para escuchar únicamente a los expedientes, corre el riesgo de perder algo más importante que un elemento ornamental, la confianza de los ciudadanos. 

La hora de las federaciones, reconstruir USO Cantabria antes de que sea demasiado tarde

 

Los sindicatos no se debilitan únicamente cuando pierden afiliación o representación, también lo hacen cuando la desconfianza sustituye al diálogo, la confrontación reemplaza al debate y los conflictos internos acaban ocupando más espacio que la defensa de los trabajadores.

Ese es el riesgo que afronta hoy USO Cantabria. Lo que está en juego no es un simple conflicto entre dirigentes, sino el modelo de organización que quiere construirse para los próximos años. La cuestión de fondo es si el sindicato será capaz de recuperar la cohesión necesaria para seguir siendo una organización útil, independiente y cercana a los trabajadores.

Durante los últimos meses se han sucedido conflictos internos, expedientes disciplinarios y un progresivo distanciamiento entre la dirección regional y una parte importante de la estructura sindical. Todo ello ha generado un desgaste que trasciende a las personas y termina afectando a la credibilidad de la organización.

Mientras tanto, la realidad sigue su curso. Los trabajadores continúan enfrentándose a la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad, la transformación industrial y la incertidumbre económica, son esos problemas los que deberían ocupar el centro de la acción sindical.

La experiencia demuestra que ninguna organización se fortalece desde la exclusión, la cohesión no nace de imponer mayorías, sino de integrar sensibilidades, respetar la pluralidad y favorecer el diálogo, cuando un sindicato dedica más esfuerzos a gestionar sus conflictos internos que a defender a los trabajadores, pierde parte de la confianza que justifica su existencia.

Por eso ha llegado la hora de las federaciones profesionales. Son ellas quienes sostienen el sindicato cada día, negocian convenios, concurren a las elecciones sindicales y mantienen el contacto permanente con los centros de trabajo. Su legitimidad nace de esa realidad y de la confianza que depositan en ellas miles de trabajadores.

Las federaciones deben asumir ahora un papel de liderazgo para impulsar un gran acuerdo de reconstrucción sindical que permita abrir una nueva etapa basada en la transparencia, la participación, el respeto a la pluralidad y el fortalecimiento de la democracia interna.

Pero ese proceso exige también afrontar las heridas abiertas durante los últimos tiempos, resulta difícil hablar de integración mientras continúen abiertos procedimientos que afectan a dirigentes de la Federación de Industria y que, con independencia de su tramitación estatutaria, se han convertido en uno de los principales símbolos de la fractura interna.

Recuperar la normalidad no significa cuestionar las normas ni interferir en los procedimientos internos, significa comprender que ninguna reconstrucción será posible sin voluntad de diálogo, sin capacidad para rebajar la confrontación y sin el propósito de reincorporar al proyecto común a quienes pueden seguir aportando experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo.

El próximo Congreso Regional representa una oportunidad que no debería desaprovecharse, no puede convertirse en un ajuste de cuentas interno ni en la proclamación de vencedores y vencidos, debe ser el inicio de una nueva etapa en la que el interés colectivo vuelva a situarse por encima de las diferencias personales.

La afiliación espera responsabilidad, los delegados reclaman liderazgo, y los trabajadores necesitan un sindicato plenamente concentrado en defender sus derechos, no en prolongar conflictos internos que solo debilitan a la organización.

Todavía existe margen para cambiar el rumbo, todavía es posible construir un pacto amplio que devuelva la estabilidad y la confianza a USO Cantabria. Un pacto que tenga como pilares la integración, la transparencia, la participación democrática y la recuperación de la normalidad interna.

La historia de USO Cantabria demuestra que sus mejores etapas coincidieron con la unidad de sus estructuras, el respeto entre sus dirigentes y la capacidad de anteponer el interés general a cualquier diferencia.

Las federaciones tienen hoy una responsabilidad que trasciende sus propias organizaciones. Si asumen ese liderazgo, podrán impulsar la reconstrucción del sindicato desde el consenso y la participación. Si renuncian a hacerlo, otros decidirán el futuro de una organización que siempre encontró su fortaleza en la pluralidad y en la unidad de acción.

La historia no recordará quién ganó un expediente, quién impuso una mayoría o quién ocupó un cargo durante unos años, recordará quién fue capaz de preservar un sindicato útil para los trabajadores de Cantabria.

Ha llegado la hora de las federaciones. Ha llegado la hora de reconstruir USO Cantabria antes de que sea demasiado tarde.

Los jardines de Piquio sin proa, la reforma que borra la identidad de un lugar

Los Jardines de Piquio están a punto de abrir sus puertas después de años de obras, retrasos, sobrecostes y una interminable sucesión de anuncios institucionales. El Ayuntamiento de Santander ha puesto el acento en la recuperación de barandillas, pavimentos, pérgolas, fuentes y elementos históricos como la Bola del Mundo o la mesa circular de piedra. Sin embargo, hay una pregunta que sigue sin respuesta y que muchos santanderinos comienzan a hacerse: ¿dónde está la histórica Proa de Piquio?

Durante décadas, aquella singular pieza cerámica formó parte de la identidad visual de uno de los lugares más emblemáticos de Santander, era un elemento perfectamente reconocible para generaciones de vecinos y visitantes, sin embargo, con la reapertura de los jardines, la proa ha desaparecido sin que exista explicación pública alguna sobre su paradero.

Lo más llamativo es que el Proyecto de Renovación y Acondicionamiento de los Jardines de Piquio y su entorno, redactado en marzo de 2022 por dos ingenieros, entre ellos el Ingeniero Civil del Servicio de Vialidad, no contemplaba ninguna retirada definitiva de este elemento patrimonial, que contaba con un presupuesto de 1.742.642,48 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

La realidad, una vez más, ha sido muy distinta. El coste definitivo de la remodelación se sitúa en torno a los 2,61 millones de euros, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento al finalizar las obras en julio de 2026, cifra que supone un incremento cercano al 92% respecto al presupuesto de adjudicación de 2024, fijado entonces en 1.360.128 euros.

Y aquí es donde surgen las dudas razonables. He revisado la información pública disponible sobre las obras y la reapertura de Piquio, los comunicados municipales que detallan con precisión actuaciones sobre muros, barandillas ornamentales, fuentes, pavimentos, pórticos, vigas de pérgolas y otros elementos históricos recuperados, sin que aparezca ni una sola referencia pública que explique lo qué ha ocurrido con la Proa de Piquio, dónde se encuentra actualmente o si existe intención de reinstalarla.

Resulta sorprendente que se informe hasta del pintado de los faldones inferiores de las barandillas perimetrales y, sin embargo, nada se diga sobre un elemento tan característico y simbólico para la ciudad.

Por ello, sería conveniente que los grupos de la oposición municipal revisaran con detalle la documentación de la obra, cruzando el proyecto inicial con la justificación final de los gastos. Porque hasta la fecha, las explicaciones conocidas sobre el incremento presupuestario no dejan de ser una enumeración genérica de trabajos que, en gran medida, ya figuraban recogidos y valorados en el proyecto original.

Los santanderinos tienen derecho a saber qué ha pasado con cada euro invertido y también con cada elemento patrimonial que formaba parte de este espacio público.

Salvo que algún listo - y no sería la primera vez que ocurre algo parecido en esta ciudad - haya decidido apropiarse de lo que pertenece a todos, la alcaldesa Gema Igual debería aclarar de inmediato cuál es la situación de la Proa de Piquio.

Si la pieza está siendo restaurada, explíquese públicamente. Si se encuentra almacenada, dígase dónde y en qué condiciones. Y si se ha tomado la decisión de no reinstalarla, la ciudadanía merece conocer los motivos de una decisión que afecta directamente al patrimonio urbano de Santander.

Porque no estamos hablando simplemente de un elemento decorativo, estamos hablando de una parte de la memoria sentimental de la ciudad, de un símbolo que ha acompañado durante décadas a quienes han paseado por Piquio, han contemplado desde allí el Sardinero y sus playas o simplemente han crecido identificando aquel rincón con una imagen singular e irrepetible.

La Proa de Piquio no pertenece a ningún gobierno municipal, pertenece a la memoria colectiva de Santander, y precisamente por eso, los santanderinos tienen derecho a saber dónde está.

CEOE Cantabria pone bajo sospecha a los trabajadores enfermos

 

La campaña lanzada por CEOE-CEPYME Cantabria bajo el lema "Mientras unos no están, otros esperan" pretende presentarse como una iniciativa contra el absentismo laboral. Sin embargo, detrás de esa aparente preocupación por la productividad se esconde una estrategia mucho más preocupante, trasladar a la opinión pública la idea de que buena parte de los problemas que sufren empresas, usuarios y servicios tienen su origen en los trabajadores que no acuden a sus puestos de trabajo.

Y esa afirmación es, sencillamente, falsa. La patronal cántabra ha intentado matizar posteriormente que su campaña se dirige únicamente contra el absentismo injustificado y que no cuestiona las bajas médicas. Pero el problema no está en las explicaciones posteriores, sino en el mensaje que recibe la ciudadanía.

Cuando se difunden eslóganes como "Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca", "Esperar una hora a que te traigan el segundo plato" o "Que tu abuela no reciba la medicación a su hora", la conclusión que se induce es evidente, si los servicios fallan es porque los trabajadores no están trabajando.

Se trata de una simplificación interesada que evita analizar las verdaderas causas de muchos de los problemas que afectan al mercado laboral y a la actividad económica, entre otros la falta de personal que existe en numerosos sectores, de las plantillas ajustadas al límite, las cargas excesivas de trabajo, la precariedad laboral, la insuficiente inversión en prevención de riesgos laborales o de los accidentes de trabajo y tampoco del deterioro de la sanidad pública, provocadora de las listas de espera que retrasan diagnósticos y tratamientos, y mucho menos de determinadas decisiones empresariales que priorizan la reducción de costes sobre la calidad del empleo o la adecuada organización de los recursos humanos.

La campaña parte además de una confusión deliberada entre dos realidades completamente distintas. El absentismo injustificado que constituye una infracción laboral que las empresas pueden sancionar, y las bajas médicas, que son situaciones reconocidas por profesionales sanitarios, amparadas por la Seguridad Social y protegidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, cuando se instala en el debate público la idea de que el absentismo es uno de los grandes problemas de la economía, inevitablemente se proyecta una sombra de sospecha sobre quienes se encuentran de baja médica. Porque la mayoría de la ciudadanía no distingue siempre entre una ausencia injustificada y una incapacidad temporal reconocida por un médico.

Y es precisamente ahí donde reside el verdadero problema de esta campaña, en la de buscar culpables sencillos para problemas complejos, aunque para ello se tengan que estigmatizar a las personas enfermas, y con ello a los profesionales sanitarios que valoran la enfermedad causa de la baja, porque, la idea que esconde esta campaña es la de presionar al trabajador para que vaya a trabajar incluso cuando no se esté en condiciones físicas o psicológicas de hacerlo.

Y eso supone un evidente retroceso social, por el que las organizaciones sindicales, han tenido que reaccionar con contundencia, lo que está en juego no es únicamente una campaña publicitaria, lo que está en juego es la defensa de un principio básico, el derecho de los trabajadores a proteger su salud sin ser señaladas ni convertidas en sospechosas.

Si Enrique Conde presidente de la patronal en Cantabria, quiere debatir seriamente sobre el absentismo injustificado, seguro encontrará interlocutores sindicales entre otros dispuestos a hacerlo, pero lo que no puede hacer es el uso de una campaña publicitaria como coartada para trasladar a los cántabros la idea de que las bajas médicas son parte del problema. La enfermedad no es absentismo, ni fraude y mucho menos los trabajadores enfermos, responsables de los problemas estructurales de la economía cántabra.

España arde, se inunda y la política sigue mirando hacia otro lado.

Mientras España vuelve a enfrentarse a incendios forestales de enorme magnitud en Madrid, Ávila y otras comunidades, con miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones masivas, pueblos confinados y la declaración de situaciones de emergencia extraordinaria, la política continúa atrapada en un debate tan estéril como irresponsable.

Hace apenas unos meses fueron las inundaciones de Valencia las que dejaron decenas de víctimas, miles de damnificados y pérdidas multimillonarias. Hoy son los incendios los que obligan a movilizar a centenares de efectivos de emergencias para evitar nuevas tragedias. Mañana será una sequía extrema, una ola de calor o una nueva riada. Lo único seguro es que volverá a ocurrir.

Sin embargo, cada vez que una catástrofe golpea España, el debate público se divide en dos trincheras. Por un lado, quienes explican cualquier desastre exclusivamente a través del cambio climático, y por otro, quienes reducen todo a una cuestión de gestión política, mientras que el Partido Popular intenta navegar entre los compromisos climáticos europeos y la presión de quienes cuestionan las políticas ambientales, sin terminar de definir una posición clara.

La realidad es mucho más compleja. El cambio climático constituye un factor determinante en el incremento de muchos riesgos naturales y cada vez resulta más difícil ignorar las evidencias científicas. Pero también influyen el abandono del medio rural, la acumulación de combustible forestal, la ocupación de zonas inundables, la falta de mantenimiento de cauces, la escasa gestión de los montes, infraestructuras envejecidas y una coordinación administrativa que continúa mostrando importantes deficiencias.

El problema es que España sigue abordando cada desastre como un episodio aislado. Se actúa cuando llega la emergencia, se buscan responsables durante unas semanas y, una vez desaparecen las cámaras, todo vuelve a la normalidad hasta la siguiente tragedia.

Lo verdaderamente preocupante es que el cambio climático ya no puede contemplarse como una hipótesis futura. Sus efectos están presentes y seguirán intensificándose si no se adoptan medidas globales capaces de reducir sus impactos. Pero incluso aceptando esta realidad, existe una cuestión igual de urgente, preparar al país para convivir con fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

Por ello resulta imprescindible abrir un gran debate nacional que desemboque en una auténtica Ley Integral de Emergencias Naturales. Una norma que unifique criterios defina competencias, refuerce la coordinación entre administraciones, impulse sistemas de alerta temprana, fomente inversiones en infraestructuras resilientes y convierta la prevención en una verdadera política de Estado.

Lo que falta no son profesionales. España cuenta con algunos de los mejores especialistas en protección civil, emergencias, meteorología y gestión ambiental de Europa. Lo que falta es voluntad política para construir un marco legal estable, coherente y permanente que permita actuar antes de que se produzcan las tragedias y no únicamente cuando ya es demasiado tarde.

Los incendios de Madrid y Ávila, las inundaciones de Valencia y tantas otras catástrofes recientes deberían servir como una llamada de atención definitiva. No podemos seguir instalados en el enfrentamiento ideológico mientras el territorio se vuelve más vulnerable y los ciudadanos asumen las consecuencias.

Las emergencias naturales no distinguen entre votantes de izquierdas o de derechas. Tampoco deberían hacerlo las soluciones. España necesita abandonar el ruido político y comenzar a construir una estrategia nacional basada en la prevención, la planificación y la resiliencia. Porque mientras los partidos discuten quién tiene la culpa, los bosques siguen ardiendo, los pueblos siguen inundándose y los ciudadanos continúan pagando el precio de la inacción. 

Santander y la Semana Grande de los problemas, una ciudad que se llena de vallas, ruido y abandono

 

Santander vive estos días su momento de mayor proyección turística. Miles de visitantes llenan hoteles, playas, terrazas y espacios festivos. Sin embargo, la imagen que ofrece la ciudad durante este verano está muy lejos de la excelencia que debería caracterizar a la capital de Cantabria.

Lo que los santanderinos contemplan cada día es una ciudad marcada por las vallas, las obras interminables, los espacios cerrados y una preocupante sensación de deterioro urbano.

Los Jardines de Piquío, uno de los símbolos más reconocibles de Santander, han acumulado sucesivos retrasos que han impedido su disfrute durante buena parte de la temporada turística. Lo que debía ser una actuación de mejora se ha convertido en un ejemplo de cómo una obra puede eternizarse y privar a vecinos y visitantes de uno de los enclaves más emblemáticos del Sardinero.

A ello se suma el cierre de la Plaza de Pombo, corazón histórico y social de la ciudad. El precinto de este espacio, motivado por los problemas estructurales detectados en el aparcamiento subterráneo, ha transformado uno de los lugares más representativos del centro en una gran zona vallada. Las previsiones municipales apuntan incluso a que las obras podrían prolongarse durante muchos meses, afectando a residentes, comercios y visitantes.

Pero los problemas no terminan ahí. En Puertochico, Castelar y otros espacios céntricos proliferan vallados, restricciones y actuaciones provisionales que trasladan una imagen de ciudad en obras permanentes. Santander parece haberse acostumbrado a convivir con cierres, precintos y limitaciones en algunos de sus espacios más emblemáticos.

Mientras tanto, numerosos vecinos denuncian una limpieza insuficiente en determinadas zonas, especialmente tras los eventos multitudinarios de la Semana Grande. Papeleras desbordadas, restos de botellones, suciedad acumulada y basura dispersa por calles y jardines generan una imagen impropia de una ciudad que aspira a ser referencia turística del norte de España.

La convivencia vecinal tampoco atraviesa su mejor momento. El ruido nocturno, la concentración de actividades festivas y la falta de control efectivo sobre determinadas conductas incívicas provocan cada verano un aumento de las quejas de los residentes. Las fiestas son necesarias, pero no pueden convertirse en una excusa para ignorar el derecho al descanso de quienes viven en la ciudad durante todo el año.

A estas dificultades se añaden las tensiones existentes en la Policía Local. Los conflictos laborales y la falta de acuerdo con los agentes han generado preocupación sobre la capacidad operativa del servicio en una de las épocas de mayor actividad y afluencia de personas. Aunque el Ayuntamiento asegura que la seguridad está garantizada, la existencia misma del conflicto evidencia problemas de gestión que deberían haberse resuelto mucho antes del inicio de las fiestas.

La sensación que queda es preocupante. Santander dispone de un entorno privilegiado, una oferta turística de primer nivel y una Semana Grande consolidada. Sin embargo, la acumulación de retrasos, cierres, problemas de mantenimiento, suciedad, ruido y conflictos de gestión está deteriorando la percepción de muchos ciudadanos.

La ciudad no necesita más campañas de promoción. Necesita una gestión más eficaz de los espacios públicos, una planificación rigurosa de las obras, una mejora visible de la limpieza y una apuesta decidida por la convivencia vecinal.

Porque cuando los jardines más emblemáticos permanecen cerrados, cuando la plaza más representativa aparece vallada, cuando la basura se acumula tras las celebraciones y cuando los vecinos perciben que sus problemas cotidianos no encuentran respuesta, el balance de una corporación municipal no puede calificarse de satisfactorio.

La Semana Grande debería ser el escaparate de la mejor Santander. Hoy, para muchos santanderinos, se está convirtiendo en el reflejo de sus carencias.

El Emboque de Oro en el alambre, cuando los méritos dejan de importar

 

Actualización 17/07/2026: Habiendo aparecido recientemente en los medios de comunicación noticias relativas a uno de nuestros galardonados, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se describen en ellas, la Casa de Cantabria en Madrid, de forma preventiva, no entregará el Emboque de Oro el día 13 de agosto al Teniente General Luis Antonio del Castillo en el acto que tendrá lugar en el Gran Casino Sardinero de Santander, como anteriormente se había informado.

Pues ahora resulta que Luis del Castillo ya no tiene arraigo en Cantabria. Tampoco cuenta su infancia en Santander, donde residió desde los dos años, ni parece importar que ejerciera como coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria entre 2016 y 2022. Mucho menos que alcanzara el empleo de teniente general o que fuera designado para dirigir el Mando de Operaciones (MOPS) de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad de la institución.

Todos esos méritos sirvieron para concederle el Emboque de Oro. Hoy, sin embargo, parecen haber desaparecido de un plumazo.

Basta una polémica interna entre guardias civiles, para que la Casa de Cantabria de Madrid haya decidido – según el Diario Montañés - retirarle de forma preventiva una distinción que le fue otorgada precisamente por su trayectoria personal y profesional. Y, para completar la operación, la decisión se haya aireado públicamente con una rapidez que contrasta con la prudencia que debería exigirse cuando todavía existen numerosas incógnitas sobre lo sucedido.

Lo más sorprendente es que nadie parece preguntarse si los méritos que justificaron el premio han cambiado. Porque si siguen siendo los mismos, la cuestión no es Luis del Castillo, sino la consistencia de quienes conceden y retiran reconocimientos según sopla el viento.

En el origen de esta historia aparece una controversia relacionada con el cumplimiento de órdenes y la asistencia a un acto institucional. Una discrepancia que algunos han transformado rápidamente en un conflicto político y mediático. Como tantas veces ocurre, antes de que se conozcan todos los detalles ya se han dictado sentencias en tertulias, despachos y redacciones.

Mientras tanto, la Casa de Cantabria en Madrid, guarda una explicación que sigue sin convencer, la de si existen razones objetivas y suficientemente graves para retirar el galardón.

Pero si la decisión responde a presiones, intereses particulares o al deseo de evitar incomodidades, entonces quien queda en entredicho no es el galardonado, sino la propia institución que concede el premio.

Porque los reconocimientos tienen valor cuando distinguen trayectorias y méritos. Cuando se utilizan para contentar a unos o castigar a otros, dejan de ser reconocimientos y se convierten en simples herramientas de conveniencia.

La Casa de Cantabria haría bien en aclarar qué ha cambiado exactamente. Porque si los méritos de Luis del Castillo siguen siendo los mismos que el día en que recibió el Emboque de Oro, la retirada preventiva no degrada al premiado. Degrada al premio.

Y un premio que pierde credibilidad acaba convirtiéndose en poco más que una pieza decorativa sin prestigio ni representatividad.