Santander y la Semana Grande de los problemas, una ciudad que se llena de vallas, ruido y abandono

 

Santander vive estos días su momento de mayor proyección turística. Miles de visitantes llenan hoteles, playas, terrazas y espacios festivos. Sin embargo, la imagen que ofrece la ciudad durante este verano está muy lejos de la excelencia que debería caracterizar a la capital de Cantabria.

Lo que los santanderinos contemplan cada día es una ciudad marcada por las vallas, las obras interminables, los espacios cerrados y una preocupante sensación de deterioro urbano.

Los Jardines de Piquío, uno de los símbolos más reconocibles de Santander, han acumulado sucesivos retrasos que han impedido su disfrute durante buena parte de la temporada turística. Lo que debía ser una actuación de mejora se ha convertido en un ejemplo de cómo una obra puede eternizarse y privar a vecinos y visitantes de uno de los enclaves más emblemáticos del Sardinero.

A ello se suma el cierre de la Plaza de Pombo, corazón histórico y social de la ciudad. El precinto de este espacio, motivado por los problemas estructurales detectados en el aparcamiento subterráneo, ha transformado uno de los lugares más representativos del centro en una gran zona vallada. Las previsiones municipales apuntan incluso a que las obras podrían prolongarse durante muchos meses, afectando a residentes, comercios y visitantes.

Pero los problemas no terminan ahí. En Puertochico, Castelar y otros espacios céntricos proliferan vallados, restricciones y actuaciones provisionales que trasladan una imagen de ciudad en obras permanentes. Santander parece haberse acostumbrado a convivir con cierres, precintos y limitaciones en algunos de sus espacios más emblemáticos.

Mientras tanto, numerosos vecinos denuncian una limpieza insuficiente en determinadas zonas, especialmente tras los eventos multitudinarios de la Semana Grande. Papeleras desbordadas, restos de botellones, suciedad acumulada y basura dispersa por calles y jardines generan una imagen impropia de una ciudad que aspira a ser referencia turística del norte de España.

La convivencia vecinal tampoco atraviesa su mejor momento. El ruido nocturno, la concentración de actividades festivas y la falta de control efectivo sobre determinadas conductas incívicas provocan cada verano un aumento de las quejas de los residentes. Las fiestas son necesarias, pero no pueden convertirse en una excusa para ignorar el derecho al descanso de quienes viven en la ciudad durante todo el año.

A estas dificultades se añaden las tensiones existentes en la Policía Local. Los conflictos laborales y la falta de acuerdo con los agentes han generado preocupación sobre la capacidad operativa del servicio en una de las épocas de mayor actividad y afluencia de personas. Aunque el Ayuntamiento asegura que la seguridad está garantizada, la existencia misma del conflicto evidencia problemas de gestión que deberían haberse resuelto mucho antes del inicio de las fiestas.

La sensación que queda es preocupante. Santander dispone de un entorno privilegiado, una oferta turística de primer nivel y una Semana Grande consolidada. Sin embargo, la acumulación de retrasos, cierres, problemas de mantenimiento, suciedad, ruido y conflictos de gestión está deteriorando la percepción de muchos ciudadanos.

La ciudad no necesita más campañas de promoción. Necesita una gestión más eficaz de los espacios públicos, una planificación rigurosa de las obras, una mejora visible de la limpieza y una apuesta decidida por la convivencia vecinal.

Porque cuando los jardines más emblemáticos permanecen cerrados, cuando la plaza más representativa aparece vallada, cuando la basura se acumula tras las celebraciones y cuando los vecinos perciben que sus problemas cotidianos no encuentran respuesta, el balance de una corporación municipal no puede calificarse de satisfactorio.

La Semana Grande debería ser el escaparate de la mejor Santander. Hoy, para muchos santanderinos, se está convirtiendo en el reflejo de sus carencias.

El Emboque de Oro en el alambre, cuando los méritos dejan de importar

 

Actualización 17/07/2026: Habiendo aparecido recientemente en los medios de comunicación noticias relativas a uno de nuestros galardonados, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se describen en ellas, la Casa de Cantabria en Madrid, de forma preventiva, no entregará el Emboque de Oro el día 13 de agosto al Teniente General Luis Antonio del Castillo en el acto que tendrá lugar en el Gran Casino Sardinero de Santander, como anteriormente se había informado.

Pues ahora resulta que Luis del Castillo ya no tiene arraigo en Cantabria. Tampoco cuenta su infancia en Santander, donde residió desde los dos años, ni parece importar que ejerciera como coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria entre 2016 y 2022. Mucho menos que alcanzara el empleo de teniente general o que fuera designado para dirigir el Mando de Operaciones (MOPS) de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad de la institución.

Todos esos méritos sirvieron para concederle el Emboque de Oro. Hoy, sin embargo, parecen haber desaparecido de un plumazo.

Basta una polémica interna entre guardias civiles, para que la Casa de Cantabria de Madrid haya decidido – según el Diario Montañés - retirarle de forma preventiva una distinción que le fue otorgada precisamente por su trayectoria personal y profesional. Y, para completar la operación, la decisión se haya aireado públicamente con una rapidez que contrasta con la prudencia que debería exigirse cuando todavía existen numerosas incógnitas sobre lo sucedido.

Lo más sorprendente es que nadie parece preguntarse si los méritos que justificaron el premio han cambiado. Porque si siguen siendo los mismos, la cuestión no es Luis del Castillo, sino la consistencia de quienes conceden y retiran reconocimientos según sopla el viento.

En el origen de esta historia aparece una controversia relacionada con el cumplimiento de órdenes y la asistencia a un acto institucional. Una discrepancia que algunos han transformado rápidamente en un conflicto político y mediático. Como tantas veces ocurre, antes de que se conozcan todos los detalles ya se han dictado sentencias en tertulias, despachos y redacciones.

Mientras tanto, la Casa de Cantabria en Madrid, guarda una explicación que sigue sin convencer, la de si existen razones objetivas y suficientemente graves para retirar el galardón.

Pero si la decisión responde a presiones, intereses particulares o al deseo de evitar incomodidades, entonces quien queda en entredicho no es el galardonado, sino la propia institución que concede el premio.

Porque los reconocimientos tienen valor cuando distinguen trayectorias y méritos. Cuando se utilizan para contentar a unos o castigar a otros, dejan de ser reconocimientos y se convierten en simples herramientas de conveniencia.

La Casa de Cantabria haría bien en aclarar qué ha cambiado exactamente. Porque si los méritos de Luis del Castillo siguen siendo los mismos que el día en que recibió el Emboque de Oro, la retirada preventiva no degrada al premiado. Degrada al premio.

Y un premio que pierde credibilidad acaba convirtiéndose en poco más que una pieza decorativa sin prestigio ni representatividad.

Regularizar extranjeros para crecer también en Cantabria, no para dividir

La información publicada por El Diario Montañés sobre las 8.767 solicitudes de regularización presentadas en Cantabria debería servir para abrir un debate serio y alejado de los tópicos. Hablamos de una cifra importante para una comunidad de poco más de 590.000 habitantes, marcada desde hace años por el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

Los datos muestran que la mayoría de los solicitantes son personas jóvenes, en edad de trabajar, con una presencia equilibrada de hombres y mujeres y con niveles formativos nada despreciables: cerca del 70% cuenta con estudios de bachillerato, formación profesional o universitarios.

Desde una perspectiva sindical, la conclusión es evidente. Cantabria necesita trabajadores. Sectores como la hostelería, los cuidados, la construcción, la industria o el transporte llevan tiempo denunciando dificultades para cubrir puestos de trabajo. La incorporación de estas personas supone más empleo, más cotizaciones a la Seguridad Social, más recursos para sostener las pensiones y los servicios públicos y menos espacio para la economía sumergida.

Estamos hablando además de una importante aportación de capital humano. Jóvenes formados que pueden contribuir al crecimiento económico de la región y ayudar a afrontar uno de nuestros principales problemas: la falta de relevo generacional.

Sin embargo, mientras la realidad económica y demográfica apunta en una dirección, parte del debate político sigue instalada en la demagogia. El PP justifica las regularizaciones porque estas personas ya viven y trabajan aquí, pero evita hablar de solidaridad, integración y derechos humanos. Vox, por su parte, insiste en los discursos de expulsión y rechazo, ignorando la realidad de un mercado laboral que necesita trabajadores y de una sociedad que necesita población joven.

Resulta paradójico que en una tierra de emigrantes como Cantabria algunos pretendan negar hoy a otros las oportunidades que miles de españoles buscaron durante décadas fuera de nuestras fronteras.

La regularización no es solo una cuestión administrativa. Es una cuestión de justicia social, pero también de sentido común. Quienes alimentan el miedo deberían observar los datos, Cantabria gana trabajadores, gana cotizantes, gana talento y gana futuro.

Por mucho que algunos se empeñen en convertir la inmigración en un problema, la realidad demuestra que una inmigración regulada e integrada forma parte de la solución.

Olucas Surf Center: el PSIR como atajo para urbanizar lo que no se puede urbanizar

 

Hay anuncios políticos que parecen cuidadosamente diseñados para generar titulares antes que debates. El presentado por la presidenta María José Sáenz de Buruaga durante el Debate sobre el Estado de la Región sobre el proyecto Olucas Surf Center reúne precisamente todas esas características.

De repente, sin apenas información pública previa ni un debate social o territorial conocido, aparece sobre la mesa un complejo de surf artificial en suelo rústico de Villaverde de Pontones. Una iniciativa privada que promete una inversión de 40 millones de euros, cientos de empleos durante la construcción, decenas de puestos de trabajo permanentes y la llegada de turistas durante todo el año. La receta es conocida, grandes cifras, grandes expectativas y una presentación política que invita a pensar que quien se oponga al proyecto está en contra del progreso.

Pero la realidad es bastante más compleja, primero porque el proyecto no puede desarrollarse con el planeamiento urbanístico actualmente vigente, y segundo porque para hacerlo posible se necesita la declaración de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), una figura excepcional concebida para actuaciones estratégicas de alcance supramunicipal.

Y aquí surge la pregunta que el Gobierno parece querer evitar: ¿qué tiene de interés regional un complejo turístico-deportivo privado que no podría construirse sin recurrir a una herramienta extraordinaria?

Porque si el criterio para obtener un PSIR es simplemente prometer inversión y empleo, entonces cualquier gran proyecto empresarial podría aspirar al mismo tratamiento, la consecuencia sería evidente, convertir una figura excepcional en un mecanismo habitual para sortear las limitaciones urbanísticas y territoriales establecidas por los municipios.

La experiencia demuestra que detrás de muchas de estas iniciativas no solo existe una actividad principal, alrededor suelen aparecer hoteles, alojamientos turísticos, restauración, comercio y otros aprovechamientos económicos que multiplican el valor de los terrenos afectados. Nada de ello es ilegítimo, pero precisamente por eso exige una explicación transparente y un debate público serio.

Mientras el Gobierno destaca los beneficios económicos, otras voces advierten sobre cuestiones que apenas aparecen en la propaganda institucional, el impacto paisajístico de una actuación de alrededor de 100.000 metros cuadrados en un entorno rural característico de Trasmiera, el consumo de agua y energía en una comunidad que conoce bien los problemas de abastecimiento durante los meses de verano, y la incertidumbre sobre unas previsiones económicas que todavía están lejos de haberse demostrado.

Más preocupante aún es el precedente político que puede establecerse. Si un complejo privado de ocio puede ser considerado de interés regional, ¿Qué impedirá que mañana otros proyectos reclamen idéntico tratamiento? ¿Dónde se situará entonces el límite entre la protección del suelo rural y los intereses económicos de determinados promotores?

Cantabria necesita inversión, empleo y oportunidades. Lo que no necesita es vaciar de contenido las herramientas de planificación territorial creadas para proteger el interés general. Porque el verdadero debate no consiste en estar a favor o en contra del surf artificial. El verdadero debate es decidir si las normas se adaptan al territorio o si el territorio debe adaptarse a los intereses de quien presenta el proyecto más llamativo del momento.

Antes de hablar de olas artificiales, convendría aclarar si estamos ante una apuesta estratégica para Cantabria o ante un nuevo intento de utilizar el interés regional como coartada para hacer posible lo que, de otro modo, nunca podría construirse.

ADSIS, solidaridad frente al discurso de la exclusión

 

En tiempos en los que determinados sectores políticos de la derecha intentan imponer el mensaje de “los españoles primero” como una consigna que termina señalando y marginando a quienes llegan de otros países buscando una oportunidad, conviene detenerse a observar el trabajo silencioso y esencial que realizan muchas organizaciones sociales en favor de las personas más vulnerables.

 Frente al discurso del rechazo, la realidad social demuestra que la solidaridad sigue siendo una de las herramientas más poderosas para construir convivencia, igualdad y dignidad. Y en ese camino destaca el trabajo desarrollado por la Fundación Adsis, una organización que durante 2024 acompañó a 65.605 personas en situación de vulnerabilidad en España y América Latina mediante programas de educación, empleo, inclusión social y cooperación al desarrollo.

 ADSIS no distingue entre españoles e inmigrantes. Atiende a quienes necesitan apoyo. Esa es precisamente la diferencia entre la política del señalamiento y la acción social basada en los derechos humanos. Mientras algunos intentan convertir la inmigración en un problema político permanente, organizaciones como trabajan cada día para evitar que miles de personas caigan en la exclusión social.

Los datos hablan por sí solos. La organización atendió el pasado año a 42.802 personas en España y a otras 22.803 en América Latina, demostrando que la solidaridad no entiende de fronteras ni nacionalidades. Buena parte de su actividad se centra en la infancia, adolescencia y juventud, colectivo que representa el 71 % de las personas beneficiarias en España.

 Entre sus principales objetivos destacan la prevención del abandono escolar, el refuerzo educativo, la formación y el acceso al empleo mediante itinerarios personalizados. Gracias a estos programas, el 79 % del alumnado en situación de exclusión social logró superar el curso escolar, mientras que el 72 % de quienes participaron en programas de cualificación profesional continuaron su formación.

 Especial relevancia tienen también los procesos de inserción laboral impulsados por ADSIS. El 42 % de las personas atendidas consiguió empleo y el 72 % de quienes participaron en programas de atención a las adicciones avanzaron en autonomía personal y recuperación de sus proyectos de vida.

 Pero la labor de ADSIS va mucho más allá de la juventud. La organización mantiene líneas de intervención dirigidas a personas adultas, migrantes, familias, personas con adicciones y personas privadas o ex - privadas de libertad, apostando siempre por un acompañamiento integral adaptado a cada realidad personal.

 Actualmente desarrolla proyectos sociales en más de 30 centros distribuidos en Araba, Asturias, Barcelona, Bizkaia, Las Palmas, Gipuzkoa, Madrid, Navarra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Todo ello con un presupuesto superior a los 22 millones de euros, cerca de 500 profesionales contratados y 565 personas voluntarias.

 ADSIS recuerda además una realidad que algunos prefieren ignorar: en España existen más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Una cifra que debería obligar a reforzar las políticas sociales y las iniciativas solidarias, en lugar de alimentar discursos de enfrentamiento entre pobres.

 Por eso organizaciones como ADSIS son hoy imprescindibles. Porque representan una forma de entender la sociedad basada en la igualdad de oportunidades, la integración y el acompañamiento humano. Y porque frente a quienes intentan dividir entre “los de aquí” y “los de fuera”, su trabajo diario demuestra que la dignidad no tiene nacionalidad.

La inmigración y las cinco mentiras de la "prioridad nacional"

En Cantabria, como en otros lugares, el debate sobre inmigración se ha llenado de consignas políticas que poco tienen que ver con la realidad. La llamada "prioridad nacional", impulsada por Vox y asumida por algunos gobiernos del PP, se apoya en una serie de afirmaciones que no resisten el contraste con los datos

 Primera mentira. Los inmigrantes acaparan las ayudas sociales, ayudas que siempre se conceden por nivel de renta y no por nacionalidad. La mayoría de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son españoles – el 55% -  y las personas en situación irregular no pueden acceder a esta prestación. En el caso Cantabria el verdadero problema es que miles de personas siguen en riesgo de exclusión social, y no precisamente quién recibe las ayudas.

 Segunda mentira, el colapso de la sanidad. La población extranjera utiliza la sanidad pública en una proporción inferior a su peso demográfico, por lo tanto, hablar de colapso sanitario provocado por la inmigración, no se sostiene con los datos.

Tercera mentira, reciben vivienda antes que los españoles. No existe ninguna norma que priorice a extranjeros sobre nacionales, el acceso a la vivienda pública depende de criterios económicos y sociales, el problema real en Cantabria y en España es la escasez de vivienda asequible para todos.

 Cuarta mentira, los inmigrantes saturan la educación y los servicios sociales. Los menores extranjeros representan una parte reducida del sistema educativo 10,7% y de protección, basta escuchar a los profesionales para destacar, además, sus altos niveles de integración y motivación.

 Quinta mentira, no aportan, solo reciben, una mentira que se cae por su peso, a nada que se comprueben los miles de trabajadores extranjeros que están sosteniendo sectores esenciales como la hostelería, la construcción o los cuidados, además en Cantabria una cuarta parte de la población tiene más de 65 años, por lo que su aportación es clave para la economía y para el mantenimiento de los servicios.

 Conclusión, las cinco afirmaciones que sustentan el discurso de la llamada "prioridad nacional" comparten un mismo denominador común, no se apoyan en los datos, sino en prejuicios y percepciones interesadas. La realidad demuestra que los inmigrantes no reciben más ayudas, no colapsan la sanidad, no tienen prioridad en el acceso a la vivienda, no saturan los servicios públicos y, lejos de ser una carga, contribuyen de forma decisiva al sostenimiento de la economía y del Estado del bienestar.

 En una comunidad envejecida como Cantabria, donde los grandes desafíos son la vivienda, la precariedad laboral, la exclusión social o la sostenibilidad de los servicios públicos, señalar a la inmigración como responsable de estos problemas no solo es injusto, sino que desvía la atención de las verdaderas soluciones. Un debate público serio debe construirse sobre hechos y evidencias, no sobre consignas destinadas a enfrentar a quienes comparten las mismas dificultades y aspiraciones. 

Vender el futuro como si fuera presente, las medias verdades del último discurso de Buruaga

El último debate sobre el Estado de la Región nos ha dejado una intervención de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cargado de anuncios, cifras millonarias y promesas de futuro, un discurso cuidadosamente construido para transmitir la imagen de una comunidad en plena transformación y de un gobierno que habría cumplido prácticamente todos sus compromisos. Sin embargo, una lectura crítica permite comprobar que muchas de las afirmaciones realizadas descansan más sobre expectativas que sobre realidades, más sobre propaganda que sobre resultados tangibles.

La presidenta se ha regocijado en sucesivas ocasiones durante su intervención, que Cantabria está hoy "infinitamente mejor" que, en 2023, afirmación que puede servir como eslogan político, pero que difícilmente resiste un análisis riguroso.

Si bien algunos indicadores económicos han evolucionado favorablemente, los principales problemas que preocupan a los cántabros siguen plenamente vigentes, problemas como el acceso a la vivienda, las listas de espera sanitarias, las infraestructuras ferroviarias que permanecen estancadas y el envejecimiento demográfico, entre otros que continúan avanzando sin una estrategia claramente eficaz para revertirlo.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta forma de presentar la realidad es la política de vivienda. Mientras que la presidenta nos anunciado la construcción de miles de viviendas protegidas, ha omitido en su exposición que gran parte de esas cifras corresponden a proyectos, previsiones urbanísticas o actuaciones todavía pendientes de desarrollo, una situación que confronta con una realidad machacona, entre una vivienda anunciada y una vivienda entregada. Los jóvenes cántabros no viven en promesas, necesitan viviendas reales, construidas y accesibles.

Algo similar ocurre con las grandes inversiones empresariales que se citan una y otra vez. Los más de 7.000 millones de euros de inversión anunciados corresponden en buena medida a proyectos que aún dependen de autorizaciones administrativas, disponibilidad energética, financiación privada o decisiones empresariales futuras. Presentar esa cartera de proyectos como si fuera riqueza ya generada constituye, cuando menos, una exageración interesada.

La presidenta también ha afirmado que Cantabria lidera el empleo en España, y se ha quedado tan tranquila, cuando ella bien sabe que esta afirmación depende del indicador que se utilice, Cantabria puede ocupar posiciones destacadas en determinados momentos, pero de ninguna manera lidera estructuralmente el mercado laboral nacional, por lo tanto, más prudencia a la hora de convertir un dato puntual, en una conclusión general.

Especialmente llamativa resulta la insistencia en atribuir los problemas pendientes al Gobierno de España o a la herencia recibida. El retraso ferroviario, las infraestructuras energéticas, la financiación de la dependencia o las dificultades industriales han aparecido constantemente vinculadas a decisiones ajenas.

No seré yo quien niegue responsabilidades estatales evidentes, pero son ya tres años de gobierno del partido popular, como para imputar todos los problemas en los otros. Gobernar implica también asumir responsabilidades sobre aquello que no se ha conseguido resolver.

En sanidad encontramos otro ejemplo de relato triunfalista, cuando se afirma que Cantabria dispone de la mejor sanidad pública de España y que el sistema ha sido reconstruido tras encontrarse al borde del colapso, sin embargo, se pasa por alto, las movilizaciones médicas, las dificultades para cubrir determinadas especialidades y sobre todo las listas de espera que nos muestran una realidad bastante más perversa para los cántabros.

Tampoco ha sido como para tirar cohetes, los anuncios permanentes a los proyectos estrella de la legislatura, la mayoría de ellos en fase de planificación, redacción, estudio, licitación o tramitación, proyectos como el Parque de Innovación en Salud, los desarrollos industriales asociados a Altamira, los nuevos hospitales, los grandes proyectos turísticos o muchas actuaciones de vivienda que a la fecha no pasan de ser meras expectativas.

El problema de fondo no es que un gobierno anuncie proyectos o marque objetivos ambiciosos - eso forma parte de la acción política - el problema aparece cuando se presentan como logros consumados, actuaciones que aún están pendientes de ejecución, con el claro interés de mandar soflama electoral, cuando la realidad es la de rendir cuentas, en un debate abierto a la política en general y con carácter propositivo.

El balance de estos tres años no es tan brillante como pretende el discurso oficial, y probablemente tan negativo como sostendrá la oposición, pero si algo ha dejado claro la intervención de la presidenta es que el Gobierno de Buruaga sigue apoyándose en una estrategia basada en vender el futuro como si ya hubiera llegado.

Y los ciudadanos de Cantabria saben distinguir perfectamente entre una promesa, una maqueta y una realidad.