Extremadura, el laboratorio de la desigualdad que amenaza con extenderse

 

La presidenta de Extremadura, ha vuelto a tragarse su correspondiente dosis de sapos para ser investida de nuevo gracias al pacto de gobierno entre el PP y Vox. Un acuerdo que no es un simple trámite institucional, sino un experimento político con vocación de réplica en otros territorios como Aragón  y Castilla y León, por tanto, ante un banco de pruebas donde se ensayan las bases de futuros pactos.

Entre los elementos más preocupantes destaca la llamada “prioridad nacional”, un concepto que pretende favorecer a ciudadanos españoles en el acceso a ayudas públicas y vivienda. Este planteamiento introduce un cambio de paradigma político al abrir la puerta a criterios de preferencia por nacionalidad o arraigo en derechos que, hasta ahora, se han construido sobre principios de universalidad e igualdad.

Lo más llamativo es que esta idea ha sido cuidadosamente suavizada en la puesta en escena pública de Guardiola, pero no por ello pierde su carga de profundidad, al contrario, supone una confrontación directa con la legislación vigente, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, donde el principio de igualdad ante la ley no es negociable. 

Ahora vendrán las justificaciones, los matices y los habituales dimes y diretes de que en política no todo acuerdo está para cumplirse, argumento que a estas alturas resulta irrelevante.

Lo verdaderamente peligroso no es si se ejecuta o no cada punto, sino el marco discursivo que se consolida, y que tensiona principios básicos, a la vez que normaliza la idea de que los derechos pueden ser condicionados.

El propio acuerdo, de hecho, deja entrever sus límites al remitirse constantemente al “marco legal vigente” y a las competencias restringidas de una comunidad autónoma. Sin embargo, eso no impide que se planteen restricciones en ayudas, endurecimiento de políticas migratorias o exclusión de determinados colectivos, medidas ya cuestionadas por su posible ilegalidad o invasión de competencias estatales.

El resultado es un escenario inquietante, gobiernos autonómicos impulsando iniciativas de dudosa constitucionalidad, abriendo conflictos institucionales con el Estado y la Unión Europea, y fomentando una judicialización constante de la acción política. Se corre así el riesgo de legislar no para gobernar, sino para provocar recursos y alimentar una estrategia de confrontación permanente.

Mientras tanto, en Aragón ya se mira este pacto como referencia directa en las negociaciones en curso. Y en Castilla y León, donde la experiencia de gobierno compartido entre PP y Vox ya es una realidad, el precedente extremeño puede endurecer aún más el marco ideológico, especialmente en materias sensibles como inmigración o políticas sociales.

Paso a paso, este modelo puede consolidarse hasta convertirse en norma. Lo que hoy se presenta como una concesión puntual podría transformarse mañana en una condición estructural de gobernabilidad para el liderazgo de Rajoy.

El precio de gobernar a cualquier coste plantea un dilema de fondo, ¿hasta dónde puede llegar un partido para asegurar el poder?. 

Hasta claro que cuando conceptos como la igualdad, la universalidad de los derechos o la neutralidad institucional se convierten en moneda de cambio, dejamos de estar ante una disputa política ordinaria para entrar en un terreno mucho más profundo y estructural. 

Por lo tanto Extremadura ya no es solo un gobierno, es un precedente y cuando además se cuestiona el papel de los sindicatos o se intenta limitar su capacidad de acción, la gravedad es aún mayor. No estamos ante una opinión política más, sino ante un ataque directo a la libertad sindical, protegida por la ley y por organismos internacionales.

Ante este escenario no cabe la equidistancia. El sindicalismo no puede limitarse a observar. Tiene la responsabilidad de confrontar, de denunciar y de movilizar. Porque cada retroceso que se normaliza —como el que hoy se ensaya en Extremadura— es un derecho que puede tardar décadas en recuperarse.

El Bocal tiene responsables con nombres y apellidos

 

Lo ocurrido en la pasarela de El Bocal, de Santander, ya no admite eufemismos. El informe pericial ha desmontado cualquier intento de presentar la tragedia como un accidente inevitable. No lo fue.

 Fue el resultado directo de la negligencia acumulada de varias administraciones públicas que, durante años, miraron hacia otro lado mientras una infraestructura se degradaba a ojos de cualquiera. 

 El dictamen técnico es demoledor: corrosión avanzada, materiales inadecuados para un entorno marino, ausencia de mantenimiento estructural y un diseño incapaz de resistir el fallo de un solo elemento. En otras palabras, una estructura condenada si nadie intervenía, y nadie intervino.

 Aquí es donde hay que dejar de hablar en abstracto y empezar a señalar responsabilidades concretas.

 La Demarcación de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) no puede eludir su papel. Si la infraestructura estaba bajo su ámbito competencial - como ocurre en buena parte del litoral - su obligación era clara, inspeccionar, mantener o, en su defecto, cerrar. No hizo ni una cosa ni la otra.

 El Ayuntamiento de Santander, por su parte, tampoco puede esconderse, aunque no fuera titular directo, sí era la administración más cercana al ciudadano, conocedora del estado de la pasarela y responsable de velar por la seguridad en su municipio. La inacción, en este contexto, también es responsabilidad.

 El Gobierno de Cantabria tampoco queda al margen, su papel de supervisión, coordinación y garantía de la seguridad en infraestructuras públicas no puede reducirse a una presencia institucional tras la tragedia, porque la prevención es también una obligación política.

 Y junto a las administraciones, surge otra cuestión incómoda la de preguntarse ¿Dónde estaban los controles técnicos?.

La corrosión que describe el informe no aparece en semanas, sin ninguna duda, es el resultado de años de abandono. Años en los que nadie - o quienes debían hacerlo - decidieron mirar hacia donde no convenía.

 Lo más grave no es solo el fallo técnico. Es el fallo del sistema, un sistema en el que se inauguran infraestructuras, pero no se mantienen. En el que las competencias se fragmentan hasta diluir la responsabilidad, en el que nadie actúa… hasta que ocurre una tragedia.

 Y entonces, como siempre, llegan las declaraciones, los minutos de silencio y las promesas de investigación.

 Pero esta vez no debería bastar, porque el informe pericial es claro: ERA INEVITABLE, y cuando algo es evitable y aun así ocurre, deja de ser un accidente para convertirse en una responsabilidad.

 Ahora toca algo más que explicaciones, toca depurar responsabilidades hasta el final toca saber quién decidió no actuar, toca asumir que la omisión también mata.

 El Bocal no puede cerrarse en falso, porque si no hay consecuencias, el siguiente fallo estructural no será una sorpresa, será una repetición.

La Remonta, el símbolo de cómo PP, PRC y PSOE han fallado a la vivienda en Cantabria

Cantabria ya no puede esconder su problema de vivienda detrás de diagnósticos repetidos. La situación es clara, acceder a una vivienda digna es cada vez más difícil y los responsables tienen nombre. Durante años, el Partido Popular (PP), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han sido incapaces - o no han querido - dar una respuesta eficaz a un problema que hoy es central para miles de cántabros.

El crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas en Santander no es casualidad, es consecuencia de años de permisividad política. Ninguno de los gobiernos – nacionales, municipales ni autonómicos - han querido afrontar el coste de regular de verdad este fenómeno, el resultado, menos vivienda residencial, y precios disparados.

Y frente a esta situación, la existencia de más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria, que retratan el fracaso colectivo, con el que solo cabe preguntarse, dónde han estado las políticas para movilizarlas, y que han hecho el PP, PRC y PSOE más allá de anunciar medidas que nunca llegan. La respuesta no puede ser otra, que la inacción prolongada, que está convirtiendo este problema en algo más que técnico, para convertirlo también en una responsabilidad política compartida.

La regulación del alquiler turístico sigue siendo insuficiente porque, sencillamente, no ha sido una prioridad real para quienes gobiernan o han gobernado. Se ha legislado a medias, se ha controlado poco y se ha permitido que la situación derive en un modelo insostenible.

Pero si hay un símbolo que concentra décadas de ineficacia política es La Remonta, en Peñacastillo.

Más de 25 años, gobiernos de distinto color, alternancias políticas, y promesas reiteradas, han tenido el mismo resultado, cero viviendas construidas en uno de los suelos más estratégicos de Santander.

El listado de planes es tan extenso como estéril, desde finales de los 90, proyectos estatales, acuerdos entre administraciones, planes parciales, propuestas de parques, anuncios de vivienda social, comisiones técnicas… todos ellos impulsados, en distintos momentos por PP, PRC o PSOE, pero ninguno ejecutado. La Remonta se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo funciona la política regional cuando falla, todos han pasado por el problema, pero ninguno ha asumido la solución.

Mientras tanto, más de 1.300 viviendas sociales potenciales, siguen sin construirse, mientras que, jóvenes, familias y trabajadores siguen sin acceso a vivienda, y a la espera de que las administraciones – autonómicas, nacionales y locales - se pongan de acuerdo.

Y todo ello en paralelo a un proceso creciente de gentrificación, que transforma Santander en una ciudad cada vez más orientada al visitante y menos al residente.   

La conclusión es incómoda, pero inevitable, el problema de la vivienda en Cantabria no es solo económico o urbanístico, es profundamente político.

Las soluciones están encima de la mesa desde hace años, regular de forma efectiva las viviendas turísticas movilizar la vivienda vacía con medidas reales, apostar decididamente por vivienda pública y desbloquear de una vez suelos estratégicos como La Remonta.

Por lo tanto, lo que falta no es información, ni capacidad técnica, incluso ni diagnóstico, lo que falta es decisión política y asumir los costes correspondientes, porque mientras el PP, PRC y PSOE sigan utilizando la vivienda como argumento y no como prioridad real, Cantabria seguirá avanzando hacia un modelo en el que vivir será cada vez más difícil… y la política, cada vez menos creíble.

Las vallas de Santander tapan años de dejadez

 

Santander se está llenando de vallas, cintas de precinto y señales de “prohibido el paso”, que dibujan una ciudad que ha pasado de la normalidad, a la sospecha sobre sus propios espacios públicos.                        

Hoy el mapa urbano puede leerse a través de sus cierres, paseos interrumpidos, pasarelas clausuradas, accesos restringidos, zonas emblemáticas bajo revisión - como los bajos de Sardinero – permitiendo que la valla, deje de ser un elemento provisional para convertirse en un mensaje claro de que algo no se revisó a tiempo. 

Todo se aceleró tras lo ocurrido en El Bocal, pero el problema venía de antes. El mantenimiento, esa política silenciosa que no se ve, ha fallado, y cuando falla lo hace de golpe.                                                                                                                                     

Las inspecciones y cierres actuales son necesarios, incluso obligados, pero también evidencian un cambio brusco, el de no haber actuado hasta que el riesgo ya es evidente, a cerrar ante la mínima duda, y ese giro, aunque correcto, tiene un coste, la pérdida de confianza.  Hoy el ciudadano mira distinto su ciudad, donde antes había rutina, ahora hay preguntas: “¿desde cuándo estaba esto así?”.                                                                 

Las vallas caerán y los espacios se reabrirán, pero Santander debería quedarse con una lección clara, el mantenimiento no puede ser reactivo, porque cuando llega tarde, no solo se cierran espacios, también se resiente la confianza.

Tango el arte de acompañarnos en tiempos difíciles

En momentos de incertidumbre, cuando la vida nos pone a prueba, también yo me atrevo a compartir una fórmula para sobrellevar la crisis- bailar. Más aún, bailar tango, y regalarte - junto a tu pareja - esos instantes luminosos que solo este baile sabe ofrecer.

Si algún día te acercas a una milonga, lo primero que descubrirás será la imagen de dos personas moviéndose por la pista, un hombre y una mujer que deslizan los pies con una suavidad casi felina, envueltos por una música intensa. A simple vista, parecería que apenas se conocen; su concentración es tal que todo lo demás desaparece.

Pero esa es solo la superficie. En el tango no hace falta una identificación previa con la pareja. Cada tango es una experiencia nueva, irrepetible, que se construye a partir del abrazo, del instante y de la música elegida. Cada encuentro es distinto, y cada baile es, en sí mismo, una historia.

Por eso te invito a bailar tango. Te invito a vivir esa experiencia única donde los sentimientos encuentran su cauce, donde las habilidades se entrelazan con cadencias, giros, sacadas, cortes y quebradas que hacen de cada danza un universo distinto. No exagero, quien lo ha probado sabe que bailar tango es algo que no se repite jamás del mismo modo.

A los que lo bailamos nos gusta decir que, en el tango, se bailan incluso los silencios. Esos silencios que, suspendidos en el tiempo, nos recuerdan que no estamos solos. El ritmo compartido, la sintonía con el otro y el placer sensorial del movimiento nos hacen sentir que atravesamos un reto emocional e intelectual. Por eso, el tango es mucho más que un baile, es una manera de encontrarnos, incluso cuando el mundo parece desordenarse.

Alcaldesa, narrar el dolor no basta, la verdad exige hechos

Llevamos más de un mes desde que seis jóvenes murieron en el Bocal de la senda costera de Santander. Seis. Y ha tenido que pasar todo este tiempo para que la alcaldesa, Gema Igual, publique en el Diario Montañés un artículo en el que nos habla de dolor y verdad.

Dice que cada día se asoma al precipicio del dolor. Yo la recuerdo, con todo el respeto que merece el cargo que ocupa, que el precipicio real fue el del Bocal, y que quienes cayeron por él, no lo hicieron metafóricamente.

Dice que cada mañana empieza pidiendo serenidad y reclamando que se conozca la verdad, y lo dice como si esa verdad fuera algo ajeno a ella, algo que está ahí fuera esperando a ser descubierto, como si el Ayuntamiento que preside no fuera parte fundamental de la historia que hay que explicar.

Porque la verdad, alcaldesa, no está tan lejos. Está en el estado en el que se encontraba esa pasarela, en los materiales con los que fue construida, en los años que pasaron sin que nadie le dedicara la atención, el tiempo y el presupuesto que necesitaba una infraestructura junto al mar, sometida a condiciones climatológicas exigentes que sin duda alguna requería un mantenimiento serio y continuado, que no lo tuvo.

En las últimas semanas hemos leído muchas páginas de periódico con referencias a la Confederación Hidrográfica del Norte. Puede que la Confederación tenga también responsabilidades que responder, y los tribunales lo determinarán. Pero señalar hacia otro lado no es buscar la verdad, es precisamente, alejarse de ella.

La verdad que las familias merecen no es la que más convenga políticamente. Es la que explique, sin eufemismos, qué falló, cuándo empezó a fallar, quién lo sabía y qué se hizo al respecto. Esa verdad incluye al Ayuntamiento, incluye a quienes tuvieron responsabilidad en el mantenimiento de la senda costera durante estos años. Y apelar ahora al compromiso con las familias, después de semanas de relato institucional, suena a poco si no va acompañado de una transparencia real y sin condiciones.

No hace falta esperar a las sentencias judiciales para reconocer lo evidente, hubo un fallo de mantenimiento grave, con consecuencias irreparables, los juzgados pondrán blanco sobre negro las responsabilidades penales y civiles. Pero la responsabilidad política no necesita sentencia, se ejerce, o no se ejerce, cada día desde el cargo.

Santander lleva semanas llenándose de vallas, pasarelas clausuradas, miradores cerrados, - el Sardinero precintado - y en cada caso siempre surge la misma pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba esto así?, y si alguien lo sabía.

Lo que ha cambiado no es solo el estado de las infraestructuras, es la confianza de los vecinos, en quienes tienen la obligación de cuidar los espacios de todos, esa confianza que no se recupera con columnas en el periódico, se recupera con hechos, con transparencia y con la honestidad de asumir lo que corresponde asumir

 

El Cabildo de Arriba, más de una década esperando el plan que nadie cumple

En septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Santander presentó un ambicioso Plan Especial de Protección y Reforma Interior para la recuperación del Cabildo de Arriba, respaldado por la asistencia técnica de las empresas AUGE Arquitectura y Urbanismo y APIA XXI. El anuncio sonó a promesa seria. Parecía, por fin, el inicio de una nueva etapa para uno de los barrios más castigados del centro de la ciudad. 

Más de diez años después, aquella promesa sigue sin cumplirse, a pesar de que el diagnóstico que lo decía todo.

El informe de 2013 describía sin rodeos la situación del Cabildo de Arriba, "un barrio en el corazón de la ciudad, en el que parte de los edificios ya no existen, y los que se mantienen en pie cuentan con multitud de viviendas vacías". Los técnicos alertaban también de la ocupación de esas viviendas abandonadas por personas en situación de grave exclusión social y económica.

La conclusión era clara, la recuperación edificio a edificio resultaba inviable. Lo que se necesitaba era una intervención pública decidida, una rehabilitación integral, el retorno de la población tradicional y políticas sociales capaces de frenar el deterioro. Estaba todo escrito. Todo diagnosticado, y sin embargo, nada ocurrió. Los años han ido pasando y esa intervención integral nunca ha llegado.

Tanto la administración autonómica como la municipal parecen haber optado por una estrategia diferente, la de confiar en que el mercado privado absorba lentamente las viviendas vacías y los inmuebles con graves deficiencias estructurales. Una solución cómoda para quienes gestionan desde los despachos, pero insoportable para quienes viven cada día en el barrio, lidiando con la degradación, la incertidumbre y una sensación de abandono que se acumula año tras año.

En este tiempo no han faltado los planes, los borradores, las reuniones ni los titulares de prensa. Lo que ha faltado es la acción.

Hace unos meses se anunció el derribo de dos edificios en la calle Alta. La noticia se presentó, una vez más, como el primer paso hacia la regeneración definitiva del barrio. Los vecinos, sin embargo, llevan demasiado tiempo escuchando promesas parecidas como para ilusionarse con gestos aislados. Para ellos, esto no es más que otro parche, otra actuación puntual que sirve más para rellenar portadas que para transformar la realidad cotidiana del Cabildo.

El barrio no esta pidiendo nada extraordinario. Solo lo que ya estaba escrito en 2013, un plan claro, serio y, sobre todo, cumplido. Sus vecinos llevan más de una década reivindicando algo que debería ser un derecho básico e innegociable, vivir en un barrio digno, cuidado y respetado.

Mientras las administraciones siguen aplazando decisiones, el Cabildo de Arriba continúa esperando. Y el reloj sigue corriendo.