Las listas de espera en Cantabria como excusa: el negocio oculto de la externalización sanitaria

 
Hace unos días publiqué en este blog una primera reflexión sobre el acuerdo singular entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital San Juan de Dios –Santa Clotilde–. Entonces aún no se conocía un dato clave: la verdadera beneficiaria económica del convenio no es el hospital, sino la empresa privada HT Médica, a la que se subcontratan los servicios.

Lo que se presentó con opacidad como una solución técnica para reducir las listas de espera es, en realidad, un nuevo paso en la externalización encubierta de la sanidad pública. Un modelo impulsado por el Partido Popular que convierte un problema estructural del sistema sanitario en una oportunidad de negocio financiada con dinero público.

El consejero de Sanidad omitió que Santa Clotilde actúa únicamente como intermediario económico. La atención sanitaria la prestará HT Médica, en muchos casos con los mismos profesionales que ya trabajan en el sistema público regional. El resultado es un esquema tan sencillo como opaco: fondos públicos que acaban en una empresa privada sin contrato público, sin licitación y sin control parlamentario o ciudadano, pero que podría gestionar hasta 256 millones de euros.

Aunque el modelo pueda ser formalmente legal, es democrática y socialmente inaceptable. La subcontratación expulsa del control público información esencial: precios reales, criterios de elección, beneficios empresariales y destino final de los recursos comunes.

No es un modelo nuevo. Ya se ha aplicado en comunidades como Madrid o Valencia, generando un círculo vicioso que debilita lo público y justifica nuevas derivaciones al sector privado. Las listas de espera no se solucionan privatizando, sino invirtiendo en recursos públicos, plantillas, infraestructuras y medios propios.

La sanidad pública está para prestar servicios, no para ser intermediaria de negocios privados. Todo lo demás es un retroceso que acabamos pagando trabajadores y pacientes.

La reforma laboral de Milei: un ataque frontal a los derechos conquistados por la clase trabajadora

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei pretende imponer a las trabajadoras y trabajadores argentinos representa un retroceso histórico en derechos laborales. Si no logra ser frenada por la movilización y la lucha del movimiento sindical, supondrá una transformación profunda del mercado de trabajo en favor exclusivo de las empresas, debilitando las protecciones laborales y habilitando la imposición unilateral de condiciones en materia de jornadas, despidos, negociación colectiva y acción sindical.

No es casual que esta reforma se haya convertido en uno de los principales focos de conflicto político y social en Argentina. Su aprobación en el Senado y el actual debate en la Cámara de Diputados ya han provocado protestas masivas y una huelga general, expresión clara del rechazo popular y sindical a un proyecto que pretende barrer décadas de conquistas obreras.

Entre los puntos más graves se encuentra la ampliación de la jornada laboral hasta las 12 horas diarias, liquidando la histórica jornada de 8 horas. A esto se suma una nueva trampa patronal: el llamado “banco de horas”, un mecanismo que permitirá a las empresas exigir horas extra sin pagarlas, compensándolas con descansos futuros cuando convenga al empleador.

El ataque no termina ahí. La reforma también reduce las indemnizaciones por despido, modificando su cálculo y excluyendo conceptos y bonificaciones, lo que abarata el despido y deja a los trabajadores en una situación de mayor desamparo. Para completar el cuadro, se impulsa un Fondo de Asistencia Laboral, financiado por las propias empresas, cuyo objetivo real no es proteger al trabajador despedido, sino reducir aún más el costo de echar gente.

Los derechos vinculados al descanso y la salud también quedan bajo amenaza. Las vacaciones pasarán a depender de la conveniencia empresarial, fragmentadas y flexibilizadas, mientras que las licencias por enfermedad o accidente sufrirán fuertes reducciones salariales, castigando a quien se enferma o sufre un accidente laboral.

En el terreno sindical, la reforma avanza directamente sobre el derecho a huelga, imponiendo por ley servicios mínimos del 75 % sin negociación alguna. Las reuniones sindicales en los lugares de trabajo quedarán sujetas a la autorización de la empresa y se establecen sanciones severas, calificadas como infracciones graves, para quienes se organicen o protesten.

La negociación colectiva tampoco escapa al ajuste. Los convenios perderán vigencia automáticamente al vencer su plazo, eliminando la ultraactividad, y se priorizarán los convenios de empresa por encima de los sectoriales o nacionales, fragmentando la fuerza colectiva y debilitando cualquier derecho común que aún pudiera sostenerse.

Pese al discurso oficial que intenta presentar esta reforma como “moderna” y necesaria para reducir costos y generar empleo, la realidad es otra. En un país con más del 40 % de empleo precario, esta reforma no crea trabajo digno, precariza aún más, debilita a los sindicatos y consolida un modelo laboral basado en el miedo, la inestabilidad y la pérdida de derechos.

No sorprende, entonces, que el movimiento sindical y social haya respondido con confrontación y lucha. Lo que está en juego no es una simple reforma técnica, sino el futuro de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas.

El relato oficial del éxito del S.M.T.U y sus sombras

En los últimos tiempos, el Ayuntamiento de Santander, a través de la concejalía de movilidad, insiste en proyectar ante la opinión pública la imagen de un S.M.T.U en pleno auge, atribuyendo este supuesto “buen momento” casi exclusivamente a una eficaz gestión administrativa. Este discurso, sin embargo, tiende a invisibilizar el papel fundamental de los trabajadores del servicio, auténticos responsables del funcionamiento diario del sistema y principales artífices de la valoración positiva obtenida en la encuesta recientemente realizada.

El último argumento esgrimido para reforzar esta narrativa es la cifra estimada de unos 22 millones de viajeros, presentada como una clara muestra de confianza ciudadana en el transporte público. No obstante, este dato se expone de forma parcial, obviando un factor clave: la subvención estatal destinada al transporte urbano.

Gracias a estas ayudas, el Ayuntamiento puede afrontar costes estructurales como el combustible, el personal o los gastos de explotación, y al mismo tiempo aliviar el precio final del billete, beneficiando especialmente a estudiantes, personas mayores y trabajadores con menor poder adquisitivo. Sin este respaldo económico, el volumen de uso y la percepción del servicio serían previsiblemente muy distintos.

Detrás de estas cifras optimistas persisten, además, problemas recurrentes que afectan de manera directa a la experiencia cotidiana de muchos usuarios. En redes sociales y en comentarios directos se repiten las denuncias por retrasos frecuentes, incumplimientos de horarios y una saturación constante en horas punta.

A ello se suma la falta de refuerzos prometidos, anunciados en numerosas ocasiones pero que rara vez se materializan, lo que alimenta la sensación de desorganización y abandono.

En conclusión, el S.M.T.U puede considerarse un servicio razonablemente bien valorado en términos generales, pero dista mucho de ser un modelo sin fisuras. Las cifras récord de uso y los mensajes triunfalistas no deberían servir para ocultar carencias estructurales ni para eludir una reflexión profunda sobre la calidad real del servicio. Solo afrontando estos problemas será posible transformar una valoración simplemente “aceptable” en una experiencia verdaderamente satisfactoria para toda la ciudadanía.

Como sobrevivir al ritual matinal del jubilado

Por más que me acompañe la radio en todas sus múltiples facetas -noticiarios interminables, canciones de ayer y tertulias que arreglan el mundo - el paseo matinal siempre acaba siendo… monótono. Da igual cuánto se disfrace de ejercicio saludable o de “hay que moverse”, el paseo es el paseo.

Eso sí, no todo está perdido. Soy de los que aprovechan lo que les rodea: una frase escuchada al vuelo, una escena curiosa, una foto improvisada. Todo sirve para tomar notas y, con un poco de suerte, dar los buenos días del día siguiente. Porque los buenos días, como el café, siempre deberían tener algo de original y, si puede ser, de entretenido.

Claro que no todos los días salen redondos. Hay mañanas en las que el paseo se vuelve maldito, invadido por preocupaciones, acontecimientos varios y pensamientos que no ayudan en absoluto a la motivación que debería animar la actividad diaria a primera hora. En esos momentos, ni la radio ni los pasos logran cambiar el ánimo.

Pero bueno, siempre queda el momento más íntimo: la oración, la reflexión… y, cómo no, el reencuentro con los amigos del bar. Allí, después de que cada uno cuente cómo le fue su paseo —si llovió, si dolió la rodilla o si el perro del vecino volvió a mirar mal—, llega el café y con él la charla habitual.

Política y fútbol, compañeros inseparables de cualquier tertulia. Una tertulia que no siempre acaba bien, pero tranquila: la sangre nunca llega al río. Alguna voz sube, alguna mano gesticula de más… y al día siguiente, vuelta a empezar.

Porque dura es la vida del jubilado, sí señor. Y especialmente dura… la del condenado paseo matinal.

Más agua, más aves: una relación clara en el Pantano del Ebro

Rafael de Andres Seco

En enero de 2026 se contabilizaron 5.237 aves acuáticas invernando en el Pantano del Ebro, una de las cifras más altas de las últimas décadas. Este dato confirma algo que se viene observando desde hace años: cuando el pantano mantiene un buen nivel de agua en invierno, el número de aves que lo utilizan como lugar de invernada aumenta de forma muy significativa. 

La relación es sencilla y directa. En los inviernos en los que el embalse presenta niveles bajos de agua, la presencia de aves disminuye de manera acusada. Un ejemplo claro es enero de 2023, cuando, debido al escaso volumen de agua existente, solo se contabilizaron 1.320 aves acuáticas, una de las cifras más bajas registradas. Por el contrario, en años con mayor ocupación del embalse, como enero de 2026, se alcanzan valores muy elevados, superando con creces las cinco mil aves.

Esta dependencia se explica en buena medida por las características del propio pantano.

Al tratarse de un embalse muy extenso y poco profundo, cualquier descenso del nivel del agua reduce de forma notable la superficie inundada. Menos superficie de agua implica menos zonas adecuadas para la alimentación y el descanso de las aves durante el invierno, lo que las obliga a desplazarse a otros humedales.

El nivel de agua que presenta el pantano en enero no es fruto del azar. Depende en gran medida de las decisiones adoptadas meses antes, especialmente del volumen que se deja tras las desembalsadas de otoño y del momento en que se cierran las compuertas, además de las lluvias que se registren después. Por ello, una gestión más cuidadosa en ese periodo desde la Confederacion Hidrográfica del Ebro resulta clave para asegurar buenas condiciones durante el invierno.

En este sentido, resulta positivo que en los últimos años el Pantano del Ebro haya aportado menos agua a la cuenca, apoyándose más el sistema en otros embalses. Mantener esta orientación ayudaría a evitar su deterioro ambiental y a conservar su valor natural.

La conclusión es clara: garantizar un nivel suficiente de agua en el Pantano del Ebro es esencial para proteger su riqueza ambiental. La enorme diferencia entre las 1.320 aves de enero de 2023 y las 5.237 de enero de 2026 lo demuestra con rotundidad. Si en su día la construcción del pantano transformó profundamente el territorio y la vida de sus habitantes, hoy existe una responsabilidad añadida: preservar este espacio para las aves acuáticas que han hecho de él su lugar de invernada.

Santa Clotilde y el cambio de rumbo de la sanidad pública en Cantabria

Estos días se está hablando mucho del acuerdo sanitario entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital Santa Clotilde, acuerdo que se presenta como una solución una solución técnica, casi inevitable, para aliviar las listas de espera y reforzar la capacidad asistencial. Pero cuanto más se va conociendo del convenio, mas claro parece que no estamos ante una medida puntual, sino ante algo mucho más profundo, un cambio de rumbo en el modelo de sanidad pública.

El consejero de sanidad Cesar Pascual insiste una y otra vez que se trata de una “colaboración público-privada” como su fuera una cuestión puramente temporal, pero cuando un centro privado como Santa Clotilde pasa a recibir financiación pública estable de entre 216 a 256 millones de euros en total, distribuidos a lo largo de 16 a 20 años para prestar servicios esenciales, la palabra se queda corta.

Porque esto no es una ayuda temporal, es externalizar de forma estructural parte de la asistencia sanitaria, y el mensaje que se lanza más que peligroso. En lugar de reforzar lo público cuando hay problemas, se asume que la solución pasa por derivar actividad y dinero fuera del sistema público.

Por eso no me extraña que los partidos de la oposición al gobierno Regional y diversas asociaciones sociales hayan manifestado su posición en contra e incluso hayan formulado reclamaciones por vía judicial.

La falta de explicaciones del porque esta es la mejor opción, y por qué no se ha apostado por invertir esos recursos en el conjunto de los centros sanitarios de Cantabria, del personal o en la planificación a medio y largo plazo, ha estado al margen del debate real que una medida como esta se requiere.

Hablamos de muchísimo dinero público comprometido durante años, dinero que condicionará presupuestos futuros y decisiones de gobiernos que ni siquiera han llegado aún. Y todo ello sin que la ciudadanía haya podido contrastar alternativas.

Que el convenio se haya tramitado como “singular” tampoco ayuda a generar confianza. No ha habido concurrencia pública ni comparación abierta con otras opciones, y el acceso a la información ha sido, como poco, complicado.

Cuando hacen falta reclamaciones y organismos de transparencia para conocer los detalles de un acuerdo de este calibre, algo falla. La sanidad regional merece más luz y más explicaciones, no menos.

En este caso el riesgo económico lo va a asumir el gobierno de Cantabria, es decir todos nosotros, porque las penalizaciones que recogen los papeles son prácticamente simbólicas y el interés público queda en segundo plano frente a la estabilidad del convenio y eso no parece un equilibrio justo.

El problema de fondo no es solo este acuerdo concreto, sino la lógica que lo sustenta. Cada euro que se destina a consolidar un modelo externalizado es un euro que no se invierte en fortalecer lo público.

Y eso tiene consecuencias. Por una parte, se pierden recursos para mejorar infraestructuras públicas, se incrementan las dificultades para atraer y retener profesionales, entrando en una espiral de dependencia de centros privados a largo plazo, un camino que debilita la sanidad publica.

No dudo de que la asistencia sanitaria de Cantabria tenga problemas reales ni de que las soluciones sean fáciles. Pero normalizar la externalización como respuesta estructural es, en mi opinión, un error.

La sanidad pública no necesita acuerdos a largo plazo con centros privados; necesita voluntad política, inversión sostenida y planificación. Necesita creerse a sí misma como pilar básico del bienestar, no como un sistema que se apoya cada vez más en muletas externas. 

Jornadas gastronómicas: cuando el marketing se sienta a la mesa

Es casi imposible escapar del marketing emocional a la hora de elegir restaurante. Y menos aun cuando la promoción se disfraza de jornada gastronómica: un supuesto evento especial que se vende como oportunidad única, precio promocional y producto de temporada… aunque esa “temporada” se estire convenientemente durante meses.

No es extraño que, con tanto impacto publicitario, páginas enteras en periódicos y mensajes repetidos hasta la saciedad, el cliente acabe cayendo en la trampa. Parece la ocasión perfecta para disfrutar de un gran momento gastronómico a buen precio. Sin embargo, la realidad suele aparecer al salir del restaurante, quejas por el precio final, raciones minúsculas y, sobre todo, una sensación clara de engaño. Porque de experiencia exclusiva, poco o nada.

Muchos de estos restaurantes apuestan por una gran puesta en escena, decoración cuidada, nombres sugerentes y platos con descripciones interminables. Pero la calidad del producto no siempre acompaña.

Si hay un terreno donde las jornadas se llevan la palma, ese es el del marisco. ¿Quién no ha oído hablar de la famosa gamba roja que acaba siendo arrocera? ¿O del atún rojo que, milagrosamente, se transforma en yellowfin? ¿O del bogavante que llega al plato convertido en buey de mar, acompañado de un supuesto queso artesanal que no es más que un producto industrial?

Y por si todo esto fuera poco, llega el golpe final: la bebida, los postres y el pan “especial” o “de sabores”. Tres elementos que solo revelan su verdadero precio cuando ya estás sentado a la mesa. Es entonces cuando el coste se dispara y aquella jornada “especial” termina costando lo mismo - o más - que un menú completo en muchos de los restaurantes que frecuentas habitualmente sin necesidad de eventos ni promociones.

Hay una regla sencilla que conviene tener en cuenta - sin ser infalible, pero sí reveladora - cuando un restaurante necesita recurrir constantemente a jornadas gastronómicas para atraer clientes, algo suele fallar. Cartas llenas de palabras bonitas y vacías de información real, ausencia del origen del producto, precios sin referencia por kilo, fotos genéricas y jornadas que se repiten cada dos meses. Señales claras de que, más allá del marketing, ni el restaurante ni la experiencia tienen nada de especial.

Solidaridad sin planificación. Cartes como símbolo de una mala decisión política

 

“A llorar a Pedro Sánchez, los menores inmigrantes no acompañados que corresponden a Cantabria, que se los coman con patatas los socialistas que gobiernan Cartes”.

Este parece ser, en esencia, el argumento con el que la presidenta Buruaga pretende justificar la atención a los menores inmigrantes no acompañados en Cantabria. Un planteamiento que no solo resulta frívolo, sino que se sitúa claramente al margen del marco normativo vigente, que obliga a las comunidades autónomas a actuar conforme “al interés superior del menor y a valorar de forma objetiva la capacidad real de los territorios para garantizar sus derechos, su integración y su desarrollo personal”.

Conviene dejar claro, antes de nada, que la elección de Cartes puede ser defendible desde una óptica estrictamente solidaria. No tengo dudas de que una parte importante de la ciudadanía del municipio responderá con generosidad y acogida hacia estos jóvenes. Sin embargo, la solidaridad, por sí sola, es un valor insuficiente cuando se trata de diseñar políticas públicas con vocación de futuro.

La normativa que regula la acogida de menores no acompañados es clara y exigente. En primer lugar, se requiere la existencia de servicios especializados, profesionales con experiencia y una red de recursos ya operativa que permita una intervención inmediata y eficaz. Y, en este punto, todo indica que Cartes carece de una dotación suficiente.

En segundo lugar, resulta imprescindible garantizar una atención integral que incluya educación, sanidad y apoyo psicológico, además de refuerzos lingüísticos y servicios sanitarios especializados. Todo ello exige mayores dotaciones presupuestarias y estructuras que, a día de hoy, dependen en gran medida de municipios cercanos, lo que añade complejidad y fragilidad al modelo.

Desde una perspectiva socioeconómica, centrada en las oportunidades formativas y prelaborales, la situación es igualmente preocupante. Cartes no dispone de centros de formación profesional ni de programas sólidos de inserción laboral, elementos clave para acompañar a estos menores en su transición hacia la vida adulta.

Tampoco ayuda el reducido tamaño y la población del municipio. Lejos de favorecer la integración, esta circunstancia aumenta la visibilidad de los menores, dificultando que se diluyan en el entorno social y elevando el riesgo de estigmatización, lo que puede entorpecer gravemente un proceso de convivencia normalizada.

Por todo ello, resulta difícil comprender las decisiones adoptadas por la administración regional. No sorprende, en absoluto, que la alcaldesa de Cartes haya alzado la voz para exigir explicaciones y conocer los criterios objetivos que llevaron al Gobierno de Cantabria a seleccionar su municipio como lugar de acogida.

A la vista de los hechos, parece razonable —y necesario— que el Parlamento regional abra un debate profundo y riguroso sobre esta y otras situaciones futuras. Solo así se podrá garantizar que los territorios elegidos para la atención de menores inmigrantes no acompañados reúnan las condiciones de idoneidad que, hoy por hoy, Cartes claramente no tiene.

Santander 2026: promesas en conserva

 

El pasado 7 de enero, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, decidió que dos páginas de El Diario Montañés eran el espacio adecuado para recordar a la ciudadanía todo lo que, supuestamente, piensa hacer… algún día. A mitad de mandato, eso sí. Un detalle menor.

El ejercicio fue el de siempre: mezclar proyectos locales con iniciativas regionales y estatales, agitarlo todo bien y presentarlo como gestión propia. Así, aparecieron en el mismo saco el Reina Sofía–Archivo Lafuente, el Faro de Santander del Banco de Santander o el Parque Científico, como si el presupuesto municipal hubiera pagado algo más que licencias y trámites administrativos.

También hubo sitio para las obras “eternas”: Gamazo, Puerto Chico, la Horadada, REMA… esas que se anuncian en bucle porque nunca terminan de llegar. Obras necesarias, sin duda, pero tan aplazadas que ya forman parte del paisaje electoral.

No faltaron las promesas imprecisas: el PGOU, el recinto ferial con fecha aplazada a 2027, Mataleñas y su conflicto permanente con los vecinos de Cueto, viviendas sociales en El Alisal, la integración ferroviaria, el Racing y, como novedad, un aparcamiento disuasorio en la S-20 del que no se sabe nada, salvo que queda muy bien en un titular.

En resumen, un catálogo de promesas en conserva, recicladas legislatura tras legislatura, que sirven más para llenar páginas de prensa que para transformar la ciudad. A mitad de mandato, la alcaldesa no presentó un balance de gestión, sino un avance de campaña. Otra vez.

Sin diálogo no hay presupuesto para Cantabria, y sin presupuesto pierde la ciudadanía

 

Confío en que UGT y CCOO, que el pasado mes de noviembre dieron su visto bueno a la propuesta de presupuesto regional para 2026, hayan reconsiderado su posición tras la prórroga aprobada. Las organizaciones sindicales no deberían guardar silencio ante una decisión que no es neutra ni técnica, sino profundamente política y con consecuencias claras para la clase trabajadora y la ciudadanía.

La falta de un nuevo presupuesto no responde a una imposibilidad económica, sino a la ausencia de diálogo y negociación por parte del Gobierno regional. Prorrogar las cuentas supone renunciar al debate democrático sobre las prioridades reales de Cantabria en un contexto social y económico que ha cambiado.

Un presupuesto prorrogado congela políticas públicas, frena inversiones y limita el refuerzo de servicios esenciales como sanidad, educación, dependencia, vivienda y empleo público, justo cuando el coste de la vida aumenta y las necesidades sociales se agravan.

Esta situación perjudica a los trabajadores, debilita los servicios públicos, frena la economía regional y dificulta el desarrollo de políticas sociales necesarias. Además, empobrece el debate democrático, ya que el presupuesto es la principal herramienta para definir un proyecto de gobierno.

Es por eso por lo que desde el ámbito sindical la denuncia de esta parálisis no puede justificarse en nombre de la estabilidad. El diálogo es una obligación democrática. Cantabria necesita un presupuesto actualizado, negociado y socialmente responsable, porque al final prorrogar las cuentas siempre supone prorrogar los problemas.

Paula Fernández Viaña y el pulso interno que pone a prueba al PRC

 

Mal que les pese a algunos alcaldes y a otros dirigentes del PRC, Paula Fernández Viaña ganó las primarias con el 65,3 % de los votos, convirtiéndose en la candidata oficial del partido para las elecciones regionales de 2027 y llamada a suceder al líder histórico, Miguel Ángel Revilla. Si el PRC no quiere recorrer la misma senda que el Partido Popular —sustituyendo a Casado por Feijóo de forma abrupta y poco edificante— el partido, todo el regionalismo cántabro, debería cerrar filas en torno a su candidata.

El pasado mes de octubre, el Comité Ejecutivo aprobó cinco condiciones en relación con unos presupuestos “viables y sin coste económico” que el Gobierno del PP debía aceptar como punto de partida para negociar el Presupuesto de 2026. Sin embargo, la estrategia de María José Sáenz de Buruaga parecía perfectamente definida: plantear un pulso político —quién sabe si con la complicidad de algunos alcaldes regionalistas— para forzar el repliegue de la candidata oficial del PRC.

De poco sirvieron las escasas reuniones mantenidas. El PP tenía claro su relato, dirigido especialmente a los alcaldes regionalistas: que el PRC “nunca tuvo voluntad de apoyar el presupuesto” y que todo había sido “puro teatro”. Una posición que evidenció un desencuentro político deliberado.

Como era previsible, la respuesta no se ha hecho esperar. Un reducido grupo de alcaldes regionalistas, encabezados por el histórico Francisco Asón, ya amenaza con abandonar el partido si Paula no “dobla la cerviz”, modifica la estrategia aprobada por la Ejecutiva Regional y firma el presupuesto autonómico, incluso incumpliendo los acuerdos adoptados por el propio partido apenas un mes antes.

Parece no importar que Paula haya defendido recientemente en el Congreso Nacional a las enfermeras y fisioterapeutas, que haya criticado al Gobierno central y autonómico por el retraso de los nuevos trenes de cercanías, o que se haya posicionado con claridad en defensa de las prioridades regionales - sanidad, servicios públicos e inversiones - frente a otros partidos centrados exclusivamente en agendas nacionales.

Por lo visto, ahora lo que toca es “apañar” un año más el presupuesto regional, aunque ello suponga la humillación de la estrategia del partido, que durante meses ha ejercido una oposición responsable al Gobierno de Buruaga, planteando alternativas a corto y medio plazo con la vista puesta en las próximas elecciones.

Soy de los que piensan que el relevo de Revilla por Paula proyectará una combinación de continuidad y renovación que puede consolidar, e incluso ampliar, la base electoral del PRC en Cantabria. Paula tiene la capacidad de conectar con un electorado más joven y, desde una posición de centro y regionalista, atraer a votantes desencantados tanto del PP como del PSOE, partidos que hoy solo parecen ofrecer confrontación permanente y barro político.

La vieja herida urbanística del Sardinero: memoria de un pelotazo que vuelve a escena

Hay historias urbanísticas que, por más años que pasen, siguen proyectando su sombra sobre la ciudad. La operación que transformó los antiguos Campos de Sport del Sardinero en el actual Parque de Mesones es una de ellas. Hoy reaparece con fuerza, justo cuando se vuelve a hablar de remodelar el estadio del Racing y de redefinir todo su entorno.

Conviene agradecer a la periodista Olga Agüero, de Diario.es, que haya recuperado un episodio que muchos prefieren olvidar. Su reportaje recuerda cómo, hace cuatro décadas, el Ayuntamiento compró el viejo campo para derribarlo y crear un parque que compensara el exceso de edificabilidad de Feygon, auténtico beneficiario de una maniobra que, vista en perspectiva, encaja en todas las definiciones de “pelotazo urbanístico”.

Detrás de aquella operación hubo acuerdos políticos transversales, silencios cómplices y decisiones que transformaron un solar deportivo en un terreno urbanizable. Un embargo pactado permitió adquirir el Racing a precio de saldo, remodelarlo y, finalmente, demolerlo para justificar unas zonas verdes que no respondían a una demanda ciudadana, sino a una necesidad administrativa: regularizar un exceso de volumetría ya consumado.

Quizá por eso no sorprende la inquietud de la actual corporación municipal ante el nuevo proyecto para el estadio. La posible ampliación edificatoria y la explotación futura de los locales comerciales previstos despiertan un déjà vu inevitable. En Santander conocemos bien cómo empiezan estas historias… y cómo suelen terminar.

El futuro del Sardinero está aún por decidir, pero recordar lo que ya ocurrió no es un ejercicio de nostalgia: es una obligación democrática. Reportajes como el de Olga Agüero son necesarios porque devuelven a la memoria colectiva episodios que no deben repetirse. La ciudad tiene cicatrices —los Campos de Sport, el Río de la Pila, el Teatro Pereda— y solo se curan reconociéndolas, no ocultándolas.

Santander no puede permitirse otro capítulo de improvisación interesada. Esta vez, la transparencia debe ser tan sólida como los cimientos que se proyecten sobre ese suelo. Sólo así la ciudad aprenderá, de una vez por todas, a cerrar sus viejas heridas. 

La Marea Vecinal Despierta: Santander exige ser escuchada

La marea vecinal de Santander ha dicho “basta” al modelo de ciudad que, según denuncian, la alcaldesa Gema Igual y su equipo están imponiendo sin diálogo ni participación ciudadana. Con esta contundencia,numerosas asociaciones de vecinos han anunciado una campaña de movilizaciones y denuncias, que ya ha comenzado a tomar forma con dos conflictos recientes, el intento municipal de habilitar un aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, y la instalación de un McDonald’s en Puerto Chico, que los vecinos consideran incompatible con el compromiso previo de respetar la identidad histórica de La Plazuca del Pescado durante la rehabilitación del mercado.

No es la primera vez que el movimiento vecinal se une ante decisiones municipales que afectan de lleno al urbanismo y al turismo. Las asociaciones lamentan enterarse por la prensa de proyectos que transforman sus barrios, cuando —recuerdan— tienen derecho a ser informadas y consultadas antes de que los hechos estén consumados.

A ello se suma una lista cada vez más larga de quejas que los vecinos consideran olvidadas: problemas de limpieza en los barrios, presencia de ratas, inundaciones recurrentes con lluvias moderadas, desigualdades en el trato entre zonas de la ciudad o los desencuentros del Ayuntamiento con otras administraciones por asuntos como La Horadada, La Remonta o los Galeones de Vital Alsar. Todo ello conforma un panorama de asuntos sin resolver que, a juicio de los vecinos, requieren consenso político y participación ciudadana real.

El sentimiento de abandono también se acentúa en lugares como el Cabildo de Arriba o el Sardinero, donde el paso del tiempo no trae soluciones, sino actuaciones puntuales que, según denuncian los residentes, no abordan los problemas estructurales: un derribo aislado, una mano de pintura en una verja… y poco más.

Resulta llamativo que un movimiento ciudadano que durante décadas fue ejemplo de participación activa en el Ayuntamiento, hoy se vea obligado a recurrir a la movilización para hacerse escuchar. Las asociaciones señalan otras ciudades —como Barcelona— como ejemplo de que es posible gobernar teniendo en cuenta la opinión de los vecinos en materias tan decisivas como las viviendas turísticas, la movilidad, el urbanismo, el espacio público o las terrazas.

Comparto plenamente la reivindicación de estas asociaciones: esta movilización no nace de intereses partidistas, sino del deseo legítimo de que los barrios y sus habitantes tengan voz. Los partidos —también los de la oposición— deben atender ese clamor ciudadano. Pero es la alcaldesa Gema Igual, y el Partido Popular tras tantos años en el gobierno municipal, quienes más deben garantizar que Santander no se gobierne de espaldas a los santanderinos.

El PRC deja pasar el tren de la condonación de deuda

 Cuesta entender por qué el PRC ha decidido no incluir en sus propuestas para el debate de los Presupuestos Regionales de 2026 la condonación de deuda que el Estado ofreció recientemente a las comunidades autónomas.

Es cierto que el Gobierno de Cantabria ha calificado la medida como una “falsa condonación”, y que el contexto político y electoral enrarece cualquier negociación. Pero no está de más recordar que la candidata del PRC, Paula Fernández, fue en su día una de las voces más insistentes en reclamar ese alivio financiero. Entonces centró su crítica en los intereses: 27 millones de euros en el primer año y 185 millones acumulados hasta 2030.

Sin embargo, la presidenta del PP María José Sáenz de Buruaga ha optado por un camino distinto. No solo rechaza la condonación, sino que plantea en su proyecto de Presupuestos para 2026 reducir la deuda en cinco puntos respecto a 2022. Su objetivo es eliminarla por completo mediante una gestión ordinaria, sin recurrir a medidas excepcionales del Estado.

El asunto no es menor: la condonación prevista para Cantabria alcanzaba los 809 millones de euros. Una cifra nada despreciable que, según el propio PRC, habría ampliado la capacidad de crédito de la comunidad frente a bancos y ante la Administración central, siempre dispuesta a renegociar con las autonomías.

Pese a todo, el debate presupuestario ha vuelto a orbitar en torno a los clásicos titulares: “inversiones récord”, “bajada de impuestos”, “reducción de deuda”, “más dinero para sanidad y educación”. Mientras tanto, la deuda con el Estado, esa que podría haber dado algo de aire financiero a Cantabria, queda aparcada en un segundo plano.

Aún hay margen para rectificar. El PRC podría aprovechar lo que queda de negociación para reabrir el debate sobre la quita de deuda y recuperar una bandera que, en su momento, enarboló con fuerza. Porque si algo enseña la política económica es que los trenes que se dejan pasar rara vez vuelven a la estación.

La Troupe inaugura una nueva etapa para la danza en Santander

 

Magnífica la fiesta celebrada con motivo de la presentación —por partida doble— de la Asociación Cultural La Troupe. Digo doble porque, aunque ya venía ofreciendo un espacio de encuentro, para el baile, ahora da un salto adelante: amplía sus instalaciones en la calle Miguel de Unamuno 22 de Santander y consolida su proyecto dedicado a la danza, el movimiento escénico y la creación artística.

Esta iniciativa especializada en danza —impulsada, entre otros, por mi amigo Alberto— enriquece la oferta cultural de Santander con talleres de danza, investigación del movimiento, coreografía, actuación en espacios no convencionales y mucho más.

Entre sus propuestas destacan los talleres formativos, clases de danza para distintos niveles, incluidos adultos, y espacios dedicados a la creación e investigación artística en movimiento: improvisación, composición coreográfica y trabajo corporal.

Lo que hace especialmente interesante a La Troupe son sus magníficas instalaciones, diseñadas para quienes desean explorar la danza más allá de lo “clásico”: estilos contemporáneos, urbanos y performativos. No se trata solo de clases, sino de integrarse en una comunidad artística que investiga, experimenta y crea de manera colectiva.

Mucho ánimo para esta nueva etapa de La Troupe, que sin duda vendrá a ocupar el espacio cultural que Santander necesitaba.

Milei y el precio de la moderación

 

El reportaje de Zigor Aldama en el Diario Montañés retrata la evolución del presidente argentino, entre el ajuste implacable y la necesidad de estabilidad política

Antonio Saiz Pi

El reciente reportaje de Zigor Aldama ofrece una mirada lúcida y bien articulada sobre la evolución política y personal de Javier Milei, el presidente argentino que llegó al poder envuelto en una ola de furia antisistema y promesas de ruptura. Aldama pasa revista a un liderazgo que, tras un año de vértigo y confrontación, comienza a descubrir los límites de la radicalidad y la importancia de cierta moderación para garantizar la gobernabilidad.

De la motosierra al cálculo político

Las últimas elecciones han otorgado a Milei una segunda oportunidad. Sin embargo, más que un voto de confianza en su gestión —caracterizada por medidas económicas durísimas—, parece haber sido el resultado de la falta de propuestas y liderazgo en la oposición. El reportaje de Aldama expone con claridad los efectos de la inestabilidad: precariedad laboral, incremento de la pobreza, recortes en el sector público y ajustes que, aunque dirigidos al saneamiento de la economía, han tenido consecuencias sociales profundas, llegando en algunos casos a rozar la hambruna.

Aquel Milei que blandía la “motosierra” como símbolo de su voluntad de recorte ha dado paso a un presidente que busca respaldo internacional y nuevas fórmulas de financiación. Según Aldama, su gobierno cuenta con el apoyo de Donald Trump, quien habría prometido 40.000 millones de dólares a cambio de su victoria, mediante la compra masiva de pesos argentinos. “¿Qué pasará si deja de hacerlo?”, se pregunta el periodista, dejando abierta una interrogante que resume la fragilidad de la actual economía argentina.

Cuentas ordenadas, vidas desordenadas

Aldama recoge cifras que ilustran el contraste entre la aparente estabilidad macroeconómica y la realidad social: 14 millones de pobres, 6,9 % de pobreza extrema y una renta media de 810 euros mensuales. Como subraya el reportaje, “Argentina puede tener las cuentas en orden, sí. Han solucionado los problemas de inflación y déficit, pero eso no significa que se viva mejor”.

El papel de los sindicatos —aún contenidos, pero con capacidad de movilización— es clave en este escenario. Hasta ahora han apoyado las reivindicaciones de jubilados y desempleados, pero si el poder adquisitivo de los trabajadores continúa deteriorándose, el peronismo podría recuperar protagonismo y sacar a la calle una respuesta social más contundente frente a las políticas de ajuste.

Una alianza impredecible

El reportaje de Zigor Aldama invita a la reflexión y merece ser releído con el paso del tiempo. La pareja política que conforman Milei y Trump representa una ecuación de alto riesgo e imprevisibilidad. Hoy, más que nunca, el rumbo económico y político de Argentina parece depender de que el expresidente estadounidense cumpla sus promesas. Porque Milei, tras un año de motosierra y recortes, empieza a descubrir que la gobernabilidad no se sostiene solo con tijeras, sino también con acuerdos, tiempo y mesura.

El espejismo del PRC en la investidura de Buruaga

 

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha vuelto a evidenciar que, cuando llega la hora de negociar, sus exigencias políticas acaban reducidas a meras recomendaciones sin fuerza real. Lo que inicialmente se presentó como más de treinta condiciones para apoyar la investidura de María José Sáenz de Buruaga, ha terminado convertido en un documento descafeinado que no acaba de comprometer al gobierno del Partido Popular.

Lejos de preocuparse por la política nacional, el PRC sigue centrada en preservar su imagen ante el electorado cántabro con su principal bandera de éxito, el de afirmar que Vox “no pinta nada” en la comunidad, aunque lo cierto es que tanto el PP como el regionalismo de Revilla, van dejado la puerta entreabierta para que Vox pueda tener espacio político si en el futuro resulta necesario.

Mientras tanto, las grandes promesas se han difuminado. El plan de vivienda joven, la defensa de la sanidad rural, los 100 millones para la reindustrialización, la ampliación del PCTCAN o las infraestructuras estratégicas (conexiones ferroviarias a la Meseta y Bilbao, nuevos carriles Polanco–Santander o Laredo–Bilbao, carreteras en Los Tornos, San Glorió, La Hermida o el enlace Sierrapando–Barreda) han desaparecido del acuerdo o se han relegado a menciones vagas, sin plazos ni compromisos concretos.

También se han quedado fuera las mejoras en las condiciones de los empleados públicos y los planes de sostenibilidad turística ya presupuestados. Todo depende, una vez más, de la voluntad del PP.

Lo que sí se mantiene en la agenda son proyectos heredados de la legislatura anterior —La Pasiega, el MUPAC, la Protonterapia, el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo— y la recuperación aún indefinida del Fondo de Cooperación Municipal. A ello se suma la eterna incógnita de la gestión del lobo, siempre pospuesta a lo que decidan Bruselas y Madrid.

En definitiva, el “acuerdo de investidura” - hoy en revisión expres - no es más que un salvavidas político para el regionalismo, que se esta conformando con sobrevivir esta legislatura a la sombra del PP. El PRC vuelve a vender humo como si fueran conquistas, mientras Cantabria afronta una legislatura marcada por promesas rebajadas, compromisos ambiguos y un vacío evidente de ambición.

Gaza vive, Palestina resiste

Lo que está ocurriendo en Gaza no puede llamarse guerra. Es algo mucho más cruel: un genocidio planificado. Día tras día, un pueblo entero es masacrado bajo bombas, hambre y bloqueo, mientras la mayoría de los gobiernos calla o mira hacia otro lado.

En medio de tanta barbarie, la Flotilla de la Paz se ha convertido en un símbolo de dignidad y solidaridad. Su misión es sencilla pero inmensa: romper el silencio y desafiar las cadenas del bloqueo llevando ayuda, esperanza y vida allí donde la ocupación solo pretende sembrar muerte. Hoy, sin embargo, esa misión también está bajo amenaza, perseguida y criminalizada.

Desde este rincón, me sumo a las voces que no se resignan. Denuncio los crímenes que se cometen contra la población civil en Gaza, exijo el cese inmediato del bloqueo y abrazo con solidaridad a quienes integran la Flotilla de la Paz, porque su resistencia es también nuestra.

Gaza resiste. Palestina vive en cada gesto de dignidad, en cada acto de solidaridad, en cada voz que se niega a callar. Y mientras haya quienes no bajen los brazos, seguirá viva la esperanza de justicia y libertad.

Cantabria, PP y Vox: alegaciones contra la solidaridad

 

Begoña Gomez Del Rio
Consejera de Inclusion Social, Juventud,
Familias e Igualdad

Menudo dolor de cabeza el ocasionado por el Gobierno de la Nación a su homólogo de Cantabria por el envío de los nueve primeros menores extranjeros de los 156 que le corresponden.

Menudo disgusto, nada que no se pueda arreglar sacando el argumentario y modelo de alegaciones remitido por el Partido Popular de Madrid, a las diversas comunidades autónomas que actualmente están presidiendo.

Porque de eso se trata: de seguir poniendo palos en la rueda de la solidaridad, con niños y adolescentes que de forma desesperada se echan a la mar buscando un futuro, en muchos casos para ellos y sus familias, buscando una formación y una vida digna, derechos básicos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en la Constitución Española (artículo 39) y en la propia Ley de Extranjería. No hablamos de un problema partidista, sino de una obligación legal y moral que todas las administraciones deben asumir.

Y si no es por una cosa, es por otra: la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se ha puesto a la faena presentando alegaciones –por ahora administrativas– con las que puedan seguir alimentando bronca y, de paso, mantener el cordón umbilical con Vox y su política de rechazo sistemático hacia los jóvenes migrantes.

Que si cuántos van a venir, que si cuándo y en qué cantidades, que cuándo llegará la financiación, que dónde se les coloca. Preguntas que están resueltas en el Real Decreto-ley 2/2023, de marzo, que establece la distribución de menores entre comunidades en función de criterios objetivos de capacidad y población, así como la dotación de recursos económicos. Se trata de un marco jurídico consensuado, no de un reparto arbitrario.

 

La realidad es que España no está sola: países europeos como Alemania, Francia o Italia llevan años implementando sistemas de acogida solidaria. Negarse en bloque, recurrir a excusas técnicas o judicializar el asunto no es más que una estrategia política para el corto plazo.

Basta ya de hacer política de extrema derecha con los jóvenes migrantes. Estos menores no son cifras ni expedientes administrativos, son personas con nombres, con historias de huida de guerras, pobreza o persecuciones. Seguir utilizando recursos judiciales como arma política solo demuestra que la prioridad no es su bienestar, sino el interés del partido en su enfrentamiento diario contra el Gobierno de España.

El río que nace en Fontibre... y en cada uno de nosotros

 

Hace poco, en un viaje a Zaragoza, mi hijo David con su familia visito el Acuario y se topó con un cartel enorme que decía: “EL EBRO EMPIEZA AQUÍ”. De primeras se quedó a cuadros: ¿cómo que empieza en Zaragoza, si todos sabemos que nace en Fontibre, en Cantabria?

La cosa tiene truco. Resulta que es el lema de una campaña de concienciación ambiental para recordarnos que lo que tiramos a las alcantarillas de la ciudad termina en el Ebro y, tarde o temprano, en el mar. Así que, en cierto modo, el río también “empieza” en nuestra casa, en nuestras costumbres.

La intención es buena, pero la frase puede dar pie a confusión e incluso molestar a otras localidades del Ebro. Lo ideal sería que este tipo de iniciativas se hicieran de forma coordinada en toda la cuenca, con la Confederación Hidrográfica como referente.

Eso sí, la idea central merece la pena: el Ebro empieza en cada uno de nosotros. Pienso que un lema más claro sería el que propone mi hijo David:

“El Ebro empieza en ti”

Rafael de Andres Seco, Es miembro activo de la Comisión Campurriana para la Historia del Pantano del Ebro.