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26 jun 2021

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

Sección Sindical USO – Ayuntamiento Santander

 Pero en el ayuntamiento de Santander hay quien tropieza una y otra vez, y no parecen dispuestos a enmendarse.

 Nos ha llamado la atención una pregunta que se hacían los compañeros de UGT, en esa encomiable labor informativa que realizan desde su página web, respecto a una de las últimas mesas de negociación. Allí comentaban que habían hecho una pregunta a colación de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a favor de una Técnico Auxiliar de la Oficina de Turismo que obligaba a modificar el puesto, pero no había más explicaciones. Dado que en USO hemos conseguido información acerca del tema, vamos a exponerla en esta tribuna, a beneficio de los compañeros de UGT y de cualquier otro que pueda estar interesado.

 La historia comienza en una oposición convocada en 2019 para cubrir dos plazas de Técnico Auxiliar de Turismo, proceso que termina con el nombramiento de dos compañeras por resolución de alcaldía de 22 de julio de 2020. Hasta aquí, todo normal.

 Una de las compañeras, después de firmar el acta de toma de posesión, se da cuenta de que hay un error en la misma, y que se le asigna un cargo de operario. Por otra parte, desde su primer día en la Oficina Municipal de Turismo se le dice que su puesto es de Informador Turístico, del mismo grupo y con el mismo CD que los de Técnico Auxiliar, pero con una diferencia fundamental: el trabajo en domingos y festivos, que las Técnicos tienen tasado en 100 horas al año. Como curiosidad, comentamos que las plazas de Informador Turístico fueron creadas a petición, entre otras, de las dos Técnicos Auxiliares que ahora comparten la Jefatura del Servicio.

 Pocos días después, se emite una rectificación al acta y se le asigna a la compañera el puesto de Informador Turístico, con un número de plaza distinto al asignado en la RA del 22 de julio.

 Sus recursos fueron denegados y tuvo que acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo. Allí, el letrado del ayuntamiento intentó hacer valer que nuestra compañera no conocía la diferencia entre plaza y puesto. Curiosamente, la compañera había solicitado que se le explicara esa diferencia a través de un correo electrónico, que nadie tuvo a bien contestarle. Y no menos curiosamente, el juez le dio la razón a nuestra compañera en cuanto a su número de plaza y a su denominación, imponiendo además las costas procesales al ayuntamiento.

 No contento el consistorio con esta situación, presentó recurso de apelación ante el TSJC, objetando que tampoco el juez había sabido ver la distinción entre plaza y puesto. Y tampoco la vieron los magistrados del TSJC, que dicen textualmente:

 

“Frente a las alegaciones sobre confusión del juzgador entre puesto u plaza, hay que recordar que es la propia Administración la que, en una actuación procedimental francamente alejada de la claridad, nombra para una plaza con una determinada numeración, para en la corrección de errores introducir otra numeración so pretexto de corresponder a un puesto distinto de la plantilla…. Del sesgado expediente remitido por el Ayuntamiento, del que solo aporta un pequeño extracto de la RPT parcialmente ilegible, no cabe acoger el imaginativo argumento esgrimido por la Administración”.

 A pesar de que el fallo del TSJC desestima por completo el recurso de apelación del Ayuntamiento y le impone expresamente las costas procesales (de nuevo), un portavoz municipal contestó a los compañeros de UGT que “la sentencia no es muy clara, y lo que se hará es cambiar la denominación del puesto en la RPT (Informador Turístico) y que el código coincida con el de la Plantilla, sin entrar en más consideraciones, no siendo necesario modificar el resto de las características del puesto, dado que la sentencia no dice nada al respecto, y se limita a declarar que la funcionaria no es informador turístico, sino técnico auxiliar de la oficina de Turismo, y eso es lo que se va a reflejar en la RPT”, y lo entrecomillamos porque son sus palabras tal y como se han recogido en el borrador del acta.

 En esa línea, parece que ahora el Ayuntamiento ha decidido recurrir al argumento ad testiculum, y ha notificado a la compañera que se va a proceder a modificar la RPT, en cumplimiento de la sentencia del TSJC, renombrando su plaza de Informador Turístico como Técnico Auxiliar de la Oficina de Turismo, manteniendo, eso sí, todas las funciones que conllevaba el puesto. Vamos, una mera corrección estética destinada a crear diferencias entre puestos iguales.

 Sabemos que esta información no pilla de sorpresa a todo el mundo, porque nuestra compañera ha dado a conocer sus sentencias por lo menos a UGT y CSIF, ¿y cuál ha sido la actitud de estos sindicatos ante semejante escándalo? Teniendo en sus manos dos sentencias en las que casi se acusa al Ayuntamiento de trilerismo, unos se limitan a hacer una pregunta en la Mesa de Negociación, y los otros se ponen de perfil.

 
Desde USO queremos darle nuestro apoyo y animarla a no aflojar en este trance, aunque sabemos de buena tinta que NO LO VA A HACER. Ella también tiene argumentos a los que recurrir, como el conocido para testiculum los míos; tal vez debería estudiar si de las actuaciones se pudieran derivar responsabilidades penales, a ver si alguno de estos responsables políticos, y compañeros que no son compañeros de todos sus compañeros, no estarán yendo un poquito más allá de lo que permite la ley. Siempre presuntamente, claro. 

31 may 2021

LO DE LOS INTERINOS NO SE ARREGLA NI CON LA VACUNA DE PFIZER

UGT, CCOO Y CSIF RENIEGAN DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE ICETA, PERO LO QUE NEGOCIAN CON EL AYUNTAMIENTO ES LO MISMO.

Buenos días, compañeros:

Es posible que a más de uno se le haya atragantado el desayuno, cuando se ha encontrado en el periódico un artículo acerca de la problemática de los interinos, en el que vertían su docta opinión alguno de los destacados representantes sindicales de este nuestro ayuntamiento. Quizás haya disfrutado con las temblorosas lágrimas a punto de aflorar de la representante de UGT, al pensar en el gran drama humano. O puede que haya empatizado con la furia justiciera del representante de CSIF, que señala la falta de sanciones a la administración frente a la desprotección de los interinos. O ha podido pensar que no puede estar más de acuerdo con la representante de CCOO, que en este caso no desempeña su labor en nuestro ayuntamiento, cuando asevera que la propuesta del gobierno es inasumible. Todos ellos, por cierto, lamentando que no se cumplieran los acuerdos de estabilización de empleo de los años 2017 y 2018.

Para el que lo haya olvidado, el acuerdo de 2017 es el conocido popularmente como “acuerdazo de Montoro”, firmado con los representantes de UGT, CCOO y CSIF. Pretendía resolver el problema de la temporalidad en la administración mediante una oferta pública de empleo de 250.000 plazas; las plazas de los interinos, por supuesto. El mecanismo de estas oposiciones sería el de concurso-oposición libre, o sea, que estarían abiertas a todos los ciudadanos, pero se tendría en cuenta y se computaría el tiempo que se llevara trabajando para una administración pública. Los requisitos de las plazas a ofertar no tenían en cuenta si se había cometido fraude de ley con sus ocupantes, de hecho, sus ocupantes daban lo mismo: se estabilizaban las plazas, y punto. Tampoco entonces se contemplaba ninguna sanción para las administraciones, ni la posibilidad de indemnizar a los interinos que perdieran su plaza.

En 2018, y con los mismos interlocutores, se firmó el “II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo”. Mucho menos publicitado que el anterior, mantenía las mismas líneas de actuación en el tema de la estabilización de empleo, aunque sin entrar a cuantificar el número de plazas, esta vez.

Curioso, cuando menos, que los sindicatos que firmaron estos acuerdos que tanto añoran vean alguna diferencia con la propuesta del actual gobierno, que parece un corta y pega de los mismos. Y que se rasguen las vestiduras y se lamenten como plañideras por el drama humano de los interinos, cuando ellos han seguido negociando en la misma línea con este nuestro ayuntamiento: se estabilizan las plazas, y punto. Pueden alegar, y lo hacen, que han intentado mejorar hasta el límite las condiciones del concurso para beneficiar a los interinos, pero ninguno de ellos se acuerda de la sentencia del TJUE del 19 de marzo de 2020, que dice en uno de sus numerosos párrafos:

A mayor abundamiento, por lo que respecta al hecho de que la organización de procesos selectivos ofrece a los empleados públicos que hayan sido nombrados de manera abusiva en el marco de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada la oportunidad de intentar acceder a la estabilidad en el empleo, ya que, en principio, pueden participar en dichos procesos, este hecho no exime a los Estados miembros del cumplimiento de la obligación de establecer una medida adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración determinada. En efecto, como señaló, en esencia, la Abogada General en el punto 68 de sus conclusiones, tales procesos, cuyo resultado es además incierto, también están abiertos a los candidatos que no han sido víctimas de tal abuso.

Si la traducimos al cristiano, la sentencia nos viene a decir que hacer un concurso-oposición libre para estabilizar las plazas no es una solución ajustada al derecho europeo, pero parece que invocarla es pecado mortal. La posición de USO en la problemática de la estabilización del empleo temporal no ha cambiado en los últimos años, aunque por ello nos hayan tachado de ingenuos y nos hayan acusado de vender humo. Ante todos estos problemas derivados de la contratación temporal y precaria muchas veces en fraude de Ley, SIEMPRE HEMOS PROPUESTO Y SEGUIMOS PROPONIENDO LAS SIGUIENTES SOLUCIONES:

Aplicar el artículo 61, punto 6 del TREBEP, para el personal funcionario interino, mediante un Concurso Excepcional de Méritos, que se establecerá por Ley, para conseguir su fijeza.

     Aplicar el artículo 61, punto 7 del TREBEP, para el personal laboral Indefinido No fijo, temporal y/o eventual con contratos en fraude de Ley, mediante un Concurso de valoración de méritos, tal como establece el citado artículo, para que sean considerados a todos los efectos personal laboral fijo.

En ningún momento hemos pedido que se vulnere la ley, ni que se aplique de forma sesgada, pedimos que se utilice una herramienta legal prevista en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual solo hace falta voluntad política. Quizás si estos sindicatos, cuyos representantes se mesan los cabellos y se rasgan las vestiduras en público, nos hubieran apoyado en esta iniciativa desde el principio, ahora no tendríamos planteado este drama humano.

Seguiremos informando, hasta pronto.

9 abr 2021

Hasta cuándo va a durar, la insolencia del concejal Nalda contra la USO

Este concejal Pedro Nalda en nombre del Ayuntamiento de Santander y el jefe de los servicios jurídicos, parecen empeñarse en su terquedad, volviendo a negar el derecho del sindicato USO a participar en las Mesas de Negociación, según sentencio recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Según parece de nada les ha servido la multa de 9.000 euros que les impuso el tribunal, por su falta de respeto al atentar contra los derechos fundamentales del sindicato, y del secretario general de la sección sindical, osadía que ha obligado a la USO a interponer un nuevo “Recurso Contencioso Administrativo. primero, por negarse a convocar a la Sección Sindical, y segundo por impedir entrar a las reuniones con plenitud de derechos, esto es con voz y voto”.

Llama la atención la forma de actuar del Ayuntamiento, que, a pesar de negar el derecho al sindicato a ser convocado, y una vez presente en la reunión el representante de USO - después de la consiguiente bronca en la puerta - el concejal Nalda haya autorizado la asistencia como “invitado” - con voz, pero sin voto - “constituyendo una discriminación respecto de los demás sindicatos, y una vulneración del derecho a la igualdad”, forma de actuar, que mucho me temo volverá a suponer nuevas multas, que por desgracia pagaremos todos los santanderinos, una locura, que perdurara en el tiempo, salvo que la alcaldesa Gema Igual ponga un poco de orden en tanto desatino.

Porque, no estaría de más que la alcaldesa diera un paso hacia delante, llamando la atención al concejal para que cambie de actitud con la USO, porque el representante sindical Jose Maria Mateos, no puede hacer otra cosa que defender el derecho que le ampara al tener USO - APL una representación sindical de más del 20% de los votos en el Ayuntamiento de Santander, representación más que suficiente para estar presente en todas y cada una de las mesas de negociación, y con ello, la capacidad de proponer y reivindicar lo que sus afiliados y trabajadores en general les propongan.

Hacer lo contrario cediendo a los caprichos del ayuntamiento, no haría más que dejar en el vacío a los trabajadores y funcionarios y denigrar al sindicalismo.  

13 mar 2021

El Ayuntamiento de Santander, no para de perder juicios

 Ahora ante el Tribunal Supremo que, con sentencia en mano, acabado con el apetito desmesurado del ayuntamiento a cobrar impuestos entre otros a los Supermercados Lupa, a quienes quería meter mano a través del Impuesto de Actividades Económicas.

Según parece, el ayuntamiento pretendía cobrar a esta empresa impuestos por el “comercio al por menor y por despacho de pan de forma separada”. Los santanderinos que compramos en esta cadena alimenticia vemos cada día las actividades que realizan sus empleados, y por lo que afecta al pan, esta actividad queda reducida a meter en un horno barras de pan precocinado hasta convertirse en la barra de pan que consumimos.

En esa actividad básica no parece pueda ser considerada como actividad propia de los panaderos al uso, que diariamente mezclan las materias primas propias de la fabricación del pan, comprobación que debería haber hecho el “letrado” asesor municipal `para con ello no dejar en ridículo al ayuntamiento santanderino.

Dice el Tribunal Supremo que la venta del pan es una actividad mas de las que se hacen en el supermercado, por lo tanto, sujeta a los impuestos del comercio al por menor, que el transito en el uso de los hornos para calentar los panes congelados no supone la totalidad del proceso de fabricación, y ya puestos, que esta actividad no supone un trabajo que requiera, ni de grandes conocimientos especializados, ni de complejos procesos de producción.

Y mientras tanto la alcaldesa Gema Igual sigue incapaz de poner orden en los chapuceros servicios jurídicos, que buen dinero nos está costando a los santanderinos.

En definitiva, un varapalo para el Ayuntamiento de Santander y su ambición por meter la mano al bolsillo de los ciudadanos, porque al final, de prosperar esta locura municipal seriamos los santanderinos quienes acabaríamos pagando en el precio del pan el incremento del impuesto que se pretendía cobrar.

23 feb 2021

Tome nota el concejal Nalda, porque no hay dos sin tres

 

No hace mucho tiempo, en un pleno municipal del Ayuntamiento de Santander, a preguntas del PSOE y PRC, se venía arriba el concejal del Partido Popular, Pedro Nalda – secundado con algarabía por la alcaldesa Gema Igual – recordando una sentencia de primera instancia que por lo visto había perdido el sindicato USO, imputándole falta de representación, para negarle el derecho acudir a las reuniones, que en representación de los funcionarios se celebran en el ayuntamiento.

Se le lleno la boca, de falsos argumentos mezclando “churras con merinas” incluso, con ciertos insultos hacia los partidos de la oposición, acusándoles de falta de “preparación y manipulación”, mientras que, a USO, de pretender ciertos derechos de representación no conseguidos en las elecciones sindicales.

Pues bien, una vez más ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a través de la sala contencioso administrativo, quien le haya tenido que poner en su sitio al Ayuntamiento, a través de una sentencia que “declara nulo el acuerdo por el que se excluía a USO de las mesas de negociación por vulnerar el artículo 28 de la Constitución Española”.

De vergüenza esta forma de proceder del concejal de personal Nalda, de la alcaldesa Gema Igual, y del letrado que les asesora. Estos políticos empeñados en acabar con el sindicato USO, no paran de poner trabas y de gastar el dinero de todos los santanderinos, en costas judiciales. Ahora 800 euros, hace unos días 9.000 euros más, y suma y sigue porque el camino que llevan hacia la prevaricación permanente no parece tener fin al menos por ahora.

Y no será por los esfuerzos, que me consta está haciendo el responsable del sindicato Jose Maria Mateos López por evitar esta “confrontación”, que no aporta nada al marco de relaciones sindicales en el Ayuntamiento, confrontación que solo puede resolverse reestableciendo la representación de USO en las diversas mesas de negociación en función al número de delegados reconocidos por la Dirección General de Trabajo de Cantabria como estima la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

1 feb 2021

Al que no quiere caldo, la taza llena

Concejal Pedro Nalda, ya tiene usted resuelto su recurso de súplica, esta vez por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Resuelve la reclamación de tutela de los Derechos Fundamentales que le instó el delegado sindical de USO del Ayuntamiento de Santander, José María Mateos, por su empeño en marginar al sindicato en materia de prevención de riesgos laborales, en concreto por causa del covid-19.

Como ya le dijo el Juzgado de lo Social n.º 5, la ley esta para cumplirla, y no vale intentar escamotearla usando a la alcaldesa como instrumento para sacarle las castañas del fuego. Usted no permitió al sindicato participar en una reunión de máxima importancia a la que sí fueron convocados CC. OO., UGT, CSIF y SIEP, y en la que se les trasladó el protocolo por el servicio de prevención de riesgos, costes previstos por las medidas allí contempladas, teletrabajo, permisos, adaptaciones de horarios y dotación de material, entre otros. Estos sindicatos pudieron informar del protocolo, con todo detalle, a sus afiliados.

No estaría de más que tomara nota también de esta sentencia el letrado que, de forma torticera, pretendió liar todo intentando llevar el pleito al ámbito del Contencioso Administrativo y, con ello, demorar la reclamación, cuando lo que estaba a debate eran protocolos de actuación en materia de covid-19.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia le ha desmontado todos y cada uno de sus argumentos. A saber:

    - «Es a la orden jurisdiccional de lo social, al que se atribuye la competencia para conocer sobre la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas sobre el cumplimiento de las obligaciones legales o convencionales sobre Prevención de Riesgos Laborales, de forma plena, tanto si afecta a funcionarios como laborales 

    - Totalmente ilegal la expulsión del delegado sindical de USO de la reunión del Comité de seguridad y salud laboral, que se celebró en el Salón de Plenos, de donde le echaron al no estar convocado por no formar parte del Comité.

Concejal, se vino muy arriba en las explicaciones que dio en el pleno municipal, cuando el PSOE y el PRC le pidieron cuentas por su forma de proceder. Y no solo usted, también la alcaldesa, Gema Igual, que cerró filas en su defensa declarando que contaba con su «confianza plena».

Ahora toca dar marcha atrás, asumiendo, por un lado, que, por el camino que llevan contra USO —marginando a la organización y a sus dirigentes—, lo único que van a conseguir será la judicialización de todas las agresiones a las que nos sometan; y, por otro lado, la «declaración de la conculcación del derecho fundamental y libertad pública a la libertad sindical, declarar la nulidad radical de la conducta llevada a cabo el 5 de mayo de 2020, condenando al Ayuntamiento de Santander a indemnizar por ello al sindicato USO en la cantidad de 6 000 euros y al Sr. Mateos en la cantidad de 3 000 euros».

Y, por último, alcaldesa Gema Igual, ¿quién va a abonar estas indemnizaciones?, ¿lo hará el concejal Pedro Nalda o a pachas entre ustedes?

Espero que los grupos municipales les demanden la responsabilidad política que tiene este asunto, pero también la cuestión crematística, que 9 000 euros no son cosa de echar en el olvido. 

26 oct 2020

El concejal Pedro Nalda a la picota en el próximo pleno del Ayuntamiento de Santander


Los grupos municipales del PSOE y PRC van a pedir cuentas en el próximo pleno municipal de Ayuntamiento de Santander a la alcaldesa Igual y su adlátere concejal Pedro Nalda por el comportamiento antijuridico para con el sindicato USO y Delegado Sindical Jose Maria Mateos, comportamiento que le ha supuesto una condena del juzgado de lo Social N.º 5 por un delito de vulneración de los derechos fundamentales  y de libertad sindical, sentencia especialmente ajustada a derecho y que ha motivado la formulación de sendas preguntas por parte de la oposición municipal.

En ambos casos además de preguntar ante posibles recursos jurídicos se le va a pedir especialmente a la “alcaldesa, se pronuncie sobre el respaldo a Pedro Nalda en el caso del PRC y el PSOE si va a pedir disculpas publicas al delegado sindical de USO, a la vez que formulara una llamada para que cese con la represión que viene ejerciendo sobre sindicatos y personas, y una pregunta directa para ver quién va a abonar la sanción de 9.000 euros impuesta por el Juzgado”.

La verdad es que no tengo demasiada confianza en que Pedro Nalda vaya a cambiar en su comportamiento para con la sección sindical de USO y lo que es peor, que la alcaldesa perfectamente informada haga algo de provecho.


20 oct 2020

Vaya carrera que lleva el Concejal de Personal del Ayuntamiento de Santander Pedro Nalda.


Por si le fueran poco las sentencias recientemente ganadas por los sindicatos del ayuntamiento, la USO le ha imputado nueva condena por vulneración de los derechos fundamentales y de libertad sindical, con una sentencia del Juzgado de lo Social Nº5 que le ha dejado pocos recursos que justifiquen su actitud “antijurídica” para con el sindicato, una actitud que le va a costar al equipo de Gobierno abonar 9.000 euros como indemnización, por tanto, desatino y soberbia.

Solo hace falta echar un vistazo a la sentencia para ver como el concejal ha tratado al Delegado Sindical de USO Jose Maria Mateos (CHEMA) prohibiéndole ejercer sus funciones en el Comité de Seguridad y Salud Laboral en su condición de delegado sindical y hacerlo en un momento de gravedad como fueron las reuniones para tratar la reincorporación del personal y la realización de las pruebas PCR a toda la plantilla municipal.

 Por lo visto al concejal Nalda le estorba el sindicato tanto en las reuniones como en la videollamada que realizó la alcaldesa con el resto de fuerzas sindicales para informar sobre la crisis sanitaria, estorbo que le va a costar 9.000 euros al consistorio por vulneración de los derechos fundamentales y de libertad sindical y daños morales.

Confiemos que la alcaldesa Gema Igual tome nota y le haga pagar las indemnizaciones de su bolsillo y lo mas importante le repruebe el trato vejatorio que está haciendo a la USO impidiendo ejercer su trabajo de representación sindical desde una posición de igualdad frente al resto de los sindicatos.

16 dic 2019

Sección Sindical USO Ayuntamiento de Santander



Jose Mª Mateos Lopez 

 Los compañeros funcionariados en el proceso de 2010 están de enhorabuena: el Sr. Concejal de Personal, que hoy por fin se merece las mayúsculas, ha emitido una resolución en la que admite la existencia de cuantías mal detraídas en sus nóminas y entiende como iniciado el procedimiento de reconocimiento de la deuda para todos los afectados por la solicitud general presentada por CSIF el 16 de septiembre pasado, cuando no exista una solicitud anterior del propio interesado. En la misma resolución inadmite la solicitud formulada por USO, ya que en ésta se reclamaba la extensión de la sentencia para el personal municipal afectado, acto para el cual el ayuntamiento carece de competencia. Error nuestro, pues debido a nuestra torpeza no alcanzamos a distinguir entre extender la sentencia y hacerla extensible para todos, que es lo que solicitaban nuestros compañeros. Gracias a Dios que están ahí, más sabios, más altos y más guapos, lo que sin duda habrá sabido apreciar el Sr. Concejal de Personal, para evitar que errores de bulto de semejante calaña den al traste con las justas reivindicaciones de los trabajadores.

No nos queda claro si la solicitud de nuestros apuestos y eruditos compañeros ha sido admitida en su totalidad o solamente a efectos de iniciar el procedimiento. Piénselo bien, señor Nalda, ¡qué gesto de gallardía sería adherirse en todos sus puntos! Eliminar en su totalidad el CPT y restituir a los trabajadores la totalidad de los complementos absorbidos, independientemente de que estuvieran ligados a la antigüedad o no. Se nos eriza el vello y se nos saltan las lágrimas tan solo pensando en semejante hombría.

En fin, después de aplicarnos cilicio y penitencia, queremos señalar al ayuntamiento que, tal y como recoge el informe de su letrado, tiene la potestad de iniciar el procedimiento de revisión de oficio desde el momento en que tiene conocimiento de que está abonando cuantías inferiores a las que corresponde, y que no nos cabe duda, dada la sagacidad proverbial de su letrado, de que fue en el mismo momento en que se publicó la sentencia del Supremo. Tampoco estaría nada mal que lo hicieran, y sería lo más justo.
Vamos a recordar, por cierto, que el mérito de la recuperación del CPT es todo entero de una funcionaria andaluza que llevó su problema a los tribunales. No le corresponde a USO, que fue a los tribunales en Cantabria con menos suerte; y mucho menos a otros que ni siquiera se molestaron, como CSIF.

ENTRE FLOR Y FLOR.

Pedro Nalda Concejal de Personal TOMA NOTA






Con todo, la noticia del ayuntamiento, de la que la prensa se viene haciendo eco, es la problemática gestión de la contrata de parques y jardines. Aunque desde USO no vamos a entrar a valorar la gestión del servicio por parte del ayuntamiento, que no es nuestra competencia y parece que va a tener un largo recorrido, queremos hacer una puntualización  y delimitar la esfera de este problema. En contra de lo que se ha querido dar a entender, no se trata de que algún o algunos funcionarios hayan hecho mal su trabajo. El ayuntamiento ha incurrido durante años en una dejadez de funciones inadmisible, y nos referimos concretamente al deber de vigilar. Era función de la directora general, nombrada por el ayuntamiento, comprobar que la adjudicataria cumplía con las cláusulas del contrato. Parece que una redacción deficiente también le atribuía esa función al jefe de servicio, nombrado de forma interina por el ayuntamiento. En ambos casos, estas dos  personas son nombramientos efectuados directamente por los políticos, y son estas personas las que supuestamente han esquivado sus obligaciones de forma escandalosa. Y si hubiera más responsables, tal vez habría que buscarlos al otro extremo del dedo que los designó.

7 jun 2019

Policía Local de Santander


Como es posible  que el Ayuntamiento de Santander y más en concreto su Concejal de Personal y Protección Ciudadana haya metido en tal lio a los 19 policías locales concediéndoles un arma y las funciones propias de policía, cuando su condición según todos los informes lo eran en calidad de “aspirante a policía local”.

Como es posible que después de situaciones similares en las que el ayuntamiento ha procedido a otorgarles funciones ajustadas a su condición de aspirante, haya interpretado a su capricho las normas que hoy pesan sobre los afectados y el propio ayuntamiento. Porque si, el ayuntamiento ha tenido aspirantes a policía en diversas ocasiones aspirantes que estando pendientes para ser declarados “aptos· han ejercido funciones de auxiliares por el tiempo que haya mediado la selección para cubrir la plaza y la finalización del “Curso de formación Teórico Practico”.

Sin ninguna duda, alguna explicación deberá dar el Ayuntamiento de Santander, explicaciones mas allá del desconocimiento de las normas reglamentarias y algún que otro informe, del Jefe de la Policía Local que a la luz de esta situación, mas parece haber sido elaborado a la medida para aprovecharse del momento electoral que hemos pasado.

El relato de los hechos ponen en videncia situaciones bastante esperpénticas y de responsabilidades compartidas que deberían quedar claras, incluso con alguna que otra dimisión, porque ya me dirán como es posible que desde diciembre pasado hasta mayo no se hayan dado cuenta de la metedura de pata y con ello, la grave situación en que han puesto a los policías aspirantes. Alguna explicación debe tener tanta ineficacia, a mi solo se me ocurre que la electoral, quedar bien para ganarse un puñado de votos y una foto a los medios de parte del Concejal Nalda y la alcaldesa en funciones.

Un concejal que de su mano mayor se ha puesto a interpretar las normas en base a un supuesto agravio comparativo entre la “policía local de Santander y la de los funcionarios en prácticas de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado” a quienes según parece se les permite portar armas, pues si este es el caso, porque la policía local va a ser menos, para el concejal un carnet profesional y todo arreglado a la calle a patrullar.

Y en este baile sin sentido, por si fuera poco la Delegación del Gobierno, entretenida en pedir explicaciones e informe varios, la guardia civil a quien no le acaba de cuadrar la presencia de los policías en la sala de tiro, con un armamento de la que es competencia exclusiva, el Gobierno Regional y por último, la abogacía del estado al más alto nivel para deshacer el entuerto, que vaya usted a saber, donde va acabar. Por lo pronto, devolviendo el arma y buscando acomodo a los policías aspirantes hasta que puedan hacer el curso de formación teórico – práctico, vamos como se ha hecho toda la vida, en qué manos estamos.

NOTA- Con fecha 6 de Junio la concejala en funciones del partido OLA Cantabria, Cora Vielva Sumillera  ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia un escrito en el explica con detalle todo lo acontecido hasta la fecha sobre este asunto, pidiendo se investigue y se actué como en derecho proceda, veremos como acaba este asunto.

24 jul 2017

La asistencia sanitaria en el Ayuntamiento de Santander tocada de muerte


Pedro Nalda

El final del concierto con el Igualatorio está en camino de convertirse en un culebrón que vaya usted a reírse de “Los ricos también lloran”. Todavía no está muy claro que se vaya a tratar de una comedia o de un drama, lo que nadie va a discutir es que el protagonista de la obra no puede ser otro más que el ínclito concejal de personal, d. Pedro Nalda. Como si de un experto en el método se tratara, nuestro nunca suficientemente bien valorado edil añade profundidad a su personaje a base de crear vaivenes en su postura ante el dilema. Así, primero dice que el Igualatorio no nos quiere, para defender a continuación que la decisión va a depender de la voluntad de los trabajadores, para añadir un nuevo giro a los acontecimientos con una encendida defensa de la res publica, esquivando en un momento dado la paternidad de la propuesta, alegando a continuación que una nueva licitación supondría una pérdida de calidad en la asistencia sanitaria, sugiriendo luego que se trata de un privilegio que disfruta un puñado de trabajadores, exponiendo luego que no se puede negociar con el Igualatorio por motivos jurídicos y más tarde que no se puede calcular la cuantía del valor de la póliza, para rematar diciendo que un nuevo concurso público quedaría desierto.

El único problema que vemos es que no se trata de quedar en la pantalla mejor que Rogelio Guerra para que nuestra telenovela sea un éxito. Estamos hablando de la asistencia sanitaria de más de 300 compañeros y sus familias, así que vamos a ponernos serios.

Desde el principio del proceso, el ayuntamiento ha optado claramente por el cambio de modalidad de asistencia sanitaria al régimen general de la Seguridad Social; por mucho que nos hayan estado hablando de que se trataba de un borrador de resolución sin firmar para trabajar sobre él, la realidad es que nunca han pretendido cambiar ni una coma. Sin ir más lejos, cuando se ha pedido un listado del personal afectado para hacerles la consulta de forma personal, o volver a hacer una votación como la del año 93, nos lo han negado escudándose en el informe jurídico verbal de un letrado. Vamos a cruzar los dedos para que ahora los expedientes no empiecen a resolverse sistemáticamente en base a informes verbales.
Sin entrar a valorar la postura del equipo de gobierno municipal, en USO creemos que no se están haciendo las cosas bien. El ayuntamiento optó en el año 93 por ofrecer asistencia sanitaria privada a los funcionarios que pertenecían a la extinta MUNPAL con el voto favorable de los concejales del PP, que gobernaba con mayoría absoluta. La decisión del Igualatorio de denunciar el convenio no obliga al ayuntamiento a cambiar la modalidad de asistencia sanitaria; de hecho aquel mandato del Pleno sigue siendo vinculante para el ayuntamiento, que tiene la obligación de licitar nuevamente el concurso. Sólo en el caso de que el concurso quedara desierto se vería el consistorio en la tesitura de plantearse el cambio de modalidad. Y en cuanto a la dificultad de calcular la cuantía de la póliza, nos parece que las cuantías que paga el Estado por las pólizas de MUFACE son una orientación perfectamente válida y cualquiera puede consultarlas, son de dominio público. Por si alguien tiene curiosidad y quiere hacer comparaciones, el precio de la póliza del Igualatorio rondaba los 48 euros, mientras que la de MUFACE está en torno a los 67.

En cualquier caso, USO apoyará siempre que se tenga en cuenta la elección de los trabajadores afectados, que son los que sufrirán las consecuencias del cambio, si se llega a producir. Nunca vamos a poner en duda la asistencia pública, todo lo contrario, creemos que disponemos de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo; pero sabemos que el cambio traería problemas. Por ejemplo, con la recopilación de los expedientes médicos personales, y con su aprobación por parte de la Seguridad Social, para la que no son vinculantes los informes que no provengan de sus médicos. O con los tratamientos de larga duración, por motivos similares. O con la financiación de las prestaciones ortoprotésicas…

USO, junto con los demás sindicatos representados en la Junta de Personal, está valorando la posibilidad de convocar a los afectados para que acudan al Pleno en el que se votará la moción, y así tengan la posibilidad de que su opinión sobre el asunto llegue a los oídos del equipo de gobierno sin intermediarios.