Ni por esas, el Ayuntamiento de Santander y sus colegas sindicales, vuelven a negar la representación de USO en la Mesa General de Asuntos Comunes

 

Estábamos esperando que el tribunal fijara día y hora para la celebración de la audiencia para otorgar a la USO el derecho a ser miembro de la Mesa General de Asuntos Comunes, cuando el compañero Chema (secretario general de la sección sindical de USO en el Ayuntamiento) recibió una propuesta de la concejalía de Recursos Humanos para modificar la composición de la mesa general.

Según el Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, tuvieron la idea de emitir un informe, señalando errores en la composición de la citada mesa general, “lo que podría tener consecuencias para la credibilidad del Ayuntamiento de Santander y de los sindicatos que organizaron la implantación de dicha mesa".

Todo un desecho de asunción de responsabilidad extemporánea, para concluir con un párrafo que no deja duda del lio donde se ha metido el concejal Daniel Portilla Fariña permitiendo la constitución de la mesa cuando ahora dice que la “sentencia seria con toda seguridad favorable a la demanda de USO condenando al Ayuntamiento por vulneración de Derechos Fundamentales, por parte del ayuntamiento, en particular el derecho a la participación en el ámbito de la libertad sindical, y el derecho de negociación colectiva, reconociendo, además de la adjudicación de costas, indemnizaciones al sindicato y posibles representantes".

Esta disputa sobre la representación se remonta tiempo atrás, afectando a los derechos fundamentales de la USO   y resuelve un antiguo conflicto en que los trabajadores del SMTU, son vistos como trabajadores al servicio del transporte de viajeros, fuera del propio ayuntamiento y los derechos de otros trabajadores y funcionarios dentro del propio ayuntamiento.

Pero aun asi, ahora sacan un conejo de la chistera, y amparándose en que la candidatura de USO en el SMTU no fue acompañada de la sigla del otro sindicato de policía (APLB) afiliado a USO y registrado en el BOC 12 de julio del 2019 se decide no computar los 7 representantes de USO y con ello los 3 miembros que por derecho le corresponde.

Tanto despropósito porque, pues muy sencillo. Primero por una especie de venganza que tiene el ayuntamiento para con la USO, debido a la estrategia y comunicados, que le obligaron a llevar en dos ocasiones hasta el Tribunal Supremo durante el mandato anterior, por impedir que la USO se sentase en la Mesa de Negociación. Y por otra el efecto que supondría para UGT perder la hegemonía de la que hoy disfruta con 6 de 12 miembros que forman la bancada sindical, el crédito de horas sindicales y liberados, y finalmente el sindicato CSIF que en principio perdería un puesto en la mesa y su consiguiente pérdida de horas sindicales, entre otras prebendas de todos conocidas.

Menos mal que el famoso informe jurídico del ayuntamiento no parece poner dudas de importancia a la incorporación de los trabajadores del SMTU al genérico del Ayuntamiento de Santander, y con ello gozar de los derechos que tienen los otros trabajadores y funcionarios, ese fue el interés principal de USO, a la hora de afrontar este nuevo mandato municipal por tantos años olvidado.

Llama la atención que estos sindicatos, solo con un panfleto firmado por UGT/CCOO/CSIF hayan podido revertir un informe elaborado por los letrados del ayuntamiento y firmado por el concejal de personal y su director general, que una vez mas se pliegan a la presión sindical como antes lo hiciera el bueno de Pedro Nalda

Según me cuenta el compañero Chema, al final solo le quedara a la USO volver a llevar a los tribunales al ayuntamiento, para demostrar la estupidez de los argumentos de desconocimiento que parece van a esgrimir como razón básica de tanta bronca.

En el Ayuntamiento de Santander hay trabajadores de primera y de segunda, los del Servicio Municipal de Transportes Urbanos SMTU

 

Y cuando todos creíamos que con la marcha del concejal Pedro Nalda, a un nuevo exilio dorado - como director general del PCTCAN - volvía la normalidad en el Ayuntamiento de Santander la representación sindical, de la Mesa para Asuntos Comunes de laborales y funcionarios, va y aparece el nuevo concejal de personal, Daniel Portilla Fariña, y excluye al comité de empresa del SMTU.

Una medida arbitraria, que vuelve a poner a la USO – APLB en el brete de tener que formular, nueva demanda judicial, reclamando la tutela jurisdiccional de la libertad sindical, para la USO, y la defensa de los intereses de los trabajadores, del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, a quienes se les viene marginando de los derechos que se están pactando en la Mesa general de asuntos comunes, y de los que se favorecen el resto de los trabajadores del ayuntamiento.

El pasado 18 de octubre a instancias del concejal Portilla, según me cuentan, se han vuelto a reunir, sindicatos y concejal con el objetivo de seguir abusando de la representación sindical, repartiéndose los doce puestos de la Mesa General de Asuntos Comunes, dejando fuera a los sindicato USO – APLB, aunque para ello tengan que dejar fuera a los trabajadores del SMTU, incluso mirar para otro lado, ante la trampa de elegir cinco miembros del comité de empresa de laborales, cuando, con la plantilla oficial solamente se podían elegir delegados de personal.

Y como justificación para tanto desatino, pues eso, que el SMTU es una entidad autónoma, aunque el ayuntamiento no pueda acreditar tal autonomía, al converger, por ejemplo. el NIF y código de seguridad social, con el del resto de trabajadores y funcionarios del ayuntamiento, que las dotaciones económicas del servicio salgan de los presupuestos municipales, que las ofertas de empleo público sean por oposición, o que las gestiones y decisiones sean tomadas por la Junta de Gobierno del propio ayuntamiento.

Al final nuevo agravio contra la USO – APLB, que ha obligado a presentar una demanda ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo que al final provocara tiempo perdido, indemnizaciones y gastos jurídicos que todos los vecinos de Santander pagaremos.

El Juzgado de lo Social suspende cautelarmente los caprichos de UGT

 

En el Ayuntamiento de Santander no se van a repetir las elecciones sindicales - celebradas el 29 de marzo - acabando por ahora con la “fantasía” de UGT, que, de forma necia, ha pretendido enredar a la Junta de Personal, solo por el mero hecho de haber cedido el primer puesto

Según informa la sección sindical de USO, la UGT en un alarde de interés exageramente paritario, ha pretendido aplicar, para la  confección de las listas electorales, los criterios de igualdad al que se someten las elecciones generales, autonómicas en algunos casos municipales, para asi enredar a la mesa electoral, - incluso amenazándola con demandas judiciales - y siempre con el amparo del árbitro , quien no ha tenido el menor escrúpulo de dictar laudos, que por ahora, solo han quedado en la basura.   

La UGT se había empeñado en que todas las candidaturas electorales que concurrieron a las elecciones de todos los sindicatos – menos la suya – eran ilegales, por lo que se tenían que repetir, y hacerlo solo con la única candidatura que supuestamente guardaba los criterios de paridad que exigía la ley, vamos la suya casi en exclusividad, pleno para la UGT, y viva la democracia.

Menos mal que la mesa electoral no se ha dejado liar, y con buen criterio “La normativa legal no impone obligación de presentación de candidaturas equilibrada…” ha esperado a conocer el auto judicial que devuelve al corral el laudo arbitral, quedando a la espera de posibles sentencias judiciales en el caso que persista el empecinamiento de la UGT.

Ahora, lo que es de nota, es la doble vara de medir que tiene este sindicato a la hora de aplicar los criterios de igualdad que dice defender. En el Ayuntamiento de Santander paridad solo pero solo en la junta de personal, en laborales pasaron de igualdad, y no conforme con ello, como quedo demostrado en el juzgado, el sindicato socialista viene presentando candidaturas en Cantabria a diestro y siniestro sin guardar el criterio alguno de igualdad.

Y mientras tanto la Junta de Personal sin constituirse y a la espera de que el ayuntamiento convoque a los representantes sindicales electos para iniciar la mucha faena que queda por hacer en este recién mandato sindical que debió iniciarse el pasado mes de marzo.

Desde la supuesta información a la propaganda electoral solo hay un paso

 Y es el que da la alcaldesa Gema Igual, con la carta que hace unos dias nos ha mandado a todos los santanderinos, anunciándonos una bajada fiscal, como si tal iniciativa fuera una cosa de ella, - y como diría el otro, por consiguiente - del Partido Popular.

Por mas que esta carta se disfrace “supuestamente informativa”, lo que nos dice es que votando a la alcaldesa se garantiza una “bajada de la presión fiscal para las familias numerosas y colectivos más desfavorecidos”, una soflama genérica

, que por si cuela, deja a la carta, con un cierto olor a política social, y con ello un lavado de cara de un partido que en su ideología y práctica política, no hace mas que favorecer a los que más tienen y recortar derechos a todos los niveles, a nada que consiguen el poder.

Y ahora cabe preguntarse, si este afán solidario no tiene que ver con decisiones de toda la corporación, de todos los partidos políticos, que someten a votación, en este caso la política presupuestaria. Perdón me olvidaba que en el ayuntamiento llevan tiempo sin aprobar los presupuestos municipales por el mal rollo entre el PP y Ciudadanos.

Entonces si la corporación municipal no esta hablando de dineros, como es posible anunciar para el año 2023, bajadas de IBI, reducciones impositivas en tasas para locales, abonos TUS, congelaciones de precios para cursos, la OLA entre otros. 

Eso sí, el palo de las subidas, para el agua y el alcantarillado que según Gema Igual no van a dejar de subir tampoco este año. Para estas tasas, solo el beneficio para Aqualia y un anuncio de limosna municipal para ayudar en el gasto de familias con escasos ingresos.

Conclusión una carta ridícula, llena de propaganda del PP, e inútil para los santanderinos.

Al Ayuntamiento de Santander le corre prisa pintar y de paso hacerlo barato

 

Pinta rápido que vienen los turistas. Eso es lo que ha debido pensar la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual cuando ha encargado pintar las barandillas y pilares del Sardinero, aunque el resultado haya sido una soberana chapuza de tomo y lomo.

Dale que se echa el tiempo encima, y el escaparate de las playas tiene que lucir bonito para el turista, y de paso, servir de propaganda electoral del próximo 28 de mayo, que no vamos muy sobrados en el Partido Popular.

Esta parece haya sido la conclusión de un trabajo encargado por el ayuntamiento, que según me cuentan los representantes sindicales se viene realizando desde hace muchos años. Trabajos encargados como complemento de otros, y que son realizados al margen de la plantilla del personal municipal fijo, aunque en este caso, el diario montañés lo haya situado en una chapuza de operarios municipales, y no, con trabajadores de alguna de las empresas que contratan con el ayuntamiento, como compensación por un contrato millonario.

De esta forma de proceder, se desprende la nula profesionalidad de estos trabajadores, que no son pintores profesionales, y que sustituyen a los trabajadores municipales, que durante años han venido realizando esta función con plena solvencia.

Y visto lo visto, los representantes sindicales le han puesto deberes a la alcaldesa, para que aclare.

Primero que no son los trabajadores del ayuntamiento quienes han hecho semejante chapuza, segundo, explique porque encarga a otras empresas los trabajos que bien pudieran hacer los del propio ayuntamiento, a no ser que quiera deshacerse del servicio de talleres, privatizando todo por oscuros intereses, tercero quien controla el trabajo que pagamos todos los  santanderinos cuando este se privatiza, cuarto porque se permite el uso de anagramas y logotipos propios del ayuntamiento en ropa de trabajo y furgonetas otras empresas privadas que realizan el trabajo encargado por el ayuntamiento -como en este caso – generando las dudas y criticas ciudadanas ante trabajos de muy baja calidad, y por ultimo declare con voz bien alta, que los trabajadores municipales son magníficos profesionales y de muy alta cualificación profesional.

Al concejal Nalda le gusta “disparar con pólvora del rey”

Esto es lo que hace el bueno de Pedro Nalda, a la hora de ejecutar, de una vez por todas, la “Sentencia  del Juzgado Contencioso – Administrativo N.º 1 de Santander  que desestimaba la vía de hecho del Ayuntamiento de Santander por no convocar a la sección sindical de USO a la mesa de negociación  de funcionarios, y por impedirle  entrar  con plenitud de derechos, con voz y voto, declarando asi que se ha vulnerado el derecho de USO a la libertad sindical del artículo 28 de la Constitución Española” 

Este es el argumento con el que el ayuntamiento, se dispone a dar marcha atrás, en su empecinamiento de dejar fuera de las mesas de representación sindical, a la USO – APLB que con un 20% de los votos en las últimas elecciones, se han encontrado fuera de las Mesas General de funcionarios y Sectoriales y la de Asuntos Comunes que engloba a funcionarios y Laborales, que han venido operando desde el pasado 18 de febrero de 2019. Tres años en los que se han tomado acuerdos y se han favorecido los otros sindicatos, sin que la USO – APLB hayan podido defender sus propuestas y representar debidamente a los funcionarios y laborales que les votaron.

Nunca es tarde para resolver este asunto de legalidad. Pero lo que sí es una vergüenza, es hacerlo cargando sobre el presupuesto municipal - dinero de todos los santanderinos – la solución a tanto desatino y me explico.

Hasta la fecha el concejal Nalda con el concurso de los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y SIEP se habían repartido el “negocio”, repartiéndose los 11 miembros en sendas mesas de negociación, sino las horas sindicales y/o liberaciones entre otras, usurpando los derechos de los sindicatos USO – APLB, que se vieron obligados a recurrir, al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que por fin hasta en dos sentencias han puesto orden, obligando al Ayuntamiento a incorporar a estos sindicatos.

Pues bien, que ha hecho el bueno de Nalda para no molestar a los sindicatos amigos, pues incrementar el número de miembros de las mesas de negociación y asi, donde hasta ahora eran 11 miembros, por “birlibirloque” ahora son 14 en la Mesa General de Funcionarios y 15 en la Mesa General de Asuntos Comunes, dejando contento a todos. Y todo estaría bien, si no fuera porque detrás de estos representantes sindicales, existe un crédito de horas que al final pagamos todos los santanderinos.

Confió que el concejal Nalda tan generoso con sus sindicatos amigos, lo sea también para con la USO – APLB, y le resarza de sus derechos dejados de percibir en estos tres años de ardua lucha sindical, revisando los acuerdos tomados y por supuesto abonando el crédito horario no percibido por estos sindicatos.     

En el Ayuntamiento de Santander “Las horas extras, en el filo de la navaja”

Hace unos dias me llego un comunicado de la Sección Sindical de USO del Ayuntamiento de Santander - Las horas extras, en el filo de la navaja” según parece provocado por la primera de las instrucciones del año del preclaro Pedro Nalda concejal de personal.

Parece que el ayuntamiento pretende resolver los incumplimientos de la jornada de trabajo por parte de “algunos funcionarios”, dando un puñetazo a todos incluyendo aquellos que rigurosamente cumplen con la jornada.

Según parece este concejal es incapaz de enfrentarse a los funcionarios que no cumplen, o lo hacen abusando del horario flexible y/o abandonando su puesto de trabajo durante la jornada, elevando el agravio a todos a través de esta instrucción.

Para ello, y a modo de aviso, el ayuntamiento está mandando cartas y correos electrónicos, avisando que bloqueara la percepción de las horas extras, para aquellos que en su cuadro horario no cumplan con su jornada ordinaria, medida que según parece, ha molestado a bastantes funcionarios que cumplen con su jornada laboral, siempre ajustándose a las normas previstas en el Acuerdo de funcionarios y en el Convenio Colectivo del Personal Laboral.

Una y otra vez el concejal Nalda no hace mas que enfrentarse con todo y con todos, ahora reescribiendo la norma a su gusto, y donde dice que “La realización de horas extraordinarias tendrá como contraprestación, a opción del trabajador, el pago o la compensación en tiempo de descanso”  decir ahora en un alarde de cobardía para con los que no cumplen “la mayoría de ellos jefes” cambiar la norma para decir que “Para generar el derecho a percibir gratificaciones por servicios extraordinario deberá haberse realizado la totalidad de la jornada del mes correspondiente (tanto la parte del horario fijo como del flexible)”.

No es extrañar que el sindicato USO le haya recordado al concejal y a la alcaldesa que no estaría demás, revisaran el Acuerdo de Funcionarios en el apartado de Servicios Extraordinarios, para concluir que cualquier intento, por reinterpretar la norma, debe de ir precedido por una negociación con la Junta de Personal, y que las horas extraordinarias tienen como contraprestación, siempre a opción del trabajador, el pago o la compensación en tiempo de descanso, y cuando alguno de esos funcionarios incumplidores de la jornada, siempre le quedara al ayuntamiento la deducción proporcional de haberes.

Todo menos meter la mano en la cartera de los trabajadores, que cumplen su jornada rigurosamente y que por orden del propio del ayuntamiento hacen trabajos extras después de su jornada. En esa orden no cabe distinguir el horario ordinario y flexible con el extraordinario y mucho menos condicionar su pago.

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

Sección Sindical USO – Ayuntamiento Santander

 Pero en el ayuntamiento de Santander hay quien tropieza una y otra vez, y no parecen dispuestos a enmendarse.

 Nos ha llamado la atención una pregunta que se hacían los compañeros de UGT, en esa encomiable labor informativa que realizan desde su página web, respecto a una de las últimas mesas de negociación. Allí comentaban que habían hecho una pregunta a colación de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a favor de una Técnico Auxiliar de la Oficina de Turismo que obligaba a modificar el puesto, pero no había más explicaciones. Dado que en USO hemos conseguido información acerca del tema, vamos a exponerla en esta tribuna, a beneficio de los compañeros de UGT y de cualquier otro que pueda estar interesado.

 La historia comienza en una oposición convocada en 2019 para cubrir dos plazas de Técnico Auxiliar de Turismo, proceso que termina con el nombramiento de dos compañeras por resolución de alcaldía de 22 de julio de 2020. Hasta aquí, todo normal.

 Una de las compañeras, después de firmar el acta de toma de posesión, se da cuenta de que hay un error en la misma, y que se le asigna un cargo de operario. Por otra parte, desde su primer día en la Oficina Municipal de Turismo se le dice que su puesto es de Informador Turístico, del mismo grupo y con el mismo CD que los de Técnico Auxiliar, pero con una diferencia fundamental: el trabajo en domingos y festivos, que las Técnicos tienen tasado en 100 horas al año. Como curiosidad, comentamos que las plazas de Informador Turístico fueron creadas a petición, entre otras, de las dos Técnicos Auxiliares que ahora comparten la Jefatura del Servicio.

 Pocos días después, se emite una rectificación al acta y se le asigna a la compañera el puesto de Informador Turístico, con un número de plaza distinto al asignado en la RA del 22 de julio.

 Sus recursos fueron denegados y tuvo que acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo. Allí, el letrado del ayuntamiento intentó hacer valer que nuestra compañera no conocía la diferencia entre plaza y puesto. Curiosamente, la compañera había solicitado que se le explicara esa diferencia a través de un correo electrónico, que nadie tuvo a bien contestarle. Y no menos curiosamente, el juez le dio la razón a nuestra compañera en cuanto a su número de plaza y a su denominación, imponiendo además las costas procesales al ayuntamiento.

 No contento el consistorio con esta situación, presentó recurso de apelación ante el TSJC, objetando que tampoco el juez había sabido ver la distinción entre plaza y puesto. Y tampoco la vieron los magistrados del TSJC, que dicen textualmente:

 

“Frente a las alegaciones sobre confusión del juzgador entre puesto u plaza, hay que recordar que es la propia Administración la que, en una actuación procedimental francamente alejada de la claridad, nombra para una plaza con una determinada numeración, para en la corrección de errores introducir otra numeración so pretexto de corresponder a un puesto distinto de la plantilla…. Del sesgado expediente remitido por el Ayuntamiento, del que solo aporta un pequeño extracto de la RPT parcialmente ilegible, no cabe acoger el imaginativo argumento esgrimido por la Administración”.

 A pesar de que el fallo del TSJC desestima por completo el recurso de apelación del Ayuntamiento y le impone expresamente las costas procesales (de nuevo), un portavoz municipal contestó a los compañeros de UGT que “la sentencia no es muy clara, y lo que se hará es cambiar la denominación del puesto en la RPT (Informador Turístico) y que el código coincida con el de la Plantilla, sin entrar en más consideraciones, no siendo necesario modificar el resto de las características del puesto, dado que la sentencia no dice nada al respecto, y se limita a declarar que la funcionaria no es informador turístico, sino técnico auxiliar de la oficina de Turismo, y eso es lo que se va a reflejar en la RPT”, y lo entrecomillamos porque son sus palabras tal y como se han recogido en el borrador del acta.

 En esa línea, parece que ahora el Ayuntamiento ha decidido recurrir al argumento ad testiculum, y ha notificado a la compañera que se va a proceder a modificar la RPT, en cumplimiento de la sentencia del TSJC, renombrando su plaza de Informador Turístico como Técnico Auxiliar de la Oficina de Turismo, manteniendo, eso sí, todas las funciones que conllevaba el puesto. Vamos, una mera corrección estética destinada a crear diferencias entre puestos iguales.

 Sabemos que esta información no pilla de sorpresa a todo el mundo, porque nuestra compañera ha dado a conocer sus sentencias por lo menos a UGT y CSIF, ¿y cuál ha sido la actitud de estos sindicatos ante semejante escándalo? Teniendo en sus manos dos sentencias en las que casi se acusa al Ayuntamiento de trilerismo, unos se limitan a hacer una pregunta en la Mesa de Negociación, y los otros se ponen de perfil.

 
Desde USO queremos darle nuestro apoyo y animarla a no aflojar en este trance, aunque sabemos de buena tinta que NO LO VA A HACER. Ella también tiene argumentos a los que recurrir, como el conocido para testiculum los míos; tal vez debería estudiar si de las actuaciones se pudieran derivar responsabilidades penales, a ver si alguno de estos responsables políticos, y compañeros que no son compañeros de todos sus compañeros, no estarán yendo un poquito más allá de lo que permite la ley. Siempre presuntamente, claro. 

LO DE LOS INTERINOS NO SE ARREGLA NI CON LA VACUNA DE PFIZER

UGT, CCOO Y CSIF RENIEGAN DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE ICETA, PERO LO QUE NEGOCIAN CON EL AYUNTAMIENTO ES LO MISMO.

Buenos días, compañeros:

Es posible que a más de uno se le haya atragantado el desayuno, cuando se ha encontrado en el periódico un artículo acerca de la problemática de los interinos, en el que vertían su docta opinión alguno de los destacados representantes sindicales de este nuestro ayuntamiento. Quizás haya disfrutado con las temblorosas lágrimas a punto de aflorar de la representante de UGT, al pensar en el gran drama humano. O puede que haya empatizado con la furia justiciera del representante de CSIF, que señala la falta de sanciones a la administración frente a la desprotección de los interinos. O ha podido pensar que no puede estar más de acuerdo con la representante de CCOO, que en este caso no desempeña su labor en nuestro ayuntamiento, cuando asevera que la propuesta del gobierno es inasumible. Todos ellos, por cierto, lamentando que no se cumplieran los acuerdos de estabilización de empleo de los años 2017 y 2018.

Para el que lo haya olvidado, el acuerdo de 2017 es el conocido popularmente como “acuerdazo de Montoro”, firmado con los representantes de UGT, CCOO y CSIF. Pretendía resolver el problema de la temporalidad en la administración mediante una oferta pública de empleo de 250.000 plazas; las plazas de los interinos, por supuesto. El mecanismo de estas oposiciones sería el de concurso-oposición libre, o sea, que estarían abiertas a todos los ciudadanos, pero se tendría en cuenta y se computaría el tiempo que se llevara trabajando para una administración pública. Los requisitos de las plazas a ofertar no tenían en cuenta si se había cometido fraude de ley con sus ocupantes, de hecho, sus ocupantes daban lo mismo: se estabilizaban las plazas, y punto. Tampoco entonces se contemplaba ninguna sanción para las administraciones, ni la posibilidad de indemnizar a los interinos que perdieran su plaza.

En 2018, y con los mismos interlocutores, se firmó el “II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo”. Mucho menos publicitado que el anterior, mantenía las mismas líneas de actuación en el tema de la estabilización de empleo, aunque sin entrar a cuantificar el número de plazas, esta vez.

Curioso, cuando menos, que los sindicatos que firmaron estos acuerdos que tanto añoran vean alguna diferencia con la propuesta del actual gobierno, que parece un corta y pega de los mismos. Y que se rasguen las vestiduras y se lamenten como plañideras por el drama humano de los interinos, cuando ellos han seguido negociando en la misma línea con este nuestro ayuntamiento: se estabilizan las plazas, y punto. Pueden alegar, y lo hacen, que han intentado mejorar hasta el límite las condiciones del concurso para beneficiar a los interinos, pero ninguno de ellos se acuerda de la sentencia del TJUE del 19 de marzo de 2020, que dice en uno de sus numerosos párrafos:

A mayor abundamiento, por lo que respecta al hecho de que la organización de procesos selectivos ofrece a los empleados públicos que hayan sido nombrados de manera abusiva en el marco de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada la oportunidad de intentar acceder a la estabilidad en el empleo, ya que, en principio, pueden participar en dichos procesos, este hecho no exime a los Estados miembros del cumplimiento de la obligación de establecer una medida adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración determinada. En efecto, como señaló, en esencia, la Abogada General en el punto 68 de sus conclusiones, tales procesos, cuyo resultado es además incierto, también están abiertos a los candidatos que no han sido víctimas de tal abuso.

Si la traducimos al cristiano, la sentencia nos viene a decir que hacer un concurso-oposición libre para estabilizar las plazas no es una solución ajustada al derecho europeo, pero parece que invocarla es pecado mortal. La posición de USO en la problemática de la estabilización del empleo temporal no ha cambiado en los últimos años, aunque por ello nos hayan tachado de ingenuos y nos hayan acusado de vender humo. Ante todos estos problemas derivados de la contratación temporal y precaria muchas veces en fraude de Ley, SIEMPRE HEMOS PROPUESTO Y SEGUIMOS PROPONIENDO LAS SIGUIENTES SOLUCIONES:

Aplicar el artículo 61, punto 6 del TREBEP, para el personal funcionario interino, mediante un Concurso Excepcional de Méritos, que se establecerá por Ley, para conseguir su fijeza.

 •    Aplicar el artículo 61, punto 7 del TREBEP, para el personal laboral Indefinido No fijo, temporal y/o eventual con contratos en fraude de Ley, mediante un Concurso de valoración de méritos, tal como establece el citado artículo, para que sean considerados a todos los efectos personal laboral fijo.

En ningún momento hemos pedido que se vulnere la ley, ni que se aplique de forma sesgada, pedimos que se utilice una herramienta legal prevista en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual solo hace falta voluntad política. Quizás si estos sindicatos, cuyos representantes se mesan los cabellos y se rasgan las vestiduras en público, nos hubieran apoyado en esta iniciativa desde el principio, ahora no tendríamos planteado este drama humano.

Seguiremos informando, hasta pronto.

Hasta cuándo va a durar, la insolencia del concejal Nalda contra la USO

Este concejal Pedro Nalda en nombre del Ayuntamiento de Santander y el jefe de los servicios jurídicos, parecen empeñarse en su terquedad, volviendo a negar el derecho del sindicato USO a participar en las Mesas de Negociación, según sentencio recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Según parece de nada les ha servido la multa de 9.000 euros que les impuso el tribunal, por su falta de respeto al atentar contra los derechos fundamentales del sindicato, y del secretario general de la sección sindical, osadía que ha obligado a la USO a interponer un nuevo “Recurso Contencioso Administrativo. primero, por negarse a convocar a la Sección Sindical, y segundo por impedir entrar a las reuniones con plenitud de derechos, esto es con voz y voto”.

Llama la atención la forma de actuar del Ayuntamiento, que, a pesar de negar el derecho al sindicato a ser convocado, y una vez presente en la reunión el representante de USO - después de la consiguiente bronca en la puerta - el concejal Nalda haya autorizado la asistencia como “invitado” - con voz, pero sin voto - “constituyendo una discriminación respecto de los demás sindicatos, y una vulneración del derecho a la igualdad”, forma de actuar, que mucho me temo volverá a suponer nuevas multas, que por desgracia pagaremos todos los santanderinos, una locura, que perdurara en el tiempo, salvo que la alcaldesa Gema Igual ponga un poco de orden en tanto desatino.

Porque, no estaría de más que la alcaldesa diera un paso hacia delante, llamando la atención al concejal para que cambie de actitud con la USO, porque el representante sindical Jose Maria Mateos, no puede hacer otra cosa que defender el derecho que le ampara al tener USO - APL una representación sindical de más del 20% de los votos en el Ayuntamiento de Santander, representación más que suficiente para estar presente en todas y cada una de las mesas de negociación, y con ello, la capacidad de proponer y reivindicar lo que sus afiliados y trabajadores en general les propongan.

Hacer lo contrario cediendo a los caprichos del ayuntamiento, no haría más que dejar en el vacío a los trabajadores y funcionarios y denigrar al sindicalismo.  

El Ayuntamiento de Santander, no para de perder juicios

 Ahora ante el Tribunal Supremo que, con sentencia en mano, acabado con el apetito desmesurado del ayuntamiento a cobrar impuestos entre otros a los Supermercados Lupa, a quienes quería meter mano a través del Impuesto de Actividades Económicas.

Según parece, el ayuntamiento pretendía cobrar a esta empresa impuestos por el “comercio al por menor y por despacho de pan de forma separada”. Los santanderinos que compramos en esta cadena alimenticia vemos cada día las actividades que realizan sus empleados, y por lo que afecta al pan, esta actividad queda reducida a meter en un horno barras de pan precocinado hasta convertirse en la barra de pan que consumimos.

En esa actividad básica no parece pueda ser considerada como actividad propia de los panaderos al uso, que diariamente mezclan las materias primas propias de la fabricación del pan, comprobación que debería haber hecho el “letrado” asesor municipal `para con ello no dejar en ridículo al ayuntamiento santanderino.

Dice el Tribunal Supremo que la venta del pan es una actividad mas de las que se hacen en el supermercado, por lo tanto, sujeta a los impuestos del comercio al por menor, que el transito en el uso de los hornos para calentar los panes congelados no supone la totalidad del proceso de fabricación, y ya puestos, que esta actividad no supone un trabajo que requiera, ni de grandes conocimientos especializados, ni de complejos procesos de producción.

Y mientras tanto la alcaldesa Gema Igual sigue incapaz de poner orden en los chapuceros servicios jurídicos, que buen dinero nos está costando a los santanderinos.

En definitiva, un varapalo para el Ayuntamiento de Santander y su ambición por meter la mano al bolsillo de los ciudadanos, porque al final, de prosperar esta locura municipal seriamos los santanderinos quienes acabaríamos pagando en el precio del pan el incremento del impuesto que se pretendía cobrar.

Tome nota el concejal Nalda, porque no hay dos sin tres

 

No hace mucho tiempo, en un pleno municipal del Ayuntamiento de Santander, a preguntas del PSOE y PRC, se venía arriba el concejal del Partido Popular, Pedro Nalda – secundado con algarabía por la alcaldesa Gema Igual – recordando una sentencia de primera instancia que por lo visto había perdido el sindicato USO, imputándole falta de representación, para negarle el derecho acudir a las reuniones, que en representación de los funcionarios se celebran en el ayuntamiento.

Se le lleno la boca, de falsos argumentos mezclando “churras con merinas” incluso, con ciertos insultos hacia los partidos de la oposición, acusándoles de falta de “preparación y manipulación”, mientras que, a USO, de pretender ciertos derechos de representación no conseguidos en las elecciones sindicales.

Pues bien, una vez más ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a través de la sala contencioso administrativo, quien le haya tenido que poner en su sitio al Ayuntamiento, a través de una sentencia que “declara nulo el acuerdo por el que se excluía a USO de las mesas de negociación por vulnerar el artículo 28 de la Constitución Española”.

De vergüenza esta forma de proceder del concejal de personal Nalda, de la alcaldesa Gema Igual, y del letrado que les asesora. Estos políticos empeñados en acabar con el sindicato USO, no paran de poner trabas y de gastar el dinero de todos los santanderinos, en costas judiciales. Ahora 800 euros, hace unos días 9.000 euros más, y suma y sigue porque el camino que llevan hacia la prevaricación permanente no parece tener fin al menos por ahora.

Y no será por los esfuerzos, que me consta está haciendo el responsable del sindicato Jose Maria Mateos López por evitar esta “confrontación”, que no aporta nada al marco de relaciones sindicales en el Ayuntamiento, confrontación que solo puede resolverse reestableciendo la representación de USO en las diversas mesas de negociación en función al número de delegados reconocidos por la Dirección General de Trabajo de Cantabria como estima la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Al que no quiere caldo, la taza llena

Concejal Pedro Nalda, ya tiene usted resuelto su recurso de súplica, esta vez por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Resuelve la reclamación de tutela de los Derechos Fundamentales que le instó el delegado sindical de USO del Ayuntamiento de Santander, José María Mateos, por su empeño en marginar al sindicato en materia de prevención de riesgos laborales, en concreto por causa del covid-19.

Como ya le dijo el Juzgado de lo Social n.º 5, la ley esta para cumplirla, y no vale intentar escamotearla usando a la alcaldesa como instrumento para sacarle las castañas del fuego. Usted no permitió al sindicato participar en una reunión de máxima importancia a la que sí fueron convocados CC. OO., UGT, CSIF y SIEP, y en la que se les trasladó el protocolo por el servicio de prevención de riesgos, costes previstos por las medidas allí contempladas, teletrabajo, permisos, adaptaciones de horarios y dotación de material, entre otros. Estos sindicatos pudieron informar del protocolo, con todo detalle, a sus afiliados.

No estaría de más que tomara nota también de esta sentencia el letrado que, de forma torticera, pretendió liar todo intentando llevar el pleito al ámbito del Contencioso Administrativo y, con ello, demorar la reclamación, cuando lo que estaba a debate eran protocolos de actuación en materia de covid-19.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia le ha desmontado todos y cada uno de sus argumentos. A saber:

    - «Es a la orden jurisdiccional de lo social, al que se atribuye la competencia para conocer sobre la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas sobre el cumplimiento de las obligaciones legales o convencionales sobre Prevención de Riesgos Laborales, de forma plena, tanto si afecta a funcionarios como laborales 

    - Totalmente ilegal la expulsión del delegado sindical de USO de la reunión del Comité de seguridad y salud laboral, que se celebró en el Salón de Plenos, de donde le echaron al no estar convocado por no formar parte del Comité.

Concejal, se vino muy arriba en las explicaciones que dio en el pleno municipal, cuando el PSOE y el PRC le pidieron cuentas por su forma de proceder. Y no solo usted, también la alcaldesa, Gema Igual, que cerró filas en su defensa declarando que contaba con su «confianza plena».

Ahora toca dar marcha atrás, asumiendo, por un lado, que, por el camino que llevan contra USO —marginando a la organización y a sus dirigentes—, lo único que van a conseguir será la judicialización de todas las agresiones a las que nos sometan; y, por otro lado, la «declaración de la conculcación del derecho fundamental y libertad pública a la libertad sindical, declarar la nulidad radical de la conducta llevada a cabo el 5 de mayo de 2020, condenando al Ayuntamiento de Santander a indemnizar por ello al sindicato USO en la cantidad de 6 000 euros y al Sr. Mateos en la cantidad de 3 000 euros».

Y, por último, alcaldesa Gema Igual, ¿quién va a abonar estas indemnizaciones?, ¿lo hará el concejal Pedro Nalda o a pachas entre ustedes?

Espero que los grupos municipales les demanden la responsabilidad política que tiene este asunto, pero también la cuestión crematística, que 9 000 euros no son cosa de echar en el olvido. 

El concejal Pedro Nalda a la picota en el próximo pleno del Ayuntamiento de Santander

Los grupos municipales del PSOE y PRC van a pedir cuentas en el próximo pleno municipal de Ayuntamiento de Santander a la alcaldesa Igual y su adlátere concejal Pedro Nalda por el comportamiento antijuridico para con el sindicato USO y Delegado Sindical Jose Maria Mateos, comportamiento que le ha supuesto una condena del juzgado de lo Social N.º 5 por un delito de vulneración de los derechos fundamentales  y de libertad sindical, sentencia especialmente ajustada a derecho y que ha motivado la formulación de sendas preguntas por parte de la oposición municipal.

En ambos casos además de preguntar ante posibles recursos jurídicos se le va a pedir especialmente a la “alcaldesa, se pronuncie sobre el respaldo a Pedro Nalda en el caso del PRC y el PSOE si va a pedir disculpas publicas al delegado sindical de USO, a la vez que formulara una llamada para que cese con la represión que viene ejerciendo sobre sindicatos y personas, y una pregunta directa para ver quién va a abonar la sanción de 9.000 euros impuesta por el Juzgado”.

La verdad es que no tengo demasiada confianza en que Pedro Nalda vaya a cambiar en su comportamiento para con la sección sindical de USO y lo que es peor, que la alcaldesa perfectamente informada haga algo de provecho.

Vaya carrera que lleva el Concejal de Personal del Ayuntamiento de Santander Pedro Nalda.

Por si le fueran poco las sentencias recientemente ganadas por los sindicatos del ayuntamiento, la USO le ha imputado nueva condena por vulneración de los derechos fundamentales y de libertad sindical, con una sentencia del Juzgado de lo Social Nº5 que le ha dejado pocos recursos que justifiquen su actitud “antijurídica” para con el sindicato, una actitud que le va a costar al equipo de Gobierno abonar 9.000 euros como indemnización, por tanto, desatino y soberbia.

Solo hace falta echar un vistazo a la sentencia para ver como el concejal ha tratado al Delegado Sindical de USO Jose Maria Mateos (CHEMA) prohibiéndole ejercer sus funciones en el Comité de Seguridad y Salud Laboral en su condición de delegado sindical y hacerlo en un momento de gravedad como fueron las reuniones para tratar la reincorporación del personal y la realización de las pruebas PCR a toda la plantilla municipal.

 Por lo visto al concejal Nalda le estorba el sindicato tanto en las reuniones como en la videollamada que realizó la alcaldesa con el resto de fuerzas sindicales para informar sobre la crisis sanitaria, estorbo que le va a costar 9.000 euros al consistorio por vulneración de los derechos fundamentales y de libertad sindical y daños morales.

Confiemos que la alcaldesa Gema Igual tome nota y le haga pagar las indemnizaciones de su bolsillo y lo mas importante le repruebe el trato vejatorio que está haciendo a la USO impidiendo ejercer su trabajo de representación sindical desde una posición de igualdad frente al resto de los sindicatos.

Sección Sindical USO Ayuntamiento de Santander

Jose Mª Mateos Lopez 

 Los compañeros funcionariados en el proceso de 2010 están de enhorabuena: el Sr. Concejal de Personal, que hoy por fin se merece las mayúsculas, ha emitido una resolución en la que admite la existencia de cuantías mal detraídas en sus nóminas y entiende como iniciado el procedimiento de reconocimiento de la deuda para todos los afectados por la solicitud general presentada por CSIF el 16 de septiembre pasado, cuando no exista una solicitud anterior del propio interesado. En la misma resolución inadmite la solicitud formulada por USO, ya que en ésta se reclamaba la extensión de la sentencia para el personal municipal afectado, acto para el cual el ayuntamiento carece de competencia. Error nuestro, pues debido a nuestra torpeza no alcanzamos a distinguir entre extender la sentencia y hacerla extensible para todos, que es lo que solicitaban nuestros compañeros. Gracias a Dios que están ahí, más sabios, más altos y más guapos, lo que sin duda habrá sabido apreciar el Sr. Concejal de Personal, para evitar que errores de bulto de semejante calaña den al traste con las justas reivindicaciones de los trabajadores.

No nos queda claro si la solicitud de nuestros apuestos y eruditos compañeros ha sido admitida en su totalidad o solamente a efectos de iniciar el procedimiento. Piénselo bien, señor Nalda, ¡qué gesto de gallardía sería adherirse en todos sus puntos! Eliminar en su totalidad el CPT y restituir a los trabajadores la totalidad de los complementos absorbidos, independientemente de que estuvieran ligados a la antigüedad o no. Se nos eriza el vello y se nos saltan las lágrimas tan solo pensando en semejante hombría.

En fin, después de aplicarnos cilicio y penitencia, queremos señalar al ayuntamiento que, tal y como recoge el informe de su letrado, tiene la potestad de iniciar el procedimiento de revisión de oficio desde el momento en que tiene conocimiento de que está abonando cuantías inferiores a las que corresponde, y que no nos cabe duda, dada la sagacidad proverbial de su letrado, de que fue en el mismo momento en que se publicó la sentencia del Supremo. Tampoco estaría nada mal que lo hicieran, y sería lo más justo.

Vamos a recordar, por cierto, que el mérito de la recuperación del CPT es todo entero de una funcionaria andaluza que llevó su problema a los tribunales. No le corresponde a USO, que fue a los tribunales en Cantabria con menos suerte; y mucho menos a otros que ni siquiera se molestaron, como CSIF.

ENTRE FLOR Y FLOR.

Pedro Nalda Concejal de Personal TOMA NOTA

Con todo, la noticia del ayuntamiento, de la que la prensa se viene haciendo eco, es la problemática gestión de la contrata de parques y jardines. Aunque desde USO no vamos a entrar a valorar la gestión del servicio por parte del ayuntamiento, que no es nuestra competencia y parece que va a tener un largo recorrido, queremos hacer una puntualización  y delimitar la esfera de este problema. En contra de lo que se ha querido dar a entender, no se trata de que algún o algunos funcionarios hayan hecho mal su trabajo. El ayuntamiento ha incurrido durante años en una dejadez de funciones inadmisible, y nos referimos concretamente al deber de vigilar. Era función de la directora general, nombrada por el ayuntamiento, comprobar que la adjudicataria cumplía con las cláusulas del contrato. Parece que una redacción deficiente también le atribuía esa función al jefe de servicio, nombrado de forma interina por el ayuntamiento. En ambos casos, estas dos  personas son nombramientos efectuados directamente por los políticos, y son estas personas las que supuestamente han esquivado sus obligaciones de forma escandalosa. Y si hubiera más responsables, tal vez habría que buscarlos al otro extremo del dedo que los designó.