13 feb. 2015

La movilización social, un derecho de todos y para todo.


Al amparo de lo público se cometen muchas injusticias, incluso, negocios privados de los que se lucran los amigos del poder, no siempre legítimos o suficientemente justificados. Para resolver estos atropellos, siempre nos queda la justicia que en un estado democrático es el que pone orden, aunque en muchas ocasiones no sea a gusto de todos.
Frente a estas situaciones, esta mas que legitimada la protesta colectiva, - con la movilización en la calle - sin que en ella, se puedan ver retrocesos a derechos democráticos y ciudadanos.
La discrepancia siempre es sana, del contraste en las ideas siempre salen propuestas que con mayor o menor consenso, suelen ser aceptadas por los ciudadanos, sin que a estos se les deba restringir su derecho a mantener la posición critica, siempre dentro del orden democrático.
En nuestro país cuando votamos lo hacemos a un partido político, quien previamente ha colocado a su antojo una lista de candidatos por orden de su interés - haber hasta cuando - por lo que el ciudadano lejos de identificarse personalmente con el político de turno, lo hace con el partido, y sus decisiones presentes y futuras,  lo que al menos, hace posible para los que no les votaron,  puedan conservar el derecho intacto a la discrepancia.
Hace unos días leía en el DM que se estaba generalizando un " clima de individualismo creciente, y que el sentimiento solidario quedaba aletargado, incluso que algunas defensas de lo propio frente a lo común se disfrazaban de coartadas humanitarias o ambientalistas”. Se estaba refiriendo a las movilizaciones y protestas de la Senda Peatonal entre el Faro y la Virgen del Mar, a la licencia del teleférico de Cabarceno y la expropiación de la casa tapón en la Vaguada de las Llamas, tres problemas que justificaban según el autor, el apego insolidario frente al bien común.
Y a mí, me parece un poco exagerado ese forma de ver las cosas y mucho mas, cuando la crítica se dirigía a los movientos de izquierda, a quienes se les hacía responsable de todo, incluso de "frenar inversiones de la iniciativa privada" en Cantabria, exagerado porque las protestas, que yo sepa, se están haciendo sobre decisiones unilateralmente tomadas, sin dialogo previo y contraste de opiniones.
La senda peatonal la quieren todos pero no la actualmente diseñada, la señora Amparo quiere que se la respeten sus derechos y se la trate económicamente mejor, y el pueblo de Penagos no quiere verse perjudicado en sus intereses por un negocio privado sin una compensación suficiente.
Entonces ? donde está el egoísmo y las malvadas estrategias de los movimientos de izquierda, donde la insolidaridad para con los ciudadanos?.
En Cantabria, como en el resto de España se están abriendo nuevas forma de hacer política, están promocionándose nuevos movimientos ciudadanos que hartos de ver a los partidos políticos y a muchos de sus dirigentes, hacer las cosas al margen del dialogo, amparándose en la patente de corso que les dio un día de votación - por no decir hartos de tanta corrupción -  están toman la calle para decir basta y organizarse de cara a las próximas elecciones políticas, ciudadanos, que frente a tanta injusticia solo encuentran respuesta en la movilización, como paso previo a la recuperación de lo público para ellos.
Si se están haciendo cambios en la gestión de lo público, si se aprueban normas para informar sobre los recursos económicos del estado, si se va conociendo el enriquecimiento de muchos políticos a costa del dinero de todos, si las entidades bancarias empiezan a entender que los desahucios no son la única alternativa, si los jueces cada día, están dictando mas sentencias con mayor sensibilidad humana, o si los partidos políticos empiezan a preocuparse porque ya no se sienten legitimados, ni tan siquiera, por sus votantes más fieles, es precisamente por estos movientos ciudadanos, que como respuesta directa hasta la fecha lo único que han recibido es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que el Partido Popular acaba de aprobar en el Parlamento Nacional una ley que seguro será enmendada a golpe de sentencias judiciales y de mucho sufrimiento para los ciudadanos en su aplicación.
El derecho a la protesta, no debería quedar limitado. Los ciudadanos saben muy bien que cuando los miembros de la Plataforma Anti - desahucios se ponen frente a un domicilio para evitar  el alzamiento tienen la razón, cuando las mareas por la sanidad educación, etc. se movilizan, es porque están defendiendo los servicios públicos para sus legítimos dueños los ciudadanos, cuando se pide una nueva senda para el litoral de cabo mayor, es porque lo planeado es una chapuza medioambiental, en toda regla que no defiende nadie.
Y no se trata de mirarse el ombligo, para que no se hagan cosas a favor de la colectividad, se trata de que cuando se tomen iniciativas por parte de los “gestores de lo público” antes, se cuente con los ciudadanos y sus organizaciones sociales y sobretodo se respete el derecho a la discrepancia porque solo así, las medidas a tomar tendrán el consenso suficiente para hacerlas.

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