Al amparo de lo público
se cometen muchas injusticias, incluso, negocios privados de los que se lucran
los amigos del poder, no siempre legítimos o suficientemente justificados. Para
resolver estos atropellos, siempre nos queda la justicia que en un estado democrático
es el que pone orden, aunque en muchas ocasiones no sea a gusto de todos.
Frente a estas
situaciones, esta mas que legitimada la protesta colectiva, - con la movilización
en la calle - sin que en ella, se puedan ver retrocesos a derechos democráticos
y ciudadanos.
La discrepancia siempre
es sana, del contraste en las ideas siempre salen propuestas que con mayor o
menor consenso, suelen ser aceptadas por los ciudadanos, sin que a estos se les
deba restringir su derecho a mantener la posición critica, siempre dentro del
orden democrático.
En nuestro país cuando
votamos lo hacemos a un partido político, quien previamente ha colocado a su
antojo una lista de candidatos por orden de su interés - haber hasta cuando -
por lo que el ciudadano lejos de identificarse personalmente con el político de
turno, lo hace con el partido, y sus decisiones presentes y futuras, lo que al menos, hace posible para los que no
les votaron, puedan conservar el derecho
intacto a la discrepancia.
Hace unos días leía en
el DM que se estaba generalizando un " clima de individualismo creciente,
y que el sentimiento solidario quedaba aletargado, incluso que algunas defensas
de lo propio frente a lo común se disfrazaban de coartadas humanitarias o
ambientalistas”. Se estaba refiriendo a las movilizaciones y protestas de la
Senda Peatonal entre el Faro y la Virgen del Mar, a la licencia del teleférico
de Cabarceno y la expropiación de la casa tapón en la Vaguada de las Llamas,
tres problemas que justificaban según el autor, el apego insolidario frente al
bien común.
Y a mí, me parece un
poco exagerado ese forma de ver las cosas y mucho mas, cuando la crítica se dirigía
a los movientos de izquierda, a quienes se les hacía responsable de todo,
incluso de "frenar inversiones de la iniciativa privada" en Cantabria,
exagerado porque las protestas, que yo sepa, se están haciendo sobre decisiones
unilateralmente tomadas, sin dialogo previo y contraste de opiniones.
La senda peatonal la
quieren todos pero no la actualmente diseñada, la señora Amparo quiere que se
la respeten sus derechos y se la trate económicamente mejor, y el pueblo de
Penagos no quiere verse perjudicado en sus intereses por un negocio privado sin
una compensación suficiente.
Entonces ? donde está
el egoísmo y las malvadas estrategias de los movimientos de izquierda, donde la
insolidaridad para con los ciudadanos?.
En Cantabria, como en
el resto de España se están abriendo nuevas forma de hacer política, están promocionándose
nuevos movimientos ciudadanos que hartos de ver a los partidos políticos y a
muchos de sus dirigentes, hacer las cosas al margen del dialogo, amparándose en
la patente de corso que les dio un día de votación - por no decir hartos de
tanta corrupción - están toman la calle
para decir basta y organizarse de cara a las próximas elecciones políticas, ciudadanos,
que frente a tanta injusticia solo encuentran respuesta en la movilización,
como paso previo a la recuperación de lo público para ellos.
Si se están haciendo cambios
en la gestión de lo público, si se aprueban normas para informar sobre los
recursos económicos del estado, si se va conociendo el enriquecimiento de
muchos políticos a costa del dinero de todos, si las entidades bancarias empiezan
a entender que los desahucios no son la única alternativa, si los jueces cada
día, están dictando mas sentencias con mayor sensibilidad humana, o si los
partidos políticos empiezan a preocuparse porque ya no se sienten legitimados,
ni tan siquiera, por sus votantes más fieles, es precisamente por estos movientos
ciudadanos, que como respuesta directa hasta la fecha lo único que han recibido
es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que el Partido Popular acaba de
aprobar en el Parlamento Nacional una ley que seguro será enmendada a golpe de
sentencias judiciales y de mucho sufrimiento para los ciudadanos en su
aplicación.
El derecho a la
protesta, no debería quedar limitado. Los ciudadanos saben muy bien que cuando
los miembros de la Plataforma Anti - desahucios se ponen frente a un domicilio
para evitar el alzamiento tienen la
razón, cuando las mareas por la sanidad educación, etc. se movilizan, es porque
están defendiendo los servicios públicos para sus legítimos dueños los
ciudadanos, cuando se pide una nueva senda para el litoral de cabo mayor, es
porque lo planeado es una chapuza medioambiental, en toda regla que no defiende
nadie.
Y no se trata de
mirarse el ombligo, para que no se hagan cosas a favor de la colectividad, se
trata de que cuando se tomen iniciativas por parte de los “gestores de lo
público” antes, se cuente con los ciudadanos y sus organizaciones sociales y
sobretodo se respete el derecho a la discrepancia porque solo así, las medidas
a tomar tendrán el consenso suficiente para hacerlas.
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