Confío en
que UGT y CCOO, que el pasado mes de noviembre dieron su visto bueno a la
propuesta de presupuesto regional para 2026, hayan reconsiderado su posición
tras la prórroga aprobada. Las organizaciones sindicales no deberían guardar
silencio ante una decisión que no es neutra ni técnica, sino profundamente
política y con consecuencias claras para la clase trabajadora y la ciudadanía.
La falta de
un nuevo presupuesto no responde a una imposibilidad económica, sino a la
ausencia de diálogo y negociación por parte del Gobierno regional. Prorrogar
las cuentas supone renunciar al debate democrático sobre las prioridades reales
de Cantabria en un contexto social y económico que ha cambiado.
Un
presupuesto prorrogado congela políticas públicas, frena inversiones y limita
el refuerzo de servicios esenciales como sanidad, educación, dependencia,
vivienda y empleo público, justo cuando el coste de la vida aumenta y las
necesidades sociales se agravan.
Esta
situación perjudica a los trabajadores, debilita los servicios públicos, frena
la economía regional y dificulta el desarrollo de políticas sociales
necesarias. Además, empobrece el debate democrático, ya que el presupuesto es
la principal herramienta para definir un proyecto de gobierno.
Es por eso por
lo que desde el ámbito sindical la denuncia de esta parálisis no puede
justificarse en nombre de la estabilidad. El diálogo es una obligación
democrática. Cantabria necesita un presupuesto actualizado, negociado y
socialmente responsable, porque al final prorrogar las cuentas siempre supone prorrogar
los problemas.
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