1 feb. 2017

Ecomasa entre todos la mataron y ella sola se murió.

 
A los trabajadores de la extinta Ecomasa se les van cerrando todas las puertas. Cada día que pasa se van quedando más solos, sin apoyos, y lo que es peor sin argumentos para conseguir recuperar las indemnizaciones que se vieron obligados a poner en el fiasco de Néstor Martin para conservar el trabajo.
 
Primero fue la connivencia del Gobierno Regional de aquel entonces presidido por Ignacio Diego con Teka Industrial para quitarse de enmedio la presión sindical ante el desmantelamiento de la sección de cocinas, connivencia y en buena medida engaño que alcanzo no solo a los trabajadores afectados,  sino a los sindicatos y comité de empresa que después de una prudente movilización, vieron en la oferta de Ecomasa una salida a la deslocalización de un producto totalmente rentable y solo ejecutada por criterios de rentabilidad empresarial, aunque con ello volvieran a dar otro mordisco a la industria cántabra.
 
Luego llegaría la justicia con sentencias reiteradas declarando “fortuita” la crisis de Ecomasa y con ello procedente los despidos de todas y cada una de las reclamaciones presentadas - tanto colectivas como individuales - cerrando cualquier salida a posteriores demandas tanto en primera instancia como en tribunales superiores.
Y por si esto fuera poco, también se le han ido cerrando las puertas a los trabajadores por parte de las instituciones, del ICAF y Sodercan, que siempre navegando entre dos aguas han conseguido quedarse al margen de toda responsabilidad, después de haber sido ellas quienes aportaron argumentos y financiación para la puesta en marcha de Ecomasa, instituciones no solo administradas por el gobierno de turno, sino por importes representantes de sindicatos, patronal y personas de prestigio, que hasta la fecha están callados, quizá a la espera de ser convocados por la Comisión de Investigación Parlamentaria, para aportar las razones que les movieron apoyar esta iniciativa empresarial. Ya veremos si hablan claro y alto, o también se esconden entre informes inútiles que ya han demostrado su ineficacia .
 
Organismos de prestigio que desde el principio, salieron corriendo a los juzgados hasta conseguir que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria considerase “inadmisible” las ultimas reclamaciones de los trabajadores con el argumento fácil de haber sido “cosa juzgada”, mientras que por otra parte Sodercan, en un claro intento de lavarse la cara, presentaba una denuncia ante el juzgado derivando la responsabilidad sobre los empresarios Jesús Lavín y Andrés de León, hasta la fecha libres de polvo y paja.
 
Y más tarde, infinitamente más tarde, la Intervención Judicial, dedicada a ejercer de liquidadora y a mal vender los escasos activos que tampoco según parece tampoco alcanzaran para cubrir los 3,2 millones de euros que pusieron los trabajadores, Intervención Judicial que bien pudiera haberse manifestado con más claridad antes que los juzgados hubieran desestimado las demandas de los trabajadores, y no ahora que según parece han presentado ante el Juzgado de lo Mercantil, informe por el que declara como únicos responsables a Jesús Lavín y Andrés de León entre otras cuestiones por la descapitalización de Ecomasa Santander a favor de otras empresas del grupo, pero al final tarde para la defensa de los trabajadores.
 
Y ya puestos abandonar a los trabajadores, tampoco se ha quedado atrás el gobierno de Miguel Ángel Revilla quien con todo un plan de viabilidad elaborado a su instancia por la prestigiosa empresa vasca HUB Advisory Partners SL, le dio otro soberano portazo a las expectativas de los trabajadores instando su liquidación y confirmando con ello la inviabilidad de Ecomasa que nació como un importante referente para la recuperación de la industria de Cantabria y acabo como un engaño a 80 trabajadores y un fraude de 21 millones de euros imposibles de recuperar y que quedaran sobre las espaldas de todos los cántabros.
 
Y ahora por quedar, solo queda la Comisión de Investigación Parlamentaria, una iniciativa creada a instancias de Podemos y que establecerá las responsabilidades políticas de los Gobiernos Regionales que tan mal han gestionado este fracaso, responsabilidades políticas que a la altura que estamos parecen claras en la mala gestión del gobierno del Partido Popular de Ignacio Diego y en el gobierno actual incapaz de dar una salida decente a los trabajadores facilitándoles ayudas al empleo y porque no restituirles las indemnizaciones que con engaño y extrema necesidad por un empleo pusieron los trabajadores.
 
Abrir nuevas expectativas judiciales una vez el Juzgado de lo Mercantil resuelva la suspendían de pagos, no se si será posible, pero que estos trabajadores se merecen una solución por parte de la administración que fue quien les embarco en esta liada es más que necesaria, así que tome buena nota esa Comisión Parlamentaria y aunque nada mas sea a mera recomendación no estaría de más incorporarla entre sus conclusiones.

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