Solidaridad sin planificación. Cartes como símbolo de una mala decisión política

 

“A llorar a Pedro Sánchez, los menores inmigrantes no acompañados que corresponden a Cantabria, que se los coman con patatas los socialistas que gobiernan Cartes”.

Este parece ser, en esencia, el argumento con el que la presidenta Buruaga pretende justificar la atención a los menores inmigrantes no acompañados en Cantabria. Un planteamiento que no solo resulta frívolo, sino que se sitúa claramente al margen del marco normativo vigente, que obliga a las comunidades autónomas a actuar conforme “al interés superior del menor y a valorar de forma objetiva la capacidad real de los territorios para garantizar sus derechos, su integración y su desarrollo personal”.

Conviene dejar claro, antes de nada, que la elección de Cartes puede ser defendible desde una óptica estrictamente solidaria. No tengo dudas de que una parte importante de la ciudadanía del municipio responderá con generosidad y acogida hacia estos jóvenes. Sin embargo, la solidaridad, por sí sola, es un valor insuficiente cuando se trata de diseñar políticas públicas con vocación de futuro.

La normativa que regula la acogida de menores no acompañados es clara y exigente. En primer lugar, se requiere la existencia de servicios especializados, profesionales con experiencia y una red de recursos ya operativa que permita una intervención inmediata y eficaz. Y, en este punto, todo indica que Cartes carece de una dotación suficiente.

En segundo lugar, resulta imprescindible garantizar una atención integral que incluya educación, sanidad y apoyo psicológico, además de refuerzos lingüísticos y servicios sanitarios especializados. Todo ello exige mayores dotaciones presupuestarias y estructuras que, a día de hoy, dependen en gran medida de municipios cercanos, lo que añade complejidad y fragilidad al modelo.

Desde una perspectiva socioeconómica, centrada en las oportunidades formativas y prelaborales, la situación es igualmente preocupante. Cartes no dispone de centros de formación profesional ni de programas sólidos de inserción laboral, elementos clave para acompañar a estos menores en su transición hacia la vida adulta.

Tampoco ayuda el reducido tamaño y la población del municipio. Lejos de favorecer la integración, esta circunstancia aumenta la visibilidad de los menores, dificultando que se diluyan en el entorno social y elevando el riesgo de estigmatización, lo que puede entorpecer gravemente un proceso de convivencia normalizada.

Por todo ello, resulta difícil comprender las decisiones adoptadas por la administración regional. No sorprende, en absoluto, que la alcaldesa de Cartes haya alzado la voz para exigir explicaciones y conocer los criterios objetivos que llevaron al Gobierno de Cantabria a seleccionar su municipio como lugar de acogida.

A la vista de los hechos, parece razonable —y necesario— que el Parlamento regional abra un debate profundo y riguroso sobre esta y otras situaciones futuras. Solo así se podrá garantizar que los territorios elegidos para la atención de menores inmigrantes no acompañados reúnan las condiciones de idoneidad que, hoy por hoy, Cartes claramente no tiene.

Muchas felicidades para mi amigo y compañero sindical

Quiero felicitar a mi amigo y compañero sindical José María “Chema” Mateos López por su reciente nombramiento como responsable de la Acción Sindical a nivel nacional de la FAC-USO.

Este nuevo paso se da tras la celebración del Consejo Federal Extraordinario de la FAC-USO, un encuentro clave en el que se aprobaron las enmiendas al Programa de Acción, a los Estatutos Confederales y a la estrategia sindical de cara al próximo 13.º Congreso Confederal de la USO. En ese marco, el Consejo Federal aprobó por unanimidad su incorporación a la Comisión Ejecutiva Federal, asumiendo la Secretaría de Acción Sindical.

Quienes conocemos a Chema sabemos que este nombramiento no es casual. Es el reconocimiento a muchos años de compromiso, trabajo constante y lealtad a los valores de la Unión Sindical Obrera. Desde Cantabria ha sido siempre un referente de cercanía a las personas trabajadoras, de seriedad en la acción sindical y de defensa firme de los derechos laborales.

Chema ha demostrado sobradamente su implicación con el proyecto federal de FAC-USO y un profundo conocimiento de la organización. Por eso, este nuevo reto llega en un momento clave, en el que su experiencia será fundamental para reforzar la acción sindical, coordinar esfuerzos y seguir avanzando en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, especialmente en los sectores de la sanidad y de las administraciones públicas.

Desde lo personal, me alegra especialmente ver cómo una persona comprometida, honesta y trabajadora da este paso adelante para poner su experiencia al servicio de toda la Federación. Estoy seguro de que realizará un gran trabajo y de que este nombramiento fortalece a FAC-USO y al conjunto de nuestra organización.

Enhorabuena, Chema, y mucho ánimo en esta nueva etapa. 

Félix Dorronsoro, militante ejemplar de la USO

 

Conocí a Félix Dorronsoro en el seno del sindicato USO, donde desde el primer momento destacó por su firme compromiso con el movimiento obrero y por su participación activa en la lucha contra la dictadura franquista, en un contexto de represión y clandestinidad.

A lo largo de los años, fueron muchas las ocasiones en las que compartí con él espacios de reflexión y debate, no solo sobre sindicalismo y política, sino también sobre la realidad social y laboral de su entorno. En su localidad, Legazpi (Donostia), fue siempre una persona reconocida y respetada por su militancia constante en defensa de los derechos de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos.

Desde sus orígenes en la HOAC, Félix vinculó toda su trayectoria militante a la USO, sindicato al que se incorporó en 1958. Participó en reuniones clandestinas y fue parte fundamental del proceso organizativo que dio lugar a la implantación de la USO en el País Vasco.

Formó parte de la redacción de la Carta Fundacional de la USO y, desde 1963, fue miembro del jurado de empresa en Patricio Echevarría. En 1967 fue detenido durante la manifestación unitaria del Primero de Mayo en Ordizia, siendo posteriormente condenado a dos años de prisión por el Tribunal de Orden Público por desobediencia y manifestación ilegal.

Permitirme que destaque, junto a su firme compromiso sindical y político, su calidad humana y su modestia personal, que le acompañaron siempre incluso en los momentos más difíciles. Félix Dorronsoro fue y seguirá siendo un referente de militancia sindical coherente y comprometida, mantenida hasta el final de su vida.

Mi más sentido pésame a su familia, amistades y compañeros y compañeras.

Descansa en paz, compañero Dorronsoro.

Santander 2026: promesas en conserva

 

El pasado 7 de enero, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, decidió que dos páginas de El Diario Montañés eran el espacio adecuado para recordar a la ciudadanía todo lo que, supuestamente, piensa hacer… algún día. A mitad de mandato, eso sí. Un detalle menor.

El ejercicio fue el de siempre: mezclar proyectos locales con iniciativas regionales y estatales, agitarlo todo bien y presentarlo como gestión propia. Así, aparecieron en el mismo saco el Reina Sofía–Archivo Lafuente, el Faro de Santander del Banco de Santander o el Parque Científico, como si el presupuesto municipal hubiera pagado algo más que licencias y trámites administrativos.

También hubo sitio para las obras “eternas”: Gamazo, Puerto Chico, la Horadada, REMA… esas que se anuncian en bucle porque nunca terminan de llegar. Obras necesarias, sin duda, pero tan aplazadas que ya forman parte del paisaje electoral.

No faltaron las promesas imprecisas: el PGOU, el recinto ferial con fecha aplazada a 2027, Mataleñas y su conflicto permanente con los vecinos de Cueto, viviendas sociales en El Alisal, la integración ferroviaria, el Racing y, como novedad, un aparcamiento disuasorio en la S-20 del que no se sabe nada, salvo que queda muy bien en un titular.

En resumen, un catálogo de promesas en conserva, recicladas legislatura tras legislatura, que sirven más para llenar páginas de prensa que para transformar la ciudad. A mitad de mandato, la alcaldesa no presentó un balance de gestión, sino un avance de campaña. Otra vez.

La modernización del SMTU no puede hacerse sin sus trabajadores

Nacho Goñi Delegado
Sindical
USO - SMTU

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado recientemente la licitación de un nuevo contrato administrativo ligado al Servicio Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). No estamos ante una simple renovación técnica o la compra de vehículos, sino ante un proceso que supone un cambio profundo en el modelo de gestión del transporte público en la ciudad, con efectos directos sobre su organización, control y futuro.

Este proceso se está desarrollando en un contexto inaceptable desde el punto de vista laboral y democrático: mientras se adoptan decisiones estratégicas que afectan al SMTU, sus trabajadores siguen excluidos de la Mesa General de Asuntos Comunes del Ayuntamiento, el órgano donde se negocian las condiciones generales del personal municipal.

Ante esta situación, USO ha sido el único sindicato que ha alzado la voz, tanto pública como judicialmente, para exigir la presencia de los trabajadores del SMTU en dicha Mesa. No existe justificación legal para esta exclusión. El SMTU es un servicio municipal, de naturaleza pública, y su plantilla no puede ser tratada como personal de segunda ni quedar al margen de los espacios donde se decide su futuro laboral.

La gravedad de esta situación aumenta cuando, de forma paralela, se impulsan movimientos orientados a un posible cambio del modelo de gestión del SMTU hacia una empresa pública. USO ha advertido desde el primer momento que cualquier modificación jurídica o estructural tiene consecuencias directas sobre los derechos laborales, la negociación colectiva, la estabilidad en el empleo y el control público del servicio.

El silencio del resto de organizaciones sindicales contrasta con la postura firme de USO, que defiende que no se puede transformar un servicio público esencial sin contar con su plantilla, ni avanzar en cambios estructurales mientras se mantiene a los trabajadores fuera de los órganos generales de negociación.

Procesos similares ya se están dando en otras ciudades, como Burgos, lo que evidencia una tendencia preocupante: reorganizar la movilidad urbana desde los despachos y los contratos, reduciendo la participación real de las plantillas y debilitando la negociación colectiva.

Desde USO lo decimos con claridad: no puede hablarse de modernización, eficiencia ni control público mientras se excluye a los trabajadores del SMTU, se impulsan cambios de modelo sin diálogo y se ignora a la representación sindical.

La defensa del transporte público es inseparable de la defensa de quienes lo hacen posible cada día. No habrá una movilidad moderna y sostenible sin participación, derechos laborales y negociación real. Y hoy por hoy, en Santander, solo USO está exigiendo esto de forma clara y pública.

Seccion Sindical USO - SMTU
 

Sin diálogo no hay presupuesto para Cantabria, y sin presupuesto pierde la ciudadanía

 

Confío en que UGT y CCOO, que el pasado mes de noviembre dieron su visto bueno a la propuesta de presupuesto regional para 2026, hayan reconsiderado su posición tras la prórroga aprobada. Las organizaciones sindicales no deberían guardar silencio ante una decisión que no es neutra ni técnica, sino profundamente política y con consecuencias claras para la clase trabajadora y la ciudadanía.

La falta de un nuevo presupuesto no responde a una imposibilidad económica, sino a la ausencia de diálogo y negociación por parte del Gobierno regional. Prorrogar las cuentas supone renunciar al debate democrático sobre las prioridades reales de Cantabria en un contexto social y económico que ha cambiado.

Un presupuesto prorrogado congela políticas públicas, frena inversiones y limita el refuerzo de servicios esenciales como sanidad, educación, dependencia, vivienda y empleo público, justo cuando el coste de la vida aumenta y las necesidades sociales se agravan.

Esta situación perjudica a los trabajadores, debilita los servicios públicos, frena la economía regional y dificulta el desarrollo de políticas sociales necesarias. Además, empobrece el debate democrático, ya que el presupuesto es la principal herramienta para definir un proyecto de gobierno.

Es por eso por lo que desde el ámbito sindical la denuncia de esta parálisis no puede justificarse en nombre de la estabilidad. El diálogo es una obligación democrática. Cantabria necesita un presupuesto actualizado, negociado y socialmente responsable, porque al final prorrogar las cuentas siempre supone prorrogar los problemas.

Cuando el brindis se rompe: el malestar laboral irrumpe en la Navidad municipal

 

Lo sucedido durante la copa de Navidad del pasado 23 de diciembre, organizada como cada año por la alcaldesa de Santander, no puede despacharse como una simple anécdota incómoda ni como una falta aislada de cortesía institucional. Lo ocurrido no habla de modales: habla de conflicto laboral.

El abandono del acto durante el discurso de Gema Igual por parte de personal funcionario, convocado por las organizaciones sindicales, fue ante todo un síntoma. Y los síntomas no se corrigen con reproches sobre el momento o el lugar, sino abordando la causa que los provoca.

El incumplimiento reiterado de acuerdos firmados hace tiempo —especialmente los que afectan a la Policía Local y a otros colectivos municipales— ha sido la gota que ha colmado el vaso. No se trata de un desacuerdo puntual, sino de una acumulación de compromisos incumplidos y de una paciencia agotada.

Los actos navideños en la administración se presentan habitualmente como espacios de reconocimiento, concordia y balance de fin de año. Pero cuando una parte significativa de la plantilla decide levantarse y marcharse, el mensaje es inequívoco: la brecha entre el discurso institucional y la realidad laboral resulta ya insostenible. El silencio forzado ha dado paso a un gesto colectivo y visible.

Resulta cómodo calificar lo ocurrido como una protesta inapropiada o como una instrumentalización de un acto institucional. Esa lectura, sin embargo, evita deliberadamente el fondo del problema. Nadie boicotea un acto simbólico por capricho. Antes se han recorrido —sin éxito— los cauces de negociación, o se han encontrado cerrados de facto. El conflicto no nace en la copa de Navidad; simplemente se hace evidente allí.

La autoridad institucional no se impone reclamando respeto en abstracto, sino cumpliendo acuerdos, negociando de buena fe y escuchando a quienes sostienen día a día los servicios públicos. Cuando las decisiones se perciben como unilaterales, las reivindicaciones se cronifican y el diálogo se reduce a un trámite, el conflicto acaba encontrando su escenario, por incómodo que resulte.

El boicot incomoda, sin duda. Pero debería incomodar más que se normalice una gestión municipal alejada de su plantilla. Si la respuesta se limita a criticar las formas sin revisar el fondo, los brindis seguirán siendo vacíos y el malestar, permanente.

Quizá la verdadera falta de espíritu navideño no fue levantarse durante un discurso, sino permitir que se llegara a ese punto sin haber escuchado antes a quienes llevan demasiado tiempo esperando respuestas.