El ultimo servicio del CES a la democracia en Cantabria

Ahora resulta que el Plan de Sostenibilidad de la Administración que aprobó el gobierno el dieciséis de febrero pasado, en su inmensa mayoría, corresponde a decisiones políticas que no necesitaban de informes del CES, por ser materias de simples instrucciones internas del gobierno, unas, para mejor contabilizar sus presupuestos, otras por estar sujetas a textos de convenios colectivos, o simplemente porque son normas  que no modifican ningún precepto con rango de Ley, vamos que bien se podían haber ahorrado tanto debate y ruido institucional.

Pero claro, este plan de Sostenibilidad - lejos de invadirlo todo y a todos - lo que si esta pretendiendo, entre otras, es cerrarle la boca al Consejo Económico y Social, callar su voz, para que desde su mayoría parlamentaria, pueda gobernar sin dar el derecho democrático, a opinar sobre sus decisiones.

Dos son los argumentos que esgrime el gobierno para su portazo, de una parte el marco de relaciones que tiene abierto con los sindicatos y patronal a través de la siempre discutida concertación social, y de otra, el coste económico de su funcionamiento, dos argumentos que el dictamen del CES desmonta sin apenas remangarse.

El primero recordando que el CES es fruto de una Ley y como tal debe ser tratado a la hora de suspender sus funciones, segundo porque el consejo tiene además de los agentes sociales en su seno, un grupo tercero de expertos independientes que representan a la sociedad civil no organizada por lo tanto, una pluralidad representativa que supera la mesa de concertación, y por ultimo, que el propio consejo siendo consecuente con la situación de crisis económica ha realizado una propuesta de reducción del coste económico al mínimo para su funcionamiento, una reducción por la que los consejeros por unanimidad “renuncian temporalmente a la percepción de las indemnizaciones por asistencias a las reuniones legalmente establecidas” lo que limita su gasto prácticamente al salario  de las dos secretarias y poco mas, por lo tanto bueno será que el gobierno vaya buscando nuevos argumentos porque estos no valen.

Por eso no es de extrañar que desde su dictamen – ultimo servicio a la democracia regional si alguien no lo remedia – haya puesto a caldo a la famosa “Ley de Medidas Administrativas, Económicas  y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria” - que así se llama - lo que para los ciudadanos de a pie ha quedado como la ley de los Recortes Sociales, por cierto, una ley que el CES ha dictaminado sin saber muy bien si sus medidas de ahorro son tales o simples restricciones de derechos sociales, o que entre sus decisiones no se este vulnerando derechos a la negociación colectiva, o que entre el batiburrillo de artículos no se pretenda recortar todavía mas derechos consolidados de los funcionarios, o lo que es mas curioso como se abre la puerta a la contratación temporal, para sustituir personal funcionario.

En fin, un dictamen - que confío lea con atención - el todo poderoso Partido Popular de Cantabria y le haga rectificar la forma de gobernar y hacer política, porque, por este camino solo van al precipicio y lo que es peor, nos estarán llevando también a nosotros.