En
el mes de abril de 1990 se firmo el primer Plan de Empleo Regional entre el Gobierno
de Cantabria presidido por el siempre polémico y discutido Juan Hormaechea Cazón,
los sindicatos UGT, CCOO y la patronal CEOE, un plan de empleo que nació
enfrentado a una enorme polémica con los partidos políticos y con la USO, que se
vio obligada a recurrir a los tribunales, entre otros, la aplicación de proporcionalidad
en el reparto de las subvenciones con que estaba dotado.
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| Juan Hormaecha Cazon Presidente de Cantabria y vaya que Presidente |
Las
relaciones políticas de aquel entonces eran de bronca diaria, por una parte, el
personalismo que ejercía Hormaechea a la hora de hacer política, que traía a
los partidos principalmente PSOE y PRC por la calle de la amargura, incapaces
de ganarle en la batalla del voto, y por otra los sindicatos mayoritarios que
hábilmente se aprovechaban de la situación apoyando con su firma, un plan de
empleo que para la imagen de Hormaechea resultaba vital, evidentemente a cambio
de una muy buena inyección económica.
Cuando
la USO afronto esta demanda judicial, era consciente de la utilización que iban
hacer los partidos políticos, y mucho más si al final se nos estimaba aunque
fuera parcialmente - como así fue - pero nosotros no podíamos más que correr
ese riesgo de manipulación, si no queríamos que los dineros públicos, todos los
dineros, fueran a caer en manos de los sindicatos UGT, y CCOO, no hacerlo,
hubiera supuesto abrirles la puerta por la que recibirían, año tras año un buen
chorro de dinero.
Paralelamente
a la demanda judicial pusimos en marcha un proceso de negociación con los
partidos políticos del parlamento, para que fuera en ese marco donde se
negociara el plan de empleo y revisara la concesión de las ayudas económicas a
los sindicatos, iniciativa que enseguida fue asumida por todos, incluso por la
CEOE que hasta la fecha había estado con un silencio mas que prudente.
Con
la solicitud de paralización cautelar, el juzgado en apenas treinta días, lo dejo
sin efecto, y con ello a la toda poderosa comisión de seguimiento que se había atribuido
capacidad infinita para distribuir los recursos económicos a la carta, la
oferta pública de empleo - que sin duda hubiera provocado un coladero para los
afiliados a los sindicatos firmantes - y la partida económica destinada a la
formación profesional y el reparto de los hogares del productor.
Jaime
Blanco en nombre del PSOE, no tardo mucho en ofrecer a los sindicatos firmantes
la colaboración de su partido para llevar al debate del plan de empleo a
los presupuestos regionales, bien por
vía de enmiendas, o por consenso a través de un nuevo plan, ofrecimiento que fue
rechazado por los sindicatos, y por el Consejero de Industria Gonzalo Piñeiro,
medio escondido en la contradicción de impulsar el plan o quedarse al margen
hasta que la resolución judicial saliera, al final el consejero tiro para
adelante, atropellando con ello a la USO que se vio obligada a pedir
oficialmente su dimisión, ante el grupo
parlamentario popular que amparaba a Hormaechea en aquel momento, dimisión que
fue contestada por Piñeiro reclamando
ante los tribunales una indemnización de 100.000 pesetas diarias por cada uno
de los días que el plan estuviera parado, dos millones a la fecha que el
juzgado resolvió.
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| Gonzalo Piñeiro Consejero de Industria |
La
sentencia definitiva no tardo en salir y en apenas cuatro meses, el ponente del
tribunal Francisco José Navarro Sanchis estimo parcialmente nuestra demanda y
reconoció nuestro derecho a participar en la formación profesional, a percibir
patrimonio sindical y subvenciones proporcionalmente a la representación
sindical, lo que no estimo fue la participación del sindicato en la comisión de
seguimiento, que como estaba previsto tomo decisiones graves que tuvimos que
recurrir judicialmente con sentencias diversas.
Esta
sentencia judicial, fue decisiva para la defensa de nuestros derechos, también
en otras comunidades autónomas, se
trataba de la primera sentencia dictada por un Tribunal Superior de Justicia, a
nuestro letrado Francisco Rosales Cuadra se le debe este magnífico triunfo
sindical, que produjo un antes y un después para los temas de subvenciones
económicas a los sindicatos.
Y
después de tantos años de diálogo social - demasiadas veces ineficaz - por fin
en Cantabria los pactos de concertación van a estar regulados por una Ley,
enhorabuena por ello, y a esperar que el parlamento regional apruebe la ley que
obligue al Gobierno Regional de turno a negociar la concertación con CEOE, CCOO
y UGT, ley que le costo el cargo de Secretario General a mi amigo Nacho Pérez
de la UGT empeñado en sacar adelante un pacto regional que pusiera fin a los
condicionantes que año tras año (a la fecha más de 25 años) se daban en estas
negociaciones y acuerdos.
Esperemos
que el acuerdo pactado para el periodo 2015 – 2019 sea de verdad fructífero
para la región, y la ley que se anuncia sea lo suficientemente amplia que no
deje a las otras organizaciones al margen, por lo que respecta a la USO, esta
noticia la coge con los deberes hechos incluso con una propuesta de Ley
elaborada y entregada si no recuerdo mal al Consejero de Presidencia Sr
Mediavilla del gobierno de coalición anterior.
La conflictividad social en Cantabria, la
crisis económica y la reindustrialización
Que
los sindicatos teníamos problemas a la hora de ponernos de acuerdo entre
nosotros no es ninguna novedad, lo es ahora y lo era antes, incluso cuando los
problemas nos llegaban al cuello. Esa era la situación que vivíamos los
sindicatos de Cantabria ante la convocatoria de la Huelga General del 12 Marzo
de 1992, huelga general en la que todos coincidíamos, pero en la que fuimos
incapaces de ponernos de acuerdo.
La
USO situó perfectamente las causas que la motivaban. La necesidad de un plan
industrial de ámbito regional, que resolviera la grave crisis que estábamos
padeciendo principalmente en el sector de la industria, pero también en la
ganadería y en el sector de los servicios, crisis que cerraba empresas sin que
pareciese tuviera fin, y lo que es peor, sin alternativas y propuestas por parte
del gobierno regional y los partidos políticos.
La
USO intento el acercamiento a UGT y CCOO
convencido de que la huelga abría una
larga pelea sindical en el tiempo - como así fue - pero de nada sirvió, la cola
de la manifestación fue lo único que nos ofrecieron - una vez más – acompañada
de la consabida ración de prepotencia y soberbia de la que hacían gala los
sindicatos mayoritarios, arrogancia imposible de asumir, y que a la postre
provocaría la celebración de cuatro manifestaciones – dos en Santander y dos en
Torrelavega – para una jornada de huelga general con propuesta similares, solo separados
por el afán de protagonismo de los “mayoritarios”.
Al
final USO, CSI-CSIF, SU, CGT, STEC y FSIE, convocamos unitariamente, mientras
que UGT y CCOO lo hicieron por separado, aunque el esperpento donde se pudo
comprobar con mas crudeza fue en las manifestaciones, por la mañana en
Torrelavega, desfilando en paralelo, con evidente descontento, y por la tarde en
Santander también en dos manifestaciones por el mismo itinerario con media hora
de distancia, para al final unos finalizar en Plaza de Pombo y otros frente a
la Delegación del Gobierno. Esta sin razón, no empaño el efecto de la huelga
y el
Gobierno Regional de Juan Hormaechea y los partidos políticos, tomaran
buena nota, llevando al parlamento regional a través del PRC una interpelación que
instaba la elaboración de un “plan de reindustrialización, lo mas consensuado
posible”, a instancia del Consejero de Industria de aquel entonces, Francisco
Pernia.
Y
asi, con mucho ruido, acusaciones de oportunismo, de confrontación política, se
mantuvo durante todo el año 1992, por nuestra parte apostamos muy fuerte a
favor del Parlamento de Cantabria como marco de negociación, incluso llegamos a
firmar un Acuerdo para la elaboración del Plan Industrial, entre los diputados
José Antonio Arce Bezanilla del Partido Popular, Miguel Ángel Palacio por el
PSOE, Rafael de la Sierra del PRC, Antonio Saiz Pi por USO y José Jiménez
Blázquez de CSI – CSIF.
UGT
y CCOO desplegaron toda su batería, escasamente diplomática, para confrontar
con esta iniciativa, en primer lugar contra el PSOE a quien acusaron de tener
manía persecutoria a Hormaechea, a los sindicatos especialmente a la USO y al
resto de los partidos, aunque en ello les fuera perder de vista la realidad de
crisis industrial y económica en que vivía la región.
Pronto
las contradicciones en el Partido Popular se harían muy patentes, de una parte el
Consejero de Industria Pernia, elaborando el plan de reindustrialización - que
no contaba con el concurso del presidente Hormaechea - y de otra
el Diputado José Luis Vallines, poniendo cataplasmas a una relación que
ya estaba muy deteriorada, al final, el consejero de industria anuncio la
inclusión de una importante partida económica en los presupuestos de aquel año
1992, condicionada al acuerdo entre el gobierno y sindicatos mayoritarios, solución
final que no contento a nadie y dio carpetazo a la propuesta que USO y CSIF
habíamos hecho en el parlamento con los partidos políticos.
Pero
no hay dos sin tres y en el verano de 1992, visto que Hormaechea no se ponía a la faena en la
elaboración del Plan de Reindustrialización los sindicatos mayoritarios y
partidos políticos de la oposición, iniciaron nuevas movilizaciones que fueron atajadas
por el presidente haciendo responsable
directo de la situación al gobierno socialista central, quien a su vez recordó las
atribuciones de las autonomías en materia de industrialización y la dotación
del Fondo de Compensación Ínter territorial con unos 1.290 millones de las
antiguas pesetas.
Y
por fin se sentaron a la mesa regional, casi un año después de la huelga
general todos excepto el PP y CEOE, que quedaron a la espera de un informe de
la Universidad de Cantabria, decisión que no ayudo nada y que el PSOE aprovecho
para hacer también mutis por el foro y vuelta a empezar,, nuestro sindicato dio
por cerrado este triste episodio publicando un articulo “Una Concertación
Social a la carta” en el que denunciábamos los despropósitos e incoherencias en
un momento grave de nuestra economía
regional, reivindicando la puesta en marcha del Consejo Económico y Social
constituido legalmente pero no dotado de medios para su funcionamiento.
Los Planes de Desarrollo Regional y
la Unión Europea
Durante
algún tiempo estuvo reuniéndose la “mesa de crisis” en el parlamento regional sin
que alcanzara acuerdos de importancia, reuniones y pactos políticos que quedarían
relegados a los Planes de Desarrollo Regional, como era de esperar, el
Presidente Hormaechea se volvió a quedar solo en la elaboración de estos
planes, frente al gobierno central – único legitimado para presentarlos ante la
Unión Europea - y lo que debió ser propuestas unitarias de toda la sociedad
Cantabria ante el gobierno central, se
convirtió una vez más en confrontación, por lo que se perdió el reconocimiento
de Objetivo 1 para Cantabria y con ello pérdidas cuantiosas en nuevas
inversiones.
Y
vuelta a la manifestación, el 25 de noviembre 1993, con movilizaciones a nivel
nacional y especialmente en Cantabria, donde la crisis económica y su
repercusión en la industria se estaba llevando por delante muchas empresas, los
sindicatos volvimos a marchar separados, esta vez UGT y CCOO centraron su
convocatoria en Santander, mientras que USO, CSI-CSIF, FSIE y SITAS, lo hicimos
en Torrelavega, saliendo a la calle para recriminar con fuerza también el
comportamiento de los sindicatos mayoritarios que se permitían el lujo de
manifestarse contra la política económica del gobierno regional, a la vez que
le legitimaban, manteniendo operativa la mesa de la concertación social.
Especialmente
activos en la convocatoria de la huelga estuvieron los compañeros de
Torrelavega, especialmente Juan Carlos, escribiendo un artículo de prensa “El
declive del Besaya”, que anunciaba el fuerte impacto sobre el empleo que iba a
tener las reformas laborales especialmente sobre la industria. La huelga
general en todo España fue un éxito, y ello a pesar de las contradicciones que
el gobierno socialista metió en la convocatoria, calificándola de política incidiendo
con ello sobre su sindicato “hermano” la UGT.
Cantabria
se convirtió en la segunda comunidad autónoma en mayor seguimiento de la huelga
con una participación del 98 por ciento, reconocido por la CEOE, aunque como
era de esperar lo imputo a la “acción coactiva de los piquetes”. 25.000
ciudadanos nos dimos cita en la Plaza de Pombo donde los tres secretarios
generales le pedimos al gobierno de Felipe González que rectificara su reforma
laboral por inútil ante crisis económica.
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