Hay
decisiones que, por mucho que se intenten presentar como meros trámites
organizativos, terminan generando más preguntas que respuestas. La intervención
cautelar de la Federación de Industria de USO Cantabria por parte de la
dirección estatal de USO Industria es una de ellas. La
medida llega cuando faltan apenas unos días para la celebración del Consejo
Federal del 2 de octubre. Un Consejo en el que los representantes de Industria
Cantabria debían participar, debatir y posicionarse sobre asuntos que afectan
directamente al presente y al futuro de la organización.
Y
es precisamente esa coincidencia temporal la que resulta imposible ignorar. La
dirección estatal sostiene que la intervención responde a la existencia de
expedientes disciplinarios y a la situación creada tras la suspensión cautelar
de dirigentes de la federación cántabra. Sin embargo, la pregunta que muchos
afiliados se hacen es tan sencilla como incómoda: ¿por qué ahora?
Porque
existe un precedente que merece una explicación. El pasado 21 de julio, según
ha denunciado públicamente la propia Federación de Industria de Cantabria, se
trasladó a la dirección confederal una denuncia por una supuesta vulneración de
la democracia interna. Aquella denuncia, siempre según la versión de quienes la
presentaron, quedó sin respuesta efectiva.
Hoy,
dos meses después, la organización que denunció una situación irregular termina
intervenida por las estructuras superiores del sindicato.
Puede
que exista una explicación razonable. Puede que haya hechos que la afiliación
todavía desconozca. Puede incluso que las medidas adoptadas estén plenamente
justificadas. Pero precisamente por eso resulta imprescindible la
transparencia.
Porque
cuando las denuncias desaparecen en los despachos y las intervenciones aparecen
justo antes de que se reúna un órgano de decisión, la sospecha se instala
inevitablemente entre quienes observan los acontecimientos desde fuera.
Lo
preocupante no es únicamente el expediente abierto a Fernando Rey o la
propuesta de expulsión que, según se ha informado, todavía estaba pendiente de
resolución por los órganos competentes. Lo preocupante es que la intervención
afecta a toda una federación y, por extensión, a la representación de cientos
de afiliados que ven cómo otros decidirán ahora quién habla en su nombre.
La
cuestión de fondo ya no es disciplinaria. Es democrática.
¿Quién
representará a Industria Cantabria en los órganos donde se tomarán decisiones
trascendentales? ¿Con qué mandato? ¿Con qué legitimidad, se garantizara, que la
voz de la afiliación seguirá escuchándose con plena libertad?
Las
organizaciones sindicales suelen denunciar con razón los abusos de poder en
empresas e instituciones. Exigen transparencia, participación y respeto a los
procedimientos. Pero esas mismas exigencias deben aplicarse puertas adentro.
Con la misma firmeza. Con el mismo rigor.
La
democracia interna no puede convertirse en un eslogan que se exhibe cuando
conviene y se aparca cuando resulta incómodo. Tampoco puede funcionar a golpe
de intervención, expediente o suspensión cada vez que surge un conflicto
político u organizativo.
Porque
si algo enseña la historia del movimiento sindical es que la concentración del
poder siempre acaba debilitando a las organizaciones, mientras que la
participación y el debate las fortalecen.
El
próximo 2 de octubre debería servir para aclarar muchas cosas. La afiliación
tiene derecho a conocer qué ocurrió con la denuncia del 21 de julio, cuáles son
los motivos concretos de la intervención, qué efectos tendrá sobre la
representación de Cantabria y qué garantías existen para que los procedimientos
se desarrollen con imparcialidad.
No
se trata de defender personas. Se trata de defender principios. No se trata de
proteger cargos. Se trata de proteger la democracia interna.
Porque
cuando una organización comienza a generar más preguntas que respuestas, el
problema deja de ser disciplinario y pasa a ser de confianza. Y la confianza,
una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que cualquier mayoría
orgánica o cualquier puesto de dirección.
El
sindicalismo necesita dirigentes, pero necesita todavía más transparencia. Y
cuando la transparencia desaparece, lo que queda no es autoridad, es pura
sospecha.
La
afiliación merece conocer toda la verdad, sin excepciones, sin silencios, sin
atajos. Porque el poder sindical, solo tiene legitimidad cuando acepta ser
fiscalizado por quienes le dieron ese poder.
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