Regularizar extranjeros para crecer también en Cantabria, no para dividir

La información publicada por El Diario Montañés sobre las 8.767 solicitudes de regularización presentadas en Cantabria debería servir para abrir un debate serio y alejado de los tópicos. Hablamos de una cifra importante para una comunidad de poco más de 590.000 habitantes, marcada desde hace años por el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

Los datos muestran que la mayoría de los solicitantes son personas jóvenes, en edad de trabajar, con una presencia equilibrada de hombres y mujeres y con niveles formativos nada despreciables: cerca del 70% cuenta con estudios de bachillerato, formación profesional o universitarios.

Desde una perspectiva sindical, la conclusión es evidente. Cantabria necesita trabajadores. Sectores como la hostelería, los cuidados, la construcción, la industria o el transporte llevan tiempo denunciando dificultades para cubrir puestos de trabajo. La incorporación de estas personas supone más empleo, más cotizaciones a la Seguridad Social, más recursos para sostener las pensiones y los servicios públicos y menos espacio para la economía sumergida.

Estamos hablando además de una importante aportación de capital humano. Jóvenes formados que pueden contribuir al crecimiento económico de la región y ayudar a afrontar uno de nuestros principales problemas: la falta de relevo generacional.

Sin embargo, mientras la realidad económica y demográfica apunta en una dirección, parte del debate político sigue instalada en la demagogia. El PP justifica las regularizaciones porque estas personas ya viven y trabajan aquí, pero evita hablar de solidaridad, integración y derechos humanos. Vox, por su parte, insiste en los discursos de expulsión y rechazo, ignorando la realidad de un mercado laboral que necesita trabajadores y de una sociedad que necesita población joven.

Resulta paradójico que en una tierra de emigrantes como Cantabria algunos pretendan negar hoy a otros las oportunidades que miles de españoles buscaron durante décadas fuera de nuestras fronteras.

La regularización no es solo una cuestión administrativa. Es una cuestión de justicia social, pero también de sentido común. Quienes alimentan el miedo deberían observar los datos, Cantabria gana trabajadores, gana cotizantes, gana talento y gana futuro.

Por mucho que algunos se empeñen en convertir la inmigración en un problema, la realidad demuestra que una inmigración regulada e integrada forma parte de la solución.

Olucas Surf Center: el PSIR como atajo para urbanizar lo que no se puede urbanizar

 

Hay anuncios políticos que parecen cuidadosamente diseñados para generar titulares antes que debates. El presentado por la presidenta María José Sáenz de Buruaga durante el Debate sobre el Estado de la Región sobre el proyecto Olucas Surf Center reúne precisamente todas esas características.

De repente, sin apenas información pública previa ni un debate social o territorial conocido, aparece sobre la mesa un complejo de surf artificial en suelo rústico de Villaverde de Pontones. Una iniciativa privada que promete una inversión de 40 millones de euros, cientos de empleos durante la construcción, decenas de puestos de trabajo permanentes y la llegada de turistas durante todo el año. La receta es conocida, grandes cifras, grandes expectativas y una presentación política que invita a pensar que quien se oponga al proyecto está en contra del progreso.

Pero la realidad es bastante más compleja, primero porque el proyecto no puede desarrollarse con el planeamiento urbanístico actualmente vigente, y segundo porque para hacerlo posible se necesita la declaración de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), una figura excepcional concebida para actuaciones estratégicas de alcance supramunicipal.

Y aquí surge la pregunta que el Gobierno parece querer evitar: ¿qué tiene de interés regional un complejo turístico-deportivo privado que no podría construirse sin recurrir a una herramienta extraordinaria?

Porque si el criterio para obtener un PSIR es simplemente prometer inversión y empleo, entonces cualquier gran proyecto empresarial podría aspirar al mismo tratamiento, la consecuencia sería evidente, convertir una figura excepcional en un mecanismo habitual para sortear las limitaciones urbanísticas y territoriales establecidas por los municipios.

La experiencia demuestra que detrás de muchas de estas iniciativas no solo existe una actividad principal, alrededor suelen aparecer hoteles, alojamientos turísticos, restauración, comercio y otros aprovechamientos económicos que multiplican el valor de los terrenos afectados. Nada de ello es ilegítimo, pero precisamente por eso exige una explicación transparente y un debate público serio.

Mientras el Gobierno destaca los beneficios económicos, otras voces advierten sobre cuestiones que apenas aparecen en la propaganda institucional, el impacto paisajístico de una actuación de alrededor de 100.000 metros cuadrados en un entorno rural característico de Trasmiera, el consumo de agua y energía en una comunidad que conoce bien los problemas de abastecimiento durante los meses de verano, y la incertidumbre sobre unas previsiones económicas que todavía están lejos de haberse demostrado.

Más preocupante aún es el precedente político que puede establecerse. Si un complejo privado de ocio puede ser considerado de interés regional, ¿Qué impedirá que mañana otros proyectos reclamen idéntico tratamiento? ¿Dónde se situará entonces el límite entre la protección del suelo rural y los intereses económicos de determinados promotores?

Cantabria necesita inversión, empleo y oportunidades. Lo que no necesita es vaciar de contenido las herramientas de planificación territorial creadas para proteger el interés general. Porque el verdadero debate no consiste en estar a favor o en contra del surf artificial. El verdadero debate es decidir si las normas se adaptan al territorio o si el territorio debe adaptarse a los intereses de quien presenta el proyecto más llamativo del momento.

Antes de hablar de olas artificiales, convendría aclarar si estamos ante una apuesta estratégica para Cantabria o ante un nuevo intento de utilizar el interés regional como coartada para hacer posible lo que, de otro modo, nunca podría construirse.

La inmigración y las cinco mentiras de la "prioridad nacional"

En Cantabria, como en otros lugares, el debate sobre inmigración se ha llenado de consignas políticas que poco tienen que ver con la realidad. La llamada "prioridad nacional", impulsada por Vox y asumida por algunos gobiernos del PP, se apoya en una serie de afirmaciones que no resisten el contraste con los datos

 Primera mentira. Los inmigrantes acaparan las ayudas sociales, ayudas que siempre se conceden por nivel de renta y no por nacionalidad. La mayoría de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son españoles – el 55% -  y las personas en situación irregular no pueden acceder a esta prestación. En el caso Cantabria el verdadero problema es que miles de personas siguen en riesgo de exclusión social, y no precisamente quién recibe las ayudas.

 Segunda mentira, el colapso de la sanidad. La población extranjera utiliza la sanidad pública en una proporción inferior a su peso demográfico, por lo tanto, hablar de colapso sanitario provocado por la inmigración, no se sostiene con los datos.

Tercera mentira, reciben vivienda antes que los españoles. No existe ninguna norma que priorice a extranjeros sobre nacionales, el acceso a la vivienda pública depende de criterios económicos y sociales, el problema real en Cantabria y en España es la escasez de vivienda asequible para todos.

 Cuarta mentira, los inmigrantes saturan la educación y los servicios sociales. Los menores extranjeros representan una parte reducida del sistema educativo 10,7% y de protección, basta escuchar a los profesionales para destacar, además, sus altos niveles de integración y motivación.

 Quinta mentira, no aportan, solo reciben, una mentira que se cae por su peso, a nada que se comprueben los miles de trabajadores extranjeros que están sosteniendo sectores esenciales como la hostelería, la construcción o los cuidados, además en Cantabria una cuarta parte de la población tiene más de 65 años, por lo que su aportación es clave para la economía y para el mantenimiento de los servicios.

 Conclusión, las cinco afirmaciones que sustentan el discurso de la llamada "prioridad nacional" comparten un mismo denominador común, no se apoyan en los datos, sino en prejuicios y percepciones interesadas. La realidad demuestra que los inmigrantes no reciben más ayudas, no colapsan la sanidad, no tienen prioridad en el acceso a la vivienda, no saturan los servicios públicos y, lejos de ser una carga, contribuyen de forma decisiva al sostenimiento de la economía y del Estado del bienestar.

 En una comunidad envejecida como Cantabria, donde los grandes desafíos son la vivienda, la precariedad laboral, la exclusión social o la sostenibilidad de los servicios públicos, señalar a la inmigración como responsable de estos problemas no solo es injusto, sino que desvía la atención de las verdaderas soluciones. Un debate público serio debe construirse sobre hechos y evidencias, no sobre consignas destinadas a enfrentar a quienes comparten las mismas dificultades y aspiraciones. 

Vender el futuro como si fuera presente, las medias verdades del último discurso de Buruaga

El último debate sobre el Estado de la Región nos ha dejado una intervención de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cargado de anuncios, cifras millonarias y promesas de futuro, un discurso cuidadosamente construido para transmitir la imagen de una comunidad en plena transformación y de un gobierno que habría cumplido prácticamente todos sus compromisos. Sin embargo, una lectura crítica permite comprobar que muchas de las afirmaciones realizadas descansan más sobre expectativas que sobre realidades, más sobre propaganda que sobre resultados tangibles.

La presidenta se ha regocijado en sucesivas ocasiones durante su intervención, que Cantabria está hoy "infinitamente mejor" que, en 2023, afirmación que puede servir como eslogan político, pero que difícilmente resiste un análisis riguroso.

Si bien algunos indicadores económicos han evolucionado favorablemente, los principales problemas que preocupan a los cántabros siguen plenamente vigentes, problemas como el acceso a la vivienda, las listas de espera sanitarias, las infraestructuras ferroviarias que permanecen estancadas y el envejecimiento demográfico, entre otros que continúan avanzando sin una estrategia claramente eficaz para revertirlo.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta forma de presentar la realidad es la política de vivienda. Mientras que la presidenta nos anunciado la construcción de miles de viviendas protegidas, ha omitido en su exposición que gran parte de esas cifras corresponden a proyectos, previsiones urbanísticas o actuaciones todavía pendientes de desarrollo, una situación que confronta con una realidad machacona, entre una vivienda anunciada y una vivienda entregada. Los jóvenes cántabros no viven en promesas, necesitan viviendas reales, construidas y accesibles.

Algo similar ocurre con las grandes inversiones empresariales que se citan una y otra vez. Los más de 7.000 millones de euros de inversión anunciados corresponden en buena medida a proyectos que aún dependen de autorizaciones administrativas, disponibilidad energética, financiación privada o decisiones empresariales futuras. Presentar esa cartera de proyectos como si fuera riqueza ya generada constituye, cuando menos, una exageración interesada.

La presidenta también ha afirmado que Cantabria lidera el empleo en España, y se ha quedado tan tranquila, cuando ella bien sabe que esta afirmación depende del indicador que se utilice, Cantabria puede ocupar posiciones destacadas en determinados momentos, pero de ninguna manera lidera estructuralmente el mercado laboral nacional, por lo tanto, más prudencia a la hora de convertir un dato puntual, en una conclusión general.

Especialmente llamativa resulta la insistencia en atribuir los problemas pendientes al Gobierno de España o a la herencia recibida. El retraso ferroviario, las infraestructuras energéticas, la financiación de la dependencia o las dificultades industriales han aparecido constantemente vinculadas a decisiones ajenas.

No seré yo quien niegue responsabilidades estatales evidentes, pero son ya tres años de gobierno del partido popular, como para imputar todos los problemas en los otros. Gobernar implica también asumir responsabilidades sobre aquello que no se ha conseguido resolver.

En sanidad encontramos otro ejemplo de relato triunfalista, cuando se afirma que Cantabria dispone de la mejor sanidad pública de España y que el sistema ha sido reconstruido tras encontrarse al borde del colapso, sin embargo, se pasa por alto, las movilizaciones médicas, las dificultades para cubrir determinadas especialidades y sobre todo las listas de espera que nos muestran una realidad bastante más perversa para los cántabros.

Tampoco ha sido como para tirar cohetes, los anuncios permanentes a los proyectos estrella de la legislatura, la mayoría de ellos en fase de planificación, redacción, estudio, licitación o tramitación, proyectos como el Parque de Innovación en Salud, los desarrollos industriales asociados a Altamira, los nuevos hospitales, los grandes proyectos turísticos o muchas actuaciones de vivienda que a la fecha no pasan de ser meras expectativas.

El problema de fondo no es que un gobierno anuncie proyectos o marque objetivos ambiciosos - eso forma parte de la acción política - el problema aparece cuando se presentan como logros consumados, actuaciones que aún están pendientes de ejecución, con el claro interés de mandar soflama electoral, cuando la realidad es la de rendir cuentas, en un debate abierto a la política en general y con carácter propositivo.

El balance de estos tres años no es tan brillante como pretende el discurso oficial, y probablemente tan negativo como sostendrá la oposición, pero si algo ha dejado claro la intervención de la presidenta es que el Gobierno de Buruaga sigue apoyándose en una estrategia basada en vender el futuro como si ya hubiera llegado.

Y los ciudadanos de Cantabria saben distinguir perfectamente entre una promesa, una maqueta y una realidad.

Presupuestos prorrogados y gestión política, cuando la realidad contradice el discurso

 

Un año más, Pedro Sánchez anuncia su intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, esta vez los de 2027. Y lo hace después de varios intentos fallidos que han llevado a España a funcionar con presupuestos prorrogados desde 2023.

Reconozco que, a estas alturas, cuesta creer en una nueva promesa, son demasiados los anuncios incumplidos y cada vez son más las voces, incluso entre los socios del Gobierno, que ponen en duda la estabilidad de la legislatura.

No voy a negar que gobernar sin presupuestos es una anomalía, que limita la capacidad de planificar inversiones, dificulta el debate parlamentario y no es, desde luego, la situación ideal para ningún gobierno. Lo lógico sería que cada año se contara con unas cuentas públicas aprobadas.

Pero también creo que conviene mirar los hechos, y los hechos dicen que, aun sin nuevos presupuestos, el Gobierno no ha estado parado. Durante estos años se han aprobado medidas importantes como la reforma laboral, las subidas del Salario Mínimo, la mejora de las pensiones vinculadas al IPC o el nuevo sistema de cotización de los autónomos, medidas que han tenido un impacto directo en la vida de millones de personas.

También se actuó frente a la crisis energética y la inflación con ayudas al transporte público, rebajas fiscales sobre productos básicos y medidas para contener el coste de la energía, sumando a ello leyes sociales como la de eutanasia, la ley trans o la ampliación de derechos para el colectivo LGTBI.

Por eso, aunque preferiría que hubiera presupuestos, tampoco comparto el discurso de quienes presentan estos años como una etapa de parálisis política, porque sencillamente, no ha sido así.

Por lo que respecta a Cantabria, la situación no parece haber tenido consecuencias inmediatas especialmente graves. La financiación autonómica siempre estuvo garantizada - como ahora - aunque es cierto que algunas inversiones estatales pendientes, especialmente en infraestructuras, pudieron verse afectadas.

Ojalá esta vez el Gobierno consiga aprobar los presupuestos de 2027, sería una buena noticia para la estabilidad institucional, pero si finalmente no lo logra, mi juicio seguirá dependiendo de algo mucho más importante, que continúe desarrollando políticas útiles y dando respuesta a los problemas reales de la ciudadanía.

Cantabria no merece este desprecio, la sanidad atrapada entre excusas y silencio político

Una vez más, el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, César Pascual, comparece ante la opinión pública para anunciar que la huelga médica provocará un nuevo incremento de las listas de espera, cifrado ahora en otras 500 operaciones suspendidas. Una noticia que, lejos de sorprender, se ha convertido en una rutina para los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

Lo verdaderamente preocupante no es solo el aumento de las listas de espera, sino la incapacidad demostrada por el Gobierno regional para afrontar un conflicto que se prolonga durante meses. La justificación es siempre la misma, trasladar la responsabilidad al Ministerio de Sanidad y al Gobierno central, como si la sanidad no hubiese sido transferida hace décadas a las comunidades autónomas y como si la Consejería de Sanidad careciera de competencias para negociar y gestionar los problemas de su propio sistema sanitario.

A estas alturas, la gestión del consejero debería estar siendo objeto de una profunda reflexión política. Durante los últimos seis meses se han acumulado más de 160.000 actos médicos suspendidos, una cifra que representa miles de pacientes esperando consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Detrás de cada número hay una persona, una familia y una necesidad sanitaria que no puede seguir siendo ignorada.

Resulta inevitable preguntarse qué ha ocurrido con el acuerdo firmado en 2024 entre el Gobierno de Cantabria y el sindicato médico. Aquel pacto incluía incentivos de productividad de 400 euros mensuales para los facultativos con el objetivo de retener talento, mejorar el rendimiento y reducir las listas de espera. Posteriormente, el Ejecutivo amplió el esfuerzo presupuestario destinando otros seis millones de euros a mejorar las condiciones de los médicos internos residentes (MIR).

Si aquellas medidas se presentaron como la solución para mejorar la asistencia sanitaria, los resultados actuales evidencian que el problema no solo persiste, sino que se ha agravado. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué balance hace el Gobierno de aquellos acuerdos y por qué los objetivos comprometidos no se han cumplido.

También resulta llamativo el silencio de quienes deberían ejercer una oposición firme. El Partido Regionalista de Cantabria y su portavoz, Paula Fernández, parecen haber optado por esperar a que pase la tormenta antes que asumir una posición clara en defensa de los pacientes. Da la impresión de que algunos prefieren no incomodar a determinados colectivos profesionales por miedo a perder apoyos electorales.

Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos de Cantabria. Pacientes que ven retrasadas sus operaciones, familias que esperan diagnósticos durante meses y profesionales sanitarios que trabajan en un clima de conflicto permanente. La sensación de abandono crece cada día que pasa sin una solución efectiva.

La realidad es que el consejero César Pascual ha fracasado en uno de los principales compromisos que asumió al llegar al cargo, reducir las listas de espera. La situación de la sanidad se suma además a las dificultades que atraviesa otra consejería estratégica como Educación, ofreciendo la imagen de un Gobierno que gestiona sin rumbo, arrastrando los pies ante los problemas más importantes de la comunidad.

Los cántabros merecen algo mejor. Merecen responsables públicos que asuman sus competencias, afronten los conflictos con determinación y rindan cuentas por los resultados de su gestión. Lo que no merecen es un Gobierno que, ante cada problema, busque excusas en lugar de soluciones.

Altamira, el gran campus tecnológico de Cantabria, entre la ambición y la incertidumbre.

 

El llamado Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos - y a la vez más cuestionados - del actual Gobierno de Cantabria. Presentado como un símbolo del salto de la región hacia la economía digital, hoy permanece atrapado en una fase administrativa sin avances visibles, envuelto en tensiones políticas y dependiente de decisiones externas clave.

 El proyecto fue anunciado con gran despliegue institucional por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, como la mayor inversión privada en la historia de Cantabria, estimada en 3.600 millones de euros, un plan que, de salir bien, afectara una superficie a repartir entre Piélagos y Villaescusa de 637.000 metros cuadrados.

 Su objetivo, posicionar a Cantabria en la primera división digital europea, aprovechando la conexión con infraestructuras como el cable submarino transatlántico, y con ello nuevos empleos de alta cualificación.

 El promotor principal es Stoneshield Capital, cofundado por Javier Ibáñez y Felipe Morenés, a través de su filial XDC Properties, encargada del desarrollo, según nos contó la presidenta Buruaga, que, por cierto, hasta la fecha guardan un escrupuloso silencio.

 El Ejecutivo autonómico, con muy buen criterio declaró Altamira como Proyecto Empresarial Estratégico y con ello, el inicio de la compra de terrenos - o eso se pensaba - para la tramitación urbanística mediante un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

 Sin embargo, este trámite, que estaba prevista su ejecución entre finales del 2025 y primeros del 2026 no se ha puesto en marcha, incluso la compra de terrenos se ha convertido en una mera opción de compra, lo que está provocando cierta inseguridad, entre los diputados regionales.

 El principal obstáculo, según ha comentado el diputado del PP Alejandro Liz no es urbanístico, sino energético, al requerir hasta 500 MW de potencia eléctrica, lo que obliga a reforzar la red de transporte eléctrico, una competencia que depende de decisiones estatales y de Red Eléctrica de España.

 EL debate político y presión parlamentaria, no se han hecho esperar, y el pasado 4 de mayo a pregunta del diputado Hernando del PRC se ha puesto en evidencia los retrasos y las dificultades, a las que, en sesión parlamentaria, el PP ha sido incapaz de responder, acudiendo a los tópicos de siempre  atribuyendo los retrasos al Gobierno central por no incluir el proyecto Altamira en la planificación de nuevos centros tecnológicos hasta 2030.

 Esta posición ha sido cuestionada por los grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox. que han exigido explicaciones más precisas, de hecho, han otorgado un plazo de dos meses al Ejecutivo regional para presentar avances tangibles y la documentación pendiente, tras constatar retrasos de más de seis meses en la primera fase.

 En esta situación, no cabe más, y siendo muy generosos, que calificar Altamira como una gran promesa en transición, y esto siempre que exista, el inversor privado, y se vayan dando pasos en el desarrollo administrativo, y aun asi, imprescindible se vaya pronunciando el delegado del gobierno.

 Porque después del debate parlamentario, mucho me temo que el Campus Altamira, a lo que más pueda llegar, para el gobierno regional, sea su rentabilidad como activo político en expectativa que como una infraestructura en construcción.

Cantabria, el mito del bienestar frente a la realidad de la pobreza laboral

 

Durante años se ha instalado en el discurso político e institucional la idea de que Cantabria es una comunidad con altos niveles de bienestar y pobreza relativamente baja. En parte, las estadísticas parecen respaldar ese relato, los indicadores AROPE sitúan la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en torno al 22 %, varios puntos por debajo de la media nacional.

Sin embargo, limitar el análisis a esa comparación resulta engañoso. Hoy más de 120.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Cantabria, y alrededor del 42 % de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Esto revela una amplia franja de población que, sin estar bajo el umbral estadístico de pobreza, vive con una economía extremadamente ajustada.

El último informe de la Fundación FOESSA señala que más de 80.000 personas se encuentran ya en situación de exclusión social - cerca del 14 % de la población - y que esta cifra ha crecido un 30 % desde 2018.

La estructura económica regional tampoco ayuda. Cantabria presenta una renta media por hogar inferior a la media nacional y un modelo productivo muy dependiente del sector servicios, con empleos precarios, salarios bajos y alta temporalidad. De ahí una paradoja cada vez más visible, tener trabajo no siempre protege frente a la pobreza. Una parte importante de quienes viven en exclusión, trabajan o buscan empleo activamente.

La pobreza infantil alcanza ya a cerca de uno de cada cuatro menores, lo que condiciona las oportunidades de toda una generación, las mujeres presentan tasas de pobreza superiores, especialmente en hogares monoparentales o en empleos precarios, y el envejecimiento demográfico añade presión, muchas familias dependen de pensiones bajas que deben sostener a varios miembros del hogar.

A esto se suma el encarecimiento del alquiler de la vivienda, los suministros y el coste de vida en general, que reduce el margen económico de miles de hogares. Cada vez más familias viven en una economía de subsistencia donde cualquier imprevisto - una avería, un gasto sanitario, la pérdida de empleo - puede desencadenar una situación de pobreza.

El verdadero reto de Cantabria no puede limitarse a mantener indicadores ligeramente por debajo de la media. El desafío real es reducir la desigualdad, mejorar los salarios y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la mayoría. Porque detrás de las cifras que hablan de bienestar existe otra realidad, la de miles de personas que trabajan, cotizan y sostienen la economía regional, pero siguen teniendo dificultades para vivir con dignidad.

Extremadura, el laboratorio de la desigualdad que amenaza con extenderse

 

La presidenta de Extremadura, ha vuelto a tragarse su correspondiente dosis de sapos para ser investida de nuevo gracias al pacto de gobierno entre el PP y Vox. Un acuerdo que no es un simple trámite institucional, sino un experimento político con vocación de réplica en otros territorios como Aragón  y Castilla y León, por tanto, ante un banco de pruebas donde se ensayan las bases de futuros pactos.

Entre los elementos más preocupantes destaca la llamada “prioridad nacional”, un concepto que pretende favorecer a ciudadanos españoles en el acceso a ayudas públicas y vivienda. Este planteamiento introduce un cambio de paradigma político al abrir la puerta a criterios de preferencia por nacionalidad o arraigo en derechos que, hasta ahora, se han construido sobre principios de universalidad e igualdad.

Lo más llamativo es que esta idea ha sido cuidadosamente suavizada en la puesta en escena pública de Guardiola, pero no por ello pierde su carga de profundidad, al contrario, supone una confrontación directa con la legislación vigente, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, donde el principio de igualdad ante la ley no es negociable. 

Ahora vendrán las justificaciones, los matices y los habituales dimes y diretes de que en política no todo acuerdo está para cumplirse, argumento que a estas alturas resulta irrelevante.

Lo verdaderamente peligroso no es si se ejecuta o no cada punto, sino el marco discursivo que se consolida, y que tensiona principios básicos, a la vez que normaliza la idea de que los derechos pueden ser condicionados.

El propio acuerdo, de hecho, deja entrever sus límites al remitirse constantemente al “marco legal vigente” y a las competencias restringidas de una comunidad autónoma. Sin embargo, eso no impide que se planteen restricciones en ayudas, endurecimiento de políticas migratorias o exclusión de determinados colectivos, medidas ya cuestionadas por su posible ilegalidad o invasión de competencias estatales.

El resultado es un escenario inquietante, gobiernos autonómicos impulsando iniciativas de dudosa constitucionalidad, abriendo conflictos institucionales con el Estado y la Unión Europea, y fomentando una judicialización constante de la acción política. Se corre así el riesgo de legislar no para gobernar, sino para provocar recursos y alimentar una estrategia de confrontación permanente.

Mientras tanto, en Aragón ya se mira este pacto como referencia directa en las negociaciones en curso. Y en Castilla y León, donde la experiencia de gobierno compartido entre PP y Vox ya es una realidad, el precedente extremeño puede endurecer aún más el marco ideológico, especialmente en materias sensibles como inmigración o políticas sociales.

Paso a paso, este modelo puede consolidarse hasta convertirse en norma. Lo que hoy se presenta como una concesión puntual podría transformarse mañana en una condición estructural de gobernabilidad para el liderazgo de Rajoy.

El precio de gobernar a cualquier coste plantea un dilema de fondo, ¿hasta dónde puede llegar un partido para asegurar el poder?. 

Hasta claro que cuando conceptos como la igualdad, la universalidad de los derechos o la neutralidad institucional se convierten en moneda de cambio, dejamos de estar ante una disputa política ordinaria para entrar en un terreno mucho más profundo y estructural. 

Por lo tanto Extremadura ya no es solo un gobierno, es un precedente y cuando además se cuestiona el papel de los sindicatos o se intenta limitar su capacidad de acción, la gravedad es aún mayor. No estamos ante una opinión política más, sino ante un ataque directo a la libertad sindical, protegida por la ley y por organismos internacionales.

Ante este escenario no cabe la equidistancia. El sindicalismo no puede limitarse a observar. Tiene la responsabilidad de confrontar, de denunciar y de movilizar. Porque cada retroceso que se normaliza —como el que hoy se ensaya en Extremadura— es un derecho que puede tardar décadas en recuperarse.

La Remonta, el símbolo de cómo PP, PRC y PSOE han fallado a la vivienda en Cantabria

Cantabria ya no puede esconder su problema de vivienda detrás de diagnósticos repetidos. La situación es clara, acceder a una vivienda digna es cada vez más difícil y los responsables tienen nombre. Durante años, el Partido Popular (PP), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han sido incapaces - o no han querido - dar una respuesta eficaz a un problema que hoy es central para miles de cántabros.

El crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas en Santander no es casualidad, es consecuencia de años de permisividad política. Ninguno de los gobiernos – nacionales, municipales ni autonómicos - han querido afrontar el coste de regular de verdad este fenómeno, el resultado, menos vivienda residencial, y precios disparados.

Y frente a esta situación, la existencia de más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria, que retratan el fracaso colectivo, con el que solo cabe preguntarse, dónde han estado las políticas para movilizarlas, y que han hecho el PP, PRC y PSOE más allá de anunciar medidas que nunca llegan. La respuesta no puede ser otra, que la inacción prolongada, que está convirtiendo este problema en algo más que técnico, para convertirlo también en una responsabilidad política compartida.

La regulación del alquiler turístico sigue siendo insuficiente porque, sencillamente, no ha sido una prioridad real para quienes gobiernan o han gobernado. Se ha legislado a medias, se ha controlado poco y se ha permitido que la situación derive en un modelo insostenible.

Pero si hay un símbolo que concentra décadas de ineficacia política es La Remonta, en Peñacastillo.

Más de 25 años, gobiernos de distinto color, alternancias políticas, y promesas reiteradas, han tenido el mismo resultado, cero viviendas construidas en uno de los suelos más estratégicos de Santander.

El listado de planes es tan extenso como estéril, desde finales de los 90, proyectos estatales, acuerdos entre administraciones, planes parciales, propuestas de parques, anuncios de vivienda social, comisiones técnicas… todos ellos impulsados, en distintos momentos por PP, PRC o PSOE, pero ninguno ejecutado. La Remonta se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo funciona la política regional cuando falla, todos han pasado por el problema, pero ninguno ha asumido la solución.

Mientras tanto, más de 1.300 viviendas sociales potenciales, siguen sin construirse, mientras que, jóvenes, familias y trabajadores siguen sin acceso a vivienda, y a la espera de que las administraciones – autonómicas, nacionales y locales - se pongan de acuerdo.

Y todo ello en paralelo a un proceso creciente de gentrificación, que transforma Santander en una ciudad cada vez más orientada al visitante y menos al residente.   

La conclusión es incómoda, pero inevitable, el problema de la vivienda en Cantabria no es solo económico o urbanístico, es profundamente político.

Las soluciones están encima de la mesa desde hace años, regular de forma efectiva las viviendas turísticas movilizar la vivienda vacía con medidas reales, apostar decididamente por vivienda pública y desbloquear de una vez suelos estratégicos como La Remonta.

Por lo tanto, lo que falta no es información, ni capacidad técnica, incluso ni diagnóstico, lo que falta es decisión política y asumir los costes correspondientes, porque mientras el PP, PRC y PSOE sigan utilizando la vivienda como argumento y no como prioridad real, Cantabria seguirá avanzando hacia un modelo en el que vivir será cada vez más difícil… y la política, cada vez menos creíble.

El Cabildo de Arriba, más de una década esperando el plan que nadie cumple

En septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Santander presentó un ambicioso Plan Especial de Protección y Reforma Interior para la recuperación del Cabildo de Arriba, respaldado por la asistencia técnica de las empresas AUGE Arquitectura y Urbanismo y APIA XXI. El anuncio sonó a promesa seria. Parecía, por fin, el inicio de una nueva etapa para uno de los barrios más castigados del centro de la ciudad. 

Más de diez años después, aquella promesa sigue sin cumplirse, a pesar de que el diagnóstico que lo decía todo.

El informe de 2013 describía sin rodeos la situación del Cabildo de Arriba, "un barrio en el corazón de la ciudad, en el que parte de los edificios ya no existen, y los que se mantienen en pie cuentan con multitud de viviendas vacías". Los técnicos alertaban también de la ocupación de esas viviendas abandonadas por personas en situación de grave exclusión social y económica.

La conclusión era clara, la recuperación edificio a edificio resultaba inviable. Lo que se necesitaba era una intervención pública decidida, una rehabilitación integral, el retorno de la población tradicional y políticas sociales capaces de frenar el deterioro. Estaba todo escrito. Todo diagnosticado, y sin embargo, nada ocurrió. Los años han ido pasando y esa intervención integral nunca ha llegado.

Tanto la administración autonómica como la municipal parecen haber optado por una estrategia diferente, la de confiar en que el mercado privado absorba lentamente las viviendas vacías y los inmuebles con graves deficiencias estructurales. Una solución cómoda para quienes gestionan desde los despachos, pero insoportable para quienes viven cada día en el barrio, lidiando con la degradación, la incertidumbre y una sensación de abandono que se acumula año tras año.

En este tiempo no han faltado los planes, los borradores, las reuniones ni los titulares de prensa. Lo que ha faltado es la acción.

Hace unos meses se anunció el derribo de dos edificios en la calle Alta. La noticia se presentó, una vez más, como el primer paso hacia la regeneración definitiva del barrio. Los vecinos, sin embargo, llevan demasiado tiempo escuchando promesas parecidas como para ilusionarse con gestos aislados. Para ellos, esto no es más que otro parche, otra actuación puntual que sirve más para rellenar portadas que para transformar la realidad cotidiana del Cabildo.

El barrio no esta pidiendo nada extraordinario. Solo lo que ya estaba escrito en 2013, un plan claro, serio y, sobre todo, cumplido. Sus vecinos llevan más de una década reivindicando algo que debería ser un derecho básico e innegociable, vivir en un barrio digno, cuidado y respetado.

Mientras las administraciones siguen aplazando decisiones, el Cabildo de Arriba continúa esperando. Y el reloj sigue corriendo.

 

De Cantabria a Wall Street, cuando tus datos de salud entran en el mercado

Se nos viene repitiendo por parte del Consejero de Sanidad que proyectos como el de Cohorte Cantabria representan el futuro de la medicina, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado. Todo ello apoyado en un principio aparentemente incuestionable, de que cuantos más datos tengamos, mejor podremos cuidar la salud de la población. Y, sin embargo, hay una pregunta que rara vez se formula con claridad, ¿qué ocurre cuando esos datos salen del ámbito público y entran en la lógica del mercado?

La experiencia internacional ofrece pistas. Modelos como el de UK Biobank en el Reino Unido ha demostrado el enorme valor científico de las grandes bases de datos poblacionales. Pero también abierto la puerta a colaboraciones con empresas privadas capaces de convertir esa información en patentes, medicamentos y en última instancia, beneficios multimillonarios.

El mecanismo es sutil. Ningún ciudadano vende directamente sus datos. Nadie firma un contrato con una farmacéutica. Todo se hace a través de intermediarios legítimos, institutos de investigación, universidades, biobancos públicos, encargados de codificar y supuestamente proteger dando una sensación de protección legal impecable. Pero económicamente, el resultado es claro, la información generada de forma colectiva acaba alimentando circuitos de valor privados.

En este contexto, Cohorte Cantabria deja de ser un proyecto regional para convertirse en una pieza potencial de un engranaje mucho mayor. Hoy es una base de datos pública, gestionada por instituciones como el sistema sanitario y centros de investigación (IDIVAL) para mañana convertirse – como es el caso - en parte de redes internacionales ( Regeneron Pharmaceuticals ) donde los límites entre lo público y lo privado son cada vez más difusos.

No se trata de demonizar la colaboración con la industria. Sin empresas farmacéuticas no hay ensayos clínicos a gran escala, ni capacidad de producción, ni llegada real de los tratamientos al paciente. El problema aparece cuando el equilibrio se rompe, cuando el ciudadano aporta datos, el sistema público organiza el conocimiento y el retorno económico queda concentrado en actores privados.

Aquí es donde el debate debería volverse más exigente. No basta con garantizar la protección de datos. No basta con cumplir la ley. La cuestión de fondo es otra, ¿qué obtiene la sociedad cántabra a cambio? ¿Existe un retorno tangible, más allá de promesas futuras? ¿Se reinvierte ese valor en el sistema público que hizo posible la investigación?

Porque el riesgo no es inmediato ni visible. No hay un escándalo evidente, ni un uso ilegal de la información. Lo que hay es algo más complejo, una transferencia silenciosa de valor desde lo colectivo hacia lo privado, legitimada por el discurso del progreso científico.

Cohorte Cantabria, como tantos otros proyectos similares, se mueve en esa frontera. Puede ser una herramienta poderosa al servicio del bien común o una fuente de valor que otros sabrán capitalizar mejor. Todo dependerá de las reglas del juego que se establezcan hoy.

La decisión, en última instancia, no es técnica. Es política. Y consiste en responder con honestidad a una pregunta incómoda, en la medicina del futuro, ¿los datos de todos servirán realmente para el beneficio de todos?

Cuba entre el bloqueo y un relato interesado

He leído en El Diario Montañés del 22 de marzo un artículo de Manuel Ángel Castañeda titulado “Cuba, se desmerenga el mito de la revolución”. En él se presenta la situación actual de la isla como la prueba definitiva del fracaso de su sistema político. Sin embargo, el análisis resulta demasiado simple para explicar una realidad mucho más compleja.

Reducir las penurias económicas de Cuba únicamente a su modelo político es olvidar un factor decisivo: el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de sesenta años. Pocas economías en el mundo han tenido que sobrevivir durante tanto tiempo bajo un régimen de sanciones que limita el comercio, la financiación internacional y hasta la compra de productos básicos.

Las consecuencias de ese cerco se reflejan en datos concretos. Las pérdidas acumuladas para la economía cubana superan los 150.000 millones de dólares y cada año la isla afronta enormes dificultades para importar combustible, alimentos o medicamentos. Incluso empresas de terceros países evitan comerciar con Cuba por miedo a sanciones.

A esta situación se suma ahora una nueva amenaza política desde Washington. El retorno de Donald Trump al poder viene acompañado de una retórica aún más dura hacia la isla y de la intención declarada de endurecer el aislamiento económico. Ese tipo de políticas no solo persiguen presionar al gobierno cubano; en la práctica terminan agravando las condiciones de vida de la población, provocando mayores dificultades alimentarias, sanitarias y energéticas en un país que ya vive bajo una presión económica extraordinaria.

En el artículo también se menciona la escasez actual de petróleo procedente de Venezuela, como si fuera una especie de castigo histórico que revela el fracaso del sistema cubano. Pero la realidad energética de la isla también está condicionada por las sanciones que afectan al transporte marítimo, a las aseguradoras y a cualquier empresa que decida vender combustible a Cuba.

Por supuesto, Cuba tiene problemas internos y su sistema político puede ser objeto de crítica. Pero analizar la situación del país sin tener en cuenta más de seis décadas de presión económica externa no es un ejercicio de rigor, sino de simplificación.

Antes de hablar del derrumbe de un mito, quizá convendría reconocer que un país pequeño ha tenido que sobrevivir durante décadas bajo un cerco económico casi permanente. Y que, pese a todas sus dificultades, el pueblo cubano sigue resistiendo una situación que difícilmente sería soportable para cualquier otra nación.

El regreso del PRC como fuerza bisagra

Durante meses parecía políticamente imposible que el Partido Regionalista de Cantabria fuera apoyar los presupuestos del Gobierno del Partido Popular. Las condiciones iniciales del PRC eran duras y su discurso público mantenía una clara distancia respecto al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga. Sin embargo, el acuerdo finalmente ha llegado, sorprendiendo a buena parte de los cántabros.

Más allá de las medidas concretas del pacto, la clave parece estar menos en la gestión inmediata – a la que se venía agarrando con uñas y dientes el partido - y más en la estrategia política de cara a las elecciones autonómicas de 2027 y al futuro del liderazgo regionalista tras décadas marcadas por Miguel Ángel Revilla.

El movimiento, según mi opinión, pudiera interpretarse como un intento del PRC de recuperar su papel tradicional como partido bisagra en la política cántabra. Durante años, esa posición le permitió pactar con fuerzas de distinto signo ideológico y reforzar su imagen de partido pragmático, centrado en los intereses de Cantabria por encima de los bloques políticos.

Tras un largo periodo de gobierno junto al PSOE, los regionalistas parecen querer marcar distancias y reconstruir una identidad política propia, y para ello pactar ahora con el PP les puede permitir lanzar un mensaje claro, el de un partido que quiere presentarse de nuevo como una fuerza independiente, y a la vez dispuesto a negociar con quien fuera necesario, si con ello se beneficia a la comunidad autónoma.

Después de perder el Gobierno en 2023, el partido pasó a la oposición, en una situación muy difícil de asumir, por lo que este acuerdo presupuestario, pudiera permitirle mantener, cierta capacidad de influencia política sin asumir el desgaste del pacto presupuestario. Además, ofrece la posibilidad de presentar resultados concretos ante su electorado, especialmente en comarcas donde su implantación es fuerte, al mismo tiempo que suaviza la radicalidad expresada por algunos de los alcaldes regionalistas.

El pacto también se produce en un momento clave para el partido: la transición generacional. Con el horizonte del relevo de Revilla – con un poco de suerte a manos de Paula Fernández Viaña - el PRC necesita mantener presencia institucional, visibilidad y capacidad de negociación para consolidar nuevos liderazgos.

Visto así, el acuerdo no es solo una decisión coyuntural. Es también un movimiento dentro de una estrategia más amplia para llegar a 2027 reforzando tres ideas claves, su utilidad política, la independencia ideológica – que algunos vinculaban actualmente al partido socialistas - y capacidad de negociación.

El tiempo dirá si la jugada resulta eficaz. Pero lo que parece claro es que este acuerdo presupuestario marca el inicio de un nuevo movimiento en el tablero político cántabro.

 

Sumar: algunas conclusiones necesarias

La experiencia de Sumar permite extraer lecciones relevantes sobre las dificultades de la izquierda a la izquierda del PSOE para consolidar proyectos políticos estables. Su aparición generó expectativas comprensibles: recomponer un espacio fragmentado tras el desgaste del ciclo de Podemos y construir una herramienta con mayor capacidad de incidencia institucional. 

En su fase inicial, Sumar logró atraer a sectores diversos del electorado progresista, incluyendo perfiles del ámbito social, sindical y político. Esa confluencia alimentó la expectativa de un espacio más amplio, capaz de conectar acción institucional, movilización social y agenda laboral.

Con el tiempo, esas expectativas se debilitaron. La indefinición organizativa, la ausencia de estructuras claras de participación y la dificultad para articular una dirección colectiva sólida limitaron su arraigo social y su capacidad de proyección electoral.

El paso atrás de Yolanda Díaz en el liderazgo político no es un hecho aislado, sino la confirmación de esos límites: un proyecto excesivamente dependiente de una figura concreta, sin un marco colectivo consolidado que lo sostuviera en el tiempo.

Mientras el debate vuelve a centrarse en términos abstractos —“ideas”, “proceso”, “proyecto”—, el problema de fondo persiste: la política transformadora requiere organización, tiempos claros y capacidad real para disputar poder. Cuando eso falla, otros ocupan el espacio.

En este contexto, el PSOE aparece para parte del electorado como una opción más previsible en términos de gestión, reforzada por los avances del gobierno de coalición. La lección es clara: sin estructuras sólidas y arraigo social, la ilusión no basta.

Las listas de espera en Cantabria como excusa: el negocio oculto de la externalización sanitaria

 
Hace unos días publiqué en este blog una primera reflexión sobre el acuerdo singular entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital San Juan de Dios –Santa Clotilde–. Entonces aún no se conocía un dato clave: la verdadera beneficiaria económica del convenio no es el hospital, sino la empresa privada HT Médica, a la que se subcontratan los servicios.

Lo que se presentó con opacidad como una solución técnica para reducir las listas de espera es, en realidad, un nuevo paso en la externalización encubierta de la sanidad pública. Un modelo impulsado por el Partido Popular que convierte un problema estructural del sistema sanitario en una oportunidad de negocio financiada con dinero público.

El consejero de Sanidad omitió que Santa Clotilde actúa únicamente como intermediario económico. La atención sanitaria la prestará HT Médica, en muchos casos con los mismos profesionales que ya trabajan en el sistema público regional. El resultado es un esquema tan sencillo como opaco: fondos públicos que acaban en una empresa privada sin contrato público, sin licitación y sin control parlamentario o ciudadano, pero que podría gestionar hasta 256 millones de euros.

Aunque el modelo pueda ser formalmente legal, es democrática y socialmente inaceptable. La subcontratación expulsa del control público información esencial: precios reales, criterios de elección, beneficios empresariales y destino final de los recursos comunes.

No es un modelo nuevo. Ya se ha aplicado en comunidades como Madrid o Valencia, generando un círculo vicioso que debilita lo público y justifica nuevas derivaciones al sector privado. Las listas de espera no se solucionan privatizando, sino invirtiendo en recursos públicos, plantillas, infraestructuras y medios propios.

La sanidad pública está para prestar servicios, no para ser intermediaria de negocios privados. Todo lo demás es un retroceso que acabamos pagando trabajadores y pacientes.

La reforma laboral de Milei: un ataque frontal a los derechos conquistados por la clase trabajadora

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei pretende imponer a las trabajadoras y trabajadores argentinos representa un retroceso histórico en derechos laborales. Si no logra ser frenada por la movilización y la lucha del movimiento sindical, supondrá una transformación profunda del mercado de trabajo en favor exclusivo de las empresas, debilitando las protecciones laborales y habilitando la imposición unilateral de condiciones en materia de jornadas, despidos, negociación colectiva y acción sindical.

No es casual que esta reforma se haya convertido en uno de los principales focos de conflicto político y social en Argentina. Su aprobación en el Senado y el actual debate en la Cámara de Diputados ya han provocado protestas masivas y una huelga general, expresión clara del rechazo popular y sindical a un proyecto que pretende barrer décadas de conquistas obreras.

Entre los puntos más graves se encuentra la ampliación de la jornada laboral hasta las 12 horas diarias, liquidando la histórica jornada de 8 horas. A esto se suma una nueva trampa patronal: el llamado “banco de horas”, un mecanismo que permitirá a las empresas exigir horas extra sin pagarlas, compensándolas con descansos futuros cuando convenga al empleador.

El ataque no termina ahí. La reforma también reduce las indemnizaciones por despido, modificando su cálculo y excluyendo conceptos y bonificaciones, lo que abarata el despido y deja a los trabajadores en una situación de mayor desamparo. Para completar el cuadro, se impulsa un Fondo de Asistencia Laboral, financiado por las propias empresas, cuyo objetivo real no es proteger al trabajador despedido, sino reducir aún más el costo de echar gente.

Los derechos vinculados al descanso y la salud también quedan bajo amenaza. Las vacaciones pasarán a depender de la conveniencia empresarial, fragmentadas y flexibilizadas, mientras que las licencias por enfermedad o accidente sufrirán fuertes reducciones salariales, castigando a quien se enferma o sufre un accidente laboral.

En el terreno sindical, la reforma avanza directamente sobre el derecho a huelga, imponiendo por ley servicios mínimos del 75 % sin negociación alguna. Las reuniones sindicales en los lugares de trabajo quedarán sujetas a la autorización de la empresa y se establecen sanciones severas, calificadas como infracciones graves, para quienes se organicen o protesten.

La negociación colectiva tampoco escapa al ajuste. Los convenios perderán vigencia automáticamente al vencer su plazo, eliminando la ultraactividad, y se priorizarán los convenios de empresa por encima de los sectoriales o nacionales, fragmentando la fuerza colectiva y debilitando cualquier derecho común que aún pudiera sostenerse.

Pese al discurso oficial que intenta presentar esta reforma como “moderna” y necesaria para reducir costos y generar empleo, la realidad es otra. En un país con más del 40 % de empleo precario, esta reforma no crea trabajo digno, precariza aún más, debilita a los sindicatos y consolida un modelo laboral basado en el miedo, la inestabilidad y la pérdida de derechos.

No sorprende, entonces, que el movimiento sindical y social haya respondido con confrontación y lucha. Lo que está en juego no es una simple reforma técnica, sino el futuro de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas.

Santa Clotilde y el cambio de rumbo de la sanidad pública en Cantabria

Estos días se está hablando mucho del acuerdo sanitario entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital Santa Clotilde, acuerdo que se presenta como una solución una solución técnica, casi inevitable, para aliviar las listas de espera y reforzar la capacidad asistencial. Pero cuanto más se va conociendo del convenio, mas claro parece que no estamos ante una medida puntual, sino ante algo mucho más profundo, un cambio de rumbo en el modelo de sanidad pública.

El consejero de sanidad Cesar Pascual insiste una y otra vez que se trata de una “colaboración público-privada” como su fuera una cuestión puramente temporal, pero cuando un centro privado como Santa Clotilde pasa a recibir financiación pública estable de entre 216 a 256 millones de euros en total, distribuidos a lo largo de 16 a 20 años para prestar servicios esenciales, la palabra se queda corta.

Porque esto no es una ayuda temporal, es externalizar de forma estructural parte de la asistencia sanitaria, y el mensaje que se lanza más que peligroso. En lugar de reforzar lo público cuando hay problemas, se asume que la solución pasa por derivar actividad y dinero fuera del sistema público.

Por eso no me extraña que los partidos de la oposición al gobierno Regional y diversas asociaciones sociales hayan manifestado su posición en contra e incluso hayan formulado reclamaciones por vía judicial.

La falta de explicaciones del porque esta es la mejor opción, y por qué no se ha apostado por invertir esos recursos en el conjunto de los centros sanitarios de Cantabria, del personal o en la planificación a medio y largo plazo, ha estado al margen del debate real que una medida como esta se requiere.

Hablamos de muchísimo dinero público comprometido durante años, dinero que condicionará presupuestos futuros y decisiones de gobiernos que ni siquiera han llegado aún. Y todo ello sin que la ciudadanía haya podido contrastar alternativas.

Que el convenio se haya tramitado como “singular” tampoco ayuda a generar confianza. No ha habido concurrencia pública ni comparación abierta con otras opciones, y el acceso a la información ha sido, como poco, complicado.

Cuando hacen falta reclamaciones y organismos de transparencia para conocer los detalles de un acuerdo de este calibre, algo falla. La sanidad regional merece más luz y más explicaciones, no menos.

En este caso el riesgo económico lo va a asumir el gobierno de Cantabria, es decir todos nosotros, porque las penalizaciones que recogen los papeles son prácticamente simbólicas y el interés público queda en segundo plano frente a la estabilidad del convenio y eso no parece un equilibrio justo.

El problema de fondo no es solo este acuerdo concreto, sino la lógica que lo sustenta. Cada euro que se destina a consolidar un modelo externalizado es un euro que no se invierte en fortalecer lo público.

Y eso tiene consecuencias. Por una parte, se pierden recursos para mejorar infraestructuras públicas, se incrementan las dificultades para atraer y retener profesionales, entrando en una espiral de dependencia de centros privados a largo plazo, un camino que debilita la sanidad publica.

No dudo de que la asistencia sanitaria de Cantabria tenga problemas reales ni de que las soluciones sean fáciles. Pero normalizar la externalización como respuesta estructural es, en mi opinión, un error.

La sanidad pública no necesita acuerdos a largo plazo con centros privados; necesita voluntad política, inversión sostenida y planificación. Necesita creerse a sí misma como pilar básico del bienestar, no como un sistema que se apoya cada vez más en muletas externas.