Extremadura, el laboratorio de la desigualdad que amenaza con extenderse

 

La presidenta de Extremadura, ha vuelto a tragarse su correspondiente dosis de sapos para ser investida de nuevo gracias al pacto de gobierno entre el PP y Vox. Un acuerdo que no es un simple trámite institucional, sino un experimento político con vocación de réplica en otros territorios como Aragón  y Castilla y León, por tanto, ante un banco de pruebas donde se ensayan las bases de futuros pactos.

Entre los elementos más preocupantes destaca la llamada “prioridad nacional”, un concepto que pretende favorecer a ciudadanos españoles en el acceso a ayudas públicas y vivienda. Este planteamiento introduce un cambio de paradigma político al abrir la puerta a criterios de preferencia por nacionalidad o arraigo en derechos que, hasta ahora, se han construido sobre principios de universalidad e igualdad.

Lo más llamativo es que esta idea ha sido cuidadosamente suavizada en la puesta en escena pública de Guardiola, pero no por ello pierde su carga de profundidad, al contrario, supone una confrontación directa con la legislación vigente, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, donde el principio de igualdad ante la ley no es negociable. 

Ahora vendrán las justificaciones, los matices y los habituales dimes y diretes de que en política no todo acuerdo está para cumplirse, argumento que a estas alturas resulta irrelevante.

Lo verdaderamente peligroso no es si se ejecuta o no cada punto, sino el marco discursivo que se consolida, y que tensiona principios básicos, a la vez que normaliza la idea de que los derechos pueden ser condicionados.

El propio acuerdo, de hecho, deja entrever sus límites al remitirse constantemente al “marco legal vigente” y a las competencias restringidas de una comunidad autónoma. Sin embargo, eso no impide que se planteen restricciones en ayudas, endurecimiento de políticas migratorias o exclusión de determinados colectivos, medidas ya cuestionadas por su posible ilegalidad o invasión de competencias estatales.

El resultado es un escenario inquietante, gobiernos autonómicos impulsando iniciativas de dudosa constitucionalidad, abriendo conflictos institucionales con el Estado y la Unión Europea, y fomentando una judicialización constante de la acción política. Se corre así el riesgo de legislar no para gobernar, sino para provocar recursos y alimentar una estrategia de confrontación permanente.

Mientras tanto, en Aragón ya se mira este pacto como referencia directa en las negociaciones en curso. Y en Castilla y León, donde la experiencia de gobierno compartido entre PP y Vox ya es una realidad, el precedente extremeño puede endurecer aún más el marco ideológico, especialmente en materias sensibles como inmigración o políticas sociales.

Paso a paso, este modelo puede consolidarse hasta convertirse en norma. Lo que hoy se presenta como una concesión puntual podría transformarse mañana en una condición estructural de gobernabilidad para el liderazgo de Rajoy.

El precio de gobernar a cualquier coste plantea un dilema de fondo, ¿hasta dónde puede llegar un partido para asegurar el poder?. 

Hasta claro que cuando conceptos como la igualdad, la universalidad de los derechos o la neutralidad institucional se convierten en moneda de cambio, dejamos de estar ante una disputa política ordinaria para entrar en un terreno mucho más profundo y estructural. 

Por lo tanto Extremadura ya no es solo un gobierno, es un precedente y cuando además se cuestiona el papel de los sindicatos o se intenta limitar su capacidad de acción, la gravedad es aún mayor. No estamos ante una opinión política más, sino ante un ataque directo a la libertad sindical, protegida por la ley y por organismos internacionales.

Ante este escenario no cabe la equidistancia. El sindicalismo no puede limitarse a observar. Tiene la responsabilidad de confrontar, de denunciar y de movilizar. Porque cada retroceso que se normaliza —como el que hoy se ensaya en Extremadura— es un derecho que puede tardar décadas en recuperarse.

La Remonta, el símbolo de cómo PP, PRC y PSOE han fallado a la vivienda en Cantabria

Cantabria ya no puede esconder su problema de vivienda detrás de diagnósticos repetidos. La situación es clara, acceder a una vivienda digna es cada vez más difícil y los responsables tienen nombre. Durante años, el Partido Popular (PP), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han sido incapaces - o no han querido - dar una respuesta eficaz a un problema que hoy es central para miles de cántabros.

El crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas en Santander no es casualidad, es consecuencia de años de permisividad política. Ninguno de los gobiernos – nacionales, municipales ni autonómicos - han querido afrontar el coste de regular de verdad este fenómeno, el resultado, menos vivienda residencial, y precios disparados.

Y frente a esta situación, la existencia de más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria, que retratan el fracaso colectivo, con el que solo cabe preguntarse, dónde han estado las políticas para movilizarlas, y que han hecho el PP, PRC y PSOE más allá de anunciar medidas que nunca llegan. La respuesta no puede ser otra, que la inacción prolongada, que está convirtiendo este problema en algo más que técnico, para convertirlo también en una responsabilidad política compartida.

La regulación del alquiler turístico sigue siendo insuficiente porque, sencillamente, no ha sido una prioridad real para quienes gobiernan o han gobernado. Se ha legislado a medias, se ha controlado poco y se ha permitido que la situación derive en un modelo insostenible.

Pero si hay un símbolo que concentra décadas de ineficacia política es La Remonta, en Peñacastillo.

Más de 25 años, gobiernos de distinto color, alternancias políticas, y promesas reiteradas, han tenido el mismo resultado, cero viviendas construidas en uno de los suelos más estratégicos de Santander.

El listado de planes es tan extenso como estéril, desde finales de los 90, proyectos estatales, acuerdos entre administraciones, planes parciales, propuestas de parques, anuncios de vivienda social, comisiones técnicas… todos ellos impulsados, en distintos momentos por PP, PRC o PSOE, pero ninguno ejecutado. La Remonta se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo funciona la política regional cuando falla, todos han pasado por el problema, pero ninguno ha asumido la solución.

Mientras tanto, más de 1.300 viviendas sociales potenciales, siguen sin construirse, mientras que, jóvenes, familias y trabajadores siguen sin acceso a vivienda, y a la espera de que las administraciones – autonómicas, nacionales y locales - se pongan de acuerdo.

Y todo ello en paralelo a un proceso creciente de gentrificación, que transforma Santander en una ciudad cada vez más orientada al visitante y menos al residente.   

La conclusión es incómoda, pero inevitable, el problema de la vivienda en Cantabria no es solo económico o urbanístico, es profundamente político.

Las soluciones están encima de la mesa desde hace años, regular de forma efectiva las viviendas turísticas movilizar la vivienda vacía con medidas reales, apostar decididamente por vivienda pública y desbloquear de una vez suelos estratégicos como La Remonta.

Por lo tanto, lo que falta no es información, ni capacidad técnica, incluso ni diagnóstico, lo que falta es decisión política y asumir los costes correspondientes, porque mientras el PP, PRC y PSOE sigan utilizando la vivienda como argumento y no como prioridad real, Cantabria seguirá avanzando hacia un modelo en el que vivir será cada vez más difícil… y la política, cada vez menos creíble.

El Cabildo de Arriba, más de una década esperando el plan que nadie cumple

En septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Santander presentó un ambicioso Plan Especial de Protección y Reforma Interior para la recuperación del Cabildo de Arriba, respaldado por la asistencia técnica de las empresas AUGE Arquitectura y Urbanismo y APIA XXI. El anuncio sonó a promesa seria. Parecía, por fin, el inicio de una nueva etapa para uno de los barrios más castigados del centro de la ciudad. 

Más de diez años después, aquella promesa sigue sin cumplirse, a pesar de que el diagnóstico que lo decía todo.

El informe de 2013 describía sin rodeos la situación del Cabildo de Arriba, "un barrio en el corazón de la ciudad, en el que parte de los edificios ya no existen, y los que se mantienen en pie cuentan con multitud de viviendas vacías". Los técnicos alertaban también de la ocupación de esas viviendas abandonadas por personas en situación de grave exclusión social y económica.

La conclusión era clara, la recuperación edificio a edificio resultaba inviable. Lo que se necesitaba era una intervención pública decidida, una rehabilitación integral, el retorno de la población tradicional y políticas sociales capaces de frenar el deterioro. Estaba todo escrito. Todo diagnosticado, y sin embargo, nada ocurrió. Los años han ido pasando y esa intervención integral nunca ha llegado.

Tanto la administración autonómica como la municipal parecen haber optado por una estrategia diferente, la de confiar en que el mercado privado absorba lentamente las viviendas vacías y los inmuebles con graves deficiencias estructurales. Una solución cómoda para quienes gestionan desde los despachos, pero insoportable para quienes viven cada día en el barrio, lidiando con la degradación, la incertidumbre y una sensación de abandono que se acumula año tras año.

En este tiempo no han faltado los planes, los borradores, las reuniones ni los titulares de prensa. Lo que ha faltado es la acción.

Hace unos meses se anunció el derribo de dos edificios en la calle Alta. La noticia se presentó, una vez más, como el primer paso hacia la regeneración definitiva del barrio. Los vecinos, sin embargo, llevan demasiado tiempo escuchando promesas parecidas como para ilusionarse con gestos aislados. Para ellos, esto no es más que otro parche, otra actuación puntual que sirve más para rellenar portadas que para transformar la realidad cotidiana del Cabildo.

El barrio no esta pidiendo nada extraordinario. Solo lo que ya estaba escrito en 2013, un plan claro, serio y, sobre todo, cumplido. Sus vecinos llevan más de una década reivindicando algo que debería ser un derecho básico e innegociable, vivir en un barrio digno, cuidado y respetado.

Mientras las administraciones siguen aplazando decisiones, el Cabildo de Arriba continúa esperando. Y el reloj sigue corriendo.

 

De Cantabria a Wall Street, cuando tus datos de salud entran en el mercado

Se nos viene repitiendo por parte del Consejero de Sanidad que proyectos como el de Cohorte Cantabria representan el futuro de la medicina, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado. Todo ello apoyado en un principio aparentemente incuestionable, de que cuantos más datos tengamos, mejor podremos cuidar la salud de la población. Y, sin embargo, hay una pregunta que rara vez se formula con claridad, ¿qué ocurre cuando esos datos salen del ámbito público y entran en la lógica del mercado?

La experiencia internacional ofrece pistas. Modelos como el de UK Biobank en el Reino Unido ha demostrado el enorme valor científico de las grandes bases de datos poblacionales. Pero también abierto la puerta a colaboraciones con empresas privadas capaces de convertir esa información en patentes, medicamentos y en última instancia, beneficios multimillonarios.

El mecanismo es sutil. Ningún ciudadano vende directamente sus datos. Nadie firma un contrato con una farmacéutica. Todo se hace a través de intermediarios legítimos, institutos de investigación, universidades, biobancos públicos, encargados de codificar y supuestamente proteger dando una sensación de protección legal impecable. Pero económicamente, el resultado es claro, la información generada de forma colectiva acaba alimentando circuitos de valor privados.

En este contexto, Cohorte Cantabria deja de ser un proyecto regional para convertirse en una pieza potencial de un engranaje mucho mayor. Hoy es una base de datos pública, gestionada por instituciones como el sistema sanitario y centros de investigación (IDIVAL) para mañana convertirse – como es el caso - en parte de redes internacionales ( Regeneron Pharmaceuticals ) donde los límites entre lo público y lo privado son cada vez más difusos.

No se trata de demonizar la colaboración con la industria. Sin empresas farmacéuticas no hay ensayos clínicos a gran escala, ni capacidad de producción, ni llegada real de los tratamientos al paciente. El problema aparece cuando el equilibrio se rompe, cuando el ciudadano aporta datos, el sistema público organiza el conocimiento y el retorno económico queda concentrado en actores privados.

Aquí es donde el debate debería volverse más exigente. No basta con garantizar la protección de datos. No basta con cumplir la ley. La cuestión de fondo es otra, ¿qué obtiene la sociedad cántabra a cambio? ¿Existe un retorno tangible, más allá de promesas futuras? ¿Se reinvierte ese valor en el sistema público que hizo posible la investigación?

Porque el riesgo no es inmediato ni visible. No hay un escándalo evidente, ni un uso ilegal de la información. Lo que hay es algo más complejo, una transferencia silenciosa de valor desde lo colectivo hacia lo privado, legitimada por el discurso del progreso científico.

Cohorte Cantabria, como tantos otros proyectos similares, se mueve en esa frontera. Puede ser una herramienta poderosa al servicio del bien común o una fuente de valor que otros sabrán capitalizar mejor. Todo dependerá de las reglas del juego que se establezcan hoy.

La decisión, en última instancia, no es técnica. Es política. Y consiste en responder con honestidad a una pregunta incómoda, en la medicina del futuro, ¿los datos de todos servirán realmente para el beneficio de todos?

Cuba entre el bloqueo y un relato interesado

He leído en El Diario Montañés del 22 de marzo un artículo de Manuel Ángel Castañeda titulado “Cuba, se desmerenga el mito de la revolución”. En él se presenta la situación actual de la isla como la prueba definitiva del fracaso de su sistema político. Sin embargo, el análisis resulta demasiado simple para explicar una realidad mucho más compleja.

Reducir las penurias económicas de Cuba únicamente a su modelo político es olvidar un factor decisivo: el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de sesenta años. Pocas economías en el mundo han tenido que sobrevivir durante tanto tiempo bajo un régimen de sanciones que limita el comercio, la financiación internacional y hasta la compra de productos básicos.

Las consecuencias de ese cerco se reflejan en datos concretos. Las pérdidas acumuladas para la economía cubana superan los 150.000 millones de dólares y cada año la isla afronta enormes dificultades para importar combustible, alimentos o medicamentos. Incluso empresas de terceros países evitan comerciar con Cuba por miedo a sanciones.

A esta situación se suma ahora una nueva amenaza política desde Washington. El retorno de Donald Trump al poder viene acompañado de una retórica aún más dura hacia la isla y de la intención declarada de endurecer el aislamiento económico. Ese tipo de políticas no solo persiguen presionar al gobierno cubano; en la práctica terminan agravando las condiciones de vida de la población, provocando mayores dificultades alimentarias, sanitarias y energéticas en un país que ya vive bajo una presión económica extraordinaria.

En el artículo también se menciona la escasez actual de petróleo procedente de Venezuela, como si fuera una especie de castigo histórico que revela el fracaso del sistema cubano. Pero la realidad energética de la isla también está condicionada por las sanciones que afectan al transporte marítimo, a las aseguradoras y a cualquier empresa que decida vender combustible a Cuba.

Por supuesto, Cuba tiene problemas internos y su sistema político puede ser objeto de crítica. Pero analizar la situación del país sin tener en cuenta más de seis décadas de presión económica externa no es un ejercicio de rigor, sino de simplificación.

Antes de hablar del derrumbe de un mito, quizá convendría reconocer que un país pequeño ha tenido que sobrevivir durante décadas bajo un cerco económico casi permanente. Y que, pese a todas sus dificultades, el pueblo cubano sigue resistiendo una situación que difícilmente sería soportable para cualquier otra nación.

El regreso del PRC como fuerza bisagra

Durante meses parecía políticamente imposible que el Partido Regionalista de Cantabria fuera apoyar los presupuestos del Gobierno del Partido Popular. Las condiciones iniciales del PRC eran duras y su discurso público mantenía una clara distancia respecto al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga. Sin embargo, el acuerdo finalmente ha llegado, sorprendiendo a buena parte de los cántabros.

Más allá de las medidas concretas del pacto, la clave parece estar menos en la gestión inmediata – a la que se venía agarrando con uñas y dientes el partido - y más en la estrategia política de cara a las elecciones autonómicas de 2027 y al futuro del liderazgo regionalista tras décadas marcadas por Miguel Ángel Revilla.

El movimiento, según mi opinión, pudiera interpretarse como un intento del PRC de recuperar su papel tradicional como partido bisagra en la política cántabra. Durante años, esa posición le permitió pactar con fuerzas de distinto signo ideológico y reforzar su imagen de partido pragmático, centrado en los intereses de Cantabria por encima de los bloques políticos.

Tras un largo periodo de gobierno junto al PSOE, los regionalistas parecen querer marcar distancias y reconstruir una identidad política propia, y para ello pactar ahora con el PP les puede permitir lanzar un mensaje claro, el de un partido que quiere presentarse de nuevo como una fuerza independiente, y a la vez dispuesto a negociar con quien fuera necesario, si con ello se beneficia a la comunidad autónoma.

Después de perder el Gobierno en 2023, el partido pasó a la oposición, en una situación muy difícil de asumir, por lo que este acuerdo presupuestario, pudiera permitirle mantener, cierta capacidad de influencia política sin asumir el desgaste del pacto presupuestario. Además, ofrece la posibilidad de presentar resultados concretos ante su electorado, especialmente en comarcas donde su implantación es fuerte, al mismo tiempo que suaviza la radicalidad expresada por algunos de los alcaldes regionalistas.

El pacto también se produce en un momento clave para el partido: la transición generacional. Con el horizonte del relevo de Revilla – con un poco de suerte a manos de Paula Fernández Viaña - el PRC necesita mantener presencia institucional, visibilidad y capacidad de negociación para consolidar nuevos liderazgos.

Visto así, el acuerdo no es solo una decisión coyuntural. Es también un movimiento dentro de una estrategia más amplia para llegar a 2027 reforzando tres ideas claves, su utilidad política, la independencia ideológica – que algunos vinculaban actualmente al partido socialistas - y capacidad de negociación.

El tiempo dirá si la jugada resulta eficaz. Pero lo que parece claro es que este acuerdo presupuestario marca el inicio de un nuevo movimiento en el tablero político cántabro.

 

Sumar: algunas conclusiones necesarias

La experiencia de Sumar permite extraer lecciones relevantes sobre las dificultades de la izquierda a la izquierda del PSOE para consolidar proyectos políticos estables. Su aparición generó expectativas comprensibles: recomponer un espacio fragmentado tras el desgaste del ciclo de Podemos y construir una herramienta con mayor capacidad de incidencia institucional. 

En su fase inicial, Sumar logró atraer a sectores diversos del electorado progresista, incluyendo perfiles del ámbito social, sindical y político. Esa confluencia alimentó la expectativa de un espacio más amplio, capaz de conectar acción institucional, movilización social y agenda laboral.

Con el tiempo, esas expectativas se debilitaron. La indefinición organizativa, la ausencia de estructuras claras de participación y la dificultad para articular una dirección colectiva sólida limitaron su arraigo social y su capacidad de proyección electoral.

El paso atrás de Yolanda Díaz en el liderazgo político no es un hecho aislado, sino la confirmación de esos límites: un proyecto excesivamente dependiente de una figura concreta, sin un marco colectivo consolidado que lo sostuviera en el tiempo.

Mientras el debate vuelve a centrarse en términos abstractos —“ideas”, “proceso”, “proyecto”—, el problema de fondo persiste: la política transformadora requiere organización, tiempos claros y capacidad real para disputar poder. Cuando eso falla, otros ocupan el espacio.

En este contexto, el PSOE aparece para parte del electorado como una opción más previsible en términos de gestión, reforzada por los avances del gobierno de coalición. La lección es clara: sin estructuras sólidas y arraigo social, la ilusión no basta.

Las listas de espera en Cantabria como excusa: el negocio oculto de la externalización sanitaria

 
Hace unos días publiqué en este blog una primera reflexión sobre el acuerdo singular entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital San Juan de Dios –Santa Clotilde–. Entonces aún no se conocía un dato clave: la verdadera beneficiaria económica del convenio no es el hospital, sino la empresa privada HT Médica, a la que se subcontratan los servicios.

Lo que se presentó con opacidad como una solución técnica para reducir las listas de espera es, en realidad, un nuevo paso en la externalización encubierta de la sanidad pública. Un modelo impulsado por el Partido Popular que convierte un problema estructural del sistema sanitario en una oportunidad de negocio financiada con dinero público.

El consejero de Sanidad omitió que Santa Clotilde actúa únicamente como intermediario económico. La atención sanitaria la prestará HT Médica, en muchos casos con los mismos profesionales que ya trabajan en el sistema público regional. El resultado es un esquema tan sencillo como opaco: fondos públicos que acaban en una empresa privada sin contrato público, sin licitación y sin control parlamentario o ciudadano, pero que podría gestionar hasta 256 millones de euros.

Aunque el modelo pueda ser formalmente legal, es democrática y socialmente inaceptable. La subcontratación expulsa del control público información esencial: precios reales, criterios de elección, beneficios empresariales y destino final de los recursos comunes.

No es un modelo nuevo. Ya se ha aplicado en comunidades como Madrid o Valencia, generando un círculo vicioso que debilita lo público y justifica nuevas derivaciones al sector privado. Las listas de espera no se solucionan privatizando, sino invirtiendo en recursos públicos, plantillas, infraestructuras y medios propios.

La sanidad pública está para prestar servicios, no para ser intermediaria de negocios privados. Todo lo demás es un retroceso que acabamos pagando trabajadores y pacientes.

La reforma laboral de Milei: un ataque frontal a los derechos conquistados por la clase trabajadora

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei pretende imponer a las trabajadoras y trabajadores argentinos representa un retroceso histórico en derechos laborales. Si no logra ser frenada por la movilización y la lucha del movimiento sindical, supondrá una transformación profunda del mercado de trabajo en favor exclusivo de las empresas, debilitando las protecciones laborales y habilitando la imposición unilateral de condiciones en materia de jornadas, despidos, negociación colectiva y acción sindical.

No es casual que esta reforma se haya convertido en uno de los principales focos de conflicto político y social en Argentina. Su aprobación en el Senado y el actual debate en la Cámara de Diputados ya han provocado protestas masivas y una huelga general, expresión clara del rechazo popular y sindical a un proyecto que pretende barrer décadas de conquistas obreras.

Entre los puntos más graves se encuentra la ampliación de la jornada laboral hasta las 12 horas diarias, liquidando la histórica jornada de 8 horas. A esto se suma una nueva trampa patronal: el llamado “banco de horas”, un mecanismo que permitirá a las empresas exigir horas extra sin pagarlas, compensándolas con descansos futuros cuando convenga al empleador.

El ataque no termina ahí. La reforma también reduce las indemnizaciones por despido, modificando su cálculo y excluyendo conceptos y bonificaciones, lo que abarata el despido y deja a los trabajadores en una situación de mayor desamparo. Para completar el cuadro, se impulsa un Fondo de Asistencia Laboral, financiado por las propias empresas, cuyo objetivo real no es proteger al trabajador despedido, sino reducir aún más el costo de echar gente.

Los derechos vinculados al descanso y la salud también quedan bajo amenaza. Las vacaciones pasarán a depender de la conveniencia empresarial, fragmentadas y flexibilizadas, mientras que las licencias por enfermedad o accidente sufrirán fuertes reducciones salariales, castigando a quien se enferma o sufre un accidente laboral.

En el terreno sindical, la reforma avanza directamente sobre el derecho a huelga, imponiendo por ley servicios mínimos del 75 % sin negociación alguna. Las reuniones sindicales en los lugares de trabajo quedarán sujetas a la autorización de la empresa y se establecen sanciones severas, calificadas como infracciones graves, para quienes se organicen o protesten.

La negociación colectiva tampoco escapa al ajuste. Los convenios perderán vigencia automáticamente al vencer su plazo, eliminando la ultraactividad, y se priorizarán los convenios de empresa por encima de los sectoriales o nacionales, fragmentando la fuerza colectiva y debilitando cualquier derecho común que aún pudiera sostenerse.

Pese al discurso oficial que intenta presentar esta reforma como “moderna” y necesaria para reducir costos y generar empleo, la realidad es otra. En un país con más del 40 % de empleo precario, esta reforma no crea trabajo digno, precariza aún más, debilita a los sindicatos y consolida un modelo laboral basado en el miedo, la inestabilidad y la pérdida de derechos.

No sorprende, entonces, que el movimiento sindical y social haya respondido con confrontación y lucha. Lo que está en juego no es una simple reforma técnica, sino el futuro de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas.

Santa Clotilde y el cambio de rumbo de la sanidad pública en Cantabria

Estos días se está hablando mucho del acuerdo sanitario entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital Santa Clotilde, acuerdo que se presenta como una solución una solución técnica, casi inevitable, para aliviar las listas de espera y reforzar la capacidad asistencial. Pero cuanto más se va conociendo del convenio, mas claro parece que no estamos ante una medida puntual, sino ante algo mucho más profundo, un cambio de rumbo en el modelo de sanidad pública.

El consejero de sanidad Cesar Pascual insiste una y otra vez que se trata de una “colaboración público-privada” como su fuera una cuestión puramente temporal, pero cuando un centro privado como Santa Clotilde pasa a recibir financiación pública estable de entre 216 a 256 millones de euros en total, distribuidos a lo largo de 16 a 20 años para prestar servicios esenciales, la palabra se queda corta.

Porque esto no es una ayuda temporal, es externalizar de forma estructural parte de la asistencia sanitaria, y el mensaje que se lanza más que peligroso. En lugar de reforzar lo público cuando hay problemas, se asume que la solución pasa por derivar actividad y dinero fuera del sistema público.

Por eso no me extraña que los partidos de la oposición al gobierno Regional y diversas asociaciones sociales hayan manifestado su posición en contra e incluso hayan formulado reclamaciones por vía judicial.

La falta de explicaciones del porque esta es la mejor opción, y por qué no se ha apostado por invertir esos recursos en el conjunto de los centros sanitarios de Cantabria, del personal o en la planificación a medio y largo plazo, ha estado al margen del debate real que una medida como esta se requiere.

Hablamos de muchísimo dinero público comprometido durante años, dinero que condicionará presupuestos futuros y decisiones de gobiernos que ni siquiera han llegado aún. Y todo ello sin que la ciudadanía haya podido contrastar alternativas.

Que el convenio se haya tramitado como “singular” tampoco ayuda a generar confianza. No ha habido concurrencia pública ni comparación abierta con otras opciones, y el acceso a la información ha sido, como poco, complicado.

Cuando hacen falta reclamaciones y organismos de transparencia para conocer los detalles de un acuerdo de este calibre, algo falla. La sanidad regional merece más luz y más explicaciones, no menos.

En este caso el riesgo económico lo va a asumir el gobierno de Cantabria, es decir todos nosotros, porque las penalizaciones que recogen los papeles son prácticamente simbólicas y el interés público queda en segundo plano frente a la estabilidad del convenio y eso no parece un equilibrio justo.

El problema de fondo no es solo este acuerdo concreto, sino la lógica que lo sustenta. Cada euro que se destina a consolidar un modelo externalizado es un euro que no se invierte en fortalecer lo público.

Y eso tiene consecuencias. Por una parte, se pierden recursos para mejorar infraestructuras públicas, se incrementan las dificultades para atraer y retener profesionales, entrando en una espiral de dependencia de centros privados a largo plazo, un camino que debilita la sanidad publica.

No dudo de que la asistencia sanitaria de Cantabria tenga problemas reales ni de que las soluciones sean fáciles. Pero normalizar la externalización como respuesta estructural es, en mi opinión, un error.

La sanidad pública no necesita acuerdos a largo plazo con centros privados; necesita voluntad política, inversión sostenida y planificación. Necesita creerse a sí misma como pilar básico del bienestar, no como un sistema que se apoya cada vez más en muletas externas. 

Solidaridad sin planificación. Cartes como símbolo de una mala decisión política

 

“A llorar a Pedro Sánchez, los menores inmigrantes no acompañados que corresponden a Cantabria, que se los coman con patatas los socialistas que gobiernan Cartes”.

Este parece ser, en esencia, el argumento con el que la presidenta Buruaga pretende justificar la atención a los menores inmigrantes no acompañados en Cantabria. Un planteamiento que no solo resulta frívolo, sino que se sitúa claramente al margen del marco normativo vigente, que obliga a las comunidades autónomas a actuar conforme “al interés superior del menor y a valorar de forma objetiva la capacidad real de los territorios para garantizar sus derechos, su integración y su desarrollo personal”.

Conviene dejar claro, antes de nada, que la elección de Cartes puede ser defendible desde una óptica estrictamente solidaria. No tengo dudas de que una parte importante de la ciudadanía del municipio responderá con generosidad y acogida hacia estos jóvenes. Sin embargo, la solidaridad, por sí sola, es un valor insuficiente cuando se trata de diseñar políticas públicas con vocación de futuro.

La normativa que regula la acogida de menores no acompañados es clara y exigente. En primer lugar, se requiere la existencia de servicios especializados, profesionales con experiencia y una red de recursos ya operativa que permita una intervención inmediata y eficaz. Y, en este punto, todo indica que Cartes carece de una dotación suficiente.

En segundo lugar, resulta imprescindible garantizar una atención integral que incluya educación, sanidad y apoyo psicológico, además de refuerzos lingüísticos y servicios sanitarios especializados. Todo ello exige mayores dotaciones presupuestarias y estructuras que, a día de hoy, dependen en gran medida de municipios cercanos, lo que añade complejidad y fragilidad al modelo.

Desde una perspectiva socioeconómica, centrada en las oportunidades formativas y prelaborales, la situación es igualmente preocupante. Cartes no dispone de centros de formación profesional ni de programas sólidos de inserción laboral, elementos clave para acompañar a estos menores en su transición hacia la vida adulta.

Tampoco ayuda el reducido tamaño y la población del municipio. Lejos de favorecer la integración, esta circunstancia aumenta la visibilidad de los menores, dificultando que se diluyan en el entorno social y elevando el riesgo de estigmatización, lo que puede entorpecer gravemente un proceso de convivencia normalizada.

Por todo ello, resulta difícil comprender las decisiones adoptadas por la administración regional. No sorprende, en absoluto, que la alcaldesa de Cartes haya alzado la voz para exigir explicaciones y conocer los criterios objetivos que llevaron al Gobierno de Cantabria a seleccionar su municipio como lugar de acogida.

A la vista de los hechos, parece razonable —y necesario— que el Parlamento regional abra un debate profundo y riguroso sobre esta y otras situaciones futuras. Solo así se podrá garantizar que los territorios elegidos para la atención de menores inmigrantes no acompañados reúnan las condiciones de idoneidad que, hoy por hoy, Cartes claramente no tiene.

Sin diálogo no hay presupuesto para Cantabria, y sin presupuesto pierde la ciudadanía

 

Confío en que UGT y CCOO, que el pasado mes de noviembre dieron su visto bueno a la propuesta de presupuesto regional para 2026, hayan reconsiderado su posición tras la prórroga aprobada. Las organizaciones sindicales no deberían guardar silencio ante una decisión que no es neutra ni técnica, sino profundamente política y con consecuencias claras para la clase trabajadora y la ciudadanía.

La falta de un nuevo presupuesto no responde a una imposibilidad económica, sino a la ausencia de diálogo y negociación por parte del Gobierno regional. Prorrogar las cuentas supone renunciar al debate democrático sobre las prioridades reales de Cantabria en un contexto social y económico que ha cambiado.

Un presupuesto prorrogado congela políticas públicas, frena inversiones y limita el refuerzo de servicios esenciales como sanidad, educación, dependencia, vivienda y empleo público, justo cuando el coste de la vida aumenta y las necesidades sociales se agravan.

Esta situación perjudica a los trabajadores, debilita los servicios públicos, frena la economía regional y dificulta el desarrollo de políticas sociales necesarias. Además, empobrece el debate democrático, ya que el presupuesto es la principal herramienta para definir un proyecto de gobierno.

Es por eso por lo que desde el ámbito sindical la denuncia de esta parálisis no puede justificarse en nombre de la estabilidad. El diálogo es una obligación democrática. Cantabria necesita un presupuesto actualizado, negociado y socialmente responsable, porque al final prorrogar las cuentas siempre supone prorrogar los problemas.

Paula Fernández Viaña y el pulso interno que pone a prueba al PRC

 

Mal que les pese a algunos alcaldes y a otros dirigentes del PRC, Paula Fernández Viaña ganó las primarias con el 65,3 % de los votos, convirtiéndose en la candidata oficial del partido para las elecciones regionales de 2027 y llamada a suceder al líder histórico, Miguel Ángel Revilla. Si el PRC no quiere recorrer la misma senda que el Partido Popular —sustituyendo a Casado por Feijóo de forma abrupta y poco edificante— el partido, todo el regionalismo cántabro, debería cerrar filas en torno a su candidata.

El pasado mes de octubre, el Comité Ejecutivo aprobó cinco condiciones en relación con unos presupuestos “viables y sin coste económico” que el Gobierno del PP debía aceptar como punto de partida para negociar el Presupuesto de 2026. Sin embargo, la estrategia de María José Sáenz de Buruaga parecía perfectamente definida: plantear un pulso político —quién sabe si con la complicidad de algunos alcaldes regionalistas— para forzar el repliegue de la candidata oficial del PRC.

De poco sirvieron las escasas reuniones mantenidas. El PP tenía claro su relato, dirigido especialmente a los alcaldes regionalistas: que el PRC “nunca tuvo voluntad de apoyar el presupuesto” y que todo había sido “puro teatro”. Una posición que evidenció un desencuentro político deliberado.

Como era previsible, la respuesta no se ha hecho esperar. Un reducido grupo de alcaldes regionalistas, encabezados por el histórico Francisco Asón, ya amenaza con abandonar el partido si Paula no “dobla la cerviz”, modifica la estrategia aprobada por la Ejecutiva Regional y firma el presupuesto autonómico, incluso incumpliendo los acuerdos adoptados por el propio partido apenas un mes antes.

Parece no importar que Paula haya defendido recientemente en el Congreso Nacional a las enfermeras y fisioterapeutas, que haya criticado al Gobierno central y autonómico por el retraso de los nuevos trenes de cercanías, o que se haya posicionado con claridad en defensa de las prioridades regionales - sanidad, servicios públicos e inversiones - frente a otros partidos centrados exclusivamente en agendas nacionales.

Por lo visto, ahora lo que toca es “apañar” un año más el presupuesto regional, aunque ello suponga la humillación de la estrategia del partido, que durante meses ha ejercido una oposición responsable al Gobierno de Buruaga, planteando alternativas a corto y medio plazo con la vista puesta en las próximas elecciones.

Soy de los que piensan que el relevo de Revilla por Paula proyectará una combinación de continuidad y renovación que puede consolidar, e incluso ampliar, la base electoral del PRC en Cantabria. Paula tiene la capacidad de conectar con un electorado más joven y, desde una posición de centro y regionalista, atraer a votantes desencantados tanto del PP como del PSOE, partidos que hoy solo parecen ofrecer confrontación permanente y barro político.

La vieja herida urbanística del Sardinero: memoria de un pelotazo que vuelve a escena

Hay historias urbanísticas que, por más años que pasen, siguen proyectando su sombra sobre la ciudad. La operación que transformó los antiguos Campos de Sport del Sardinero en el actual Parque de Mesones es una de ellas. Hoy reaparece con fuerza, justo cuando se vuelve a hablar de remodelar el estadio del Racing y de redefinir todo su entorno.

Conviene agradecer a la periodista Olga Agüero, de Diario.es, que haya recuperado un episodio que muchos prefieren olvidar. Su reportaje recuerda cómo, hace cuatro décadas, el Ayuntamiento compró el viejo campo para derribarlo y crear un parque que compensara el exceso de edificabilidad de Feygon, auténtico beneficiario de una maniobra que, vista en perspectiva, encaja en todas las definiciones de “pelotazo urbanístico”.

Detrás de aquella operación hubo acuerdos políticos transversales, silencios cómplices y decisiones que transformaron un solar deportivo en un terreno urbanizable. Un embargo pactado permitió adquirir el Racing a precio de saldo, remodelarlo y, finalmente, demolerlo para justificar unas zonas verdes que no respondían a una demanda ciudadana, sino a una necesidad administrativa: regularizar un exceso de volumetría ya consumado.

Quizá por eso no sorprende la inquietud de la actual corporación municipal ante el nuevo proyecto para el estadio. La posible ampliación edificatoria y la explotación futura de los locales comerciales previstos despiertan un déjà vu inevitable. En Santander conocemos bien cómo empiezan estas historias… y cómo suelen terminar.

El futuro del Sardinero está aún por decidir, pero recordar lo que ya ocurrió no es un ejercicio de nostalgia: es una obligación democrática. Reportajes como el de Olga Agüero son necesarios porque devuelven a la memoria colectiva episodios que no deben repetirse. La ciudad tiene cicatrices —los Campos de Sport, el Río de la Pila, el Teatro Pereda— y solo se curan reconociéndolas, no ocultándolas.

Santander no puede permitirse otro capítulo de improvisación interesada. Esta vez, la transparencia debe ser tan sólida como los cimientos que se proyecten sobre ese suelo. Sólo así la ciudad aprenderá, de una vez por todas, a cerrar sus viejas heridas. 

El PRC deja pasar el tren de la condonación de deuda

 Cuesta entender por qué el PRC ha decidido no incluir en sus propuestas para el debate de los Presupuestos Regionales de 2026 la condonación de deuda que el Estado ofreció recientemente a las comunidades autónomas.

Es cierto que el Gobierno de Cantabria ha calificado la medida como una “falsa condonación”, y que el contexto político y electoral enrarece cualquier negociación. Pero no está de más recordar que la candidata del PRC, Paula Fernández, fue en su día una de las voces más insistentes en reclamar ese alivio financiero. Entonces centró su crítica en los intereses: 27 millones de euros en el primer año y 185 millones acumulados hasta 2030.

Sin embargo, la presidenta del PP María José Sáenz de Buruaga ha optado por un camino distinto. No solo rechaza la condonación, sino que plantea en su proyecto de Presupuestos para 2026 reducir la deuda en cinco puntos respecto a 2022. Su objetivo es eliminarla por completo mediante una gestión ordinaria, sin recurrir a medidas excepcionales del Estado.

El asunto no es menor: la condonación prevista para Cantabria alcanzaba los 809 millones de euros. Una cifra nada despreciable que, según el propio PRC, habría ampliado la capacidad de crédito de la comunidad frente a bancos y ante la Administración central, siempre dispuesta a renegociar con las autonomías.

Pese a todo, el debate presupuestario ha vuelto a orbitar en torno a los clásicos titulares: “inversiones récord”, “bajada de impuestos”, “reducción de deuda”, “más dinero para sanidad y educación”. Mientras tanto, la deuda con el Estado, esa que podría haber dado algo de aire financiero a Cantabria, queda aparcada en un segundo plano.

Aún hay margen para rectificar. El PRC podría aprovechar lo que queda de negociación para reabrir el debate sobre la quita de deuda y recuperar una bandera que, en su momento, enarboló con fuerza. Porque si algo enseña la política económica es que los trenes que se dejan pasar rara vez vuelven a la estación.

Milei y el precio de la moderación

 

El reportaje de Zigor Aldama en el Diario Montañés retrata la evolución del presidente argentino, entre el ajuste implacable y la necesidad de estabilidad política

Antonio Saiz Pi

El reciente reportaje de Zigor Aldama ofrece una mirada lúcida y bien articulada sobre la evolución política y personal de Javier Milei, el presidente argentino que llegó al poder envuelto en una ola de furia antisistema y promesas de ruptura. Aldama pasa revista a un liderazgo que, tras un año de vértigo y confrontación, comienza a descubrir los límites de la radicalidad y la importancia de cierta moderación para garantizar la gobernabilidad.

De la motosierra al cálculo político

Las últimas elecciones han otorgado a Milei una segunda oportunidad. Sin embargo, más que un voto de confianza en su gestión —caracterizada por medidas económicas durísimas—, parece haber sido el resultado de la falta de propuestas y liderazgo en la oposición. El reportaje de Aldama expone con claridad los efectos de la inestabilidad: precariedad laboral, incremento de la pobreza, recortes en el sector público y ajustes que, aunque dirigidos al saneamiento de la economía, han tenido consecuencias sociales profundas, llegando en algunos casos a rozar la hambruna.

Aquel Milei que blandía la “motosierra” como símbolo de su voluntad de recorte ha dado paso a un presidente que busca respaldo internacional y nuevas fórmulas de financiación. Según Aldama, su gobierno cuenta con el apoyo de Donald Trump, quien habría prometido 40.000 millones de dólares a cambio de su victoria, mediante la compra masiva de pesos argentinos. “¿Qué pasará si deja de hacerlo?”, se pregunta el periodista, dejando abierta una interrogante que resume la fragilidad de la actual economía argentina.

Cuentas ordenadas, vidas desordenadas

Aldama recoge cifras que ilustran el contraste entre la aparente estabilidad macroeconómica y la realidad social: 14 millones de pobres, 6,9 % de pobreza extrema y una renta media de 810 euros mensuales. Como subraya el reportaje, “Argentina puede tener las cuentas en orden, sí. Han solucionado los problemas de inflación y déficit, pero eso no significa que se viva mejor”.

El papel de los sindicatos —aún contenidos, pero con capacidad de movilización— es clave en este escenario. Hasta ahora han apoyado las reivindicaciones de jubilados y desempleados, pero si el poder adquisitivo de los trabajadores continúa deteriorándose, el peronismo podría recuperar protagonismo y sacar a la calle una respuesta social más contundente frente a las políticas de ajuste.

Una alianza impredecible

El reportaje de Zigor Aldama invita a la reflexión y merece ser releído con el paso del tiempo. La pareja política que conforman Milei y Trump representa una ecuación de alto riesgo e imprevisibilidad. Hoy, más que nunca, el rumbo económico y político de Argentina parece depender de que el expresidente estadounidense cumpla sus promesas. Porque Milei, tras un año de motosierra y recortes, empieza a descubrir que la gobernabilidad no se sostiene solo con tijeras, sino también con acuerdos, tiempo y mesura.