Carta
abierta de Antonio Saiz Pi, exsecretario general de USO Cantabria al IV
Congreso de la Federación de Industria, Córdoba, 10 y 11 de diciembre.
Compañeras
y compañeros:
Os
escribo desde El Blog de Pi, como exsecretario general de USO Cantabria, porque
no puedo callar ante lo que está ocurriendo con la Federación de Industria de mi
región. Y creo que vosotros, que vais a Córdoba a decidir en nombre de toda la
organización, tampoco deberíais pasarlo por alto.
Habrá
quien quiera presentarlo como una discrepancia entre responsables o una disputa
sobre quién va de delegado. Es bastante más serio, lo que está en juego es si
la afiliación puede elegir a quienes hablan en su nombre.
La
Comisión Ejecutiva de la Federación de Industria de Cantabria, a la que
correspondía conducir todo el proceso precongresual, ha sido apartada de sus
funciones. Es decir, se ha apartado al órgano que la afiliación eligió para ese
proceso. No es una estructura menor: según los datos que manejo, Industria
reúne a unos 2.500 afiliados, más de la mitad de la Unión Regional de
Cantabria.
En
lugar de abrir un proceso transparente, se ha optado por resolver su
representación desde arriba. Por eso me pregunto, y os pregunto: ¿puede una
dirección suplantar la voluntad de la afiliación y dar después el problema por
cerrado mediante un procedimiento cuya legitimidad es, precisamente, lo que se
discute?
El
pasado 29 de octubre se celebró una asamblea de delegados. Asistieron, en
representación de la Federación Estatal de Industria, dos miembros de su
Ejecutiva, Laura Fernández y Eva Babiano, que no plantearon ninguna alternativa
a lo que ya había decidido la Ejecutiva Regional.
El
resultado fue que la designación de la delegación cántabra recayó en la
comisión gestora, que no tiene mandato electivo de la afiliación. En Córdoba,
la representación de Cantabria quedará en manos de una sola persona de esa
comisión: una persona para hablar en nombre de 2.500 afiliados que, en la
práctica, quedan sin voz.
Una
comisión gestora —si procede constituirla conforme a los estatutos— no puede
convertirse en un atajo para decidir, sin garantías, quién habla en nombre de
los afiliados.
Por
lo que sé, esa designación solo cuenta con el respaldo de 3 de las 65 secciones
sindicales que forman hoy la Federación, y no consta que haya salido de ninguna
elección. El apoyo de unas pocas secciones no es la voz de todas. Hoy en día no
se ha entregado el acta de la asamblea del 29 de octubre ni la relación de
asistentes al Consejo Regional del 6 de noviembre. Los debates de esas
reuniones no constan en ningún documento facilitado a los afiliados. Lo único
que se ha documentado es lo que afecta a las sanciones.
Quien
representa a una organización tiene que poder explicar de quién recibe el
mandato, cómo lo ha obtenido y ante quién responde. Si no puede, el problema ya
no es administrativo: es de legitimidad sindical.
Mi
crítica va dirigida tanto a la dirección federal como a la dirección de la
Unión Regional. Cuando hay conflicto es precisamente cuando más falta hacen las
garantías, la transparencia y el respeto a las normas comunes. Una dirección
está para proteger el funcionamiento democrático, no para sustituirlo.
Compañeras
y compañeros, os invito a pedir al Congreso una explicación documentada de las
decisiones que llevaron a apartar a la Comisión Ejecutiva de la Federación de
Industria de Cantabria. Pedid también la documentación completa de la asamblea
del 29 de octubre y la acreditación del procedimiento seguido para designar a
la delegación. Y, en consecuencia, que se revise la validez de esa designación
antes de que sus efectos se consoliden en el Congreso.
Esto
no es una pelea personal ni una lucha por cargos. Defiendo el derecho de los
afiliados de Industria de Cantabria a participar en su organización, a elegir a
sus representantes y a decidir el futuro de su federación. Cuando se les aparta
de esas decisiones, se resiente también la confianza en el sindicato y su
capacidad para defender a la clase trabajadora.
No
se puede exigir democracia en las empresas y renunciar a ella dentro del propio
sindicato, ni reclamar transparencia a las instituciones mientras se niegan
explicaciones a los afiliados. La coherencia sindical empieza por casa.
Hoy
es la Federación de Industria de Cantabria; mañana puede ser cualquier otra
estructura. Y no es el único asunto pendiente: el acceso al Libro Mayor, un X
Congreso Regional aplazado hasta octubre de 2027 y el despido de Sheila Rozas
siguen sin explicación. Por eso os animo a pedir explicaciones y a apoyar una
solución que devuelva la voz a la afiliación de Cantabria.
No
os pido que aceptéis mi interpretación sin examinarla. Os pido que se
investiguen los hechos, se justifiquen las decisiones y se acrediten los
mandatos. Mientras eso no ocurra, la legitimidad de la asamblea del 29 de
octubre seguirá en entredicho.
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