Sin democracia interna no hay representación legítima.

 

Carta abierta de Antonio Saiz Pi, exsecretario general de USO Cantabria al IV Congreso de la Federación de Industria, Córdoba, 10 y 11 de diciembre.

 Compañeras y compañeros:

 Os escribo desde El Blog de Pi, como exsecretario general de USO Cantabria, porque no puedo callar ante lo que está ocurriendo con la Federación de Industria de mi región. Y creo que vosotros, que vais a Córdoba a decidir en nombre de toda la organización, tampoco deberíais pasarlo por alto.

 Habrá quien quiera presentarlo como una discrepancia entre responsables o una disputa sobre quién va de delegado. Es bastante más serio, lo que está en juego es si la afiliación puede elegir a quienes hablan en su nombre.

 La Comisión Ejecutiva de la Federación de Industria de Cantabria, a la que correspondía conducir todo el proceso precongresual, ha sido apartada de sus funciones. Es decir, se ha apartado al órgano que la afiliación eligió para ese proceso. No es una estructura menor: según los datos que manejo, Industria reúne a unos 2.500 afiliados, más de la mitad de la Unión Regional de Cantabria.

 En lugar de abrir un proceso transparente, se ha optado por resolver su representación desde arriba. Por eso me pregunto, y os pregunto: ¿puede una dirección suplantar la voluntad de la afiliación y dar después el problema por cerrado mediante un procedimiento cuya legitimidad es, precisamente, lo que se discute?

 El pasado 29 de octubre se celebró una asamblea de delegados. Asistieron, en representación de la Federación Estatal de Industria, dos miembros de su Ejecutiva, Laura Fernández y Eva Babiano, que no plantearon ninguna alternativa a lo que ya había decidido la Ejecutiva Regional.

 El resultado fue que la designación de la delegación cántabra recayó en la comisión gestora, que no tiene mandato electivo de la afiliación. En Córdoba, la representación de Cantabria quedará en manos de una sola persona de esa comisión: una persona para hablar en nombre de 2.500 afiliados que, en la práctica, quedan sin voz.

 Una comisión gestora —si procede constituirla conforme a los estatutos— no puede convertirse en un atajo para decidir, sin garantías, quién habla en nombre de los afiliados.

 Por lo que sé, esa designación solo cuenta con el respaldo de 3 de las 65 secciones sindicales que forman hoy la Federación, y no consta que haya salido de ninguna elección. El apoyo de unas pocas secciones no es la voz de todas. Hoy en día no se ha entregado el acta de la asamblea del 29 de octubre ni la relación de asistentes al Consejo Regional del 6 de noviembre. Los debates de esas reuniones no constan en ningún documento facilitado a los afiliados. Lo único que se ha documentado es lo que afecta a las sanciones.

 Quien representa a una organización tiene que poder explicar de quién recibe el mandato, cómo lo ha obtenido y ante quién responde. Si no puede, el problema ya no es administrativo: es de legitimidad sindical.

 Mi crítica va dirigida tanto a la dirección federal como a la dirección de la Unión Regional. Cuando hay conflicto es precisamente cuando más falta hacen las garantías, la transparencia y el respeto a las normas comunes. Una dirección está para proteger el funcionamiento democrático, no para sustituirlo.

 Compañeras y compañeros, os invito a pedir al Congreso una explicación documentada de las decisiones que llevaron a apartar a la Comisión Ejecutiva de la Federación de Industria de Cantabria. Pedid también la documentación completa de la asamblea del 29 de octubre y la acreditación del procedimiento seguido para designar a la delegación. Y, en consecuencia, que se revise la validez de esa designación antes de que sus efectos se consoliden en el Congreso.

 Esto no es una pelea personal ni una lucha por cargos. Defiendo el derecho de los afiliados de Industria de Cantabria a participar en su organización, a elegir a sus representantes y a decidir el futuro de su federación. Cuando se les aparta de esas decisiones, se resiente también la confianza en el sindicato y su capacidad para defender a la clase trabajadora.

 No se puede exigir democracia en las empresas y renunciar a ella dentro del propio sindicato, ni reclamar transparencia a las instituciones mientras se niegan explicaciones a los afiliados. La coherencia sindical empieza por casa.

 Hoy es la Federación de Industria de Cantabria; mañana puede ser cualquier otra estructura. Y no es el único asunto pendiente: el acceso al Libro Mayor, un X Congreso Regional aplazado hasta octubre de 2027 y el despido de Sheila Rozas siguen sin explicación. Por eso os animo a pedir explicaciones y a apoyar una solución que devuelva la voz a la afiliación de Cantabria.

 No os pido que aceptéis mi interpretación sin examinarla. Os pido que se investiguen los hechos, se justifiquen las decisiones y se acrediten los mandatos. Mientras eso no ocurra, la legitimidad de la asamblea del 29 de octubre seguirá en entredicho.

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