El Bocal tiene responsables con nombres y apellidos

 

Lo ocurrido en la pasarela de El Bocal, de Santander, ya no admite eufemismos. El informe pericial ha desmontado cualquier intento de presentar la tragedia como un accidente inevitable. No lo fue.

 Fue el resultado directo de la negligencia acumulada de varias administraciones públicas que, durante años, miraron hacia otro lado mientras una infraestructura se degradaba a ojos de cualquiera. 

 El dictamen técnico es demoledor: corrosión avanzada, materiales inadecuados para un entorno marino, ausencia de mantenimiento estructural y un diseño incapaz de resistir el fallo de un solo elemento. En otras palabras, una estructura condenada si nadie intervenía, y nadie intervino.

 Aquí es donde hay que dejar de hablar en abstracto y empezar a señalar responsabilidades concretas.

 La Demarcación de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) no puede eludir su papel. Si la infraestructura estaba bajo su ámbito competencial - como ocurre en buena parte del litoral - su obligación era clara, inspeccionar, mantener o, en su defecto, cerrar. No hizo ni una cosa ni la otra.

 El Ayuntamiento de Santander, por su parte, tampoco puede esconderse, aunque no fuera titular directo, sí era la administración más cercana al ciudadano, conocedora del estado de la pasarela y responsable de velar por la seguridad en su municipio. La inacción, en este contexto, también es responsabilidad.

 El Gobierno de Cantabria tampoco queda al margen, su papel de supervisión, coordinación y garantía de la seguridad en infraestructuras públicas no puede reducirse a una presencia institucional tras la tragedia, porque la prevención es también una obligación política.

 Y junto a las administraciones, surge otra cuestión incómoda la de preguntarse ¿Dónde estaban los controles técnicos?.

La corrosión que describe el informe no aparece en semanas, sin ninguna duda, es el resultado de años de abandono. Años en los que nadie - o quienes debían hacerlo - decidieron mirar hacia donde no convenía.

 Lo más grave no es solo el fallo técnico. Es el fallo del sistema, un sistema en el que se inauguran infraestructuras, pero no se mantienen. En el que las competencias se fragmentan hasta diluir la responsabilidad, en el que nadie actúa… hasta que ocurre una tragedia.

 Y entonces, como siempre, llegan las declaraciones, los minutos de silencio y las promesas de investigación.

 Pero esta vez no debería bastar, porque el informe pericial es claro: ERA INEVITABLE, y cuando algo es evitable y aun así ocurre, deja de ser un accidente para convertirse en una responsabilidad.

 Ahora toca algo más que explicaciones, toca depurar responsabilidades hasta el final toca saber quién decidió no actuar, toca asumir que la omisión también mata.

 El Bocal no puede cerrarse en falso, porque si no hay consecuencias, el siguiente fallo estructural no será una sorpresa, será una repetición.

Las vallas de Santander tapan años de dejadez

 

Santander se está llenando de vallas, cintas de precinto y señales de “prohibido el paso”, que dibujan una ciudad que ha pasado de la normalidad, a la sospecha sobre sus propios espacios públicos.                        

Hoy el mapa urbano puede leerse a través de sus cierres, paseos interrumpidos, pasarelas clausuradas, accesos restringidos, zonas emblemáticas bajo revisión - como los bajos de Sardinero – permitiendo que la valla, deje de ser un elemento provisional para convertirse en un mensaje claro de que algo no se revisó a tiempo. 

Todo se aceleró tras lo ocurrido en El Bocal, pero el problema venía de antes. El mantenimiento, esa política silenciosa que no se ve, ha fallado, y cuando falla lo hace de golpe.                                                                                                                                     

Las inspecciones y cierres actuales son necesarios, incluso obligados, pero también evidencian un cambio brusco, el de no haber actuado hasta que el riesgo ya es evidente, a cerrar ante la mínima duda, y ese giro, aunque correcto, tiene un coste, la pérdida de confianza.  Hoy el ciudadano mira distinto su ciudad, donde antes había rutina, ahora hay preguntas: “¿desde cuándo estaba esto así?”.                                                                 

Las vallas caerán y los espacios se reabrirán, pero Santander debería quedarse con una lección clara, el mantenimiento no puede ser reactivo, porque cuando llega tarde, no solo se cierran espacios, también se resiente la confianza.

Alcaldesa, narrar el dolor no basta, la verdad exige hechos

Llevamos más de un mes desde que seis jóvenes murieron en el Bocal de la senda costera de Santander. Seis. Y ha tenido que pasar todo este tiempo para que la alcaldesa, Gema Igual, publique en el Diario Montañés un artículo en el que nos habla de dolor y verdad.

Dice que cada día se asoma al precipicio del dolor. Yo la recuerdo, con todo el respeto que merece el cargo que ocupa, que el precipicio real fue el del Bocal, y que quienes cayeron por él, no lo hicieron metafóricamente.

Dice que cada mañana empieza pidiendo serenidad y reclamando que se conozca la verdad, y lo dice como si esa verdad fuera algo ajeno a ella, algo que está ahí fuera esperando a ser descubierto, como si el Ayuntamiento que preside no fuera parte fundamental de la historia que hay que explicar.

Porque la verdad, alcaldesa, no está tan lejos. Está en el estado en el que se encontraba esa pasarela, en los materiales con los que fue construida, en los años que pasaron sin que nadie le dedicara la atención, el tiempo y el presupuesto que necesitaba una infraestructura junto al mar, sometida a condiciones climatológicas exigentes que sin duda alguna requería un mantenimiento serio y continuado, que no lo tuvo.

En las últimas semanas hemos leído muchas páginas de periódico con referencias a la Confederación Hidrográfica del Norte. Puede que la Confederación tenga también responsabilidades que responder, y los tribunales lo determinarán. Pero señalar hacia otro lado no es buscar la verdad, es precisamente, alejarse de ella.

La verdad que las familias merecen no es la que más convenga políticamente. Es la que explique, sin eufemismos, qué falló, cuándo empezó a fallar, quién lo sabía y qué se hizo al respecto. Esa verdad incluye al Ayuntamiento, incluye a quienes tuvieron responsabilidad en el mantenimiento de la senda costera durante estos años. Y apelar ahora al compromiso con las familias, después de semanas de relato institucional, suena a poco si no va acompañado de una transparencia real y sin condiciones.

No hace falta esperar a las sentencias judiciales para reconocer lo evidente, hubo un fallo de mantenimiento grave, con consecuencias irreparables, los juzgados pondrán blanco sobre negro las responsabilidades penales y civiles. Pero la responsabilidad política no necesita sentencia, se ejerce, o no se ejerce, cada día desde el cargo.

Santander lleva semanas llenándose de vallas, pasarelas clausuradas, miradores cerrados, - el Sardinero precintado - y en cada caso siempre surge la misma pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba esto así?, y si alguien lo sabía.

Lo que ha cambiado no es solo el estado de las infraestructuras, es la confianza de los vecinos, en quienes tienen la obligación de cuidar los espacios de todos, esa confianza que no se recupera con columnas en el periódico, se recupera con hechos, con transparencia y con la honestidad de asumir lo que corresponde asumir

 

Alguien avisó, la tragedia de la pasarela del Bocal que pudo evitarse

Antes de cualquier análisis, lo primero es lo primero: mis más profundas condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en la senda del litoral, en la maldita pasarela del Bocal. Nadie puede imaginar el dolor que están atravesando. Y precisamente por respeto a ese dolor, lo ocurrido no puede quedar reducido a un simple intercambio de declaraciones políticas. Porque lo que sabemos hasta ahora es profundamente inquietante.

Un ciudadano alertó del peligro. No se trataba de una sospecha vaga, advirtió que la pasarela se movía y que podía caerse. Es decir, alguien vio el riesgo y lo comunicó. El sistema fue advertido.

Cuando un ciudadano llama para avisar de un posible colapso estructural, el principio de precaución debería activarse automáticamente. El 112 no es solo un teléfono, es el centro neurálgico de la respuesta ante emergencias. Desde allí, los protocolos deberían permitir activar simultáneamente a la Policía Local, a los servicios técnicos municipales y, especialmente, al Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos son los especialistas en evaluar riesgos de derrumbe en primer lugar, son quienes pueden determinar si una estructura es segura o si debe cerrarse de inmediato. Y aquí surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, si la zona se hubiera cerrado a tiempo, ¿estaríamos hoy hablando de víctimas mortales?

Porque impedir el acceso a la pasarela habría sido una medida sencilla si el riesgo se hubiese considerado con la gravedad que merece cualquier aviso de este tipo. Además, la coordinación entre servicios no debería terminar con la simple transmisión del aviso. Un sistema de emergencias eficaz no solo comunica, también verifica que el mensaje ha sido recibido y que el recurso correspondiente ha sido activado. En situaciones de riesgo, cada eslabón de la cadena importa.

Ahora corresponde al juzgado esclarecer lo ocurrido. Será necesario revisar registros informáticos, escuchar las grabaciones de la llamada y analizar toda la cadena de decisiones. Habrá que determinar si hubo una mala valoración del riesgo, un fallo de comunicación entre el 112 y los servicios municipales, una ausencia injustificada de bomberos o incluso un incumplimiento de los protocolos de emergencia. En definitiva, si estamos ante un error humano, un fallo del sistema o una negligencia.

Pero mientras la justicia investiga, hay algo que no admite demora,  revisar y mejorar de inmediato los protocolos de coordinación entre los servicios de emergencia y las administraciones responsables.

Y, por supuesto, dejar de lado el espectáculo político que suele seguir a cada tragedia. Los ciudadanos no necesitan ver a responsables públicos cruzándose reproches en rueda de prensa.

Necesitan saber qué falló y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Cuando las instituciones fallan en algo tan básico como prevenir un riesgo que había sido advertido, la confianza pública se resquebraja, y recuperar esa confianza exige algo más que explicaciones. Exige responsabilidades.

Entre ellas, la dimisión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Porque gobernar también significa asumir las consecuencias cuando los sistemas que dependen de la administración no funcionan como deberían.

Santander 2026: promesas en conserva

 

El pasado 7 de enero, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, decidió que dos páginas de El Diario Montañés eran el espacio adecuado para recordar a la ciudadanía todo lo que, supuestamente, piensa hacer… algún día. A mitad de mandato, eso sí. Un detalle menor.

El ejercicio fue el de siempre: mezclar proyectos locales con iniciativas regionales y estatales, agitarlo todo bien y presentarlo como gestión propia. Así, aparecieron en el mismo saco el Reina Sofía–Archivo Lafuente, el Faro de Santander del Banco de Santander o el Parque Científico, como si el presupuesto municipal hubiera pagado algo más que licencias y trámites administrativos.

También hubo sitio para las obras “eternas”: Gamazo, Puerto Chico, la Horadada, REMA… esas que se anuncian en bucle porque nunca terminan de llegar. Obras necesarias, sin duda, pero tan aplazadas que ya forman parte del paisaje electoral.

No faltaron las promesas imprecisas: el PGOU, el recinto ferial con fecha aplazada a 2027, Mataleñas y su conflicto permanente con los vecinos de Cueto, viviendas sociales en El Alisal, la integración ferroviaria, el Racing y, como novedad, un aparcamiento disuasorio en la S-20 del que no se sabe nada, salvo que queda muy bien en un titular.

En resumen, un catálogo de promesas en conserva, recicladas legislatura tras legislatura, que sirven más para llenar páginas de prensa que para transformar la ciudad. A mitad de mandato, la alcaldesa no presentó un balance de gestión, sino un avance de campaña. Otra vez.

La Marea Vecinal Despierta: Santander exige ser escuchada

La marea vecinal de Santander ha dicho “basta” al modelo de ciudad que, según denuncian, la alcaldesa Gema Igual y su equipo están imponiendo sin diálogo ni participación ciudadana. Con esta contundencia,numerosas asociaciones de vecinos han anunciado una campaña de movilizaciones y denuncias, que ya ha comenzado a tomar forma con dos conflictos recientes, el intento municipal de habilitar un aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, y la instalación de un McDonald’s en Puerto Chico, que los vecinos consideran incompatible con el compromiso previo de respetar la identidad histórica de La Plazuca del Pescado durante la rehabilitación del mercado.

No es la primera vez que el movimiento vecinal se une ante decisiones municipales que afectan de lleno al urbanismo y al turismo. Las asociaciones lamentan enterarse por la prensa de proyectos que transforman sus barrios, cuando —recuerdan— tienen derecho a ser informadas y consultadas antes de que los hechos estén consumados.

A ello se suma una lista cada vez más larga de quejas que los vecinos consideran olvidadas: problemas de limpieza en los barrios, presencia de ratas, inundaciones recurrentes con lluvias moderadas, desigualdades en el trato entre zonas de la ciudad o los desencuentros del Ayuntamiento con otras administraciones por asuntos como La Horadada, La Remonta o los Galeones de Vital Alsar. Todo ello conforma un panorama de asuntos sin resolver que, a juicio de los vecinos, requieren consenso político y participación ciudadana real.

El sentimiento de abandono también se acentúa en lugares como el Cabildo de Arriba o el Sardinero, donde el paso del tiempo no trae soluciones, sino actuaciones puntuales que, según denuncian los residentes, no abordan los problemas estructurales: un derribo aislado, una mano de pintura en una verja… y poco más.

Resulta llamativo que un movimiento ciudadano que durante décadas fue ejemplo de participación activa en el Ayuntamiento, hoy se vea obligado a recurrir a la movilización para hacerse escuchar. Las asociaciones señalan otras ciudades —como Barcelona— como ejemplo de que es posible gobernar teniendo en cuenta la opinión de los vecinos en materias tan decisivas como las viviendas turísticas, la movilidad, el urbanismo, el espacio público o las terrazas.

Comparto plenamente la reivindicación de estas asociaciones: esta movilización no nace de intereses partidistas, sino del deseo legítimo de que los barrios y sus habitantes tengan voz. Los partidos —también los de la oposición— deben atender ese clamor ciudadano. Pero es la alcaldesa Gema Igual, y el Partido Popular tras tantos años en el gobierno municipal, quienes más deben garantizar que Santander no se gobierne de espaldas a los santanderinos.

No sale de una cuando se mete en otra

 La alcaldesa de Santander parece empeñada en tropezar una y otra vez con la misma piedra. Ahora, su última cruzada consiste en oponerse con uñas y dientes a que el recinto de La Magdalena sea reconocido como Lugar de Memoria Histórica, concretamente las Caballerizas, que durante la Guerra Civil funcionaron como campo de concentración para más de 4.000 personas.

El argumento con el que trata de justificar su negativa no puede ser más insultante: que esta iniciativa “confronta a los ciudadanos de Santander”. Una excusa tan pobre como peligrosa, que pretende ocultar el verdadero motivo: negar el reconocimiento a las víctimas y borrar una parte incómoda de la historia.

Y, como si no bastara, la alcaldesa sigue empeñada en cerrar el diálogo. Lo demuestra también su negativa a que el Proyecto de Reforma de los Campos de Sport de El Sardinero sea analizado junto a los partidos de la oposición y otras entidades vinculadas al fútbol. Todo apunta a un intento de monopolizar el futuro negocio del Racing y rentabilizarlo políticamente en exclusiva.

Mientras tanto, los trabajadores municipales continúan movilizándose una y otra vez, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados hace tiempo. La respuesta del equipo de gobierno del PP: el silencio. Ni diálogo, ni soluciones.

A ello se suma la gestión cuestionada del SMTU, que incluso ha sido puesta bajo la lupa de la Agencia Española de Protección de Datos. Y el tiempo pasa, sin que la alcaldesa mueva un dedo.

El Ayuntamiento de Santander, bajo el mandato del Partido Popular, se ha convertido en una hacienda particular, donde solo vale su palabra. Se impone el autoritarismo político, el desprecio al diálogo y la falta de respeto democrático.

No solo con la oposición, sino también con los movimientos vecinales y sociales, que se ven obligados a recurrir a la movilización en la calle para que sus propuestas sean escuchadas.

Y no será porque no haya problemas urgentes. La limpieza viaria y la recogida de basuras, servicios públicos esenciales, llevan tres años bajo contratos de emergencia plagados de sobrecostes e incumplimientos, para acabar ahora en otro contrato temporal de 230 millones de euros y 10 años de duración. Una gestión que huele —y no precisamente a limpio—.

A ello se suma la deuda en parques y jardines, cifrada en siete millones de euros según el PSOE, y la continua falta de planificación en la renovación de contenedores soterrados. La ciudad acumula baches, deudas y un deterioro evidente de los servicios públicos.

Mientras tanto, el PP ya anuncia los presupuestos del próximo año sin consenso político alguno, en una línea continuista que perpetúa los mismos errores: falta de diálogo, improvisación y una gestión orientada más a la foto que a las soluciones.

Esa es la realidad del Santander de hoy: una ciudad gobernada por Gema Igual, más preocupada por salir en la foto que por gobernar con sentido común. Una alcaldesa entregada al fasto y al negocio, incapaz de ofrecer políticas serias en turismo, vivienda o empleo, más allá de las soflamas de siempre y las campañas de autopromoción.

El tiempo pasa, los problemas se agravan… y la ciudadanía sigue esperando un gobierno que escuche, dialogue y gobierne para todos.

La alcaldesa de Santander avanza gracias al colchón de Vox

 

El pasado domingo, el periodista Jesús Serrera, en su habitual editorial en El Diario Montañés, trazaba con acierto una relación de los muchos asuntos que siguen pendientes en la gestión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Una lista amplia, reflejo de problemas políticos mal-resueltos que, lejos de reforzar su imagen, amenazan con restarle reconocimiento ciudadano y, en consecuencia, generar cierto estancamiento de cara a las próximas elecciones.

Conviene precisar que Serrera no fue más allá: se limitó a exponer esos asuntos y a insinuar, con la elegancia que le caracteriza, la posibilidad de que el futuro de Igual pudiera orientarse hacia espacios políticos de ámbito nacional de la mano del presidente Feijoo.

Lo cierto es que la falta de eficacia en el Ayuntamiento tiene una raíz evidente: la ausencia de diálogo real entre el PP y el resto de formaciones políticas. Existe una mayoría tácita, tejida entre PP y Vox, que sin ser explícita opera como un colchón de seguridad para la alcaldesa. Igual sabe bien que, sobre todo en los momentos críticos, Vox no la dejará caer. Esa dinámica, sin embargo, ha desactivado en buena medida el frente común que en su día pudieron articular PSOE, PRC e IU, debilitando así su capacidad de propuesta y fiscalización.

El resultado es un escenario en el que el PP gobierna con relativa comodidad, amparado en esa alianza implícita, pero al precio de asumir un riesgo político calculado: avanzar sin consenso y con la oposición cada vez más fragmentada.

Desde esa posición de tranquilidad, no extraña que Santander esté como está: con retrasos alarmantes en materia de limpieza pública, denunciados una y otra vez no solo por la oposición sino también por movimientos sociales; con actitudes soberbias en asuntos como la rehabilitación de los Galeones de Vital Alsar; con decisiones polémicas como el aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, rechazado por vecinos de Cueto; o con el malestar de los residentes del Sardinero, que denuncian tanto el retraso en obras como los Jardines de Piquio como la degradación de la zona, convertida —según ellos— en una ruina de cemento. A ello se suma la reciente postura vergonzosa frente a la propuesta de convertir La Marinera en un himno reconocido por todos los santanderinos.

No se trata solo de una gestión ineficaz: pesan también los silencios. Silencios incómodos como diputada regional, un cargo que Igual parece ocupar más como reclamo electoral que como compromiso político real. En cuestiones clave como la vivienda, el turismo —con un crecimiento preocupante— o la revisión de impuestos vinculados a las basuras, su actitud ha sido de un silencio que muchos califican de vergonzoso.

El tiempo corre y nada apunta a un cambio de rumbo. La corporación municipal permanece prácticamente paralizada, mientras la oposición se limita a gestos de cara a la galería: el PRC con vídeos y el PSOE apuntándose tantos al margen del consenso, como en el caso de La Marinera.

Jesús Serrera, sin querer o queriendo, ha marcado la pauta de lo que podría ser un auténtico programa de acción municipal. A la oposición le convendría repensar estos asuntos si de verdad aspira a disputarle al Partido Popular el gobierno de Santander.