Cuando los menores migrantes se convierten en votos

Hay momentos en los que la política deja de buscar soluciones y empieza a buscar culpables, el debate sobre la acogida de menores migrantes es uno de ellos.

Los mecanismos de derivación de menores desde Ceuta y Canarias hacia otras comunidades autónomas no son una novedad, forman parte del marco legal español, que desde hace años se viene utilizando bajo gobiernos de distinto signo político. Responden a una lógica sencilla, cuando un territorio fronterizo soporta una presión asistencial superior a su capacidad - como actualmente en Ceuta - el resto del país debe compartir la responsabilidad.

Sin embargo, determinados discursos políticos presentan esta realidad como si se tratara de una situación excepcional. Lo que durante años fue una obligación administrativa y legal aparece ahora como una imposición o una amenaza, mientras que la realidad es mucho menos dramática, de lo que se trata es cumplir la ley y garantizar la protección de menores de edad.

Lo más preocupante es que la inmigración se haya convertido en un instrumento de confrontación política. PP y Vox han situado esta cuestión en el centro de su estrategia de oposición al Gobierno, compitiendo por ocupar el espacio del discurso más duro, y en esa dinámica, los menores migrantes han dejado de ser personas para convertirse en cifras, símbolos y argumentos de campaña.

La consecuencia es evidente. Niños y adolescentes que deberían ser considerados sujetos de protección pasan a ser presentados como un problema político. Se habla de ellos constantemente, pero rara vez se habla de ellos desde la perspectiva de sus derechos, de sus necesidades o de su futuro, situando la discusión alrededor de competencias, costes o enfrentamientos partidistas, mientras los menores desaparecen del centro del debate.

La presión electoral ha contribuido además a endurecer posiciones políticas que en otros momentos fueron más pragmáticas. La búsqueda de acuerdos entre administraciones – habitual hasta ahora – está cediendo a una lógica de bloques cada vez más rígida, en la que el problema, importa cada vez menos, a no ser para justificar el desgaste político del gobierno central.

La influencia creciente de Vox sobre el debate migratorio ha empujado al Partido Popular hacia posiciones más duras en numerosos territorios, abriendo una especie de competición permanente por demostrar quién se opone con mayor firmeza a los sistemas de reparto y acogida. Se debate mucho sobre rechazo y muy poco sobre integración, protección de la infancia o cooperación institucional.

Mientras tanto, los menores en Ceuta, siguen siendo los grandes olvidados. Se han convertido en protagonistas involuntarios de una batalla política en la que sus derechos quedan relegados a un segundo plano. Su situación sirve para movilizar votantes, alimentar polémicas y reforzar discursos partidistas, pero rara vez para impulsar soluciones estables.

La democracia necesita discrepancias y debates intensos, pero lo que no necesita ni de lejos, es convertir a menores vulnerables en munición electoral. Cuando una sociedad acepta que el sufrimiento de niños y adolescentes puede utilizarse para obtener ventajas políticas, el problema deja de ser exclusivamente migratorio para convertirse también en una cuestión ética.

La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia, coherencia y honestidad, pero también tiene derecho a denunciar la utilización política de quienes menos capacidad tienen para defenderse.

Los menores migrantes no son una amenaza ni una herramienta de campaña, son seres humanos, y una sociedad se define, en gran medida, por la forma en que trata precisamente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.