3 nov 2009

Continua la instrucción del Juzgado de Santander entorno a la trama Canduela S.A



A través de la Agencia Tributaria, el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Santander, ha tenido conocimiento oficial de los detalles de la Resolución de la Derivación de Responsabilidades Tributarias del tinglado de empresas instrumentales que arrancaron con Canduela S.A y que afectaron a no menos de nueve empresas que han servido de instrumento necesario para evadir responsabilidades y especular con la actividad de fabricación de grúas para la construcción.

La instrucción del acuerdo que se inicio en agosto del 2006, ha sido ratificado por el Tribunal Económico Administrativo Central por sentencia de fecha 22 Julio 2009, ha dejado muy claro que “Luis Oliver Albesa y Ángel Gimeno Nogueras tenían el control efectivo del conjunto de las empresas” y que no actuaban solos sino con personas instrumentales y/o testaferros”.

Esta posición siempre difícil de probar por parte de los trabajadores ha sido una constante en sus declaraciones ante el juzgado y la opinión publica. Por eso ahora que lo haya declarado el instructor del expediente de la agencia tributaria es muy importante porque pone sobre la mesa la base de la ingeniería empresarial y lo que es mas importante a sus responsables últimos.

Con rotundidad se aclara que desde la desaparición de Canduela SA, los responsables del “tinglado” separaron los terrenos e inmuebles por una parte, la fabricación propia de las grúas por otra - a través de empresas superpuestas - y las patentes y marcas por otra, queriendo con ello evadir responsabilidades frente a terceros como los trabajadores entre otros.

La ultima de las fases de tan importante sinvergüencería la estamos viviendo ahora con los terrenos, que han ido pasando desde Last Summer hasta C-15 SA, - por el camino nueve sociedades superpuestas - con el claro objetivo de proceder a una importante especulación de terrenos - ahora - comerciales en Peñacastillo.

Los trabajadores esperan que la instrucción del expediente judicial se acabe cuanto antes y se pueda sentar en el banquillo a los responsables de la trama para que puedan ser juzgados por el delito social contra los trabajadores.

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