3 oct 2013

Ahora toca recortar las pensiones.

La Constitución Española, su articulo 50 dice que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio” definición literal que no deja ninguna duda y que debió comprometer la gestión del gobierno del partido popular.

Al presidente Rajoy se le lleno la boca - en campaña electoral - diciendo que de “ninguna manera, metería la tijera a las pensiones, sanidad y educación”, argumento que le valió de mucho para ganar las elecciones, y que ahora se convierte en una de sus principales mentiras.

En estos días de presentación de los presupuestos generales del estado el gobierno se esta afanando por buscar argumentos económicos, que justifique este nuevo recorte de las pensiones. Entre ellos, la tan cacareada falta de sostenibilidad del sistema, argumento que tiene la solución en la generación de nuevos empleos, y/o la  esperanza de vida de nuestra población que con unos ochenta y dos años se vuelve culpable del recorte.

No le ha bastado incrementar la edad legal de jubilación a los sesenta y siete años, recortar el acceso a la jubilación anticipada, condenando a los jóvenes mas si cabe al desempleo, olvidarse de nuestro triste record que nos coloca en uno de los países de cola de la unión europea en inversión de gasto social, los recortes en sanidad y educación, hasta la saciedad denunciados por la ciudadanía, o las reformas laborales que no hacen mas que precarizar el trabajo y eso quien lo tiene.

Recortar las pensiones de nuestros mayores, meter la navaja al sustento de buena parte de las economías familiares, es lo único que se le ocurre al gobierno, aunque no parece tener dudas en favorecer a las empresas energéticas y entidades financieras, beneficiándolas con una legislación que les autoriza aumentar las tarifas encubiertas en un sistema de subasta de precios totalmente tramposo, o aprobando nuevas financiaciones para los bancos sin que estos asuman el mas mínimo compromiso de inversión en las empresas y familias españolas.


Una pena, esperemos que  estas decisiones puedan ser revertidas cuanto antes aunque para ello todavía tengamos que esperar un poco.

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