Solidaridad sin planificación. Cartes como símbolo de una mala decisión política

 

“A llorar a Pedro Sánchez, los menores inmigrantes no acompañados que corresponden a Cantabria, que se los coman con patatas los socialistas que gobiernan Cartes”.

Este parece ser, en esencia, el argumento con el que la presidenta Buruaga pretende justificar la atención a los menores inmigrantes no acompañados en Cantabria. Un planteamiento que no solo resulta frívolo, sino que se sitúa claramente al margen del marco normativo vigente, que obliga a las comunidades autónomas a actuar conforme “al interés superior del menor y a valorar de forma objetiva la capacidad real de los territorios para garantizar sus derechos, su integración y su desarrollo personal”.

Conviene dejar claro, antes de nada, que la elección de Cartes puede ser defendible desde una óptica estrictamente solidaria. No tengo dudas de que una parte importante de la ciudadanía del municipio responderá con generosidad y acogida hacia estos jóvenes. Sin embargo, la solidaridad, por sí sola, es un valor insuficiente cuando se trata de diseñar políticas públicas con vocación de futuro.

La normativa que regula la acogida de menores no acompañados es clara y exigente. En primer lugar, se requiere la existencia de servicios especializados, profesionales con experiencia y una red de recursos ya operativa que permita una intervención inmediata y eficaz. Y, en este punto, todo indica que Cartes carece de una dotación suficiente.

En segundo lugar, resulta imprescindible garantizar una atención integral que incluya educación, sanidad y apoyo psicológico, además de refuerzos lingüísticos y servicios sanitarios especializados. Todo ello exige mayores dotaciones presupuestarias y estructuras que, a día de hoy, dependen en gran medida de municipios cercanos, lo que añade complejidad y fragilidad al modelo.

Desde una perspectiva socioeconómica, centrada en las oportunidades formativas y prelaborales, la situación es igualmente preocupante. Cartes no dispone de centros de formación profesional ni de programas sólidos de inserción laboral, elementos clave para acompañar a estos menores en su transición hacia la vida adulta.

Tampoco ayuda el reducido tamaño y la población del municipio. Lejos de favorecer la integración, esta circunstancia aumenta la visibilidad de los menores, dificultando que se diluyan en el entorno social y elevando el riesgo de estigmatización, lo que puede entorpecer gravemente un proceso de convivencia normalizada.

Por todo ello, resulta difícil comprender las decisiones adoptadas por la administración regional. No sorprende, en absoluto, que la alcaldesa de Cartes haya alzado la voz para exigir explicaciones y conocer los criterios objetivos que llevaron al Gobierno de Cantabria a seleccionar su municipio como lugar de acogida.

A la vista de los hechos, parece razonable —y necesario— que el Parlamento regional abra un debate profundo y riguroso sobre esta y otras situaciones futuras. Solo así se podrá garantizar que los territorios elegidos para la atención de menores inmigrantes no acompañados reúnan las condiciones de idoneidad que, hoy por hoy, Cartes claramente no tiene.