Cantabria, PP y Vox: alegaciones contra la solidaridad

 

Begoña Gomez Del Rio
Consejera de Inclusion Social, Juventud,
Familias e Igualdad

Menudo dolor de cabeza el ocasionado por el Gobierno de la Nación a su homólogo de Cantabria por el envío de los nueve primeros menores extranjeros de los 156 que le corresponden.

Menudo disgusto, nada que no se pueda arreglar sacando el argumentario y modelo de alegaciones remitido por el Partido Popular de Madrid, a las diversas comunidades autónomas que actualmente están presidiendo.

Porque de eso se trata: de seguir poniendo palos en la rueda de la solidaridad, con niños y adolescentes que de forma desesperada se echan a la mar buscando un futuro, en muchos casos para ellos y sus familias, buscando una formación y una vida digna, derechos básicos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en la Constitución Española (artículo 39) y en la propia Ley de Extranjería. No hablamos de un problema partidista, sino de una obligación legal y moral que todas las administraciones deben asumir.

Y si no es por una cosa, es por otra: la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se ha puesto a la faena presentando alegaciones –por ahora administrativas– con las que puedan seguir alimentando bronca y, de paso, mantener el cordón umbilical con Vox y su política de rechazo sistemático hacia los jóvenes migrantes.

Que si cuántos van a venir, que si cuándo y en qué cantidades, que cuándo llegará la financiación, que dónde se les coloca. Preguntas que están resueltas en el Real Decreto-ley 2/2023, de marzo, que establece la distribución de menores entre comunidades en función de criterios objetivos de capacidad y población, así como la dotación de recursos económicos. Se trata de un marco jurídico consensuado, no de un reparto arbitrario.

 

La realidad es que España no está sola: países europeos como Alemania, Francia o Italia llevan años implementando sistemas de acogida solidaria. Negarse en bloque, recurrir a excusas técnicas o judicializar el asunto no es más que una estrategia política para el corto plazo.

Basta ya de hacer política de extrema derecha con los jóvenes migrantes. Estos menores no son cifras ni expedientes administrativos, son personas con nombres, con historias de huida de guerras, pobreza o persecuciones. Seguir utilizando recursos judiciales como arma política solo demuestra que la prioridad no es su bienestar, sino el interés del partido en su enfrentamiento diario contra el Gobierno de España.