Es cierto
que el Gobierno de Cantabria ha calificado la medida como una “falsa
condonación”, y que el contexto político y electoral enrarece cualquier
negociación. Pero no está de más recordar que la candidata del PRC, Paula
Fernández, fue en su día una de las voces más insistentes en reclamar ese
alivio financiero. Entonces centró su crítica en los intereses: 27 millones de
euros en el primer año y 185 millones acumulados hasta 2030.
Sin embargo,
la presidenta del PP María José Sáenz de Buruaga ha optado por un camino
distinto. No solo rechaza la condonación, sino que plantea en su proyecto de
Presupuestos para 2026 reducir la deuda en cinco puntos respecto a 2022. Su
objetivo es eliminarla por completo mediante una gestión ordinaria, sin
recurrir a medidas excepcionales del Estado.
El asunto no
es menor: la condonación prevista para Cantabria alcanzaba los 809 millones
de euros. Una cifra nada despreciable que, según el propio PRC, habría
ampliado la capacidad de crédito de la comunidad frente a bancos y ante la
Administración central, siempre dispuesta a renegociar con las autonomías.
Pese a todo,
el debate presupuestario ha vuelto a orbitar en torno a los clásicos titulares:
“inversiones récord”, “bajada de impuestos”, “reducción de deuda”, “más
dinero para sanidad y educación”. Mientras tanto, la deuda con el Estado,
esa que podría haber dado algo de aire financiero a Cantabria, queda aparcada
en un segundo plano.
Aún hay
margen para rectificar. El PRC podría aprovechar lo que queda de negociación
para reabrir el debate sobre la quita de deuda y recuperar una bandera que, en
su momento, enarboló con fuerza. Porque si algo enseña la política económica es
que los trenes que se dejan pasar rara vez vuelven a la estación.

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