No
es casual que esta reforma se haya convertido en uno de los principales focos
de conflicto político y social en Argentina. Su aprobación en el Senado y el
actual debate en la Cámara de Diputados ya han provocado protestas masivas y
una huelga general, expresión clara del rechazo popular y sindical a un
proyecto que pretende barrer décadas de conquistas obreras.
Entre
los puntos más graves se encuentra la ampliación de la jornada laboral hasta
las 12 horas diarias, liquidando la histórica jornada de 8 horas. A esto se
suma una nueva trampa patronal: el llamado “banco de horas”, un mecanismo que
permitirá a las empresas exigir horas extra sin pagarlas, compensándolas con
descansos futuros cuando convenga al empleador.
El
ataque no termina ahí. La reforma también reduce las indemnizaciones por
despido, modificando su cálculo y excluyendo conceptos y bonificaciones, lo que
abarata el despido y deja a los trabajadores en una situación de mayor
desamparo. Para completar el cuadro, se impulsa un Fondo de Asistencia Laboral,
financiado por las propias empresas, cuyo objetivo real no es proteger al
trabajador despedido, sino reducir aún más el costo de echar gente.
Los
derechos vinculados al descanso y la salud también quedan bajo amenaza. Las
vacaciones pasarán a depender de la conveniencia empresarial, fragmentadas y
flexibilizadas, mientras que las licencias por enfermedad o accidente sufrirán
fuertes reducciones salariales, castigando a quien se enferma o sufre un
accidente laboral.
En
el terreno sindical, la reforma avanza directamente sobre el derecho a huelga,
imponiendo por ley servicios mínimos del 75 % sin negociación alguna. Las
reuniones sindicales en los lugares de trabajo quedarán sujetas a la
autorización de la empresa y se establecen sanciones severas, calificadas como
infracciones graves, para quienes se organicen o protesten.
La
negociación colectiva tampoco escapa al ajuste. Los convenios perderán vigencia
automáticamente al vencer su plazo, eliminando la ultraactividad, y se
priorizarán los convenios de empresa por encima de los sectoriales o
nacionales, fragmentando la fuerza colectiva y debilitando cualquier derecho
común que aún pudiera sostenerse.
Pese
al discurso oficial que intenta presentar esta reforma como “moderna” y
necesaria para reducir costos y generar empleo, la realidad es otra. En un país
con más del 40 % de empleo precario, esta reforma no crea trabajo digno,
precariza aún más, debilita a los sindicatos y consolida un modelo laboral
basado en el miedo, la inestabilidad y la pérdida de derechos.
No
sorprende, entonces, que el movimiento sindical y social haya respondido con
confrontación y lucha. Lo que está en juego no es una simple reforma técnica,
sino el futuro de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas.
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