El relato oficial del éxito del S.M.T.U y sus sombras

En los últimos tiempos, el Ayuntamiento de Santander, a través de la concejalía de movilidad, insiste en proyectar ante la opinión pública la imagen de un S.M.T.U en pleno auge, atribuyendo este supuesto “buen momento” casi exclusivamente a una eficaz gestión administrativa. Este discurso, sin embargo, tiende a invisibilizar el papel fundamental de los trabajadores del servicio, auténticos responsables del funcionamiento diario del sistema y principales artífices de la valoración positiva obtenida en la encuesta recientemente realizada.

El último argumento esgrimido para reforzar esta narrativa es la cifra estimada de unos 22 millones de viajeros, presentada como una clara muestra de confianza ciudadana en el transporte público. No obstante, este dato se expone de forma parcial, obviando un factor clave: la subvención estatal destinada al transporte urbano.

Gracias a estas ayudas, el Ayuntamiento puede afrontar costes estructurales como el combustible, el personal o los gastos de explotación, y al mismo tiempo aliviar el precio final del billete, beneficiando especialmente a estudiantes, personas mayores y trabajadores con menor poder adquisitivo. Sin este respaldo económico, el volumen de uso y la percepción del servicio serían previsiblemente muy distintos.

Detrás de estas cifras optimistas persisten, además, problemas recurrentes que afectan de manera directa a la experiencia cotidiana de muchos usuarios. En redes sociales y en comentarios directos se repiten las denuncias por retrasos frecuentes, incumplimientos de horarios y una saturación constante en horas punta.

A ello se suma la falta de refuerzos prometidos, anunciados en numerosas ocasiones pero que rara vez se materializan, lo que alimenta la sensación de desorganización y abandono.

En conclusión, el S.M.T.U puede considerarse un servicio razonablemente bien valorado en términos generales, pero dista mucho de ser un modelo sin fisuras. Las cifras récord de uso y los mensajes triunfalistas no deberían servir para ocultar carencias estructurales ni para eludir una reflexión profunda sobre la calidad real del servicio. Solo afrontando estos problemas será posible transformar una valoración simplemente “aceptable” en una experiencia verdaderamente satisfactoria para toda la ciudadanía.