Estos días
se está hablando mucho del acuerdo sanitario entre el Gobierno de Cantabria y
el Hospital Santa Clotilde, acuerdo que se presenta como una solución una
solución técnica, casi inevitable, para aliviar las listas de espera y reforzar
la capacidad asistencial. Pero cuanto más se va conociendo del convenio, mas
claro parece que no estamos ante una medida puntual, sino ante algo mucho más
profundo, un cambio de rumbo en el modelo de sanidad pública.
El consejero
de sanidad Cesar Pascual insiste una y otra vez que se trata de una “colaboración
público-privada” como su fuera una cuestión puramente temporal, pero cuando un
centro privado como Santa Clotilde pasa a recibir financiación pública estable de
entre 216 a 256 millones de euros en total, distribuidos a lo largo de 16 a 20
años para prestar servicios esenciales, la palabra se queda corta.
Porque esto no
es una ayuda temporal, es externalizar de forma estructural parte de la
asistencia sanitaria, y el mensaje que se lanza más que peligroso. En lugar de
reforzar lo público cuando hay problemas, se asume que la solución pasa por
derivar actividad y dinero fuera del sistema público.
Por eso no
me extraña que los partidos de la oposición al gobierno Regional y diversas
asociaciones sociales hayan manifestado su posición en contra e incluso hayan formulado
reclamaciones por vía judicial.
La falta de explicaciones
del porque esta es la mejor opción, y por qué no se ha apostado por invertir
esos recursos en el conjunto de los centros sanitarios de Cantabria, del
personal o en la planificación a medio y largo plazo, ha estado al margen del
debate real que una medida como esta se requiere.
Hablamos de
muchísimo dinero público comprometido durante años, dinero que condicionará
presupuestos futuros y decisiones de gobiernos que ni siquiera han llegado aún.
Y todo ello sin que la ciudadanía haya podido contrastar alternativas.
Que el
convenio se haya tramitado como “singular” tampoco ayuda a generar confianza.
No ha habido concurrencia pública ni comparación abierta con otras opciones, y
el acceso a la información ha sido, como poco, complicado.
Cuando hacen
falta reclamaciones y organismos de transparencia para conocer los detalles de
un acuerdo de este calibre, algo falla. La sanidad regional merece más luz y
más explicaciones, no menos.
En
este caso el riesgo económico lo va a asumir el gobierno de Cantabria, es decir
todos nosotros, porque las penalizaciones que recogen los papeles son prácticamente
simbólicas y el interés público queda en segundo plano frente a la estabilidad
del convenio y eso no parece un equilibrio justo.
El problema
de fondo no es solo este acuerdo concreto, sino la lógica que lo sustenta. Cada
euro que se destina a consolidar un modelo externalizado es un euro que no se
invierte en fortalecer lo público.
Y
eso tiene consecuencias. Por una parte, se pierden recursos para mejorar
infraestructuras públicas, se incrementan las dificultades para atraer y
retener profesionales, entrando en una espiral de dependencia de centros
privados a largo plazo, un camino que debilita la sanidad publica.
No dudo de
que la asistencia sanitaria de Cantabria tenga problemas reales ni de que las
soluciones sean fáciles. Pero normalizar la externalización como respuesta
estructural es, en mi opinión, un error.
La sanidad pública no necesita acuerdos a largo plazo con centros privados; necesita voluntad política, inversión sostenida y planificación. Necesita creerse a sí misma como pilar básico del bienestar, no como un sistema que se apoya cada vez más en muletas externas.
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