No hay dos sin tres, después de la huelga ahora les toca hablar a los partidos

El éxito de la huelga general me reafirma en una convicción que he mantenido durante toda mi trayectoria sindical, cuando los trabajadores toman conciencia de lo que está en juego y deciden defender sus derechos, su capacidad de movilización sigue siendo una herramienta imprescindible.

Lo digo también desde la experiencia de haber tenido la responsabilidad de ejercer como secretario general de USO Cantabria. He aprendido que los derechos laborales y sociales nunca están definitivamente conquistados. Detrás de cada avance ha habido organización, negociación, reivindicación y, cuando ha sido necesario, movilización, por eso, el éxito de esta huelga no debería ser un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa.

Ahora les toca hablar a los partidos políticos. Los ciudadanos tenemos derecho a saber para qué quieren que les votemos, qué modelo de sociedad pretenden construir y, sobre todo, qué consecuencias tendrán sus propuestas para quienes viven de su trabajo. Ya no bastan los titulares ni las declaraciones de intenciones, necesitamos programas electorales concretos, con medidas explicadas y compromisos que puedan ser contrastados.

La campaña comienza con las propuestas del Partido Popular, que incorpora medidas de flexibilidad laboral, bancos de horas, incentivos empresariales y cambios en la gestión de las bajas laborales, presentados como instrumentos para facilitar la contratación y mejorar la organización del trabajo, pero dejan en el aire una cuestión fundamental, ¿qué garantías tendrán los trabajadores para evitar que esa flexibilidad termine convirtiéndose en una mayor disponibilidad de su tiempo al servicio de las empresas?

No es una preocupación gratuita, el PP y Vox se opusieron a la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, anticipando con ello futuras dificultades a nuevas iniciativas destinadas a reducir el tiempo de trabajo y avanzar en la conciliación de la vida laboral y personal.

Tampoco podemos analizar las propuestas del PP sin mirar a Vox, su compañero imprescindible en sus aspiraciones de gobernar. Sus planteamientos han defendido una mayor liberalización de las relaciones laborales, cambios en los sistemas de protección social y una reducción del papel económico del Estado, incluso llegando a plantear limitar el derecho de huelga y dar mayor protagonismo a los acuerdos individuales frente a los convenios colectivos.

Me preocupa especialmente lo que supondría trasladar esas ideas a la acción de gobierno. La negociación colectiva no es un privilegio de los sindicatos ni un trámite administrativo, es la herramienta que permite equilibrar, la desigual relación de fuerzas entre quien ofrece el empleo y quien necesita trabajar para vivir, debilitarla significa dejar a cada trabajador más solo frente al poder empresarial.

También está en juego el modelo de servicios públicos que se quiere, La sanidad, la educación, las pensiones y la atención a la dependencia no son gastos que deban contemplarse exclusivamente desde criterios económicos, son derechos y pilares de cohesión social que protegen a las personas, especialmente a quienes tienen menos recursos.

Y aquí quiero reivindicar el papel de las organizaciones sindicales. Por mi experiencia, sé que los sindicatos somos mucho más que organizaciones que negocian convenios o convocan movilizaciones, somos instrumentos de representación, defensa y participación de los trabajadores. La libertad sindical y la negociación colectiva son elementos esenciales de nuestra democracia y no pueden quedar condicionados por la afinidad política con el Gobierno de turno.

Las reformas laborales anteriores nos han enseñado que las decisiones políticas pueden cambiar profundamente las relaciones entre empresarios y trabajadores. Por eso considero imprescindible que el movimiento sindical examine las propuestas electorales, exija explicaciones y compromisos y no permanezca al margen de un debate que afecta directamente al futuro de millones de personas.

La huelga general ha sido una demostración de fuerza y de conciencia colectiva. Pero ahora empieza otra tarea, la de exigir a quienes aspiran a gobernar que expliquen qué quieren hacer con los derechos que tanto esfuerzo ha costado conquistar.

Después de la reivindicación y de la movilización, ha llegado el momento de la respuesta política. No se trata solo de quién va a gobernar, sino para quién lo va hacer y al servicio de qué intereses. Esa es, mi opinión, y la cuestión que  los trabajadores no deberían olvidar cuando llegue el momento de acudir a las urnas.


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