Lo
digo también desde la experiencia de haber tenido la responsabilidad de ejercer
como secretario general de USO Cantabria. He aprendido que los derechos
laborales y sociales nunca están definitivamente conquistados. Detrás de cada
avance ha habido organización, negociación, reivindicación y, cuando ha sido
necesario, movilización, por eso, el éxito de esta huelga no debería ser un
punto final, sino el comienzo de una nueva etapa.
Ahora
les toca hablar a los partidos políticos. Los ciudadanos tenemos derecho a
saber para qué quieren que les votemos, qué modelo de sociedad pretenden
construir y, sobre todo, qué consecuencias tendrán sus propuestas para quienes viven
de su trabajo. Ya no bastan los titulares ni las declaraciones de intenciones,
necesitamos programas electorales concretos, con medidas explicadas y
compromisos que puedan ser contrastados.
La
campaña comienza con las propuestas del Partido Popular, que incorpora medidas
de flexibilidad laboral, bancos de horas, incentivos empresariales y cambios en
la gestión de las bajas laborales, presentados como instrumentos para facilitar
la contratación y mejorar la organización del trabajo, pero dejan en el aire
una cuestión fundamental, ¿qué garantías tendrán los trabajadores para evitar
que esa flexibilidad termine convirtiéndose en una mayor disponibilidad de su
tiempo al servicio de las empresas?
No
es una preocupación gratuita, el PP y Vox se opusieron a la tramitación de la
reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, anticipando con ello
futuras dificultades a nuevas iniciativas destinadas a reducir el tiempo de
trabajo y avanzar en la conciliación de la vida laboral y personal.
Tampoco
podemos analizar las propuestas del PP sin mirar a Vox, su compañero
imprescindible en sus aspiraciones de gobernar. Sus planteamientos han
defendido una mayor liberalización de las relaciones laborales, cambios en los
sistemas de protección social y una reducción del papel económico del Estado, incluso
llegando a plantear limitar el derecho de huelga y dar mayor protagonismo a los
acuerdos individuales frente a los convenios colectivos.
Me
preocupa especialmente lo que supondría trasladar esas ideas a la acción de
gobierno. La negociación colectiva no es un privilegio de los sindicatos ni un
trámite administrativo, es la herramienta que permite equilibrar, la desigual
relación de fuerzas entre quien ofrece el empleo y quien necesita trabajar para
vivir, debilitarla significa dejar a cada trabajador más solo frente al poder
empresarial.
También
está en juego el modelo de servicios públicos que se quiere, La sanidad, la
educación, las pensiones y la atención a la dependencia no son gastos que deban
contemplarse exclusivamente desde criterios económicos, son derechos y pilares
de cohesión social que protegen a las personas, especialmente a quienes tienen
menos recursos.
Y
aquí quiero reivindicar el papel de las organizaciones sindicales. Por mi
experiencia, sé que los sindicatos somos mucho más que organizaciones que
negocian convenios o convocan movilizaciones, somos instrumentos de
representación, defensa y participación de los trabajadores. La libertad
sindical y la negociación colectiva son elementos esenciales de nuestra
democracia y no pueden quedar condicionados por la afinidad política con el
Gobierno de turno.
Las
reformas laborales anteriores nos han enseñado que las decisiones políticas
pueden cambiar profundamente las relaciones entre empresarios y trabajadores.
Por eso considero imprescindible que el movimiento sindical examine las
propuestas electorales, exija explicaciones y compromisos y no permanezca al
margen de un debate que afecta directamente al futuro de millones de personas.
La
huelga general ha sido una demostración de fuerza y de conciencia colectiva.
Pero ahora empieza otra tarea, la de exigir a quienes aspiran a gobernar que
expliquen qué quieren hacer con los derechos que tanto esfuerzo ha costado
conquistar.
Después
de la reivindicación y de la movilización, ha llegado el momento de la
respuesta política. No se trata solo de quién va a gobernar, sino para quién lo
va hacer y al servicio de qué intereses. Esa es, mi opinión, y la cuestión que los trabajadores no deberían olvidar cuando
llegue el momento de acudir a las urnas.

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