Más representación no sirve de nada si hay menos derechos que defender

 

La USO se equivoca, el 11N su sitio estaba en la calle

La huelga general del 11 de noviembre ha abierto un debate que va más allá de la propia jornada. Algunas organizaciones sindicales, entre ellas la USO, han decidido no secundarla por motivos de oportunidad: la cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre y la ausencia de un interlocutor institucional claro. Son razones que pueden compartirse o no, pero que merecen discutirse con calma, porque detrás de ellas hay preguntas que afectan al sindicalismo en su conjunto.

La primera tiene que ver con la naturaleza de la convocatoria. Se ha dicho que es una huelga por la vivienda y que, por tanto, su fundamento laboral es dudoso. Sin embargo, lo que los convocantes reclaman es desbloquear la negociación colectiva para subir unos salarios que ya no alcanzan para pagar un alquiler o una hipoteca. Cuando una parte creciente del sueldo se va en mantener un techo, el problema ya no está solo en el mercado inmobiliario; está también en la nómina. Salario y vivienda forman hoy parte de la misma conversación, y es difícil defender lo primero sin atender a lo segundo.

La segunda pregunta es más delicada, porque rara vez se formula en voz alta. ¿Puede un cambio de gobierno mejorar la posición de los sindicatos que no son CCOO ni UGT? La tentación existe. Vox llevó al Congreso el pasado junio una proposición para reformar los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y sustituir la figura del sindicato más representativo por la de «suficiente representatividad». Para quienes llevan décadas reclamando más pluralidad, la propuesta puede sonar atractiva.

Conviene, no obstante, mirar el conjunto. Esa misma iniciativa planteaba modificar el artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula las elecciones sindicales y varios preceptos del Estatuto del Empleado Público relativos a la negociación en las administraciones. Y el Partido Popular, por su parte, ha calificado la incapacidad temporal de «cáncer», ha propuesto rebajar la prestación de quienes están de baja y ha advertido de que actuaría con o sin acuerdo sindical. Hoy la mayoría de los convenios garantiza el cien por cien del salario durante la baja, una mejora conseguida en la negociación colectiva por sindicatos de todo tipo.

Estas propuestas no distinguen entre organizaciones grandes y pequeñas. Afectan a los delegados de cualquier sigla, a la negociación de cualquier convenio y a cualquier trabajador que enferme. Por eso la cuestión no es si un futuro gobierno ofrecerá más sillas en los órganos de representación, sino qué se decidirá en esas mesas. Reconocimiento e influencia no son lo mismo, un sindicato puede ganar presencia institucional y perder, al mismo tiempo, capacidad real para proteger a quienes representa.

Nada de esto significa que la reforma de la representatividad sea un error. Es una reivindicación legítima, y el debate sobre el umbral del 10 % sigue abierto. Significa que esa reforma debe valorarse junto a todo lo demás y que ningún avance organizativo compensa un retroceso en derechos laborales. El sindicalismo independiente necesita más voz, pero la necesita para defender mejor, no para asistir a decisiones que debiliten lo conquistado.

Hay también una cuestión de principios. La independencia sindical, que la USO ha defendido siempre como seña de identidad, consiste en juzgar las políticas por su contenido y no por quién las impulsa. Esa misma independencia obliga a examinar con el mismo rigor las propuestas de cualquier gobierno, actual o futuro, y a no esperar de ninguno un trato de favor a cambio de prudencia.

La afiliación de un sindicato con presencia en tantos sectores y territorios es, por naturaleza, plural. Sus miembros votan opciones distintas y tienen visiones diferentes sobre la oportunidad de esta huelga. Precisamente por eso el debate merece hacerse con datos y argumentos, sin consignas. Cada afiliado sabrá qué hacer el 11 de noviembre. Lo importante es que la decisión, la individual y la colectiva, se tome mirando a los derechos que están en juego y no a las expectativas de lo que pueda venir después.

Porque la pregunta de fondo no es quién se sentará en la mesa del diálogo social, sino qué derechos saldrán reforzados o debilitados cuando esa mesa termine su trabajo.