Un aviso que
se mezcla con la desvergüenza de una política explotadora, al permitir que más
de cuatro millones de personas, tengan que dedicar más del 40% de sus ingresos
en gastos de alquiler, desvergüenza que afecta especialmente a los jóvenes
incapaces de plantearse un futuro de emancipación.
En España se
lleva “demasiado tiempo con un mercado intervenido, pero solo a favor de fondos
buitres y bancos”, por lo tanto, es hora de ampliar la Ley de Vivienda e
intervenir el mercado en favor de la mayoría social de este país. Según el censo
del INE publicado en junio del 2023, existen 3.837.328 de viviendas vacías, “como
consecuencia de sus elevados precios, ya sea en compra o en alquiler”.
Como
respuesta a esta situación, Sumar ha propuesto “crear un gran parque de 2
millones de viviendas públicas de alquiler - a coste cero para el contribuyente
- invirtiendo el 1% del PIB anual, durante 10 años, cantidad recuperable a
través del alquiler, a precios máximos, en función de la renta de los hogares
que alquilen”.
La
regulación del alquiler turístico, de habitaciones y temporada, en el marco
directo de la Ley de Vivienda, la creación de “un bono de emergencia para los
hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual de
1.000€ por hogar y financiado a cargo del impuesto extraordinario a la banca”,
y una medida de interés, que sin duda chocara con las entidades bancarias, y en
buena medida con los partidos de la derecha, la “creación de un banco público
que rompa el oligopolio bancario y la portabilidad real de las hipotecas de
variable a fijo”.
El año
pasado se destinaron a política de vivienda 3.295 millones de euros y 2.636
millones en ayudas fiscales, en total casi seis millones el 0,45% del PIB de la
economía española, que nos sitúan como uno de los paises con menos vivienda
social construida de la unión europea.
España con
el 2,5% del total de viviendas sociales está muy lejos de la media europea con
el 9,3%, según el Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de
Vivienda y Suelo.
Los países
de la UE con mayor proporción de vivienda social con relación a su parque de
viviendas son Países Bajos, con un 30% del total; Austria, con un 24% y
Dinamarca, con un 20,9%. En el extremo opuesto se encuentran Grecia, Letonia,
Lituania, Chipre y Malta, con un 0%, Rumanía, con un1,5%; Estonia, con un 1,7%y
Croacia, con un 1,8%.
El
compromiso de Sumar es radical “nadie debería destinar más del 30% de sus
ingresos al pago de la vivienda”. Desde este principio, medidas económicas para
la financiación directa a la construcción, a través de un banco publico que
ayude a la financiación y compita con las entidades bancarias siempre centradas
en la especulación y el beneficio por encima de todo.



