5 oct. 2015

Apartado 9º.- Haciendo memoria “Así empezó todo” El primer Plan de Empleo Regional

 En el mes de abril de 1990 se firmo el primer Plan de Empleo Regional entre el Gobierno de Cantabria presidido por el siempre polémico y discutido Juan Hormaechea Cazón, los sindicatos UGT, CCOO y la patronal CEOE, un plan de empleo que nació enfrentado a una enorme polémica con los partidos políticos y con la USO, que se vio obligada a recurrir a los tribunales, entre otros, la aplicación de proporcionalidad en el reparto de las subvenciones con que estaba dotado.
Juan Hormaecha Cazon Presidente de Cantabria
y vaya que Presidente
Las relaciones políticas de aquel entonces eran de bronca diaria, por una parte, el personalismo que ejercía Hormaechea a la hora de hacer política, que traía a los partidos principalmente PSOE y PRC por la calle de la amargura, incapaces de ganarle en la batalla del voto, y por otra los sindicatos mayoritarios que hábilmente se aprovechaban de la situación apoyando con su firma, un plan de empleo que para la imagen de Hormaechea resultaba vital, evidentemente a cambio de una muy buena inyección económica.
Cuando la USO afronto esta demanda judicial, era consciente de la utilización que iban hacer los partidos políticos, y mucho más si al final se nos estimaba aunque fuera parcialmente - como así fue - pero nosotros no podíamos más que correr ese riesgo de manipulación, si no queríamos que los dineros públicos, todos los dineros, fueran a caer en manos de los sindicatos UGT, y CCOO, no hacerlo, hubiera supuesto abrirles la puerta por la que recibirían, año tras año un buen chorro de dinero.

Paralelamente a la demanda judicial pusimos en marcha un proceso de negociación con los partidos políticos del parlamento, para que fuera en ese marco donde se negociara el plan de empleo y revisara la concesión de las ayudas económicas a los sindicatos, iniciativa que enseguida fue asumida por todos, incluso por la CEOE que hasta la fecha había estado con un silencio mas que prudente.

Con la solicitud de paralización cautelar, el juzgado en apenas treinta días, lo dejo sin efecto, y con ello a la toda poderosa comisión de seguimiento que se había atribuido capacidad infinita para distribuir los recursos económicos a la carta, la oferta pública de empleo - que sin duda hubiera provocado un coladero para los afiliados a los sindicatos firmantes - y la partida económica destinada a la formación profesional y el reparto de los hogares del productor.

Jaime Blanco en nombre del PSOE, no tardo mucho en ofrecer a los sindicatos firmantes la colaboración de su partido para llevar al debate del plan de empleo a los  presupuestos regionales, bien por vía de enmiendas, o por consenso a través de un nuevo plan, ofrecimiento que fue rechazado por los sindicatos, y por el Consejero de Industria Gonzalo Piñeiro, medio escondido en la contradicción de impulsar el plan o quedarse al margen hasta que la resolución judicial saliera, al final el consejero tiro para adelante, atropellando con ello a la USO que se vio obligada a pedir oficialmente su dimisión,  ante el grupo parlamentario popular que amparaba a Hormaechea en aquel momento, dimisión que fue contestada por Piñeiro  reclamando ante los tribunales una indemnización de 100.000 pesetas diarias por cada uno de los días que el plan estuviera parado, dos millones a la fecha que el juzgado resolvió.

Gonzalo Piñeiro Consejero de Industria
La sentencia definitiva no tardo en salir y en apenas cuatro meses, el ponente del tribunal Francisco José Navarro Sanchis estimo parcialmente nuestra demanda y reconoció nuestro derecho a participar en la formación profesional, a percibir patrimonio sindical y subvenciones proporcionalmente a la representación sindical, lo que no estimo fue la participación del sindicato en la comisión de seguimiento, que como estaba previsto tomo decisiones graves que tuvimos que recurrir judicialmente con sentencias diversas.

Esta sentencia judicial, fue decisiva para la defensa de nuestros derechos, también en otras  comunidades autónomas, se trataba de la primera sentencia dictada por un Tribunal Superior de Justicia, a nuestro letrado Francisco Rosales Cuadra se le debe este magnífico triunfo sindical, que produjo un antes y un después para los temas de subvenciones económicas a los sindicatos.

Y después de tantos años de diálogo social - demasiadas veces ineficaz - por fin en Cantabria los pactos de concertación van a estar regulados por una Ley, enhorabuena por ello, y a esperar que el parlamento regional apruebe la ley que obligue al Gobierno Regional de turno a negociar la concertación con CEOE, CCOO y UGT, ley que le costo el cargo de Secretario General a mi amigo Nacho Pérez de la UGT empeñado en sacar adelante un pacto regional que pusiera fin a los condicionantes que año tras año (a la fecha más de 25 años) se daban en estas negociaciones y acuerdos.

 Ahora le toca sacar pecho a la Consejera de Investigación, Universidades, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, que tras la II Mesa de Diálogo Social, lo ha anunciado a bombo y platillo bajo la presencia del consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra; el de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín; el de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz; la de Sanidad, María Luisa Real y el de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota; los secretarios generales de CCOO y UGT, Carlos Sánchez y María Jesús Cedrún, respectivamente, y el presidente de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, todos de acuerdo y esperando pase cuanto antes la mala experiencia del último pacto acordado por el popular con Nacho Diego presidente del gobierno, hasta ahora. 

Esperemos que el acuerdo pactado para el periodo 2015 – 2019 sea de verdad fructífero para la región, y la ley que se anuncia sea lo suficientemente amplia que no deje a las otras organizaciones al margen, por lo que respecta a la USO, esta noticia la coge con los deberes hechos incluso con una propuesta de Ley elaborada y entregada si no recuerdo mal al Consejero de Presidencia Sr Mediavilla del gobierno de coalición anterior.

La conflictividad social en Cantabria, la crisis económica y la reindustrialización

Que los sindicatos teníamos problemas a la hora de ponernos de acuerdo entre nosotros no es ninguna novedad, lo es ahora y lo era antes, incluso cuando los problemas nos llegaban al cuello. Esa era la situación que vivíamos los sindicatos de Cantabria ante la convocatoria de la Huelga General del 12 Marzo de 1992, huelga general en la que todos coincidíamos, pero en la que fuimos incapaces de ponernos de acuerdo.

La USO situó perfectamente las causas que la motivaban. La necesidad de un plan industrial de ámbito regional, que resolviera la grave crisis que estábamos padeciendo principalmente en el sector de la industria, pero también en la ganadería y en el sector de los servicios, crisis que cerraba empresas sin que pareciese tuviera fin, y lo que es peor, sin alternativas y propuestas por parte del gobierno regional y los partidos políticos.

La USO intento el acercamiento a  UGT y CCOO convencido de que la huelga abría  una larga pelea sindical en el tiempo - como así fue - pero de nada sirvió, la cola de la manifestación fue lo único que nos ofrecieron - una vez más – acompañada de la consabida ración de prepotencia y soberbia de la que hacían gala los sindicatos mayoritarios, arrogancia imposible de asumir, y que a la postre provocaría la celebración de cuatro manifestaciones – dos en Santander y dos en Torrelavega – para una jornada de huelga general con propuesta similares, solo separados por el afán de protagonismo de los “mayoritarios”.

Al final USO, CSI-CSIF, SU, CGT, STEC y FSIE, convocamos unitariamente, mientras que UGT y CCOO lo hicieron por separado, aunque el esperpento donde se pudo comprobar con mas crudeza fue en las manifestaciones, por la mañana en Torrelavega, desfilando en paralelo, con evidente descontento, y por la tarde en Santander también en dos manifestaciones por el mismo itinerario con media hora de distancia, para al final unos finalizar en Plaza de Pombo y otros frente a la Delegación del Gobierno. Esta sin razón, no empaño el efecto de la huelga y  el  Gobierno Regional de Juan Hormaechea y los partidos políticos, tomaran buena nota, llevando al parlamento regional a través del PRC una interpelación que instaba la elaboración de un “plan de reindustrialización, lo mas consensuado posible”, a instancia del Consejero de Industria de aquel entonces, Francisco Pernia.

Y asi, con mucho ruido, acusaciones de oportunismo, de confrontación política, se mantuvo durante todo el año 1992, por nuestra parte apostamos muy fuerte a favor del Parlamento de Cantabria como marco de negociación, incluso llegamos a firmar un Acuerdo para la elaboración del Plan Industrial, entre los diputados José Antonio Arce Bezanilla del Partido Popular, Miguel Ángel Palacio por el PSOE, Rafael de la Sierra del PRC, Antonio Saiz Pi por USO y José Jiménez Blázquez de CSI – CSIF.

UGT y CCOO desplegaron toda su batería, escasamente diplomática, para confrontar con esta iniciativa, en primer lugar contra el PSOE a quien acusaron de tener manía persecutoria a Hormaechea, a los sindicatos especialmente a la USO y al resto de los partidos, aunque en ello les fuera perder de vista la realidad de crisis industrial y económica en que vivía la región.

Pronto las contradicciones en el Partido Popular se harían muy patentes, de una parte el Consejero de Industria Pernia, elaborando el plan de reindustrialización - que no contaba con el concurso del presidente Hormaechea -  y de otra  el Diputado José Luis Vallines, poniendo cataplasmas a una relación que ya estaba muy deteriorada, al final, el consejero de industria anuncio la inclusión de una importante partida económica en los presupuestos de aquel año 1992, condicionada al acuerdo entre el gobierno y sindicatos mayoritarios, solución final que no contento a nadie y dio carpetazo a la propuesta que USO y CSIF habíamos hecho en el parlamento con los partidos políticos.

Pero no hay dos sin tres y en el verano de 1992, visto que  Hormaechea no se ponía a la faena en la elaboración del Plan de Reindustrialización los sindicatos mayoritarios y partidos políticos de la oposición, iniciaron nuevas movilizaciones que fueron atajadas por el presidente haciendo  responsable directo de la situación al gobierno socialista central, quien a su vez recordó las atribuciones de las autonomías en materia de industrialización y la dotación del Fondo de Compensación Ínter territorial con unos 1.290 millones de las antiguas pesetas.

Y por fin se sentaron a la mesa regional, casi un año después de la huelga general todos excepto el PP y CEOE, que quedaron a la espera de un informe de la Universidad de Cantabria, decisión que no ayudo nada y que el PSOE aprovecho para hacer también mutis por el foro y vuelta a empezar,, nuestro sindicato dio por cerrado este triste episodio publicando un articulo “Una Concertación Social a la carta” en el que denunciábamos los despropósitos e incoherencias en un momento  grave de nuestra economía regional, reivindicando la puesta en marcha del Consejo Económico y Social constituido legalmente pero no dotado de medios para su funcionamiento.

Los Planes de Desarrollo Regional y la Unión Europea

Durante algún tiempo estuvo reuniéndose la “mesa de crisis” en el parlamento regional sin que alcanzara acuerdos de importancia, reuniones y pactos políticos que quedarían relegados a los Planes de Desarrollo Regional, como era de esperar, el Presidente Hormaechea se volvió a quedar solo en la elaboración de estos planes, frente al gobierno central – único legitimado para presentarlos ante la Unión Europea - y lo que debió ser propuestas unitarias de toda la sociedad Cantabria ante el gobierno central,  se convirtió una vez más en confrontación, por lo que se perdió el reconocimiento de Objetivo 1 para Cantabria y con ello pérdidas cuantiosas en nuevas inversiones.

Y vuelta a la manifestación, el 25 de noviembre 1993, con movilizaciones a nivel nacional y especialmente en Cantabria, donde la crisis económica y su repercusión en la industria se estaba llevando por delante muchas empresas, los sindicatos volvimos a marchar separados, esta vez UGT y CCOO centraron su convocatoria en Santander, mientras que USO, CSI-CSIF, FSIE y SITAS, lo hicimos en Torrelavega, saliendo a la calle para recriminar con fuerza también el comportamiento de los sindicatos mayoritarios que se permitían el lujo de manifestarse contra la política económica del gobierno regional, a la vez que le legitimaban, manteniendo operativa la mesa de la concertación social.

Especialmente activos en la convocatoria de la huelga estuvieron los compañeros de Torrelavega, especialmente Juan Carlos, escribiendo un artículo de prensa “El declive del Besaya”, que anunciaba el fuerte impacto sobre el empleo que iba a tener las reformas laborales especialmente sobre la industria. La huelga general en todo España fue un éxito, y ello a pesar de las contradicciones que el gobierno socialista metió en la convocatoria, calificándola de política incidiendo con ello sobre su sindicato “hermano” la UGT.

Cantabria se convirtió en la segunda comunidad autónoma en mayor seguimiento de la huelga con una participación del 98 por ciento, reconocido por la CEOE, aunque como era de esperar lo imputo a la “acción coactiva de los piquetes”. 25.000 ciudadanos nos dimos cita en la Plaza de Pombo donde los tres secretarios generales le pedimos al gobierno de Felipe González que rectificara su reforma laboral por inútil ante crisis económica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario