A vueltas con la corrupción en Cantabria, ahora con los sobresueldos en la administración

 

Esto de los sobresueldos en las empresas públicas de Cantabria, ya viene de lejos. Tanto con el Partido Popular como ahora con el Gobierno de coalición PRC-PSOE parece que abonar sobresueldos sin justificación alguna, se ha convertido en una práctica habitual.

En marzo del 2018 el partido político Ola Cantabria que capitaneaba Juan Ramon Carrancio, nos anunciaba la investigación judicial del abono de sobresueldos a cinco empleados de la Sociedad Regional SOGIESE por importe de 90.000 euros, investigación que a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria según me cuentan “apreciara causa para ello“ no se pudo culminar por las cantidades abusivas que se pedían (6.000 euros) imposibles de abonar para un partido de reciente creación”, y lo que es peor, el silencio del resto de los partidos políticos, que conociendo la documentación del presunto delito, silenciaron la causa haciéndose coparticipes de ello.

Luego vendría el Tribunal de Cuentas, para sacarnos los colores con su Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondiente al Ejercicio 2014, recordando que “se abonaban sobresueldos, a trabajadores y altos cargos, en empresas públicas como SOGIESE, Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte (SRECD), CANTUR, MARE, ICAF, Fundación Campus Comillas, Festival Internacional de Santander, según nos contó el periódico digital El Faradio.

El ICAF tampoco se libró del reproche social por los sobresueldos, que percibieron el gerente y otras dos responsables del organismo, cantidades que rápidamente se justificaron amparándose en un supuesto incremento de funciones e interpretación laxa del límite salarial - que por aquel entonces se aplicaba a todos los funcionarios públicos de España – justificaciones que también le sirvieron al consejero de Economía Juan Jose Sota del PSOE, aun a costa de confrontar, con la propia Intervención General de Cantabria, que no dudo en desestimar las discrepancias que presentó el ICAF.

Y nuevamente, a pesar de coincidir la denuncia pública con el debate de Presupuestos Regionales, el silencio se abrió paso en el parlamento regional y oposición y gobierno se callaron a la espera de que se devolviera los sobresueldos cobrados y/o un nuevo informe fiscal determinara el delito por la no devolución.

Pero tampoco sirvieron de mucho los informes de fiscalización, estos volvieron a quedar sepultados en los cajones ocultos de los gobiernos regionales de turno y de los tribunales, que a pesar de conocer los detalles de los sobresueldos, no obligaron a las entidades correspondientes actuar destapando estas situaciones. 

Y luego llego CCOO quien a bombo y platillo nos dijo que iba a pedir al gobierno de coalición la “intervención inmediata de MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía) para acabar con la corrupción laboral y el clientelismo”

En aquella rueda de prensa el bueno de Carmelo Renedo se despachó a gusto denunciando prácticas de corrupción, en diversas empresas y fundaciones públicas en las que "no solo estaban implicados cargos políticos, sino directores de departamentos, que bien merecían comisiones de seguimiento nombradas por el Parlamento Regional”.

Pero pronto de desinflo la diatriba de Carmelo, por lo visto lo que quería no era tanto criticar y controlar la gestión de MARE, sino poner trabas a la reclamación que se estaba haciendo a un grupo de trabajadores que habían cobrado 374.004 euros indebidamente.

Y como no hay mejor defensa, que un buen ataque, el representante sindical no dudo en pedir a las que mandaban por aquel entonces - Tezanos y Rosa Inés García – que "antes de pedir a un trabajador los euros que tuviera que devolver, se imputaran las responsabilidades precisas, a quienes en el tiempo lo estuvieran permitiendo” y se quedó tan tranquilo, consiguió callar a todos - Parlamento incluido – hasta ahora, que el DM vuelve a sacar en el periódico que MARE “ha pagado 1,3 millones en sobresueldos irregulares pese al aviso de la intervención”.

Y ahora que, volverá CCOO a denunciar corrupción, volverá a pedir al Parlamento comisiones de control, o tomara nota del informe de la Intervención General y obrara en consecuencia, asumiendo que la corrupción no tiene justificación alguna venga de donde venga.

Y mientras tanto la dirección actual de MARE, según parece, seguirá empeña en hacernos creer, que están ejecutando las 42 recomendaciones que en su día hizo la Auditoria para resolver los problemas de gestión y de recursos humanos, aunque esto es más que dudoso a la luz de lo publicado en prensa que vuelve a poner en evidencia los sobresueldos.