Hace unos
días publiqué en este blog una primera reflexión sobre el acuerdo singular
entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital San Juan de Dios –Santa Clotilde–.
Entonces aún no se conocía un dato clave: la verdadera beneficiaria económica
del convenio no es el hospital, sino la empresa privada HT Médica, a la que se
subcontratan los servicios.
Lo que se
presentó con opacidad como una solución técnica para reducir las listas de
espera es, en realidad, un nuevo paso en la externalización encubierta de la
sanidad pública. Un modelo impulsado por el Partido Popular que convierte un
problema estructural del sistema sanitario en una oportunidad de negocio
financiada con dinero público.
El consejero
de Sanidad omitió que Santa Clotilde actúa únicamente como intermediario
económico. La atención sanitaria la prestará HT Médica, en muchos casos con los
mismos profesionales que ya trabajan en el sistema público regional. El
resultado es un esquema tan sencillo como opaco: fondos públicos que acaban en
una empresa privada sin contrato público, sin licitación y sin control
parlamentario o ciudadano, pero que podría gestionar hasta 256 millones de
euros.
Aunque el
modelo pueda ser formalmente legal, es democrática y socialmente inaceptable.
La subcontratación expulsa del control público información esencial: precios
reales, criterios de elección, beneficios empresariales y destino final de los
recursos comunes.
No es un
modelo nuevo. Ya se ha aplicado en comunidades como Madrid o Valencia,
generando un círculo vicioso que debilita lo público y justifica nuevas
derivaciones al sector privado. Las listas de espera no se solucionan
privatizando, sino invirtiendo en recursos públicos, plantillas,
infraestructuras y medios propios.
La sanidad
pública está para prestar servicios, no para ser intermediaria de negocios
privados. Todo lo demás es un retroceso que acabamos pagando trabajadores y
pacientes.
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