Ahora resulta que el Plan de
Sostenibilidad de la
Administración que aprobó el gobierno el dieciséis de febrero
pasado, en su inmensa mayoría, corresponde a decisiones políticas que no
necesitaban de informes del CES, por ser materias de simples instrucciones
internas del gobierno, unas, para mejor contabilizar sus presupuestos, otras
por estar sujetas a textos de convenios colectivos, o simplemente porque son
normas que no modifican ningún precepto con
rango de Ley, vamos que bien se podían haber ahorrado tanto debate y ruido
institucional.
Pero claro, este plan de Sostenibilidad
- lejos de invadirlo todo y a todos - lo que si esta pretendiendo, entre otras,
es cerrarle la boca al Consejo Económico y Social, callar su voz, para que
desde su mayoría parlamentaria, pueda gobernar sin dar el derecho democrático,
a opinar sobre sus decisiones.
Dos son los argumentos que
esgrime el gobierno para su portazo, de una parte el marco de relaciones que
tiene abierto con los sindicatos y patronal a través de la siempre discutida concertación
social, y de otra, el coste económico de su funcionamiento, dos argumentos que
el dictamen del CES desmonta sin apenas remangarse.
El primero recordando que el CES
es fruto de una Ley y como tal debe ser tratado a la hora de suspender sus
funciones, segundo porque el consejo tiene además de los agentes sociales en su
seno, un grupo tercero de expertos independientes que representan a la sociedad
civil no organizada por lo tanto, una pluralidad representativa que supera la
mesa de concertación, y por ultimo, que el propio consejo siendo consecuente
con la situación de crisis económica ha realizado una propuesta de reducción
del coste económico al mínimo para su funcionamiento, una reducción por la que
los consejeros por unanimidad “renuncian temporalmente a la percepción de las
indemnizaciones por asistencias a las reuniones legalmente establecidas” lo que
limita su gasto prácticamente al salario
de las dos secretarias y poco mas, por lo tanto bueno será que el
gobierno vaya buscando nuevos argumentos porque estos no valen.
Por eso no es de extrañar que
desde su dictamen – ultimo servicio a la democracia regional si alguien no lo
remedia – haya puesto a caldo a la famosa “Ley de Medidas Administrativas,
Económicas y Financieras para la
ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria” - que así se llama - lo que para los ciudadanos de a pie ha
quedado como la ley de los Recortes Sociales, por cierto, una ley que el CES ha
dictaminado sin saber muy bien si sus medidas de ahorro son tales o simples
restricciones de derechos sociales, o que entre sus decisiones no se este
vulnerando derechos a la negociación colectiva, o que entre el batiburrillo de artículos
no se pretenda recortar todavía mas derechos consolidados de los funcionarios,
o lo que es mas curioso como se abre la puerta a la contratación temporal, para
sustituir personal funcionario.
En fin, un dictamen - que confío
lea con atención - el todo poderoso Partido Popular de Cantabria y le haga
rectificar la forma de gobernar y hacer política, porque, por este camino solo
van al precipicio y lo que es peor, nos estarán llevando también a nosotros.
