Aplíquese al candidato Feijoo la “Milonga del Consorcio” de Edmundo Rivero, que cuenta la historia, de quien, nacido en Orense, decidió mudarse a Madrid, - Pa'figurar en la guía - comenzando un suplicio que no parece tener fin.

 

Alerta Máxima

 

Dice Manuel Zaguirre, - Exsecretario general de la USO y afiliado al PSC – en su último artículo, “Alerta Máxima” que se pudiera estar tramando un nuevo tamayazo, y que no estaría demás, poner atención ante posible compra de votos de diputados.

Para Zaguirre este “empecinamiento por investir a Feijoo sabiendo que es científicamente imposible porque no tienen diputados para ello y porque nuestro sistema político es la democracia parlamentaria no el presidencialismo”, se debe, además de cubrir las altas expectativas que ha puesto el PP en acabar con lo que llamaron el sanchismo, al interés de “algunos grandes poderes económicos y empresariales que temen que un futuro gobierno progresista siga apretándoles las tuercas fiscales a la vista de unos beneficios desbocados sin precedentes”.

Para ello la alerta máxima que anuncia Zaguirre en su articulo denuncia tres posibles “líneas de trabajo a cuál más repulsivas y peligrosas”.

Primero corromper económicamente algún que otro “diputado de los grupos democráticos y progresistas que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez” segundo “meter al jefe del Estado en el brete de encargar la investidura a un Feijoo sin apoyos suficientes”, a la espera que llegado el momento salten sus votos necesarios para facilitar la investidura de Feijoo. Y tercero “en secreto mantener contacto con Puigdemont para que no apoye la investidura de Pedro Sánchez y forzar así nuevas elecciones para Navidad, en la secreta esperanza de que éstas sí las ganarían por mayoría absoluta la alianza del PP y neofascismo, o lo que quedara de este último”.

No hay duda que andar sobre aviso, es la mejor de las medidas en este momento, por mas que pudiera ser calificada de exagerada. Tiempo atrás se compraron votos y voluntades políticas, tan escandalosas que la democracia se tuvo de defender hasta con normas anticorrupción, por lo tanto cuidar la decencia de sus señorías tampoco estaría demás.  

La medusa carabela en las playas de Santander no es ninguna broma

A que espera el Ayuntamiento de Santander para establecer un protocolo de actuación para los socorristas de la Cruz Roja que cuida de las playas de nuestra ciudad.

Que aprendan de San Sebastián que inéditamente detectado la medusa carabela en sus playas, con apenas cien unidades, han establecido medidas de emergencia, como la bandera roja, para playas con más de dos picaduras. Según nos cuenta el diario montañés, en Cantabria ya superamos las 300 medusas.

Hace unos dias en la playa de San Juan de la Canal, se detecto una medusa carabela, retirada por un particular, con el aplauso y reconocimiento de todos los bañistas, mientras que los socorristas miraban para otro lado.

Dias después he podido comprobar a consulta con los socorristas de la segunda del sardinero, que no existe protocolo alguno, para actuar en el caso de que la medusa carabela se haga presente en las playas de nuestra región al menos en las de Santander ciudad.

Todavía queda verano y muchos bañistas en nuestras playas. Por lo que reitero se establezcan protocolos de actuación, y de existir se hagan públicos. 

Apagar los incendios ya no es suficiente se necesita un nuevo modelo basado en la prevención

Los incendios forestales en España han quemado en los cinco primeros meses del año 2023 un total de 47.784,98 hectáreas, casi el triple que en el mismo periodo del año 2022 que ardieron 16.469,88 según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

Hoy es más cierto que nunca que los incendios se apagan en verano, pero se evitan en invierno. Una frase que entra en contradicción con la realidad del gasto - 20% - que se dedica a la prevención de incendios.

Cantabria invertirá este año 4,1 millones de euros en la prevención y lucha contra los incendios forestales. Entre enero y febrero del 2023 ardieron 5.396 hectáreas, de ellas 726 lo fueron de superficie arbolada, 3.621 matorral y monte abierto y 1.049 pastos y dehesas.

España es el país de la Unión Europea con más superficie arrasada por los incendios. Una posición que nos obliga a tomar medidas excepcionales, tanto políticas como presupuestarias de forma urgente.

La crisis climática – por años comprobada – a puesto de relieve que solo la política basada en la extinción ya no sirve, que es imprescindible incorporar la estrategia de la prevención en el todo momento como respuesta a los fuegos – de sexta generación, en los que las llamas superan la velocidad de 6Km/h - que cada vez son más frecuentes e intensos.

Es evidente que para ello se necesita tomar medidas administrativa y políticas. Acabamos de celebrar unas elecciones políticas 23J y este tema ha vuelto a pasar desapercibido en el debate electoral, solo apuntado como compromiso político por Sumar.

Entre otras “la coordinación, con y entre, las Comunidades Autónomas en la prevención, consolidar las competencias previstas en el Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF) incorporando la participación de todos los actores sociales y entidades locales, la dotación de un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y gestión forestal, que complemente las ayudas siempre escasas con que dotan la prevención las comunidades autónomas y ayuntamientos, y finalizar la tramitación de la Ley Básica para el Estatuto de los Bomberos Forestales”.

Y en este orden de apostar por una nueva estrategia forestal sostenible, poner en marcha medidas económicas y fiscales que ayuden a sustituir progresivamente las plantaciones de pinos exóticos y eucaliptos por especies autóctonas, de crecimiento menos rápido, pero menos proclives a generar grandes incendios.

Estas iniciativas, de ninguna manera son fruto de la ocurrencia política, como pretende calificar la extrema derecha, son propuestas compatibles con la estrategia de la UE, en el marco de la Biodiversidad 2030, incluida en el Pacto Verde Europeo en favor de los bosques.

Propuestas, entre otras, que nos obligan como país a la “reforestación con especies autóctonas, promoción de la bioeconomía basada en los bosques no madereros, incluido el ecoturismo, la ayuda institucional a los propietarios privados de montes, y montes comunales, eliminando en la medida posible, las trabas administrativas, hacer compatible el manejo forestal y la ganadería extensiva, y un plan de empleo forestal con personas contratadas de los pueblos para la gestión integral”.

Sin ninguna duda nuestro país esta preparado para afrontar muchos de los incendios, digamos de baja intensidad, que bien por los pirómanos 60%, algunos ganaderos y agricultores que realizan quemas no justificadas o las famosas barbacoas, pero por desgracia esta eficacia profesional no es suficiente, para los nuevos incendios cada vez más intensos, y en muchos casos superando la eficacia de nuestros bomberos forestales, por eso es necesario volver a concienciar a los ciudadanos del grave momento en que vivimos.

Cantabria tiene amplia normativa para luchar contra los incendios, especialmente el Plan Especial de Protección sobre Incendios Forestales INFOCANT, legislación que responden eficazmente, pero no suficiente si no va acompañado de amplias campañas de información que alerten a los ciudadanos sobre los daños ambientales, y económicos.   

La España de progreso y nada inestable

He de reconocer que llevo tiempo esperando con interés los artículos dominicales de Manuel Angel Castañeda del DM. De hecho, nunca me han fallado, ya sea por coincidencia o discrepancia.

En el artículo del pasado 30 de Julio “La España inestable”, Castañeda anunciaba que, si la izquierda llegase al poder, el gobierno regional se enfrentaría a una sequía económica de cuatro años por sus compromisos con Cataluña y el País Vasco. Promesas sin concretar, a la vez que recordaba lo bueno que seria para Cantabria un gobierno del PP entiendo sin Vox, que por cierto no citado por su nombre en ningún momento del largo artículo.

Afortunadamente, el bueno de Castañeda comienza su escrito reconociendo las buenas e incorruptibles prácticas democráticas del actual gobierno en funciones, para concluir declarando una inestabilidad “por culpa de los partidos independentistas y contrarios a la constitución”. Inseguridad que me imagino se referirá a Vox, CIU, Junts y PNV – sin citarlos - aunque este último bien pudiera librarse de la sentencia que recoge el escrito.

Y ya puestos en la pontificación, yo me pregunto, si durante esta legislatura que acaba de finalizar, o cuando los partidos mayoritarios negociaban con algunos de estos partidos, los españoles no éramos iguales, a mí me parece que sí. Los gobiernos del PP y PSOE indistintamente cuando han gobernado, lo han hecho para todos, incluso en el debate presupuestario siempre útil para la censura política.

Dice Castañeda que entramos en la incertidumbre, al menos, hasta que Sánchez pueda formar gobierno – descarta a Feijoo – a la vez que hace un llamamiento a Buruaga, para que cumpla con su programa electoral, en buena parte, heredado del gobierno anterior, sin apenas encargos destacados, a no ser los retos añejos de siempre, el AVE a Reinosa, la autovía Aguilar de Campoo a Burgos, los espigones de la magdalena, el derribo de la residencia Cantabria y poco más.

Y para solucionar lo que llama “punto final a la decadencia de la región” una reforma fiscal apenas esbozada, la promesa de siempre ya cumplida de “elección de centro educativo por los padres”, la reducción de plazos en la gestión administrativa y ver como se convence a los alcaldes recién electos, para que se agrupen con el ayuntamiento vecino, vamos una tarea escasa para un gobierno comprometido hasta las cachas con el PRC y Vox, que le miran con cierta benevolencia, a la espera de darle algún que otro bocado a nada que se distraiga.

Vale que Buruaga esperaba un gobierno del PP – Vox y ahora lo va a tener un poco mas difícil, pero de eso anunciar a bombo y platillo, la discriminación de Cantabria por culpa del pacto político con los independentistas va un gran trecho, que en el peor de los casos esta aun por demostrar.  

Algunos datos sobre el PSC – PSOE según Manuel Zaguirre militante socialista y Ex secretario general de Unión Sindical Obrera USO

    El Partido de los Socialistas de Catalunya, PSC-PSOE ha ganado con holgura en las cuatro circunscripciones catalanas, Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, obteniendo 1.205.947 votos en el conjunto de Catalunya que suponen 19 escaños en el Congreso de los Diputados de España. 

    Los 1.205.947 votos del PSC-PSOE, suponen 354.754 votos más que la suma de las dos candidaturas independentistas o secesionista que han cosechado juntas 851.193 votos.

       La izquierda en Catalunya, es decir, la suma de PSC-PSOE, SUMAR y ERC, representa a 2.142.976 de ciudadanas y ciudadanos, y un total de 33 diputados en el Congreso de España.

    Por lo que respecta a las derechas (PP y Junts), y neofascismo de vox, su resultado ha sido de 1.001.380 votos, agrupando asi menos de la mitad de los escaños 15 que la izquierda. 

    El resultado en Barcelona - la segunda ciudad de España en importancia – ha sido espectacular. De sus 10 distritos, el PSC-PSOE ha ganado en 9 y de sus 73 barrios en 68. 

    Concluye Manuel Zaguirre destacando, “el aporte del socialismo democrático de Catalunya, a global de su partido (PSOE) y a la renovación, continuidad y profundidad del Gobierno de coalición progresista presidido y vice presidido por Pedro y Yolanda”.

Vivir a la europea — otra política de vivienda es posible y necesaria

 

Para vivir a la europea, se necesita otra política de vivienda, es el mensaje que manda Sumar a los ciudadanos para el próximo 23J en materia de vivienda, recordando que en España seguimos pendiente de cumplir el artículo 47 de nuestra Constitución “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

Un aviso que se mezcla con la desvergüenza de una política explotadora, al permitir que más de cuatro millones de personas, tengan que dedicar más del 40% de sus ingresos en gastos de alquiler, desvergüenza que afecta especialmente a los jóvenes incapaces de plantearse un futuro de emancipación.

En España se lleva “demasiado tiempo con un mercado intervenido, pero solo a favor de fondos buitres y bancos”, por lo tanto, es hora de ampliar la Ley de Vivienda e intervenir el mercado en favor de la mayoría social de este país. Según el censo del INE publicado en junio del 2023, existen 3.837.328 de viviendas vacías, “como consecuencia de sus elevados precios, ya sea en compra o en alquiler”.

Como respuesta a esta situación, Sumar ha propuesto “crear un gran parque de 2 millones de viviendas públicas de alquiler - a coste cero para el contribuyente - invirtiendo el 1% del PIB anual, durante 10 años, cantidad recuperable a través del alquiler, a precios máximos, en función de la renta de los hogares que alquilen”.

La regulación del alquiler turístico, de habitaciones y temporada, en el marco directo de la Ley de Vivienda, la creación de “un bono de emergencia para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual de 1.000€ por hogar y financiado a cargo del impuesto extraordinario a la banca”, y una medida de interés, que sin duda chocara con las entidades bancarias, y en buena medida con los partidos de la derecha, la “creación de un banco público que rompa el oligopolio bancario y la portabilidad real de las hipotecas de variable a fijo”.

El año pasado se destinaron a política de vivienda 3.295 millones de euros y 2.636 millones en ayudas fiscales, en total casi seis millones el 0,45% del PIB de la economía española, que nos sitúan como uno de los paises con menos vivienda social construida de la unión europea.

España con el 2,5% del total de viviendas sociales está muy lejos de la media europea con el 9,3%, según el Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo.

Los países de la UE con mayor proporción de vivienda social con relación a su parque de viviendas son Países Bajos, con un 30% del total; Austria, con un 24% y Dinamarca, con un 20,9%. En el extremo opuesto se encuentran Grecia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta, con un 0%, Rumanía, con un1,5%; Estonia, con un 1,7%y Croacia, con un 1,8%.

El compromiso de Sumar es radical “nadie debería destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda”. Desde este principio, medidas económicas para la financiación directa a la construcción, a través de un banco publico que ayude a la financiación y compita con las entidades bancarias siempre centradas en la especulación y el beneficio por encima de todo.