5 ago 2023

Apagar los incendios ya no es suficiente se necesita un nuevo modelo basado en la prevención

Los incendios forestales en España han quemado en los cinco primeros meses del año 2023 un total de 47.784,98 hectáreas, casi el triple que en el mismo periodo del año 2022 que ardieron 16.469,88 según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

Hoy es más cierto que nunca que los incendios se apagan en verano, pero se evitan en invierno. Una frase que entra en contradicción con la realidad del gasto - 20% - que se dedica a la prevención de incendios.

Cantabria invertirá este año 4,1 millones de euros en la prevención y lucha contra los incendios forestales. Entre enero y febrero del 2023 ardieron 5.396 hectáreas, de ellas 726 lo fueron de superficie arbolada, 3.621 matorral y monte abierto y 1.049 pastos y dehesas.

España es el país de la Unión Europea con más superficie arrasada por los incendios. Una posición que nos obliga a tomar medidas excepcionales, tanto políticas como presupuestarias de forma urgente.

La crisis climática – por años comprobada – a puesto de relieve que solo la política basada en la extinción ya no sirve, que es imprescindible incorporar la estrategia de la prevención en el todo momento como respuesta a los fuegos – de sexta generación, en los que las llamas superan la velocidad de 6Km/h - que cada vez son más frecuentes e intensos.

Es evidente que para ello se necesita tomar medidas administrativa y políticas. Acabamos de celebrar unas elecciones políticas 23J y este tema ha vuelto a pasar desapercibido en el debate electoral, solo apuntado como compromiso político por Sumar.

Entre otras “la coordinación, con y entre, las Comunidades Autónomas en la prevención, consolidar las competencias previstas en el Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF) incorporando la participación de todos los actores sociales y entidades locales, la dotación de un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y gestión forestal, que complemente las ayudas siempre escasas con que dotan la prevención las comunidades autónomas y ayuntamientos, y finalizar la tramitación de la Ley Básica para el Estatuto de los Bomberos Forestales”.

Y en este orden de apostar por una nueva estrategia forestal sostenible, poner en marcha medidas económicas y fiscales que ayuden a sustituir progresivamente las plantaciones de pinos exóticos y eucaliptos por especies autóctonas, de crecimiento menos rápido, pero menos proclives a generar grandes incendios.

Estas iniciativas, de ninguna manera son fruto de la ocurrencia política, como pretende calificar la extrema derecha, son propuestas compatibles con la estrategia de la UE, en el marco de la Biodiversidad 2030, incluida en el Pacto Verde Europeo en favor de los bosques.

Propuestas, entre otras, que nos obligan como país a la “reforestación con especies autóctonas, promoción de la bioeconomía basada en los bosques no madereros, incluido el ecoturismo, la ayuda institucional a los propietarios privados de montes, y montes comunales, eliminando en la medida posible, las trabas administrativas, hacer compatible el manejo forestal y la ganadería extensiva, y un plan de empleo forestal con personas contratadas de los pueblos para la gestión integral”.

Sin ninguna duda nuestro país esta preparado para afrontar muchos de los incendios, digamos de baja intensidad, que bien por los pirómanos 60%, algunos ganaderos y agricultores que realizan quemas no justificadas o las famosas barbacoas, pero por desgracia esta eficacia profesional no es suficiente, para los nuevos incendios cada vez más intensos, y en muchos casos superando la eficacia de nuestros bomberos forestales, por eso es necesario volver a concienciar a los ciudadanos del grave momento en que vivimos.

Cantabria tiene amplia normativa para luchar contra los incendios, especialmente el Plan Especial de Protección sobre Incendios Forestales INFOCANT, legislación que responden eficazmente, pero no suficiente si no va acompañado de amplias campañas de información que alerten a los ciudadanos sobre los daños ambientales, y económicos.   


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