Para mí es
más importante, que el nuevo gobierno cumpla los acuerdos firmados con los
partidos que le van a apoyar, que la ley de amnistía, que aliviara los graves
problemas que afrontan los mas de trescientos ciudadanos catalanes acusados de un
intento fallido de celebrar un referéndum autonómico. Soy de los
que piensan, que la generosidad y la amnistía del Estado hacia los independentistas,
no hace más que poner de relieve sus propios fracasos en la toma de decisiones.
Por eso
rechazo el interés de la derecha en “restaurar la dignidad española” - la mía que
ni la toquen – el nuevo gobierno progresista puede garantizarlo siempre que
cumpla estrictamente los
compromisos firmados con los partidos políticos que
reúnen a 179 diputados igualmente elegidos por los ciudadanos como lo son los
de la derecha.
A modo de
lista, implementar en la próxima legislatura, una reducción de la jornada
laboral a 37 horas y media, favoreciendo asi la conciliación de la vida
familiar y laboral, o si fuera necesario reformar el estatuto de los
trabajadores para obtener mejores garantías contra el despido, o tomar medidas
decisivas para acabar con la brecha salarial de género, o garantizar que el
crecimiento del SMI alcance un estándar comparable del 60% del salario medio en
la UE y España, etc., eso sí que es importante para los ciudadanos.
Todos los
partidos que apoyan al gobierno PSOE – SUMAR, han pactado acuerdos políticos
que cubren los intereses de sus territorios. Esto es política, y no debería
haber desacuerdo entre los partidos mayoritarios en este frente.
Si el
Partido Popular y el Partido Socialista quieren gobernar España, no les queda más
remedio que llegar a acuerdos con los partidos autonomistas y nacionalistas,
asi como son los partidos que actualmente ocupan el espacio más a izquierda y
derecha. Siempre ha sido asi, con muy pocas excepciones en la mayoría absoluta,
es difícil que se repita, y me temo que seguirá siendo asi.
Lo que se
puede discutir es si los acuerdos firmados con los partidos PNV, Junts, ERC, son
restrictivos para el desarrollo del próximo Gobierno, incluso si su contenido
es ilegal – siempre sujeto a la vía judicial – o si esos acuerdos tienen carácter
económico y pudieran repercutir en la bolsa común de las otras comunidades
autónomas. Se podrá discutir de todo y por todo, pero al hacerlo en el parlamento
con todas las garantías democráticas, siempre nos quedará el recurso de
devolver la voz a los ciudadanos a través de las urnas.