10 nov 2023

En el Ayuntamiento de Santander hay trabajadores de primera y de segunda, los del Servicio Municipal de Transportes Urbanos SMTU

 


Y cuando todos creíamos que con la marcha del concejal Pedro Nalda, a un nuevo exilio dorado - como director general del PCTCAN - volvía la normalidad en el Ayuntamiento de Santander la representación sindical, de la Mesa para Asuntos Comunes de laborales y funcionarios, va y aparece el nuevo concejal de personal, Daniel Portilla Fariña, y excluye al comité de empresa del SMTU.

Una medida arbitraria, que vuelve a poner a la USO – APLB en el brete de tener que formular, nueva demanda judicial, reclamando la tutela jurisdiccional de la libertad sindical, para la USO, y la defensa de los intereses de los trabajadores, del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, a quienes se les viene marginando de los derechos que se están pactando en la Mesa general de asuntos comunes, y de los que se favorecen el resto de los trabajadores del ayuntamiento.

El pasado 18 de octubre a instancias del concejal Portilla, según me cuentan, se han vuelto a reunir, sindicatos y concejal con el objetivo de seguir abusando de la representación sindical, repartiéndose los doce puestos de la Mesa General de Asuntos Comunes, dejando fuera a los sindicato USO – APLB, aunque para ello tengan que dejar fuera a los trabajadores del SMTU, incluso mirar para otro lado, ante la trampa de elegir cinco miembros del comité de empresa de laborales, cuando, con la plantilla oficial solamente se podían elegir delegados de personal.

Y como justificación para tanto desatino, pues eso, que el SMTU es una entidad autónoma, aunque el ayuntamiento no pueda acreditar tal autonomía, al converger, por ejemplo. el NIF y código de seguridad social, con el del resto de trabajadores y funcionarios del ayuntamiento, que las dotaciones económicas del servicio salgan de los presupuestos municipales, que las ofertas de empleo público sean por oposición, o que las gestiones y decisiones sean tomadas por la Junta de Gobierno del propio ayuntamiento.

Al final nuevo agravio contra la USO – APLB, que ha obligado a presentar una demanda ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo que al final provocara tiempo perdido, indemnizaciones y gastos jurídicos que todos los vecinos de Santander pagaremos.

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