La
falta de argumentos para retrasar el X Congreso Regional aumenta las dudas
sobre la democracia interna y el futuro del sindicato.
La
Comisión Ejecutiva Regional de Cantabria pretende que el Consejo Regional
solicite al Consejo Confederal el aplazamiento del X Congreso Regional de USO
Cantabria. Una iniciativa que, lejos de aclarar la situación de la
organización, abre nuevos interrogantes, ¿por qué se quiere aplazar el
Congreso, qué razones lo justifican y cuándo se pretende celebrar?
La
propuesta parte de la Federación de Servicios de USO Cantabria, que solicita
incluir en el orden del día del próximo Consejo Regional el debate y la
aprobación, si procede, de dicha petición, al amparo del artículo 24.4 de los
Estatutos Confederales.
Sin
embargo, el escrito no concreta las circunstancias que justificarían el
aplazamiento, no propone una fecha alternativa ni establece un calendario que
garantice a la afiliación el ejercicio de sus derechos democráticos.
No
basta con invocar un artículo de los estatutos, hay que explicar por qué se
pretende aplazar el Congreso y qué razones justifican una decisión de semejante
trascendencia. El artículo 24.4 citado regula determinadas autorizaciones
relativas al registro de estatutos por razones normativas o de motivación
excepcional, así como las competencias para concederlas.
Por
ello, resulta necesario aclarar cuál es el fundamento estatutario concreto para
aplicar este precepto al aplazamiento de un Congreso Regional. La afiliación
tiene derecho a conocer las razones jurídicas y organizativas que sustentan la
iniciativa, así como las garantías previstas para evitar que el aplazamiento se
convierta en una suspensión indefinida.
El
Consejo Regional no debería adoptar una decisión de esta importancia sin una
motivación suficiente, de lo contrario, corre el riesgo de limitarse a
respaldar una propuesta cuyas razones no se han explicado.
La
petición llega en plena crisis de USO Cantabria, marcada por la situación de la
Ejecutiva Federal de Industria – actualmente suspendida - la expulsión de su
secretario general y el despido de Sheila, trabajadora y asesora de la
Federación y miembro de su ejecutiva. A estos acontecimientos se suma la
denuncia presentada ante la Ejecutiva Confederal por presuntas deficiencias en
la democracia interna y la controversia sobre la reclamación del libro mayor de
la contabilidad regional.
Son
cuestiones que afectan a la confianza de la afiliación, al funcionamiento de
las estructuras sindicales y a la credibilidad de una organización que debe
defender la transparencia y los derechos democráticos también dentro de sus
propias filas.
En
este contexto, solicitar el aplazamiento del Congreso sin explicar sus motivos
alimenta la sospecha de que se pretende ganar tiempo en lugar de afrontar los
problemas de fondo.
Existe
preocupación por la posibilidad de que el retraso permita esperar a que se
resuelvan las sanciones impuestas a la Federación de Industria, mayoritaria en
Cantabria, o a que se debiliten las posiciones críticas con la actual
dirección.
Si
existen razones organizativas excepcionales, deben exponerse, si hay
impedimentos para celebrar el Congreso en la fecha prevista, deben concretarse
y acompañarse de un calendario verificable.
La
responsabilidad también corresponde a la Ejecutiva Confederal, que debe aclarar
qué actuaciones está llevando a cabo ante los conflictos planteados y qué
respuesta ha dado a las denuncias y reclamaciones pendientes.
Una
organización sindical necesita procedimientos transparentes, mecanismos de
control y cauces efectivos de participación. Cuando surgen conflictos de esta
magnitud, no basta con dejar pasar el tiempo ni con aplazar decisiones sin
explicar sus consecuencias.
La
Federación de Industria tiene un peso importante en Cantabria, tanto por su
afiliación como por su representación en comités de empresa y entre los
delegados de personal. Una crisis prolongada puede tener repercusiones
organizativas, económicas y representativas para el conjunto del sindicato.
La
pérdida de confianza puede traducirse también en una pérdida de afiliación, quienes
sostienen diariamente la actividad sindical en los centros de trabajo merecen
respuestas, no silencios ni decisiones carentes de justificación conocida.
El X
Congreso Regional debe servir para debatir, rendir cuentas, elegir
representantes y decidir el futuro de USO Cantabria, cualquier aplazamiento
debe estar debidamente justificado, contar con el respaldo estatutario
correspondiente y respetar las garantías democráticas. La democracia interna no
puede quedar subordinada a la conveniencia de ninguna dirección, ni la
transparencia puede aplazarse indefinidamente.
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