Una Ejecutiva en funciones, un Congreso que no llega y una trabajadora Sheila Rozas despedida

Hay situaciones que obligan a detenerse y preguntarse qué está ocurriendo dentro de una organización que presume de defender a los trabajadores. El despido de Sheila Rozas en USO Cantabria es una de ellas.

No escribo estas líneas como un observador indiferente, lo hago como exsecretario general de USO Cantabria, que conoce el valor de una organización sindical, el esfuerzo de quienes la construyen y la responsabilidad que asumen quienes reciben de la afiliación el encargo de dirigirla, y es precisamente por eso, que me preocupa lo que está sucediendo.

Un sindicato existe para defender a quien trabaja frente al poder de quien manda, pero cuando es el propio sindicato quien despide, tiene la obligación de demostrar que sus decisiones respetan los mismos principios que exige cumplir a los demás, y la dirección de USO Cantabria tiene hoy demasiadas preguntas pendientes para pretender que este despido se examine de forma aislada.

La Ejecutiva Regional agotó su mandato de cuatro años en mayo de 2026 y continúa en funciones. El X Congreso Regional, que debería renovar la dirección y devolver la palabra a la afiliación, sigue sin celebrarse. Mientras tanto, según los hechos denunciados por la Federación de Industria de Cantabria ante la Ejecutiva Confederal, existen cuestiones pendientes relacionadas con la democracia interna, la falta de convocatoria del Consejo Regional, el retraso congresual y la negativa a facilitar el acceso al Libro Mayor de contabilidad.

Y es en ese escenario donde se produce el despido de Sheila Rozas. ¿Es una coincidencia? ¿Responde exclusivamente a los motivos laborales que alegue la dirección? ¿O puede tener relación con la disputa interna que atraviesa la organización y con la posibilidad de que surjan alternativas a quienes hoy la dirigen?

Mi preocupación es que el despido pueda interpretarse como una represalia o como una advertencia dirigida a quienes cuestionan la gestión actual. No afirmo que esa intención esté judicialmente acreditada; afirmo que el contexto obliga a despejar esa sospecha con hechos, documentos y explicaciones convincentes.

Porque hay algo que la dirección regional no debería olvidar, los sindicatos llevan décadas denunciando las represalias contra trabajadores que reclaman sus derechos, cuestionan decisiones empresariales o ejercen su libertad de expresión y participación, defendiendo la garantía de indemnidad y la protección frente a actuaciones que puedan castigar el ejercicio legítimo de derechos.

Esos principios no pueden quedarse en las puertas de las empresas, también deben respetarse dentro de las organizaciones sindicales. La defensa de los derechos laborales pierde credibilidad cuando no se aplica con el mismo rigor a quienes trabajan en la propia casa.

Y hay otra cuestión que considero fundamental, USO Cantabria no pertenece a su Ejecutiva, pertenece a su afiliación. La dirección administra una organización colectiva; no es propietaria de ella ni puede convertir un mandato temporal en una posición de poder sin control efectivo.

Si el Congreso se aplaza, hay que explicar por qué, si se cuestiona la transparencia contable, hay que responder con documentación, si una federación denuncia irregularidades internas, hay que escucharla y examinar sus argumentos, y si se despide a una trabajadora en medio de esa crisis, hay que ofrecer explicaciones suficientes para que nadie tenga motivos fundados para sospechar que detrás de una decisión laboral se esconde una disputa por el control de la organización.

Por eso considero imprescindible exigir explicaciones documentadas sobre las causas del despido de Sheila Rozas, la convocatoria del X Congreso Regional, con garantías democráticas y sin nuevas dilaciones injustificadas, transparencia contable, facilitando el acceso a la información económica, y la intervención efectiva de la Ejecutiva Confederal, para investigar las denuncias presentadas y evitar que la crisis se prolongue sin respuesta.

No se trata de defender a una persona al margen de los hechos ni de anticipar una sentencia, se trata de exigir que una organización sindical actúe con la ejemplaridad que reclama a los demás.

La afiliación tiene derecho a elegir a sus representantes en tiempo y forma, a conocer cómo se administra su organización y a participar sin temor a que discrepar de la dirección tenga consecuencias laborales. Ese es el sentido de la democracia sindical, y no una concesión de quienes ocupan temporalmente los puestos de responsabilidad.

Me duele especialmente que una organización construida con el esfuerzo de tantas personas pueda verse atrapada en una situación en la que la renovación democrática y la transparencia parecen quedar subordinadas a la supervivencia de quienes dirigen.

Una Ejecutiva en funciones, un Congreso que no llega y una trabajadora despedida constituyen una combinación que merece una explicación seria. No basta con invocar la autonomía sindical para cerrar el debate, la autonomía protege al sindicato frente a las injerencias externas, pero no puede utilizarse como escudo frente a la rendición de cuentas ante sus propios afiliados.

Mi posición es clara, primero, los derechos; después, las responsabilidades; y siempre, la democracia interna, ninguna dirección sindical está por encima de esos principios.