La
investigación relacionada con María Luisa Real, exconsejera socialista de
Sanidad de Cantabria, sobre el uso de las agendas y los cupos médicos abre una
cuestión que merece una respuesta clara, ¿se controla de la misma manera la
actividad asistencial en todos los centros sanitarios de Cantabria?
Porque, más allá de un caso concreto, lo verdaderamente importante es saber cómo funciona el sistema, quién lo supervisa y si los recursos públicos se utilizan con criterios homogéneos, transparentes y eficaces.
La
Consejería de Salud y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) establecen las normas
de organización de la actividad médica. Pero una cosa es lo que dicen las
instrucciones y otra, comprobar cómo se aplican diariamente.
¿Cómo se
asignan los cupos de pacientes? ¿Quién decide cuántas citas se ofrecen? ¿Qué
margen tiene cada facultativo para modificar su agenda? ¿Quién autoriza los
huecos bloqueados y las citas reservadas para libre disposición? Y, sobre todo,
¿cómo se verifica que la jornada laboral se corresponde con la actividad
realmente realizada?
Son
preguntas legítimas que afectan a la organización sanitaria, a los
profesionales y, especialmente, a los pacientes. En 2024 se contemplaba un
modelo de agenda de 35 huecos diarios, 24 gestionados por admisión y 11 bajo
responsabilidad del médico. Habrá que comprobar qué instrucciones estaban
vigentes en cada periodo y cómo se aplicaban en la práctica.
La cuestión
de fondo es sencilla, ¿existe un control efectivo sobre las citas ofrecidas,
los pacientes atendidos, los horarios cumplidos y las modificaciones de las
agendas? ¿Se conocen las posibles diferencias entre la actividad prevista y la
realizada?
Estas
preguntas adquieren todavía más importancia cuando la Administración destina
recursos extraordinarios a reducir las listas de espera, no basta con anunciar
medidas o negociar mejoras laborales, es necesario evaluar sus resultados
mediante datos verificables sobre actividad, demoras y pacientes atendidos.
Por eso, la
solución no debería limitarse a investigar un caso particular, debería
extenderse a todos los centros sanitarios dependientes del SCS. Una revisión
general permitiría comprobar si las normas se cumplen por igual, si los
mecanismos de supervisión son suficientes y si existen diferencias que deban
corregirse, todo ello sin prejuzgar responsabilidades ni atribuir
incumplimientos a profesionales concretos.
El
Parlamento de Cantabria tiene aquí una oportunidad para impulsar una actuación
rigurosa y exigir explicaciones a la Administración sanitaria. Entre las
medidas posibles figuran solicitar las instrucciones que regulan los cupos y
las agendas, conocer los sistemas de control horario, examinar la autorización
de citas bloqueadas y evaluar los resultados de los recursos destinados a
reducir las listas de espera.
También
sería conveniente publicar información estadística comparable entre centros,
respetando la protección de datos y la confidencialidad clínica. La sanidad
pública necesita profesionales respetados, reglas claras y controles eficaces,
por lo tanto, no se trata de sembrar sospechas, sino de evitar que la falta de
información impida conocer cómo funciona realmente el sistema.
La pregunta
que Cantabria debería hacerse es esta, si todo está correctamente organizado y
supervisado, ¿por qué no realizar una comprobación general que permita
demostrarlo?
Una revisión
objetiva, común a todos los centros y basada en documentación verificable
contribuiría a reforzar la confianza ciudadana, mejorar la gestión y garantizar
que cada recurso público se traduzca en una atención sanitaria efectiva.
Porque, al
final, lo importante no es quién ocupa una agenda médica, sino que el sistema
funcione, que los controles sean iguales para todos y que los pacientes no
paguen las consecuencias de una organización deficiente. La transparencia no
debería ser una respuesta a un escándalo, debería ser una garantía permanente
de la sanidad pública.
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