En GFB, según cuenta el Diario Montañés
los imputados, entre otros Agudo y Pesquera no metieron mano a los dineros de
la empresa, aunque según parece, si gestionaron
mal los dineros de todos los cántabros.
Muchos fueron los delitos que el Partido
Popular quiso imputar a los gestores de aquella afamada iniciativa, nacida en
los albores de la crisis económica y en plena paralización de la construcción
en todo España. Recuerdo a los diputados Carlos Bedia y Van den Eynde, desde el
atril del parlamento regional acusar una y otra vez sin descanso, de malversación,
fraudes en las subvenciones y malísima gestión en la Administración incluso
desleal, en la encomienda encargada a Sodercan.
Y ahora tres años después de la acusación
parlamentaria, el Juzgado nos dice que la gestión ha sido "irresponsable"
que comprar la maquinaria a los de Pujol Martin a precio de oro, cuando era de
saldo, sólo demuestra gestión irresponsable en lo económico y chapuzas varias
en la compra de materiales imposibles de vender, y sobre costes al tener que
reparar la maquinaria sin apenas ponerla en marcha.
Me imaginó que los políticos de aquél
entonces, vamos los mismos que los de ahora, estarán contentos de su suerte,
aunque no lo deberían estar tanto, porque al final pagar un sobreprecio de 12
millones de euros, y 5 más por puesta a punto, además de tres millones por placas de fibroyeso imposibles de vender
es un "delito no penal" pero del que alguien debería
responsabilizarse públicamente con la correspondiente inutilidad para gestionar
lo público, más que Miguel Ángel Pesquera. Dejó para la reprobación final el
gasto abusivo en sueldos inútiles y dietas elevadísimas, comportamientos poco
éticos de personajes que en su día nos
vendieron GFB como buque insignia de la nueva industria regional.
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