El
pasado mes de marzo la Audiencia de Cantabria confirmaba la continuación de
actuaciones contra los ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS)
Francisco Javier González y a Alejandro Rojo, imputados por un presunto delito
de prevaricación, e irregularidades en la gestión de contratos de obras, de los
que se desprenden "indicios razonables de criminalidad", según ha
recogido la Agencia Europa Press.
Esta
noticia que ha pasado desapercibida - como tantas otras - por la exagerada
información mediática del Covid, afecta muy particularmente al Presidente
Miguel Angel Revilla, que pronto ha olvidado la radicalidad con que se
expresaba al anunciar que no le “temblaría la mano” a la hora de "cortar
cabezas".
Haber
hecho alguna limpieza en la Consejería de Sanidad, cambiando a la consejera María Luisa
Real y algunos altos cargos, no le exime al gobierno y
parlamento regional, de cuidar por la limpieza en la gestión de los recursos
económicos, que quedó seriamente tocada después de que se hiciera pública la Auditoria
de Control Financiero del 2017 en la que se reconocían a modo de
“recomendaciones” cambios profundos en la gestión de compras.
Fueron muchas las compras y adjudicaciones,
que en su momento estuvieron en la denuncia pública, operaciones, que sin
ninguna duda, precisan de una sentencia que deje claro si hubo o no
prevaricación, a la vez, de ejemplo para los miles de contratos que se formulan
en la comunidad autónoma – solo en el SCS entre 30.000
y 40.000 contratos menores cada año - ,
contratos que deberían estar basados, en los principios de “igualdad, no
discriminación, transparencia, proporcionalidad y libre competencia”.
A
modo de recuerdo y como resumen de la investigación
realizada por la Intervención General de Cantabria:
-
El fraccionamiento indebido de contratos en la ampliación del Hospital
Virtual de Valdecilla, por un importe total de 296,119.67
euros cuyas
obras se adjudicaron a tres empresas (Gardener, Iralia, Serincopsa), pese a ser
una unidad operativa o funcional. En este caso además quedando la duda de
adjudicación a dedo por ser uno de los administradores de estas empresas Diego Ruiz García, hijo del alcalde
socialista de Suances (Cantabria), Andrés
Ruiz Moya.
-
La compra de 22 ecógrafos para
el servicio de atención primaria que fueron adquiridos en once contratos
individuales de 13.908,95 euros a la empresa Esaote España y otros once de
12.584 euros a Sakura. En total, 291.422
euros de gasto público que jamás pasaron por concurso abierto de
concurrencia publica de licitadores.
-
Obras que se recepcionaron antes de ser terminadas, por ejemplo, el
Centro de Salud del Alisal, incluso antes de empezar las mismas.
-
Recepción de equipamientos a través de actas de comprobación de
inversión, con el fin de ser incluidas en el ejerció administrativo de
inminente cierre, y que no se ajustaban a la normativa de contratación.
-
Deficiente estructura de personal en la Subdirección de Gestión
Económica e Infraestructuras, que dificulta el trabajo vinculado a la
contratación, obras y servicios que se tramitan en el SCS.
Estos entre otros son los motivos por lo que está actuando la justicia,
resolverlo, encontrar el delito, si lo hubo, es totalmente necesario,
especialmente como ejemplo para la gestión, la política y los políticos no
pueden interferir en las normas que regulan la contratación y adjudicaciones de
servicios para la Adminsitracion, las normas son para respetarlas y no para
hacer de ellas negocio, eso se llama corrupción y de eso ya tenemos bastante.
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