Según parece estas administraciones regionales entre otras venían - desde hace tiempo - “ofertando a unas empresas determinadas los contratos de consulta”, empresas que se consideraban titulares únicos de estos servicios en la región “y que se cubrían mutuamente para aparentar competitividad en las licitaciones”.
Se acompañaba a esta información periodística, un
recorte del dossier de la Comisión de la Competencia que decía entre otras
lindezas que “las empresas tienen muy buena relacion con Deloitte y que se
dan cobertura mutua de cara a la presentación de concursos públicos”, a la vez
que se pedían, entre ellas, se respetase “el pequeño feudo de Cantabria que
saben es Nuestro”
El procedimiento presuntamente fraudulento que
utilizaban estas empresas, - y que mucho me temo lo hagan otros sectores
económicos – es para lo que se llaman “concursos menores”, que requieren la
participación de al menos tres empresas, dos de ellas para inflar su propuesta
económica, facilitando para una tercera, previo pacto con las otras dos, la
adjudicación aunque sea por una cantidad abusiva que al final pagamos todos los
cántabros. Lo que hagan después entre ellas ya es cosa oculta, aunque no hay
que ser muy listos para concluir el final de la película, hoy para ti y mañana
para mí.
De esta locura de la que parece ya no se quiere hablar
más al menos en la prensa escrita, están dos contratos del Ayuntamiento
de Santander (Industrias Creativas y Smart City) que fueron amañados según
correos electrónicos detectados por la Comisión de la Competencia para una
tercera empresa por 18.143,20 euros, Deloitte: 18.140 euros, S&F
Cantabria: 18.000 euros. Y para el otro contrato nuevamente correos
electrónicos para apañar la oferta en este caso a favor de Deloitte por un
importe de 21.659 euros.
Y suma y sigue, mismo procedimiento y/o análogo para
el Plan de Empleo de Cantabria 2010 – 2011, el Plan Estratégico de Turismo
2012-2015, entre otros negociete, como las Verificaciones que dan el visto
bueno al cumplimiento de los programas europeos en la región, y que nuevamente
dejan constancia del pacto en diversos correos electrónicos detectados por la
Comisión de Competencia, verificaciones entre otras como las del Programa
Interreg, Servicio Cántabro de Empleo, certificación de gastos del año 2013,
Reglamento del proyecto Atlantic Power Clúster y Servicios de Maren 2, Programa
Sinergy y Estrategia de Investigación e Innovación 2020 y un largo etc., que no
estaría mal le diera una vuelta no solo el gobierno, sino el Parlamento
Regional y el Ayuntamiento de Santander quienes de forma directa y/o indirecta
se han visto implicados.
Dar el silencio como respuesta a la información
periodista, es lo mismo que asumir el presunto fraude, y eso está muy lejos del
cumplimiento democrático, que se le debe a las instituciones a las que debo
añadir están al cuidado de los dineros de todos los cántabros.
En Cantabria tenemos empresas de consulting más que
acreditadas, para garantizar que estos servicios administrativos que requieren
especialmente las administraciones, se puedan hacer cuidando de la legalidad y
no al margen de ella. Y apunto, no vale el recurso de siempre de los políticos
“quedar a la espera de ver como finaliza la intervención de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia” la política regional está obligada a
resolver, también estas sinvergüenzadas adoptando medidas que lo puedan evitar.
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