No resulta
ocioso recordar que los derechos humanos de las mujeres están ligados a la
libertad y la seguridad, y por lo tanto a protección por la administración, derechos
como “la libertad de movimiento, el uso de los espacios, las relaciones
personales, y por supuesto, todas y cada una de las decisiones a tomar sobre el
propio cuerpo”.
Estos
derechos humanos, que según refleja el preámbulo de la ley, han sido
“históricamente obstaculizados por los roles de genero establecidos en la
sociedad patriarcal, que ha discriminado a la mujer en muchos casos de forma
violenta”.
Es evidente
que semejante comportamiento, está en confrontación directa con nuestra
Constitución, que ensalza valores de libertad e igualdad, a la vez que obliga a
la Adminsitracion a su defensa y tutela, sin que en ello pueden distinguirse
razones de sexo.
Por eso no
es de extrañar que el preámbulo entre directamente en la denuncia de la violencia
sexual “que constituye una de las violaciones de los derechos humanos mas
habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad española”, y que
justifican la necesidad de esta ley, más allá de posibles disfunciones
jurídicas que sin duda serán resultas por las administraciones de justicia y
del propio gobierno.
Y en este
orden, esta ley, entra directamente en la definición de las violencias sexuales
para los “actos de naturaleza sexual no consentidos en cualquier ámbito público
o privado”, y “especialmente en el ámbito digital, mutilación genital femenina,
el matrimonio forzoso, el acoso con connotación sexual, la trata con fines de
explotación, el homicidio de las mujeres vinculado a la violencia sexual, o el feminicidio
sexual”, violencias que impactan directamente en el derecho a decidir
libremente sobre el desarrollo de la propia sexualidad de manera segura.
Por eso la
respuesta a estas violencias no pueden ser de “carácter privado, sino públicas
y de cuestión de estado”, por más que le moleste a la extrema derecha, y en
buena medida a ciertos colectivos del partido popular, que no saben como volver
a traerlos a su rebaño, sino radicalizando su propia estrategia homologándola a
la de Vox.
Y no solo,
desde una ley orgánica que anuncia condenas para los agresores, sino como ley
que impulsa la prevención “poniendo las bases para la eliminación de los
obstáculos añadidos, que algunas mujeres encuentran en la discriminación”.
La propia
ley justifica su implantación, en los principales tratados y convenios
internacionales de derechos humanos, que obligan actuar frente a todas las
formas de violencia contra las mujeres y entre ellas las violencias sexuales,
disposiciones internacionales que ponen orden en la legislación de todos los
paises democráticos abriendo espacios desde la Organización de las Naciones
Unidas a la Unión Europea.
Por último,
incorporo para mejor aclaración de la norma, lo redactado en el articulo 178 de
la ley, que determina el “castigo
con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión
sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de
otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento
cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las
circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
A los
efectos del apartado anterior, se consideran en todo caso agresión sexual los
actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o
abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así
como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de
cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga
anulada por cualquier causa su voluntad.
Confió
que este resumen del preámbulo pueda ayudar a entender esta ley con la que se
pretende dar respuesta a las más de mil denuncias que en lo que va de año se
han presentado en nuestra región.
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