Hace algún tiempo Miguel Angel Castañeda calificaba en uno de sus artículos dominicales del Diario Montañés, de “regalos, la compra de cuatro edificios para consolidar la pléyade de empleados públicos e incrementar el extenso catálogo de inmuebles dedicados a la función pública”.
La sede de
la Cámara de Comercio de la Plaza Porticada, los Edificios de la ingeniería
Apia XXI, y el de la empresa CTC en el Parque Científico y Tecnológico, y el periódico
diario Alerta, del Primero de Mayo – vocero habitual del Gobierno Regional del
Partido Popular – para publicitar su gestión y el de buena parte de su partido.
Y sin muchas
más explicaciones, se informaba que en próximas fechas adquiriría el gobierno
regional por 23,6 millones de euros, los edificios, para posteriormente
dedicarlos, a sedes de gobierno.
La razón
esgrimida para este incremento de patrimonio público, según la nota oficial del
gobierno, de hace cinco meses, fue el ahorro en alquileres, tanto en cuantías económicas
como en el cálculo de amortización de tan importante cantidad.
Han pasado
cinco meses y el silencio parece haberse apostado sobre esta noticia, dejando
correr el tiempo, bien por lo que ha podido ser una noticia sin mayor
importancia, o porque en esto existe cierta connivencia con los partidos de la
oposición.
A mi
personalmente me llama la atención que en vía parlamentaria y/o en crítica
política, los partidos de la oposición no hayan profundizado en los detalles de
tan importante inversión inmobiliaria, pero, sobre todo, en qué y para que esta
previsión de gasto.
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